En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Columnista

La derecha, como las vírgenes necias: o el desencuentro con la historia

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Por Hugo Latorre Fuenzalida

Columnista de ElClarin.cl

La ceguera de Piñera y los neoliberales ha provocado una furia social que puede llevarse por los cuernos su mentado, desmentido, decrépito y fangoso “Oasis”. El gobierno y los partidos de derecha siguen empeñados en defender lo que han resguardado por 47 años: los intereses de una ideología que ha mostrado su inviabilidad a mediano plazo.

Los economistas de la corriente neokeynesiana y también los de la corriente postkeynesiana, ya en los años 80, cuando llevaba una década de aplicación las propuestas de la escuela de Chicago, apadrinada por las teorías monetaristas del señor Friedman, comenzaron a corregir lo que plantearon y aplicaron los neoliberales y a confrontar ese paradigma, los de la escuela postkeynesiana de manera estructural y los neokeynesianos de manera adaptativa.

Ya en una década de aplicación, tanto en Chile, EE.UU. de Norteamérica e Inglaterra, el neoliberalismo demostró ser más un problema que la solución al decaimiento de las teorías Keynesianas, aplicadas en la postguerra en casi todo el planeta.

En Chile se produjo una gran inequidad y pérdida de derechos y calidad de vida de más de dos tercios de la población, transferencia ilícita de riqueza pública a privados, tributación regresiva y colapso económico en 1982-83, fruto de lo cual resultó un gran endeudamiento externo del país.

Luego de esa crisis, debieron dejar de lado las posturas chicaguistas y adoptar los consejos de una política pragmática, es decir similar a la Neokeynesiana, encabezada por el ministro Büchi. Al final del régimen dictatorial, Pinochet instala una política opuesta a la de Chicago, lanzando a la calle una cantidad dinero, de origen público, que elevó el PIB a niveles cercanos al 10% (un irresponsable populismo). Pero como los niveles de inversión permanecían bajos, se alentó un grueso desequilibrio macroeconómico, lo que llevó a imponer políticas restrictivas en su último año, las que debió continuar la Concertación por otro año más.

El presidente Reagan, implementó una economía de reducción de impuestos y de disminución del gasto social, con la finalidad de alentar la inversión. Sin embargo aumentó enormemente el gasto militar y el gasto suntuario de los más ricos, lo que derivó en un déficit en las cuentas comerciales y financiera de enorme calibre, que entre sus efectos elevó los intereses internacionales y gatilló la crisis de la deuda externa de los países en vías de desarrollo, lo que los regresó atrás en una década (la década perdida de los 80). Eso obligó a los gobiernos sucesivos de Estados Unidos a instalar políticas más pragmáticas: incluyendo guerras para reactivar la economían (Irak) y, posteriormente, los gobiernos demócratas de Clinton, imponer políticas neokeynesianas, con bastante buenos resultados.

La Inglaterra de la señora Thatcher, fue un experimento de ocultamiento. Sus políticas llevaron a tasas enormes de desempleo, los que fueron disimulados cambiando 11 veces la forma de medir la cesantía. La delincuencia se disparó y el malestar social quedó encarnado en los célebre “Hooligans”. Los laboristas y también los conservadores, debieron después tomar políticas pragmáticas, propias de la “Tercera Vía”, que en el fondo son políticas derechamente neokeynesianas.

Los neokeynesianos también creen en el mercado, pero no lo ponen como “Deus ex machina”, es decir, capaz de resolver por sí solo todos los problemas de la economía. Creen que en las economías modernas y realmente competitivas, los desequilibrios surgen necesariamente, inevitablemente, pues nadie es capaz de anticipar las decisiones de los competidores de manera total. Entonces se requiere la participación del Estado permanentemente, tanto para evitar la competencia desleal, pero también para estimular inversiones en áreas no atendidas. Creen, sin embargo, que los salarios se regulan por el mercado y no por la confrontación sindical o gremial. Los más destacados representantes de esta escuela son: John Hicks, Franco Modigliani; James Tobin y Paul Samuelson.

Los Postkeynesianos, en cambio, son los verdaderos herederos de la teoría keynesiana. Su corrección a Keynes va más como una actualización, acerca de los temas que el maestro no pudo prever, como la velocidad del cambio tecnológico, la integración universal de los mercados y la gran capacidad de acumulación de riqueza de las empresas transnacionalizadas. Todas estas múltiples corrientes estructurales, los Postkeynesianos las integran en una síntesis muy completa y que han venido aplicándose mayormente en el mundo asiático, pues ahí se camina con los dos pies: desarrollo de una economía interna a la par de una competitividad en los mercados internacionales; los estímulos fiscales son mayormente sobre la inversión y no sobre el gasto corriente; el desarrollo tecnológico es un pilar central de la ocupación del Estado, pero con fines productivos y competitivos, es decir que abarca también a la educación. Sostienen que el Estado tiene un deber de conducir las economías hacia un destino planificado indicativamente y también directamente; que el sector privado debe instalar una simbiosis estratégica con el sector público y jamás uno debe anular al otro. En esta escuela se ubican economistas como Paul Davidson, Alfred Eichner,Richard Goodwin, Nicholás Kaldor, Michal Kalecki y JanKregel.

Como se puede ver, el neoliberalismo sólo ha permanecido en pie en este reducto austral y arrinconado del mundo, y lo ha hecho por tantos años, que fue capaz de producir una “ilusión de desarrollo”, soportado en cifras macroeconómicas que acusaban un flagrante olvido de los deberes sociales y humanos de todo Estado moderno; sostenido también por un endeudamiento creciente de las familias y un equilibrar a la clase media en la cuerda floja de la esperanza y el garrote. Eso que los economistas llaman “disciplinamiento por el miedo”, una especie de tortura en pausas, pero prolongada hasta el aniquilamiento o la sumisión. Una sociedad de ganadores y perdedores, pero los perdedores son más del 75% de la población, mientras que los ganadores de verdad, los del premio gordo, no son más del 1%; el otro 24% no viven mal, pero no les alcanza para subir al estrado de los exitosos, pues dependen de los ciclos económicos, es decir de algo tan torturante como el azar.

La ortodoxia económica aplicada en Chile, linda en comparación con la ortodoxia despótica de Corea del Norte, claro que en posición invertida; acá endulzada con la promesa de convertir a cada chileno en un empresario ascendente. Pero esta promesa se ha visto amenazada cada vez que el azar determina una crisis en el exterior, ya que esta economía experimentada sólo en Chile, nos mantiene anclado al siglo XIX, como exportadores subordinados y expoliados desde las materias primas.

De hecho, nos han pegado sucesivas crisis: mexicana, la asiática, la subprime, la europea, la brasileña, la argentina, la guerra comercial de las potencias. Todas ellas nos han hecho retroceder en lo avanzado, pero algo nos ha mantenido a flote. Ya sean los dineros llegados para repactar deudas (1987-88); excelentes precios del cobre (1986-87); ya sea la venta de activos públicos (1987-2003); también el superciclo de las materias primas (2003-2013). No ha sido el genio económico de nuestros gobernantes, sino la liquidación de riqueza histórica a manos privadas extranjeras y el hipercrecimiento del Asia, que provoca el superciclo primario en América Latina. Con nuestro esfuerzo, sólo hemos producido importaciones industriales y de consumo habitual, pero también suntuario; hemos multiplicado la acción financiera y especulativa y hemos olvidado las inversiones realmente productivas, esas que asientan en el desarrollo sobre cimientos sólidos.

Nuestra dirigencia se olvidó del progreso social, pues ha consolidado una economía simplemente de negocios, y una economía de negocios en una sociedad primaria no crea desarrollo, puede crear un poco de crecimiento, es decir ese saco donde se meten tiburones con sardinas, que se llama PIB., del que se saca un total mentiroso, como mentiroso es en parte el índice de Gini, porque mide desigualdades en un rango que deja fuera justamente lo que forma parte de la gran desigualdad de las sociedades como la chilena: la riqueza y pobreza extrema; una queda oculta y la otra mal medida, por indicadores absolutamente fuera de época y de realidad. Recordemos que el PIB está aumentado por la conversión a precios nacionales en más de un 30% y, por otra parte, el PNN (Producto Nacional Neto) es bastante menos que el Interno, pues gruesa parte de la economía más rentable del país está en manos de empresas extranjeras, lo que implica que la riqueza que producen en Chile se la llevan.

Entonces, como efecto de todas estas mentirillas que se cuentan los dueños del poder, para tranquilizar la mala conciencia, les explota el “estallido social”, que fue como una bofetada en el rostro para despertar al dormido. Pero pareciera ser que en este caso el sueño es tan profundo que apenas el levantamiento les produjo un estertor, y como sucede a los cuerpos profundamente drogados por su ideología y su avaricia, volvieron a dormirse en su mismo lecho, y despertaron en una corta vigilia para exigir, al pasar, los 2/3 en la nueva Constitución. Como escribe Felipe Portales, por segunda vez entregan la mayoría nacional a la derecha, al aceptar una medida tan antidemocrática para derimir lo que se proponga en la nueva Constituyente.

Ahora, el drama sanitario, manejado con la lógica de Vitacura, Las Condes y la Dehesa, les ha golpeado nuevamente en el rostro, pero esta dependencia de sustancias ideológicas tan alucinantes, les impidió ver la miseria, el hacinamiento y el hambre que se instalan ahora como retrato trágico de un país que lleva demasiado tiempo mintiéndose a sí mismo y al mundo.

Así es que, con todo, vuelven a no entender que esa hambre la sufren personas, que esas muertes son de chilenos, y son muchas; que no se puede vivir sin el apoyo del Estado de manera excepcional y profunda, que eso no significa populismo, dilapidación o despilfarro de riqueza. Es la lógica elemental ante una guerra, ante un terremoto o cualquier desgracia nacional. No pueden comprender, por su ortodoxia, que si no apoyan-con urgencia- la sobrevivencia de la gente, la economía no se recuperará sino que caerá en un letargo profundo y doloroso y, lo peor, habrán provocado una furia social que puede llevarse por los cuernos su mentado, desmentido, decrépito y fangoso “Oasis”. Todo esto por un miedo ideológico al pueblo, o un desprecio absoluto a la democracia. Como las vírgenes necias, pueden llegar tarde- otra vez- al paso de la historia.//ELF

Las amenazas y oportunidades para nuestro sistema democrático

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Por Ernesto Moreno

Sociólogo y concejal de Recoleta (DC)

La modernidad “reconceptualizó” la idea y práctica democrática que habíamos heredado desde las tradiciones griegas. Lo hizo, por un lado, impregnándole su proyección universal y convirtiéndola en uno de los indicadores más relevantes de una sociedad políticamente moderna y, por otro lado, colocando en su centro el principio de representatividad como vinculación entre el pueblo y la autoridad.

Pero el mundo y el desarrollo de las sociedades han experimentado inéditos cambios, de manera que los procesos e implicancias que hoy subyacen a las decisiones en torno al poder, se han hecho complejas y, a modo de una muestra del proceso de aculturación, las diferentes ciudadanías han ido forjando y exigiendo un protagonismo en la construcción de su destino.

Todo esto, en medio de una globalización succionante, de un capitalismo voraz y de mediaciones político-institucionales que provocan importantes frustraciones en las demandas de la gente.

Paralelamente, parece haberse olvidado que la democracia no es solamente algo procedimental, sino también y sobre todo, un modelo y estilo de vida, esto es, consta de un espíritu fundado en valores que inspiran y orientan las acciones de sus actores. Al respecto, muchas democracias del mundo, y por cierto la nuestra, han sido infiltradas por una hegemonía valórico-cultural distorsionadora y contraria al mencionado espíritu y fundamento democrático. Los valores y el marco cultural capitalista han operado fomentando acciones y conductas individualistas, competitivas y con aspiraciones sin límites que son la antítesis del bien común, la solidaridad y la inclusión, entre otros.

A medida que entramos en el s.XXI, la democracia sigue siendo el régimen más preferido por la gente (el menos malo dicen otros), sin embargo, la percepción y evaluación de la misma ha ido en franco declive. De una u otra forma, la democracia está siendo puesta a prueba en sus fortalezas, en la confianza en sus instituciones y, a las finales, en su legitimidad.

La última encuesta Latinobarómetro nos indica que en América Latina, entre el 2008 y el 2018, la insatisfacción con la democracia pasó de 51% a un 71% y, en el caso de Chile, un 84% piensa que la democracia tiene problemas y un 74% de chilenos expresa que se gobierna para beneficio de unos pocos poderosos.

Es nuestra impresión que en algunos países, y el nuestro no sería una excepción, se ha alcanzado un cierto punto que nos indica que la arquitectura del modelo contractualista existente se ha tornado insuficiente para satisfacer las fundadas y legítimas demandas sociales, las que en su cantidad y calidad no son más que una ilustración de la frustración y rebeldía frente al sistema.

Chile parece estar llegando al climax de esta situación como resultado del movimiento social de octubre del 2019 y la pandemia actual que recorre dramáticamente el territorio. Se trata de dos sucesos, que aunque de génesis diferente, terminan reforzándose y catapultando una más que plausible agudización de las tensiones sociales. El corona virus, no solamente ha dejado en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad humana, sino también ha desnudado lo obsoleto del modelo socio-económico que ha predominado entre nosotros las últimas décadas.

Después de un innegable esfuerzo transformador del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el que por lo demás se vio en varias oportunidades dificultado por los propios partidos políticos que la apoyaban, el poder político cayó en manos de una coalición política encabezada por Sebastián Piñera que, tanto frente al estallido social como en relación a las consecuencias de la pandemia en la vida física y económico – social de las personas, ha dejado al descubierto el marco ideológico y valórico que lo inspira, lo que se ha plasmado en lo que muchos han destacado: medidas insuficientes que, además, llegan siempre tarde; se trata de un gobierno cuya mezquindad e inoperancia le ha impedido cubrir la urgencia y garantizar, en tiempos extremadamente críticos, las seguridades y el bienestar mínimo de la gente.

Cuando un gobierno se niega, pudiéndolo hacer, a este compromiso social básico, está no solamente fallando en la práctica de un humanismo del que tantas veces ha vociferado, sino que pavimenta un camino con suficientes trizaduras como para que los pilares de la democracia, ya cuestionados como hemos analizado anteriormente, se vean aún más debilitados.

Es el propio Jürgen Habermas, hablando de la crisis, quien nos recuerda que éstas alcanzan preocupantes dimensiones, cuando las estructuras sociales se tornan incapaces de resolver satisfactoriamente las diferentes demandas que son necesarias para su conservación.

Chile encara, de manera “recargada”, la alternativa de transformarse en un país justo y solidario o mantener, disfrazar y/o reforzar la insostenible situación actual, que ha sido diagnosticada por diversos organismos y publicaciones.

Es nuestra convicción que la democracia chilena superará su crisis y tomará rutas más estabilizadoras, solo en la medida que se tenga el coraje y la voluntad política de construir e implementar, con la unidad del progresismo y el máximo de actores sociales, un programa de transformaciones y reformas socio-económicas y culturales que alteren significativamente la actual estructura social.

La debilitada y cuestionada democracia chilena, para decirlo en términos de Proust, tiene una oportunidad de ir en busca del tiempo perdido, sin caer en ningún extremismo ni descontrol.

En este camino, el proceso constituyente, partiendo por el plebiscito, se convierte en el condicionante por excelencia para la implementación de dichos cambios. Cualquier intento de transacción y/o aparecimiento de fórmulas extrañas para mimetizarlo o desplazarlo, debe ser rechazado categóricamente. Por lo demás, es el propio pueblo quien constituye el gran custodio para que esto no suceda. //ELF

Réquiem en verde o la muerte de una institución

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Por David Pellizzari Ossa

Fueron miles los hombres y mujeres que sirvieron con valor, dedicación y corrección en sus filas, que materializaron los principios en que se basa toda institución policial. Algunos incluso llegaron a entregar su vida con genuino heroísmo, y, en este réquiem, debemos reconocer su entrega, procurando que su recuerdo sea lo que atesoremos hacia el futuro, cuando recordemos a la institución que hoy despedimos, que ha muerto… Carabineros de Chile.

Su activa participación en las deleznables violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar, su evidente ineficacia en el control de la delincuencia común y el narcotráfico, su actuación desproporcionada y errática durante las movilizaciones posteriores al 18-10 y, en general en cualquier manifestación masiva, así como el triste historial de irregularidades y cuantiosos desfalcos, fueron minando su credibilidad y legitimidad en la ciudadanía, fueron matando el alma de una institución teóricamente concebida para servir a la comunidad; sin embargo, aunque graves, no son la causa de muerte de la institución, sino, más bien, síntomas de una enfermedad congénita, que la aquejó toda su existencia, pero que en los últimos años se hizo cada vez más visible y gravosa: su carácter militarizado.

“Carabineros de Chile es una institución policial técnica y de carácter militar”, así comienza el artículo 1 de su Ley Orgánica Constitucional; ese carácter militar grabado a fuego desde su definición más básica fue el cáncer que terminó por matarla.

La definición citada no solo está escrita en una Ley que pocos conocen, determinó la naturaleza misma de la institución, su misión, atribuciones y tristemente, el modo en que se relacionó con la comunidad. La naturaleza castrense de Carabineros significó su aislamiento del resto de la sociedad, con una justicia diferenciada, con un sistema de salud separado del resto de los chilenos y hasta con pensiones que se sujetan a reglas distintas y que no responden, necesariamente, a la naturaleza de sus funciones, sino más bien, a una concepción decimonónica de la “carrera militar”.

La policía militarizada tuvo una concepción vertical no solo del mando en su interior, sino en el ejercicio de la autoridad respecto de los civiles, profundamente machista, burocrática, racista y clasista, a pesar de estar compuesta, en su mayoría, por chilenos provenientes de los estratos sociales menos favorecidos, terminó siendo percibida como una especie de guardia pretoriana de los poderosos, y no como un aliado de los desposeídos; los que más necesitaban de su protección.

La lógica militar de buscar “enemigos” y  “escenarios de conflicto”, se fue haciendo cada día mas evidente en su actuar, la represión, los abusos, las torturas y la violencia desproporcionada, se explican así de un modo estructural, y no se subsana con una distinta formación o mejores protocolos; está determinada por la naturaleza de la institución.

Carabineros se fue encerrando en sí mismo, sus procedimientos empezaron a ser más importantes que su función, y, en ese proceso, se fue divorciando crecientemente de su necesaria relación con la comunidad; éste fenómeno es relativamente normal en las organizaciones que tienen reglas distintas del resto de la sociedad en que funcionan, y tampoco es privativo de las uniformadas, también están en crisis las instituciones religiosas y las políticas, ambas constituidas en verdaderas castas encerradas en burbujas, que las mantienen separadas de las personas que dicen representar.

La Ley y la forma en que se concibió fueron construyendo una policía uniformada que, con el paso del tiempo, fue acrecentando su desconexión con la realidad del país y terminó siendo profundamente ineficiente en el cumplimiento de las tareas esenciales, y, por tanto, requerimos replantearnos la función permanente del Estado que pretendía cumplir la institución que hoy despedimos, así como la necesidad de la existencia de dos policías distintas con una superposición de funciones difícil de comprender.

En Estados Unidos, a raíz del estallido social desencadenado por un nuevo hecho de violencia racial con la policía como protagonista, hemos escuchado con envidia que se estudiará, no una reforma a las policías, no una modernización de sus protocolos, no, lo que se ha anunciado es una redefinición de la función policial.

En Chile, después del debido luto, corresponde construir un modelo de función policial acorde a las necesidades de nuestra sociedad actual, y diseñar instituciones adecuadas para su cumplimiento, que, uniformadas o no, deben tener un carácter civil y absolutamente inmerso en los territorios y empapadas de cada realidad particular. Nuestro país requiere una policía organizada bajo un modelo comunitario, en estrecha relación con la comunidad en que se inserta, distribuida en pequeñas unidades policiales en las que se presten además otros servicios públicos y sociales, sin distancias ni barreras insalvables que solo son mascaras de “autoridad”. Necesitamos y merecemos una policía moderna y funcional, con otro nombre y otra “alma”, más allá de la nostalgia de instituciones anacrónicas.//ELF

¿De quién es el agua de Maipú?

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Por David Pellizzari Ossa

Hace solo unos días, muchos se alegraron al leer o escuchar que SMAPA, la empresa sanitaria que provee de agua potable a la comuna de Maipú y otras cercanas, anunciaba que se congelarían sus tarifas por cinco años.

Si bien resulta difícil estar en contra de una medida que, al menos en teoría, beneficia directamente a miles de vecinos, no podemos evitar preguntarnos cuáles serán las consecuencias a mediano y largo plazo de esta decisión, y a quién beneficiará y afectará en definitiva.

SMAPA es una empresa municipal, y mas allá de sus orígenes y particularidades legales, en términos prácticos, es de los vecinos de Maipú, o al menos así debiera ser.

Entonces, ¿quién pierde si esa empresa resulta ser inviable en su actual estructura o condición legal?

El año 2019 la Contraloría General de la República emitió un lapidario informe acerca de la administración financiera de SMAPA que terminó incluso con una denuncia al Ministerio Público que aún no arroja resultados definitivos. El mismo año recién pasado fueron múltiples los problemas de gestión de la empresa que afectaron incluso la atención de sus clientes, y en ese contexto, no fueron pocas las voces que hablaron de una venta o eventual privatización de la sanitaria municipal.

SMAPA no ha realizado las inversiones necesarias para garantizar su operación eficiente en los próximos años, su facturación y el cobro de las cuentas tiene un desorden administrativo que escapa de lo que se pudiera calificar de negligencia y mas parece producto de una decisión consciente, sus funcionarios no tienen las condiciones mínimas para desarrollar adecuadamente su labor, y sus clientes están empezando a notar estos problemas a diario.

Resulta, por decirlo menos curioso, que con esos antecedentes, se considere apropiado o prudente que las tarifas se congelen por un periodo no menor de tiempo, y, por tanto, cabe preguntarse, con qué recursos se harán las inversiones largamente postergadas o cómo se cubrirán los déficit financieros por el desorden en la facturación y cobranza. A menos claro, que la idea sea precisamente que la empresa toque fondo y llegue a un estado tal en que sea inviable mantenerla en su condición de municipal, y surja como gran solución: su venta.

¿Es posible que una empresa pública sea deficitaria?

la respuesta es claramente afirmativa, en todo el mundo podemos encontrar servicios públicos que operan con pérdidas, transporte público y sanitarias suelen ser los ejemplos paradigmáticos, pero en la mayoría de esos ejemplos existe una decisión política, una definición de Estado, que implica asumir que, en aras de brindar un servicio de calidad y de carácter universal a los ciudadanos, bien vale la pena mantener una empresa de carácter público aunque no sea capaz siquiera de cubrir sus costos de operación.

Pero, en nuestro país no existe ese modelo de Estado, ni política ni institucionalmente es posible sostener esa estrategia, por lo que una empresa pública que no sea económicamente viable, tiene un futuro muy claro; la privatización y la pregunta es ¿quieren los vecinos de Maipú y las otras comunas abastecidas por SMAPA que ésta sea privada?

*Esta columna apreció en LaVozdeMaipú.cl y En La Fontana la republicamos con autorización del autor. 

La buena idea de devolver parte del fondo de pensiones a sus propietarios

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Por Manuel Riesco

Economista de Cenda

Autorizar el retiro de ahorros AFP es una buena idea. Merma el abusivo e irracional ahorro forzoso y abre paso a acabarlo, lo que sucederá pronto. Ello permitirá duplicar las pensiones actuales y reducir considerablemente el déficit fiscal, con beneficio para la economía y los empresarios. Esta buena idea ha tenido una amplia acogida, también en políticos de derecha personificados por el H.D. Don Mario Desbordes, quien nuevamente asume responsablemente la imperiosa necesidad de superar la crisis política nacional.

El fondo de ahorro forzoso AFP es el abuso. Es una inmensa masa de instrumentos financieros diseñada para crecer indefinidamente, desde luego a través de oscilaciones sucesivas, a veces violentas como sucede en estos días. Ha sido acumulado a lo largo de cuatro décadas de recortes forzosos a los salarios de millones de trabajadores y trabajadoras, escamoteados a sus padres y abuelas a quienes estaban destinados y podrían haber asegurado pensiones dignas. Los únicos beneficiarios de este fondo son sus gestores y un reducido grupo de grandes empresarios que se han apropiado del dinero allí registrado. Principalmente, cuatro conocidos grupos nacionales que controlan el negocio de seguros relacionados, quienes se han embolsado la mayor parte del dinero. Sus propietarios están ligados estrechamente al Presidente de la República.

Autorizar el retiro significa que los magnates que se lo han apropiado, lo devuelven en parte a sus propietarios, que harto lo necesitan en las actuales circunstancias. Muy buena idea.

El fondo mal llamado «de pensiones» bien poco tiene que ver con éstas. Desde luego no financia pensiones, sino inversiones empresariales y cobros de sus gestores. El más grueso de estos últimos son las primas netas de las compañías de compañías de seguros, con las cuales se subcontrata el pago de la mayor parte de las pensiones y para lo cual se les transfieren mensualmente el equivalente a cerca de la mitad de las cotizaciones.

El fisco financia tres cuartas partes de las pensiones que se pagan en Chile. Incluidas una mitad que paga directamente y 1/3 de la otra mitad que pagan las AFP. El fisco destina a ello un quinto de su presupuesto, el que financia con deuda e impuestos corrientes, principalmente el IVA. Las AFP financian el cuarto restante del gasto nacional en pensiones, con el equivalente a 1/3 de las cotizaciones corrientes. Es decir, el gasto nacional en pensiones lo financian principalmente los trabajadores con pago de IVA y parte de las cotizaciones corrientes.

El fondo de pensiones en los hechos no interviene en el pago de pensiones, excepto para calcular el modesto aporte “autofinanciado” por las AFP, cuyo monto promedio no alcanza a un quinto de las remuneraciones imponibles. Se trata de un método pésimo, porque hace depender el monto de las pensiones del fondo acumulado al momento de jubilar, calculado con los rendimientos de los mercados financieros internacionales, los que varían constantemente. Para este cálculo no se necesita tener el fondo. Bastaría con llevar la cuenta de las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida, como hacen las denominadas “cuentas nacionales”, a las que se asigna una tasa de interés fija. Usadas de modo exclusivo, sin embargo, estas últimas tienen el grave inconveniente que desincentivan el cotizar en los últimos años cuando los sueldos son mayores.

Pero calcular las pensiones exclusivamente en base a un fondo acumulado al jubilar, como sea que se calcule su valor, termina siendo un método inaceptable, puesto que fija su monto en UF al momento de jubilar y no las reajusta según los salarios, por lo cual su tasa de reemplazo, que actualmente es poco más de un cuarto de las remuneraciones imponibles, disminuye año a año al subir éstos, tal como ocurre en la actualidad en Chile.

Sea como fuere, para calcular de esta forma las pensiones, no se necesita acumular un fondo que hoy alcanza a 80 por ciento del PIB y equivale a veinte años de cotizaciones diez veces más de lo que mantienen las reservas técnicas de los sistemas de seguridad social para solventarse en períodos de recesión.

Mantener un fondo de ahorro forzoso de esta magnitud no sirve a los pensionados, sólo beneficia a los empresarios que lo usan para financiar sus inversiones. Devolverlo en parte a sus propietarios es una muy buena idea.

En tiempos difíciles se recurre a los ahorros, para eso son. Chile, en cambio, mantiene la irracionalidad de continuar «ahorrando» forzosamente US$10.000 millones anuales de cotizaciones. Este dinero debe y puede financiar buenas pensiones hoy, aliviando de paso al fisco los enormes subsidios en dinero que hoy aporta al sistema AFP.

Para ello es necesario derogar el DL 3.500, como propone el proyecto de cinco senadoras y senadores, acabar el ahorro forzoso y recuperar el Estado la gestión de la seguridad social, incluido el esquema de rentas vitalicias. Ello permite duplicar las pensiones actuales, y además mejorar las cuentas fiscales en el equivalente a 1/5 del presupuesto, disminuyendo el endeudamiento y mejorando la calificación de riesgo país. Por este preciso motivo lo suspendieron o acabaron en Europa. Muy buena idea.

Una verdadera jauría de economistas de los sectores políticos más insospechados, han reaccionado en contra de la propuesta cuál fieles escuderos del ahorro forzoso. Muy mala idea. Auguran catástrofes de todo tipo si se retiran los fondos, pero no dicen que éstas no ocurrieron en los países que recientemente suspendieron o acabaron con el ahorro forzoso, tras la crisis del año 2008. Allí sucedió lo contrario. Mejoraron las pensiones. También la calificación de riesgo al reducir el déficit y endeudamiento fiscal. Ello benefició a todos los empresarios porque mejoró las condiciones crediticias.

Resulta alentador que el sistema político chileno haya venido despertando a la demanda de acabar con el ahorro forzoso. Hace algunos meses, casi la mitad de la cámara rechazó legislar un proyecto gubernamental que lo aumentaba, y solo la defección de un puñado de opositores permitió que continuara su trámite, hasta ahora empantanado en el Senado. Se han presentado una variedad de proyectos de reforma. El más significativo es el antes mencionado que deroga el DL 3.500, presentado por cinco senadoras y senadores, que recibió el respaldo de 47 diputadas y diputados.

Ahora, la buena idea de retirar los fondos ha recibido una acogida amplia que augura la posibilidad de aprobarse. El poder judicial está avanzando paralelamente en la materia, al acoger demandas de afiliadas que quieren retirar sus fondos.

Es interesante el papel que está jugando al respecto el H.D. Don Mario Desbordes, Presidente de Renovación Nacional. Ha dado muestras de ser un político responsable, que asume la magnitud de la crisis política en curso y ha ayudado a abrir caminos para encauzarla democráticamente. Al parecer, comprende que acabar con el abusivo e irracional ahorro forzoso ayudará a superarla. Ahora se ha manifestado a favor de devolver parte de los fondos. No sería primera vez que gobiernos y partidos de derecha acaban con el ahorro forzoso. Así sucedió en varios países de Europa que lo acabaron recientemente. Bienvenidos si lo hacen ellos o ayudan a hacerlo. Ojalá que la centro izquierda que lo implementó allí y lo ha mantenido y agravado en Chile, espabile en esta ocasión.//ELF

Desequilibrio de poder

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Por David Pellizzari Ossa

“Cállese, usted no se meta, esta es una conversación de adultos…”. Esa solía ser la reprimenda que los niños recibían por dar su opinión en una discusión importante, y estaba basada en una estructura familiar absolutamente jerarquizada, vertical y profundamente machista, en que el Padre era la “cabeza” de la familia en todo sentido y ejercía una autoridad absoluta, y en segundo orden, la madre ejercía una autoridad “doméstica” sin contrapesos. En este modelo de familia la opinión de los niños, niñas y adolescentes era irrelevante, solo les correspondía cumplir sus deberes entre los que destacaba nítidamente el de obediencia.

Hemos visto en los medios de comunicación una relación que nos recuerda ese modelo anacrónico y hace patente la necesidad urgente de repensar nuestra institucionalidad. A propósito de la emergencia sanitaria que enfrentamos, los alcaldes de nuestro país han requerido del gobierno información y coordinación casi con desesperación, y, con renuencia, la autoridad central ha ido cediendo en algunos puntos, pero siempre desde una posición de autoridad vertical.

Mientras algunos ven solo una hoguera de vanidades o una disputa ad portas de un proceso eleccionario, otros vemos una profunda crisis de nuestro modelo institucional, en que el rol y atribuciones de nuestros gobiernos locales requieren una drástica actualización.

En nuestro ordenamiento constitucional y administrativo, peor aún, en nuestra cultura organizacional, los municipios son simples ejecutores de políticas públicas en el territorio y no les corresponde intervenir en su elaboración ni coordinación. Las declaraciones de ministros, subsecretarios y hasta del propio Presidente de la República parecen confirmar esta desalentadora tesis. El gobierno central ve las propuestas que surgen desde los municipios como amenazas a su autoridad, como inadecuadas injerencias en sus atribuciones y se plantea con brutal naturalidad que son áreas que simplemente no les competen. Pero, la gestión territorial de una crisis sanitaria como la que vivimos no les compete a los municipios…? La coordinación y gestión territorial de la seguridad ciudadana, en cualquier época, pero particularmente en una emergencia como la actual, tampoco es competencia del municipio…? En nuestro modelo la respuesta, por increíble que parezca, es no.

Finalmente, y a regañadientes… el gobierno ha terminado aceptando las propuestas y la colaboración de los municipios en el combate de la pandemia que vivimos, pero se han debido efectuar ajustes administrativos y posiblemente legales para ello, lo que demuestra que nuestra institucionalidad simplemente no concibe un rol colaborativo entre nuestras autoridades.

Este modelo tan compartimentado y vertical de autoridad ya no resiste mas, y es imperioso que, en el proceso constituyente que pronto enfrentaremos como país, asumamos que el nuevo pacto que requerimos, debe incluir también una nueva estructura y organización del poder en nuestro territorio, una que garantice una descentralización real y que, sobre todo, cambie la concepción autoritaria y centralista del ejercicio del poder, tanto entre los distintos niveles administrativos del Estado, como en su relación con la ciudadanía.

Requerimos una concepción horizontal, colaborativa y participativa del ejercicio de la autoridad y su organización, necesitamos un Estado menos temeroso de la opinión y control de sus ciudadanos y estructuras de poder que no compitan entre si, ni intenten simplemente imponer su opinión a otros.

Esta concepción, en el ámbito municipal y regional, requiere repensar las atribuciones y presupuestos de nuestras autoridades locales, pero no basta solo con algunas modificaciones dentro del mismo modelo o estructura institucional; es preciso un cambio sustantivo en la forma de entender el poder local, su independencia y su relación con el poder central, así como las relaciones de ambos con la ciudadanía.

Muchos ejemplos podemos citar de gestiones municipales que se han destacado, pero en todas ellas, sus ediles han estado al filo de salirse del marco legal y constitucional… no porque no lo conozcan o actúen con dolo, sino porque han corrido los márgenes de lo posible tensionando fuertemente los límites que nuestra institucionalidad les impone, y eso necesita un cambio urgente.

Los alcaldes y concejales conocen mejor que nadie las necesidades de sus vecinos y saben trabajar colaborativamente con la comunidad organizada, ellos han respondido antes y mejor a las demandas ciudadanas de la crisis social y sanitaria que enfrentamos, y sería bueno que muchos aprendieran de esa experiencia y lo tuviéramos todos presente cuando construyamos nuestra nueva constitución.//ELF