En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Columnista

Sin AFP

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Por Manuel Riesco

Economista

Han culminado dos semanas bien extraordinarias en la historia de Chile. El Parlamento Democrático avanzó más que en sus tres décadas de existencia, para acabar con el ahorro forzoso. Uno de los grandes abusos que viene desde la dictadura. Recuperó en dos semanas parte de su legitimidad, que había perdido casi por completo. Precisamente por no haber cumplido con su deber secular de plantar cara y frenar los abusos de los poderosos. Como el ahorro forzoso que, por el contrario, había contribuido no poco a agravar.

Ahora el Parlamento tiene el deber y el poder para acabar de una buena vez con el ahorro forzoso. Aprobando el proyecto que deroga el DL 3.500 que le dio origen. Y reconstruyendo el Sistema Público de Seguro Social, que así se llama en Chile. Este fue destruido por la dictadura en 1981. Para escamotear el dinero de las cotizaciones que trabajadoras y trabajadores activos destinaban a las pensiones de sus padres y abuelas. Y traspasarlo al cogollito de la oligarquía restaurada el 11 de septiembre de 1973.

En dos semanas se ha develado y el pueblo ha comprendido el carácter abusivo del ahorro forzoso. Principalmente gracias al rechazo histérico de los poderosos a devolver siquiera una pequeña parte de los fondos acumulados, a sus supuestos dueños. Como demostró el abogado Fernando Atria, pusieron así en evidencia quiénes eran sus verdaderos dueños.

En dos semanas quedó al desnudo, asimismo, la ceguera o cinismo del vocinglero coro de defensores del ahorro forzoso. Desde los desfachatados y charlatanes hasta los sibilinos y solapados, pasando por los ingenuos y mal informados. Inexplicablemente, se los encuentra a través de todo el espectro político, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Ahora todos ellos han quedado completamente aislados. Del pueblo, y también en esta ocasión del sistema político. Ni uno ni el otro les hicieron esta vez el menor caso.

Raya en lo ridículo que muchos de estos “expertos” se opusieron a la restitución del 10% aduciendo que era “una mala política”, dañina para la economía, regresiva e irresponsable desde el punto de vista fiscal.

Al cabo de dos semanas todos aceptan, quizás porque lo reconoció el departamento de estudios de un banco, que devolver a los trabajadores el 10% del fondo, nada menos veinte mil millones de dólares, será un estímulo extraordinario para la economía justo cuando más lo requiere.

La afirmación respecto a que se trataría de una política regresiva será recordada como uno de los errores de apreciación más monumentales de los economistas chilenos. Arguyeron que los “ricos” iban a retirar 4,3 millones de pesos libres de impuestos. Sin decir que el sistema les permite retirar de ese modo al jubilar “excedentes de libre disposición” mucho mayores.

Pero lo peor es que estos calificados personajes pasaron por alto el detalle de que la medida obliga al puñado de grandes empresarios que tienen el grueso del fondo en su poder, que se pueden contar con los dedos de las manos, a devolver veinte mil millones de dólares a once millones de trabajadoras y trabajadores activos y menos de un millón de jubilados. Solo quedan excluidos —de modo muy injusto, que amerita una compensación, dicho sea de paso— quienes reciben rentas vitalicias. Ellos fueron forzados a traspasar la totalidad de sus fondos a las compañías de seguros, por lo cual sus supuestos “ahorros” se reducen a cero.

Esta gigantesca redistribución del ingreso significa elevar de 32% a 40% del PIB, la participación de la masa de salarios de los cotizantes AFP, por un año completo. Nunca hubo medida más progresiva en tres décadas de democracia. Al parecer, una pulga no les dejó ver un elefante.

La afirmación que la medida es irresponsable desde el punto de vista fiscal es asimismo completamente falsa. Muy por el contrario, constituye un gran avance al inevitable y pronto fin del ahorro forzoso, lo cual tendrá un efecto extraordinariamente positivo sobre las finanzas públicas.

La mejor manera de comprobarlo es analizar lo que hubiese sucedido con las cuentas fiscales de no haber impuesto la dictadura el ahorro forzoso en 1981. En ese caso y según cifras de IMACEI-CENDA (ver cuadro anexo), los 148 mil millones de dólares en cotizaciones recaudados por las AFP hasta mayo pasado, habrían ingresado a las arcas fiscales. Dicha suma equivale a un 77% del fondo de pensiones, que a fines de mayo pasado alcanzaba a 192 mil millones de dólares.

A ello hay que sumar los 38 mil millones de dólares que el fisco ha gastado en subsidios monetarios directos a las pensiones AFP, solo considerando bonos de reconocimiento y aportes previsionales solidarios pagados en el periodo.

En otras palabras, sin AFP, el Estado habría contado con un flujo neto de ingresos adicionales de 186 mil millones de dólares, cifra casi igual al valor del fondo de pensiones acumulado a mayo.

Ello le habría permitido costear con holgura las pensiones que pagó el sistema AFP, que significaron un gasto de 61 mil millones de dólares en el período, y aún así quedar con un superávit de 125 mil millones de dólares, que equivale a dos tercios del fondo de pensiones.

Dicho superávit habría permitido al Estado, por ejemplo, duplicar el monto de esas pensiones, que es más o menos lo que se hubiese requerido para elevarlas a un nivel aceptable. Pero aún así habría acumulado un superávit de 64 mil millones de dólares, cifra significativamente superior al total de ingresos fiscales de los últimos 12 meses, o el doble del endeudamiento fiscal actual.

En cambio, el excedente de cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas por el sistema AFP, que suma 125 mil millones de dólares desde 1981 a mayo pasado, se traspasó al sistema financiero, en su mayor parte a un reducido grupo de grandes empresarios, en forma de comisiones y primas cobradas por la gestión del sistema, e inversiones del fondo de pensiones.

La tajada del león se la embolsaron cuatro reconocidos grupos nacionales que controlan el negocio de seguros relacionados con AFP, quienes se embolsaron primas brutas equivalentes a una cuarta parte de las cotizaciones, no menos de 35 mil millones de dólares. Por otra parte, según ha constatado Fundación Sol, los mismos cuatro grupos son depositarios de una cuarta parte de las inversiones del fondo en empresas nacionales.

Todo ello a costa de la miseria de millones de jubilados y jubiladas a lo largo de cuatro décadas, y un importante déficit y endeudamiento fiscal.

Tal abuso e irracionalidad fiscal va a continuar si no se acaba ahora con el ahorro forzoso. Aunque en dimensiones cada vez mayores, puesto que el excedente corriente de cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas, alcanzó a dos tercios de las cotizaciones, unos 6.600 millones de dólares, solo en los últimos 12 meses. ¡Y por añadidura algunos insisten en aumentar las cotizaciones en 50 por ciento!

En cambio, al derogar el DL 3.500 y acabar ahora el sistema de AFP, las cotizaciones se destinarán en lo sucesivo exclusivamente a pagar pensiones, en lugar de financiar empresarios.

Ello permite duplicar las pensiones actuales, puesto que lo recaudado es el doble de lo que se paga, y el fisco se ahorra más de 1.500 millones de dólares anuales en subsidios directos. Sin contar una cifra al menos similar en subsidios monetarios indirectos, tales como incentivos al retiro.

Ello es sostenible a futuro sin cambios en la tasa de cotización por largo tiempo, ni la edad de jubilación. Sencillamente porque el PIB crece más rápido que el número de adultos mayores. Esa es la evidente y elegante regla de sostenibilidad de los sistemas de seguro social.

Por otra parte, si los grandes empresarios que han recibido inversiones del fondo de pensiones, las devuelvan íntegramente a los afiliados activos y jubilados, y al fisco, ello significa reparar en parte el enorme abuso infligido.

De hecho, si los trabajadores y el fisco lograsen recuperar ahora el fondo en el valor que tenía a mayo pasado, lo que es altamente improbable, dada la situación de los mercados financieros, ello significa que los aportes netos de afiliados y fisco al sistema de AFP a lo largo de cuatro décadas habrían logrado una modesta tasa interna de retorno (TIR), de poco más de 2% anual.

Si además el Estado se hace cargo del esquema de rentas vitalicias, y recauda en lo sucesivo las primas que hoy van a las compañías de seguros, las pensiones vitalicias adeudadas por estas se pueden considerar también un activo, lo que eleva dicha TIR al menos en un punto porcentual adicional.

Todo esto es lo que se logra derogando ahora el DL 3.500, acabando el ahorro forzoso. Y solo así, puesto que en caso contrario los aportes netos mensuales de trabajadores y fisco serán siempre negativos, hasta el día del juicio final.

Quizás aún más importante, al hacerlo, el Parlamento consolida la relegitimación del sistema democrático que ha logrado con la devolución del 10%, “venciendo al lobby AFP”, como dijo el H.D. Matías Walker.

La clase empresarial en su conjunto, por su parte, habrá empezado a reconocer la piedra angular del pacto social moderno: los salarios son sagrados, no se tocan. Deben destinarse íntegramente al bienestar de las familias trabajadoras, incluidos sus viejos. Jamás desviarse a financiar empresarios.

Es lo que logra un pueblo y trabajadores alzados, encabezados en esta lucha por el movimiento No+AFP.//ELF

¡No basta!

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Por David Pellizzari Ossa

Tanto en las redes sociales, como en los medios de comunicación es común hoy el uso del llamado lenguaje inclusivo… todos y todas, todes, amigues, y otras palabras y expresiones “neutras” están siendo adoptadas por gran cantidad de personas como el lenguaje normal. En ese mismo sentido, el discurso políticamente correcto incluye términos como “perspectiva de género”, paridad, discriminación positiva y una, en el papel, potente batería de conceptos e ideas tendientes a generar mayor igualdad entre hombres y mujeres, pero, no basta, si solo se trata de la adopción vacía de un lenguaje por la mera conveniencia… no basta.

Si bien es cierto, el lenguaje construye realidad, y, por tanto, es un aporte el uso de uno inclusivo, la simple repetición de formulas verbales “adecuadas”, “políticamente correctas” o como parte de un diseño comunicacional intencionado e interesado, pero carente de contenido real y un correlato en los hechos, no pasa de ser una pobre representación puede terminar por vaciar de contenido y matar la magia de las palabras.

Vivimos los estertores de un modelo patriarcal agonizante, sin embargo, la resistencia cultural al cambio sigue estando profundamente arraigada en un porcentaje no menor de nuestra población, y desde luego, en la clase dirigente (compuesta mayoritariamente por hombres como el buen lector ya adivinó). En ese contexto, asistimos, con estupor, a un triste baile de mascaras, en que prácticamente todos los dirigentes políticos de nuestro país confluyen en un discurso pródigo en modernidad e inclusión, pero sus actuaciones delatan sus verdaderas convicciones, su atávico temor a la creciente influencia femenina en las esferas de decisión, su machismo antes evidente y hoy solapado, e, incluso, su misoginia. Partidos políticos que se declaran “feministas” y lo gritan a los cuatro vientos, pero que en sus estatutos y estructuras internas, discrimina brutalmente la participación de la mujer en sus cuadros dirigenciales y un Estado que se vanagloria de tener un ministerio dedicado al tema, pero que, en la práctica, no pasa de ser una repartición pública sin mayor peso en las grandes decisiones gubernamentales, son ejemplos evidentes de esta tendencia.

No basta con una justicia que corrige a último minuto un ultraje como permitir que un violador en serie de mujeres enfrente un juicio con arresto domiciliario, no basta ministras de la mujer con una visión del mundo y el feminismo propias del siglo pasado, no basta con los PMG de género en la administración pública, que los diversos ministerios cumplen solo para obtener un bono, no basta con una Ley de cuotas en el congreso y nada en las municipales, no basta con paridad solo en la Convención Constituyente.

No basta con acuerdos incompletos a última hora para permitir a las mujeres quedarse con sus hijos pequeños durante una pandemia feroz, a los que se llega no por convicción sino por conveniencia, porque la indolencia inicial es la genuina visión de una clase política empantanada en dogmas ideológicos que se “venden” renovados y modernos, pero que no pasan de ser caras amables y jóvenes atrapadas en recetas anacrónicas y prejuicios culturales internalizados como un cruel orden natural.

Simplemente, no basta

Construir una sociedad igualitaria no es una moda pasajera o una estrategia política rentable, es un imperativo ético ineludible y una reparación de justicia elemental, y, por tanto, requiere generar un profundo cambio cultural, un proceso de concienciación que vaya mas allá de las declaraciones y la retórica vacía, y que se traduzca en una verdadera toma de conciencia, un convencimiento individual y colectivo de la necesidad de concretar el sueño de una sociedad sin la sombra opresiva del patriarcado reinante hasta hoy, y eso, se demuestra, no se declara.

En este sentido, lo esperable sería que los Partidos Políticos, nuestros representantes y nuestro gobierno, tomaran decisiones que afecten el corazón del equilibrio de poder en nuestra sociedad, como paridad real en los órganos internos de los Partidos, en los Directorios de las empresas Públicas y Privadas, igualdad salarial y en todas las prestaciones previsionales, profundas reformas que permitan la real inserción de la mujer en el trabajo, sin que la maternidad sea considerada un “costo” que solo la ellas deban “pagar”, y finalmente, un real compromiso con la igualdad de género debiera implicar el construir un nuevo pacto político, económico y social cuya alma sea la restauración del verdadero orden natural… uno dual y equilibrado, ni patriarcal ni matriarcal, sino genuinamente igualitario, y eso, requiere un cambio radical en nuestra política y sociedad.

Chile necesita paridad real en las próximas elecciones municipales, regionales y parlamentarias, Chile necesita paridad real en el próximo y sucesivos gabinetes, Chile necesita mas mujeres tomando decisiones, Chile necesita una Constitución que consagre la igualdad de género de un modo nítido y definitivo, Chile necesita mas de su clase política, porque lo que ha hecho hasta ahora, aunque represente un avance significativo… no basta.//ELF

Pedrito y el lobo

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera 

“Un buen Presidente debe comportarse como un buen padre de familia y preocuparse de todos sus hijos”, decía el Presidente Piñera al anunciar una más de la serie de medidas con que intentó frenar el retiro de fondos de pensiones. Es una imagen que los políticos chilenos suelen usar. El mismo Piñera dijo en 2016 que “urge fortalecer el principio del respeto y la autoridad. Respeto de los hijos a sus padres, de los alumnos a sus profesores, de los ciudadanos a sus autoridades”.

Ciudadanos infantilizados, reducidos a la obediencia hacia sus autoridades, que les reparten protección y correctivos.

Y a esos niños -creen algunos padres- a veces hay que contarles mentiras piadosas por su propio bien. Si no quiere comer, no sirve explicarle los beneficios de la alimentación saludable. Él no lo entenderá. Mejor decirle que si no deja limpio el plato, se lo llevará el viejo del saco. Tampoco basta con enfatizar cuántas horas de sueño necesita cada noche. Más efectivo es cantarle “Duérmete niño / duérmete ya / que viene el cuco / y te comerá”.

Los políticos chilenos tienen una larga tradición de apelar a cucos y viejos del saco cada vez que los niños se insubordinan. Si ganaba el No, “volveremos al 10 de septiembre de 1973” (general Pinochet, 1987). Si se despenalizaba la homosexualidad, nos caería “el castigo que Dios ha impuesto” (diputado García, 1995). Si no se construía HidroAysén, “estamos condenando a nuestro país a un apagón” (presidente Piñera, 2011). Si se aprobaba el aborto terapéutico, “se acabó la Teletón, se acabaron los niños con discapacidad” (diputado Hasbún, 2016).

Pese a todos estos ridículos históricos, en el proyecto del 10% la carta del cuco se usó otra vez a destajo, exagerando hasta el absurdo las legítimas preocupaciones y ocultando los posibles beneficios.

El 10% era una medida “suicida” (Pablo Echeverría) y “estúpida” (José Luis Daza), que “pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país” (carta de líderes empresariales) y “busca destruir el sistema previsional” (AFP Habitat).

Basta poner un poco de distancia para ver un escenario mucho más matizado.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que Australia, Estados Unidos y Perú ya han permitido retirar fondos de pensiones, sumándose a países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, México, Singapur o el Reino Unido, que permiten retiros permanentes en algunas circunstancias. El BID concluye que “corresponde a cada país ponderar el dilema”, con sus pros y contras.

La economista jefa del Banco Mundial opina que el retiro del 10% es “un debate pertinente”, y que “hay que discutir todas las opciones”. La Tercera entrevistó a cinco economistas extranjeros al respecto. Sus opiniones fueron diversas, desde “no es lo óptimo” y “está mal orientada”, hasta “es una medida razonable” y “a nivel político pareciera ser correcta”.

Un informe del Scotiabank prevé que la reforma significará un gigantesco impulso económico. Estima que U$10.000 millones se gastarán en consumo, lo que hará crecer la economía entre 1,5 y 5,3 puntos del PIB, reduciendo en cerca de la mitad la caída del producto por la pandemia en 2020, además de entregar miles de millones de dólares al Fisco por IVA.

Lejos de las estimaciones catastrofistas, este viernes la Bolsa de Santiago fue una de las pocas en el mundo que subió “ante expectativas de mayor consumo por retiro de fondos”, según destaca La Tercera.

Se dijo también que este proyecto era inaceptable por ser “regresivo” (ministro Briones) y “beneficiar a los más ricos” (diputado Melero). Es cierto que es regresivo, porque permite a personas de altos ingresos retirar hasta $4,3 millones sin pagar impuestos. Pero, ¿desde cuándo eso les importa tanto?

Chile es el país de la OCDE con mayor desequilibrio entre lo que recauda por IVA, un tributo regresivo que golpea más a los más pobres (41%), y por impuesto a la renta de los más ricos (10%). Sí, 41% versus 10%. El promedio de la OCDE es 20% contra 24%.

Los gobiernos de la Concertación subieron el IVA, de 16% a 18% con Aylwin, y luego a 19% con Lagos. Mientras, se negaban a establecer un royalty minero real (sólo tenemos un impuesto específico), lo que, según el economista Ramón López, significó regalar U$120 mil millones a las multinacionales que explotan el cobre, sólo entre 2005 y 2015.

Este mismo gobierno tuvo como su proyecto estrella una reforma tributaria que bajaba la tasa de los dueños de empresas, entregándoles un recorte de US$833 millones en sus impuestos personales.

Y ni hablar de los perdonazos tributarios, las empresas zombi o la compraventa bursátil libre de impuestos. ¿De verdad los que han construido todos esos gigantescos forados, ahora se escandalizan por el pequeño agujero que permite sacar $4,3 millones libres de impuestos?

El otro cuco es el riesgo para la democracia, que se subvirtió porque se legisló “bajo amenaza” (senadora Muñoz). Por cierto, las amenazas y los actos de violencia son delitos, y deben ser perseguidos y castigados como tales. Pero una democracia es más fuerte cuando los ciudadanos se involucran en el debate legislativo, hacen valer su opinión, y exigen explicaciones a sus representantes.

Esto no fue una “pataleta”, como dijo el exministro Velasco. Fue la reacción de una ciudadanía harta de ser infantilizada, que, como en el cuento, ya dejó de creerle a Pedrito cada vez que grita que viene el lobo.

Es una sociedad que cree en la democracia, y por eso hace saber a los políticos que ellos son nuestros mandatarios, no nuestros padres. Y que los ciudadanos somos sus mandantes, no sus hijos

Escuelas públicas: Principal soporte de alimentación en tiempos de pandemia

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Por Ricardo Rabanal Bustos

Magister en Educación
Profesor, Historiador y Cronista

La verdadera ayuda, la que se ha sostenido por si sola en los pilares de la ética y la corrección en el tiempo actual de pandemia y en la memoria histórica y colectiva que permanece anclada en generaciones y generaciones de estudiantes en una imagen nacional que ha traspasado la barrera del tiempo y la reminiscencia, es la alimentación que recibíamos en la escuela pública sin más trámite que nuestra propia niñez y la precariedad de niños y niñas de un Chile más humilde.

Para los cientos y cientos de educadores, en todo época y a lo largo del tiempo y del país, participar en la entrega de este beneficio, más que una obligación o responsabilidad, es un deber moral a cumplir y dar acción a un derecho de nuestros alumnos y alumnas, de sus apoderados y familias que por años lo han recibido con agradecimiento, de las manos de los maestros que son los llamados a cumplir éticamente con la entrega de este beneficio.

Hoy en día, este auxilio en víveres de primera necesidad entregados en los colegios de la nación, en esta calamidad mundial, ha pasado la prueba del día a día y las dificultades propias de cuarentenas, contagios y fundados temores de salud y durante meses a llegado silenciosa y verdadera a los más pobres entre los pobres, sin la parafernalia mediática de las cámaras de televisión, las notas de prensa gubernamentales y la marea interminable de chaquetas rojas tratando de aprovechar el minuto exacto en que estas cajas de alimento mitigan las necesidades alimenticias de los niños, niñas y ancianos más necesitados.

Son entonces las canastas familiares que licitadas por la JUNAEB, armadas y distribuidas por un equipo de personas de buen corazón y vocación por sus estudiantes, con un sentido humanista de la responsabilidad, entendiendo plenamente que esta labor hacen algo más que solo distribuir alimentos, Sino que dan dignidad a todos los alumnos que semana a semana desde el inicio de la pandemia se han acercado a la escuela pública chilena a recibir una caja de suministros, guías pedagógicas preparadas por sus profesores y textos escolares.

Allí en sus comedores y cocinas, las señoras manipuladoras de alimentos dependientes las varias empresas concesionarias de la JUNAEB, en forma valerosa, miles de mujeres vestidas de blanco de todo el país, a riesgo de sus vidas y en extensa horas de trabajo manual arman y preparan con amor y compromiso las cajas que en las próximas horas serán entregadas a los estudiantes y a sus familias en cada escuela pública del país cada quince días.

También para los educadores, asistentes de la educación y diversos profesionales de la enseñanza, no bastaría ser suficiente que desde los primeros días de la pandemia y por iniciativa propia primero, con sus oportunos medios y recursos hasta hoy, no abandonaron la formación y educación de sus alumnos. Logrando con éxito y poco reconocimiento, llegar a ellos por diferentes medios online, a sus padres y apoderados, a sus familias… en definitiva a sus hogares con las materias y contenidos que los estudiantes deben aprender para continuar con su educación. Pero y tal vez lo más importante, con una palabra de aliento, comprensión y apoyo emocional en los tiempos más difíciles y extraños que vive la educación chilena y mundial desde épocas inmemoriales.

A la hora del reparto de alimentos, cada maestro y maestra de Chile se arma de valor y vocación cada cierto tiempo y llega a su escuela para ser el servidor humilde y correcto que entregue las canastas familiares a las familias que vienen a retirarlas con ansias y necesidad verdadera en las zonas de mayor pobreza en el país. Silenciosos, austeros, íntegros, correctos….sin luces ni espectáculo alguno, cumplen su ética misión de educadores en beneficio de sus chiquillos.

Es hoy junto al hospital público y sus esforzados funcionarios cuya noble tarea está al borde de la abnegación y valentía. La escuela pública se alza como un segundo baluarte histórico y democrático de respeto a la dignidad de nuestros educandos. Pero a veces pareciera que el Ministerio de Educación buscara precisamente todo lo contrario al promediar el pago de la ya cuestionada, por décadas, subvención escolar por asistencia, a la asistencia promedio del mes de marzo del presente año, donde cientos de colegios y liceos permanecieron “tomados” a lo largo de todo el país productos del estallido social y donde cientos de padres y apoderado, por seguridad, decidieron no mandar a sus hijos a los colegios que seguían funcionando, por justificado temor a la inseguridad y posibles peligros, producto de las protestas callejeras que se desarrollan en sus inmediaciones.

Condena así el Ministerio de Educación a la enseñanza pública que dice tiene el deber constitucional de defender, a un desfinanciamiento evidente y sostenido, una vez más, ahora en tiempos de pandemia y calamidad pública. Carencia de recursos que se ira incrementado con el paso de los meses, sometiendo a los profesores, profesoras y personal administrativo y de servicios a un periodo de incertidumbre innecesario, maquiavélico y sin propósito aparente más que un concepto de dura ideología de “pago por servicios” que pretende debilitara y reducirla lo que más sea posible a la escuela pública de todos.

O será el motivo de esta negación de aportes deliberado, una especie de estrategia inconsciente y arriesgada para el bienestar de todos los funcionarios educacionales que pretende hacer trabajar a como dé lugar nuevamente a la escuela pública, en una nueva aparente normalidad que nos puede traer consecuencia de salud y de vida insospechadas para los alumnos, apoderados y funcionarios.

Finalmente, en este tiempo, cuando precisamente esta pandemia ha demostrado el valor de lo publico, lo colectivo, lo solidario y lo social que han sido valores fundamentales de la república en antaño, para mantener con vida y esperanza a la humanidad, se disminuye notablemente los presupuestos de una de las organizaciones más poderosas, reconocidas y valederas del estado para dar dignidad a todos los chilenos sin excepción, la Escuela Pública Chilena.//ELF

 

De un Chile que atiende, a uno que defiende

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Por David Pellizzari Ossa

Los bancos, las compañías de seguros, las multitiendas y las empresas privadas en general tienen mesones de “atención” al cliente, y, en Chile, el Estado también.

ChileAtiende es un programa gubernamental que busca centralizar la información sobre beneficios y otros programas estatales para la ciudadanía, en el papel, muy buena idea, sin embargo, su nombre, no es solo una mala elección de palabras que hoy suenan “poco adecuadas”, refleja una concepción social y del rol del Estado anacrónica, indolente y fracasada.

Una interpretación neoliberal y dogmática del Principio de Subsidiaridad contenido en la Constitución vigente, así como, el reinado de la falacia de la especialización, han hecho de nuestro Estado un triste remedo de sí mismo.

Compartimentado en estancos de intervención que no “conversan” entre sí, celosos de la información que obtienen de la ciudadanía lo que redunda en ineficiencia y absurdos trámites que cada chileno ha debido enfrentar como un calvario en que recorre diversas oficinas publicas que le exigen datos y certificados que paradójicamente el propio Estado debe entregar, sin una mirada integral de las políticas publicas y su efecto en la comunidad, su especialización y división extrema ha fallado rotundamente.

Espectador privilegiado del quehacer social y económico nuestro Estado descansa en la “autorregulación” y el supuesto funcionamiento del mercado, la competencia y sus instituciones, como defensa natural contra los abusos, sin embargo, esta quimera idealizada ha fracasado por completo, tenemos superintendencias cuyo “cliente” son las empresas teóricamente reguladas y no los ciudadanos que deben ser protegidos, una ambigua y limitada Ley de Derechos del Consumidor, en perfecta armonía con un SERNAC “desdentado” e impotente. En cada repartición Estatal que observemos con detenimiento, sus falencias, en cuanto a regulación y fiscalización, son tan evidentes que no pueden ser entendidas como una casualidad, sino como el resultado de un diseño preciso, una verdadera deconstrucción del concepto y función del Estado.

El dogma neoliberal es tan omnipresente en este diseño que no sorprende que haya permeado a la administración pública en su conjunto, no solo en su estructura, sino en su cultura organizacional y funcional también, lo que explica las décadas de una brutal dictadura de la DIPRES (Dirección de Presupuesto), que tiene la última palabra en todo proyecto gubernamental, sometiendo a los programas e iniciativas a cuestionables criterios economicistas, que buscan mantener a cualquier costo los sacrosantos equilibrios macroeconómicos, dejando en un muy lejano segundo plano las necesidades y Derechos de la ciudadanía.

En este modelo, que el Estado “atienda” a sus ciudadanos es perfectamente coherente, o, al menos lo era.

Así, a partir de la llamada revolución de la dignidad, muchos han despertado a la realidad, y, la normalidad que vivían antes del estallido social, ya no parece tan normal…

Los chilenos no necesitan un Estado que los “atienda”, sino mas bien, uno que asuma un rol de garante de sus Derechos, uno que en sus decisiones tenga en vista, en un muy claro primer lugar, a la persona humana, su dignidad, Derechos y necesidades, un Estado que entienda a la economía como un instrumento al servicio de sus funciones y responsabilidades, y no como una suerte de religión fundamentalista e incuestionable, necesitan un Estado que redefina su presupuesto y la forma de invertir sus recursos, donde los números adquieran sentido a la luz de los objetivos… y no al revés, necesitan los chilenos un nuevo pacto social, político y económico que dé cuenta de este nuevo estado de conciencia social y colectiva.

En concreto, y sin menospreciar la utilidad de una herramienta estatal que concentre la información para la población, Chile necesita un “ChileDefiende”, que más allá de slgans o frases hechas, que cambie el rostro de nuestro Estado, desde la ausente figura paterna irresponsable que abandona a sus hijos a su suerte, como buen corolario del modelo patriarcal que nos rige opresivo, a una cercana y diligente, que le devuelva la confianza de la ciudadanía.

Como programa podría estar construido a partir de las, hoy limitadas, Corporaciones de Asistencia Judicial, y todos los programas y Servicios públicos teóricamente orientados a la defensa de los Derechos de las personas en sus distintas dimensiones, que hoy hacen intervenciones parciales, descoordinadas y hasta superpuestas, para que, con una mirada integral, apoyen a los ciudadanos, los respalden y defiendan en sus Derechos contra quien intente abusar de ellos. //ELF

Los peligros de un Estado ausente

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Por David Pellizzari Ossa

¿Dónde está el Estado? La pregunta parece algo absurda, pero cuando miles de chilenos se sienten desamparados ante una pandemia implacable, la falta o ausencia del Estado se hace tan evidente como apremiante. Sin embargo, incluso sin pandemia o estallido social, el Estado chileno simplemente no existe para miles de compatriotas que terminan buscando en la solidaridad, la caridad, la organización social, pero también en el narcotráfico y la delincuencia, un sentido de pertenencia y protección.

¿Dónde estaba el Estado cuando se planificaron ciudades segregadas y desiguales?, ¿Dónde estaba el Estado cuando los chilenos se sentían estafados y abusados en casi cada área de la economía y la vida en sociedad?…¿Dónde?

En salud, quizás una de las mas sensibles áreas para la población, la incapacidad del Estado para responder a los requerimientos mínimos de los chilenos es dolorosamente patente en estos tiempos de calamidad sanitaria, y, es también, la oportunidad para el heroísmo de funcionarios y profesionales de la salud que hacen mucho mas de lo humanamente exigible, es la oportunidad de la solidaridad de un pueblo acostumbrado a hacer frente a la adversidad apoyándose mutuamente, pero, también es la zona gris en que se mueven quienes buscan sacar provecho personal de las carencias de los demás.

No faltan, ni faltaran, quienes ante la impotencia del Estado construyan una imagen de solidaridad como estrategia política, o peor, quienes se aprovechen de los mas necesitados para su provecho material.

La carencia de un Estado presente en la vida de los chilenos hace aparecer “viejos pascueros” de barrio, cumplidores de sueños infantiles, “doctores del pueblo” y un sin fin de figuras “alternativas” que buscan suplir precisamente esas falencias. A priori, no parece negativo, sin embargo, aunque se trate de iniciativas bien intencionadas, todo este sucedáneo de tejido social termina por empobrecer la organización real y subvencionar al verdadero responsable de satisfacer las necesidades de la población, o, al menos, generar las condiciones para ello: El Estado.

Cuando vemos en televisión a un médico, autodenominado “doctor del pueblo”, realizar atenciones aparentemente gratuitas, la nota periodística nos lo presenta como un desinteresado ejercicio de la profesión basado en la vocación, sin embargo, durante el “publireportaje” se distingue en la “clínica móvil” que el galeno promociona (un microbús acondicionado al efecto), una foto del profesional y su nombre con una tipografía propia de una campaña política, y descubrimos, desencantados, que se trata de un concejal de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y, entonces, su actividad, y particularmente la publicidad de ésta, deja de parecer tan desinteresada.

El mismo personaje aparece luego, en otro reportaje televisivo, emitiendo órdenes para atenciones kinesiológicas, con profesionales que el propio concejal lleva a un centro comunitario al efecto, las que luego de atender efectivamente gratis a los vecinos, con sus datos compran centenares de bonos de atención en FONASA, en circunstancias que las atenciones no superan la decena, realizando así, a la luz del informe de la televisora estatal, y los testimonios de los afectados, un fraude por varios millones de pesos, lo que está siendo investigado por el Fondo Nacional de Salud.

En resumen, una carencia social y sanitaria de un Estado indolente y burocrático, termina siendo un peligroso vacío legal y ético que puede perjudicar doblemente a una ciudadanía ávida de soluciones y atención digna.

¿Es ético que un médico use su profesión y la necesidad de las personas como plataforma política?, ¿Es recomendable que la salud de las personas dependa de la caridad de personas bien o mal intencionadas?

El Estado deconstruído que nos legó la dictadura cívico militar parece ser solo una cáscara de autoridad y funcionalidad, en cada área que sea observada con detenimiento nos encontramos con falencias caricaturescas, fiscalizadores sin atribuciones o recursos para su labor, regulación de mercados centradas en que las empresas que prestan servicios tengan menos trabas, pero no en los ciudadanos que son abusados por éstas, y un larguísimo y patético etc. //ELF