Por David Pellizzari Ossa

“Cállese, usted no se meta, esta es una conversación de adultos…”. Esa solía ser la reprimenda que los niños recibían por dar su opinión en una discusión importante, y estaba basada en una estructura familiar absolutamente jerarquizada, vertical y profundamente machista, en que el Padre era la “cabeza” de la familia en todo sentido y ejercía una autoridad absoluta, y en segundo orden, la madre ejercía una autoridad “doméstica” sin contrapesos. En este modelo de familia la opinión de los niños, niñas y adolescentes era irrelevante, solo les correspondía cumplir sus deberes entre los que destacaba nítidamente el de obediencia.

Hemos visto en los medios de comunicación una relación que nos recuerda ese modelo anacrónico y hace patente la necesidad urgente de repensar nuestra institucionalidad. A propósito de la emergencia sanitaria que enfrentamos, los alcaldes de nuestro país han requerido del gobierno información y coordinación casi con desesperación, y, con renuencia, la autoridad central ha ido cediendo en algunos puntos, pero siempre desde una posición de autoridad vertical.

Mientras algunos ven solo una hoguera de vanidades o una disputa ad portas de un proceso eleccionario, otros vemos una profunda crisis de nuestro modelo institucional, en que el rol y atribuciones de nuestros gobiernos locales requieren una drástica actualización.

En nuestro ordenamiento constitucional y administrativo, peor aún, en nuestra cultura organizacional, los municipios son simples ejecutores de políticas públicas en el territorio y no les corresponde intervenir en su elaboración ni coordinación. Las declaraciones de ministros, subsecretarios y hasta del propio Presidente de la República parecen confirmar esta desalentadora tesis. El gobierno central ve las propuestas que surgen desde los municipios como amenazas a su autoridad, como inadecuadas injerencias en sus atribuciones y se plantea con brutal naturalidad que son áreas que simplemente no les competen. Pero, la gestión territorial de una crisis sanitaria como la que vivimos no les compete a los municipios…? La coordinación y gestión territorial de la seguridad ciudadana, en cualquier época, pero particularmente en una emergencia como la actual, tampoco es competencia del municipio…? En nuestro modelo la respuesta, por increíble que parezca, es no.

Finalmente, y a regañadientes… el gobierno ha terminado aceptando las propuestas y la colaboración de los municipios en el combate de la pandemia que vivimos, pero se han debido efectuar ajustes administrativos y posiblemente legales para ello, lo que demuestra que nuestra institucionalidad simplemente no concibe un rol colaborativo entre nuestras autoridades.

Este modelo tan compartimentado y vertical de autoridad ya no resiste mas, y es imperioso que, en el proceso constituyente que pronto enfrentaremos como país, asumamos que el nuevo pacto que requerimos, debe incluir también una nueva estructura y organización del poder en nuestro territorio, una que garantice una descentralización real y que, sobre todo, cambie la concepción autoritaria y centralista del ejercicio del poder, tanto entre los distintos niveles administrativos del Estado, como en su relación con la ciudadanía.

Requerimos una concepción horizontal, colaborativa y participativa del ejercicio de la autoridad y su organización, necesitamos un Estado menos temeroso de la opinión y control de sus ciudadanos y estructuras de poder que no compitan entre si, ni intenten simplemente imponer su opinión a otros.

Esta concepción, en el ámbito municipal y regional, requiere repensar las atribuciones y presupuestos de nuestras autoridades locales, pero no basta solo con algunas modificaciones dentro del mismo modelo o estructura institucional; es preciso un cambio sustantivo en la forma de entender el poder local, su independencia y su relación con el poder central, así como las relaciones de ambos con la ciudadanía.

Muchos ejemplos podemos citar de gestiones municipales que se han destacado, pero en todas ellas, sus ediles han estado al filo de salirse del marco legal y constitucional… no porque no lo conozcan o actúen con dolo, sino porque han corrido los márgenes de lo posible tensionando fuertemente los límites que nuestra institucionalidad les impone, y eso necesita un cambio urgente.

Los alcaldes y concejales conocen mejor que nadie las necesidades de sus vecinos y saben trabajar colaborativamente con la comunidad organizada, ellos han respondido antes y mejor a las demandas ciudadanas de la crisis social y sanitaria que enfrentamos, y sería bueno que muchos aprendieran de esa experiencia y lo tuviéramos todos presente cuando construyamos nuestra nueva constitución.//ELF