La Cámara de Diputados despachó durante la jornada de este jueves a tercer trámite en el Senado, el proyecto de ley que busca crear el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, relevando al Sename de obrar respecto de adolescentes infractores de ley, entre los 14 y 18 años de edad.
La propuesta fue abordada en tres votaciones para ratificar su idea de legislar, superando en las tres ocasiones los 130 votos a favor. En la votación en particular, en cambio, hubo seis votaciones que ratificaron el texto planteado desde las comisiones.
La idea matriz del proyecto estaba enmarcada en la creación del denominado servicio como entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otras agencias del Estado, el proceso de reinserción social de los adolescentes que incurrieran en actos ilícitos.
Ante el trabajo realizado en comisiones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, destacó el trabajo legislativo para crear un servicio con un “alto nivel de atención en la o el joven, con un trabajo profesionalizado y un modelo de intervención cuyo objetivo es la reinserción social”, mejorando la administración de justicia e incorporando un nuevo modelo técnico especializado intersectorial.
Además, Larraín señaló que la ley se implementará mediante un proceso de instalación progresiva de centros) y con un aumento de recursos, que irá de 87 mil millones a 144 mil millones de pesos en régimen.
En el cumplimiento de su objetivo, la nueva entidad deberá garantizar el pleno respeto por los derechos humanos de sus sujetos de atención, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales, y proveerá las prestaciones correspondientes, asegurando la oferta pública en todas las regiones del país, directamente o a través de organismos acreditados.
Se contempla el nombramiento de autoridades del Servicio por Alta Dirección Pública, la creación de un Consejo Nacional de Reinserción Juvenil coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que permitirá generar una política que influya en la agenda de los otros sectores.
En relación a la colaboración público-privada, se mantendrá un modelo de externalización de programas, que deberán ser acreditados, licitados y monitoreados. No obstante, el servicio reemplazará el actual sistema de subvenciones, por un nuevo modelo de financiamiento.
Asimismo, se estableció la obligación de denuncia de los funcionarios del Servicio o de los directores o profesionales de los órganos colaboradores en caso de vulneración de derechos que fuese constitutiva de delito, la que deberá realizarse dentro de un plazo de 24 horas a la autoridad competente en materia criminal.
Durante la votación, se ratificó la indicación del Ejecutivo aprobada en comisión de Hacienda, referida al traspaso de funcionarios del Sename al nuevo Servicio, los que deberán cumplir con los requisitos exigidos y los perfiles de los nuevos cargos (3.470 funcionarios).
