En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Columnista

Tres parábolas de elefantes

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Por Andrés Palma

Economista del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible

Buscando información sobre la Economía del Donut o de la Rosquilla, que promueve la economista Kate Raworth, me encontré con el blog de la Asociación Autonomía y Bienvivir, que recordaba las clásicas tres parábolas de elefantes y me resultaron muy aplicables a nuestra realidad.

La primera, “los ciegos y el elefante”, es una parábola con origen en la India, y trata sobre un grupo de hombres ciegos que tocan el cuerpo de un elefante para comprender como es. Cada uno de ellos toca una parte distinta, pero solo una parte, tal como su costado, su cola o su trompa. Luego ellos comparan sus observaciones y se dan cuenta que no coinciden en nada.

En una sociedad desintegrada, como la nuestra, las distintas visiones parciales dificultan el comprender la realidad que vivimos. Se ve distinto Chile desde sus regiones del Sur, que desde La Chimba en Antofagasta, o del set televisivo que muestra sólo un país sin problemas. Es distinto el elefante de los conventillos que el de la Clínica Las Condes y que el de la villa controlada por los narcos.

La segunda parábola es “no pienses en un elefante”. Basta que te digan que no pienses en un elefante para que comiences a pensar en el paquidermo. Es una forma de construir realidades desde el lenguaje y de imponer una visión desde una ideología, tal como ocurre hoy con los mensajes subliminales desde la televisión y las redes sociales.

Desde La Moneda nos dicen permanentemente que no pensemos en elefantes. Por ejemplo, cuando dicen que hay que reducir el número de parlamentarios, lo que disminuiría fuertemente la representación social, y sólo marginalmente el gasto público, y al mismo tiempo se aumentan Ministerios y subsecretarías que, en algunos casos, tiene las mismas funciones.

Pero, también, antes de llegar al gobierno lo hicieron. Nadie creía que Chile podía llegar a estar como la Venezuela de Maduro si ganaba un candidato o candidata de centroizquierda, pero hablar de Chilezuela les permitió triunfar en la segunda vuelta.

Así también construyen el escenario Jadue versus Lavín, y tienen éxito en que, con ingenuidad política que no corresponde a sus años y trayectorias, ex ministros y dirigentes afirmen que el problema de Chile es el comunismo.

“Hay un elefante en la habitación”, es la tercera parábola. Expresa la idea que hay verdades evidentes que no vemos o no queremos ver.

Nadie vio venir el 17.O, pero el elefante estaba en la habitación. Tampoco entendieron que entregar migajas y a cuentagotas llevaría al retiro del 10%. Es que, al parecer, mientras más grande es el elefante, menos lo vemos. Así, también, estamos cayendo en manos del negociado de la seguridad y del narcotráfico.

Las parábolas también son aplicables al proceso que vive el país. Es evidente que la mayoría rechaza la actual conducción y no está conforme con la sociedad como está hoy, pero los partidarios del cambio, teniendo al elefante en la habitación, unos le ven la trompa, otros la cola y uno que otro su enorme magnitud, pero quedan ciegos ante el desafío de entender que hay que entenderse.

Los ciudadanos y ciudadanas quieren que haya cambios de manera ordenada, como cuando salimos de la dictadura, pero unos agudizan la violencia al negarse a reconocer los derechos vulnerados de otros, mientras otros, por querer acelerarlo todo, dan la razón a los que dicen, no pienses en un elefante.

Tenemos la necesidad de tener una misma visión del elefante que tenemos en la habitación. No podemos no pensar en el.

El proceso constituyente, con su hoja en blanco y sus dos tercios, es la oportunidad de construir esa visión común.//ELF

La pobreza y el paro, el legado de Piñera

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Por Camilo Escalona

Ex presidente del PS

La ministra preocupada de la compra de “plasmas” tendría que prestar atención a la catástrofe social y económica que dejará este gobierno como “legado”, una huella nefasta de inhumanidad marcando la convivencia nacional en los próximos años.

En efecto, en el trimestre móvil abril-junio de este año 2020 se registraron 997 mil personas que no lograron encontrar trabajo, es decir, hay 299 mil cesantes más en relación al mismo período del 2019, en que fueron 698 mil. Pero, lo más grave es que la fuerza de trabajo bajó de 9 millones 621 mil a 8 millones 139 mil, es decir, un millón y medio de personas que, aunque tienen la necesidad de un empleo, al no conseguirlo dejaron de buscarlo. Eso significa 2 millones y medio de personas en paro, que no tienen un empleo aunque lo quieran y lo necesitan.

Además, la cifra de hombres y mujeres que por su empleo suspendido reciben un pago gracias a su propio subsidio de cesantía son 801 mil personas. En suma, sumados a los anteriores son 3 millones 300 mil compatriotas en una angustiosa situación socioeconómica que, cuando concluya la cuarentena requerirán con urgencia un empleo para sobrevivir.

Se trata del 40% de la fuerza laboral sin ingresos estables y suficientes para sostener dignamente el hogar. El resultado práctico de esa cifra tremenda es el empobrecimiento y las penurias, como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la drogadicción, la prostitución y la delincuencia en más de una tercera parte de la población.

Este es el verdadero resultado de las erradas decisiones de Piñera, Briones y el gobierno, de su estrategia de darwinismo social al negar los recursos que las familias requerían durante la cuarentena para mantener su vida en mínimas condiciones, porque la palanca principal para evitar el descalabro social que hoy duele en el alma nacional era la entrega de un Ingreso Familiar Universal, a lo menos desde mayo, de modo que todos los hogares pudieran financiar sus necesidades fundamentales.

Cuando la ministra del Trabajo señala en forma peyorativa que espera no se vea salir a la gente con plasmas de las tiendas no sólo está ofendiendo a las personas que han sufrido por la ineptitud con que Piñera y su gabinete han ejercido su responsabilidad de gobernantes.

Asimismo, está colocando de manifiesto su total ignorancia respecto de la debacle que la mezquindad del régimen imperante ha generado, porque las familias necesitan cubrir deudas y un alivio para comer y abrigarse como corresponde.

Así, sin quererlo está expresando el centro nervioso del error del piñerismo, creer que la gente podría sobrevivir durante tres, cuatro, hasta cinco meses sin ingresos monetarios, que iban a comer aire, esa es la inhumanidad y su error profundo, que revela su absoluto divorcio de la vida cotidiana y su descompromiso con las familias que de ninguna manera podrían resistir la crisis sin ingresos.

El narcisismo del gobernante que se creyó infalible no tuvo la mínima lucidez para advertir esta cuestión esencial.

Por eso, la necesidad de una Renta Básica Universal ante la emergencia continúa siendo esencial.

Lo central de esta demanda y propuesta a la vez es que debe ser auténticamente universal y llegar a todos los hogares. De lo contrario la catástrofe social será inmanejable. En lugar de ironizar con los plasmas, la ministra debiese tomar nota de la terrible crisis social que está delante de sus ojos y que el gobierno del cual forma parte se niega a admitir con soberbia increíble.

La encuesta Ipsos de esta semana no se equivoca, el 84% de los encuestados cree que el país está siendo dirigido en una dirección errada y se definen pesimistas ante el futuro próximo, la intuición de la ciudadanía acierta, con la ceguera reinante, día a día, crece la incertidumbre. Con un pésimo gobierno el horizonte de la nación chilena se ve incierto.

El panorama nacional tendría un inmediato repunte positivo de aprobarse el impuesto al patrimonio de los súper ricos. Se trata de una tasa del 2,5% por una vez.

En Chile, los antecedentes existentes indican qué hay cerca de 9000 contribuyentes con haberes superiores a los 5 millones, pero sólo 263 que tienen más de 100 millones de dólares.

La información disponible señala que serían recaudados 6 mil millones de dólares. Esos recursos podrían financiar una Renta Básica Universal en medio de la crisis y los súper ricos no dejarían de serlo ni quebrarían y, como ya lo indica lo sucedido con el retiro del 10% de las AFP, sería también un fuerte estímulo de reactivación de la economía.

Pero salieron al tiro los obsecuentes a rechazar la idea y cuidarle el bolsillo a su jefecito, el gobernante. Un súper rico o mega millonario, cuyas inversiones se arrastran por el conjunto del sistema financiero.

Es la desgracia de un país cuando tiene instalado el conflicto de interés en la jefatura del Estado. Los funcionarios públicos que con obsecuencia rechazan este impuesto al patrimonio y que, sin decirlo o admitirlo, defienden a Piñera violan claramente los principios básicos de probidad en el ejercicio de sus cargos.

En efecto, consultoras internacionales, como Forbes, calculan la fortuna personal de Piñera en alrededor de 3.000 millones de dólares, un impuesto de 2,5% le significan unos 75 millones de dólares que a todas luces no tiene previsto dentro de sus objetivos “altruistas”. Queda claro la médula de profunda mezquindad que encierra la conducta del gobierno.

Mayor es la importancia de la unidad y el entendimiento de los demócratas chilenos, con el propósito que se levante una opción que de verdad pueda dirigir al país, sacarlo de la crisis y gobernar de acuerdo al interés de las mayorías nacionales hoy postergadas.//ELF

Cómplices

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Por David Pellizzari Ossa

Muchos creen que los extremos políticos, particularmente aquellos que radicalizan sus posiciones, incluso hasta el uso de la violencia, son diametralmente distintos entre sí, antagónicos, opuestos, sin embargo, la historia nos demuestra recurrentemente, que el espectro político mas que lineal es casi circular, con extremos que se acercan peligrosamente hasta casi fundirse, se necesitan, justifican la existencia del otro, son los principales causantes de la polarización y degradación del debate político, son los padres de la intolerancia, y son también los responsables finales del reinado del populismo, son, en definitiva, cómplices, lo quieran o no.

Los grupos fundamentalistas islámicos justifican su accionar con las decisiones de Presidentes estadounidenses como George W. Bush o Trump, y estos, a su vez, justifican sus políticas en la existencia de los grupos fundamentalistas… La Derecha justifica la represión con la violencia de grupos radicalizados de izquierda, y ésta justifica sus acciones con esa misma represión… es decir, un perfecto circulo vicioso, y una patente demostración de que ambos extremos son perfectamente complementarios y, de hecho, subsisten gracias al otro, construyendo una curiosa simbiosis política.

Por todo el mundo y en toda época podemos encontrar ejemplos de extremos políticos que se enfrentan en ácidas polémicas, que confrontan visiones del mundo teóricamente opuestas, que incluso llegan a la violencia, pero que comparten una metodología, un dogmatismo, y un discurso que divide el mundo artificialmente entre buenos y malos, y que termina por hacer que se definan en relación u oposición a un otro mas que en base a una doctrina especifica, lo que termina en una complicidad implícita.

Los recientes hechos de violencia en la Región de la Araucanía nos recuerdan esta paradoja política y social de un modo trágico y preocupante, mientras grupos radicalizados de mapuches intentan reivindicar legitimas aspiraciones mediante actos de fuerza, el Estado, que lleva casi dos siglos abusando de la violencia institucionalizada como única respuesta al problema, se ve completamente superado por el problema, y, finalmente, civiles organizados decidieron terciar en el conflicto extremando aún mas la discusión y dificultando una eventual solución transformándose en cómplices de una espiral de violencia de sombrío pronóstico.

Los extremos, nuevamente, alimentan y justifican mutuamente su existencia, y un Estado culposo e impotente, solo atina a ser testigo privilegiado de los odios desatados y la violencia larvada en décadas de un enfrentamiento escasamente contenido.

La tentación de los extremos es atractiva, ofrece un culpable, un némesis que da sentido a la existencia de una organización para resistir, para oponerse a aquello que se odia o que se teme, los “fachos”, los comunistas, los migrantes, el Estado, los ricos, los mapuches, los empresarios, los sindicalistas y un largo etcétera de enemigos a quienes enfrentar dan sentido a la vida política de grupos que buscan entregar respuestas integrales que no admiten oposición o discrepancia.

El riesgo de los extremos es que nos tratan de arrastrar a un mundo artificialmente binario, en que, primero el lenguaje, y luego las acciones, llama a la confrontación y, con el tiempo, a la violencia. Sus dogmatismos pueden disfrazarse electoralmente, pero mas temprano que tarde, se evidencian en sus acciones. Si algo tienen en común Izquierdas y Derechas es su concepción utilitaria de la democracia, a la que no le asignan un valor en si misma, sino solo como instrumento para conseguir sus fines, por lo que, tarde o temprano, cuando la democracia se transforma en una traba para sus aspiraciones, es desechada y reemplazada por autoritarismo sin el menor remordimiento, y, en ese proceso, no importa cual de los dos ejerza el poder, son irremediablemente cómplices. //ELF

La derrota del Presidente Piñera

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Por Carlos Huneeus

Director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC).

Piñera tiene un estilo de gobierno perjudicial ante la crisis del país. Tarda en tomar decisiones, porque evalúa los antecedentes utilizados por sus ministros, convencido que sabe más que ellos. La fotografía de su escritorio en La Moneda, colmado de numerosas y gruesas carpetas, muestra a un jefe de Gobierno abrumado, que se inmiscuye en todos los asuntos de la administración.

Subestimó el peligro del coronavirus y sobreestimó la capacidad del Estado chileno para enfrentarlo, se apresuró a anunciar la vuelta a la normalidad con el “retorno seguro”, decisión que llevó al aumento exponencial del número de contagiados y fallecidos, poniendo a Chile como el número uno en el mundo por millón de habitantes. Y él prosigue con el mismo estilo, sin conseguir superar la desconfianza de la población.

La reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones es un hecho político de la mayor importancia. Lo es, porque permitirá a millones de chilenos utilizar una parte de sus ahorros para aliviar sus apremiantes necesidades económicas provocadas por el COVID-19. Pero también lo es porque generó un doble cambio de poder, fundamental en estos críticos momentos por los que atraviesa el país y cuando faltan menos de 90 días para el plebiscito constituyente.

El primer cambio de poder ocurrió con la reforma a las AFP, que fracturó uno de los principales cimientos del sistema económico. Las AFP fracasaron en su misión de “eliminar el problema de la jubilación para la inmensa mayoría de los actuales y futuros trabajadores”, que planteó José Piñera –hermano mayor del Presidente– en su discurso al anunciar la creación del sistema de capitalización individual el 6 de noviembre de 1980, cuando era ministro del Trabajo en la dictadura de Pinochet. El cambio que hizo el Congreso abrió la puerta a una reforma estructural del sistema de pensiones, una “cirugía mayor”, que se construirá sobre otro paradigma, basado en la solidaridad y no en la capitalización individual.

El segundo cambio de poder se produjo en la arquitectura institucional del sistema político. La reforma significó el triunfo del Congreso Nacional sobre el Presidente, Sebastián Piñera, en una materia de suma prioridad para millones de chilenos, a la cual este se había opuesto con terquedad, empecinado en detenerla. La amplia mayoría parlamentaria que aprobó el retiro del 10% lo obligó a promulgar el proyecto de ley, desistiendo de emplear el veto presidencial.

¿Qué harían el Congreso y los partidos de oposición y de Gobierno en otra democracia, presidencial o parlamentaria, si frente a una grave crisis sanitaria y social como la de Chile hoy, que tiene a la población con hambre y angustia, el Presidente o el primer ministro no tomaran decisiones para paliar esas condiciones adversas?. ¿Debieran los parlamentarios cruzarse de brazos, resignarse a esta abulia del Presidente y sus ministros y olvidarse de la gravedad de la crisis económica y social? O, por el contrario, ¿debieran buscar una vía para resolver estas dificultades a través de las instituciones, con la convicción que aliviarán las condiciones de vida de una gran parte de la población?
Los parlamentarios de Chile Vamos que habían amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional si el proyecto era aprobado, particularmente el senador Andrés Allamand (RN), actual flamante ministro de Relaciones Exteriores, se desistieron de ello para evitar que continuaran la imagen de división en los partidos oficialistas.

Se produjo un cambio de poder a favor del Congreso, que impuso su posición, con el apoyo de sobre un 80% de los chilenos, y se ahondó el debilitamiento del poder del Presidente.

Las AFP y su anclaje en “el modelo”
La reforma constitucional constituye una gran derrota para las AFP, que se habían negado en el pasado a toda reforma que modificara sus bases institucionales. Durante las largas horas de debate parlamentario no hubo voces en ambas Cámaras que las defendieran, a pesar del inmenso poder e influencia que estas detentan. Quienes se opusieron a la entrega del 10% argumentaron que querían defender los ahorros de los trabajadores, no a quienes los administran.

La redefinición del sistema de pensiones está estrechamente relacionada con otro de los pilares del “modelo” económico impuesto por la dictadura: la legislación del trabajo establecida por el “Plan Laboral” de 1979. Esta también fue impulsada por el ministro Piñera y tuvo objetivos políticos, no solo económicos, el de debilitar estructuralmente a los sindicatos para impedirles ser un actor relevante en la empresa y con capacidad de negociación. Se estableció el predominio del capital, excluyendo al trabajo y a los trabajadores.

Las bajas remuneraciones y el empleo precario e inestable que sufren millones de chilenos son las principales causas de las bajas pensiones, tienen acá su origen, en la capitalización individual y la legislación laboral y no en otro lugar.

Ambas “modernizaciones” de la dictadura operaron como una prensa que exprimió a los trabajadores. Por un lado, con el ahorro obligatorio de sus cotizaciones para la previsión, los grupos económicos obtuvieron un flujo mensual de capital fresco con el que se apoderaron del control de empresas, mientras que por otro lado, al debilitar la negociación colectiva, cercenaron el uso de este instrumento de redistribución del ingreso.

Con astucia y para garantizar la fidelidad de militares y carabineros, Pinochet los dejó fuera del sistema de AFP y hoy, a costa del erario nacional, sus pensiones promedio quintuplican a las de quienes están en la capitalización individual.

Los efectos del Plan Laboral fueron reforzados por la cultura antisindical que se expandió como metástasis entre los ejecutivos y controladores de empresas, para impedir que en democracia se restableciera un sindicalismo capaz de articular las demandas de los trabajadores, como ocurre en los regímenes democráticos. Una nueva Constitución debiera restablecer los derechos del trabajo y los trabajadores organizados, sin las disposiciones discriminatorias establecidas en la Carta Fundamental de 1980 y que persisten hasta hoy.

El Presidente Piñera tiene hoy la oportunidad de reformar el sistema de pensiones impuesto por su hermano mayor hace 40 años. Entonces él no era parte del régimen militar y votó No tanto en el plebiscito de 1980, que aprobó la Constitución y “eligió” a Pinochet como Presidente por un mandato de ocho años, como en el de 1988, que desencadenó el fin de la dictadura.

Más allá de una lectura tecnocrática de la Constitución
El segundo cambio de poder se refiere a las relaciones entre el Presidente y el Congreso. El apoyo mayoritario del Parlamento al retiro del 10% no surgió de la nada, sin relación con el contexto social y económico del país. Lo provocó el Gobierno, con su negativa a tomar medidas enérgicas y rápidas para aliviar la difícil situación en que están millones de familias.

¿Qué harían el Congreso y los partidos de oposición y de Gobierno en otra democracia, presidencial o parlamentaria, si frente a una grave crisis sanitaria y social como la de Chile hoy, que tiene a la población con hambre y angustia, el Presidente o el primer ministro no tomaran decisiones para paliar esas condiciones adversas?. ¿Debieran los parlamentarios cruzarse de brazos, resignarse a esta abulia del Presidente y sus ministros y olvidarse de la gravedad de la crisis económica y social? O, por el contrario, ¿debieran buscar una vía para resolver estas dificultades a través de las instituciones, con la convicción que aliviarán las condiciones de vida de una gran parte de la población?

¿No tienen acaso los parlamentarios la función de legislar, es decir, aprobar leyes que imponen conductas obligatorias a la ciudadanía, representar los intereses de esta y participar en la gobernabilidad del país?

Y la ciudadanía, ¿tiene la obligación de confiar en las promesas del Presidente y el ministro de Hacienda de que están haciendo lo mejor posible por ella y que sus demandas serán atendidas con prontitud y eficacia?

Estas preguntas no solo remiten a temas del derecho constitucional, al texto escrito de la Carta Fundamental. Se refieren a la capacidad de la Constitución de adecuarse a situaciones difíciles.

La Constitución no debe ser un freno para las instituciones, cuando los hechos las sitúan en un contexto muy complejo. La Carta Magna tiene una dimensión más amplia en la realidad –»Verfassungswirklichkeit» la llaman los alemanes– que permite su adaptación a un escenario inédito: un Presidente que se niega a atender necesidades urgentes de la población durante una grave crisis. Corresponde entonces a los políticos buscar los mecanismos constitucionales que permitan superar este vacío de poder.

Tenemos experiencia en Chile que las instituciones pueden adecuar la Constitución a una nueva realidad, que tensiona su aplicación. En dictadura, los ministros del Tribunal Constitucional sostuvieron que el Tribunal Calificador de Elecciones debía constituirse antes del plebiscito de 1988 para que actuara en este importante evento y no después, como lo establecía expresamente la Carta Fundamental.

Hubo oposición a la iniciativa parlamentaria del retiro de 10% de las AFP, cuestionando su constitucionalidad y se esgrimieron visiones catastróficas de sus consecuencias si era aprobada. Pero ningún crítico aludió al difícil contexto nacional en que se planteó esta reforma, como para concitar el respaldo de parlamentarios de RN y la UDI.

Lucía Santa Cruz, directora de Banco Santander y del Instituto Libertad y Desarrollo, escribió en su columna regular en El Mercurio que “el 15 de julio (cuando la Cámara votó favorablemente en particular el proyecto) será recordado como un hito clave en el sostenido proceso de destrucción de la institucionalidad democrática y del sistema económico vigentes” (El Mercurio, 17/7/2020).

Jorge Correa Sutil no fue menos elocuente. “Si el 18 de octubre simboliza la crisis social, lo del miércoles pasado (cuando la Cámara aprobó la iniciativa) asoma como el hito que marca el comienzo de otra crisis: una institucional, y de proporciones…”. La Cámara, agregó el articulista, recurrió a “un resquicio” para instalar un “parlamentarismo de facto”, cuyo símbolo “debiera ser el hacha o si se quiere, ahora sí, la retroexcavadora. Ningún edificio, ninguna obra, surgirá de él” (El Mercurio, 11/7/2020).

En términos similares escribieron Enrique Navarro y Sebastián Soto, profesores de derecho constitucional en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, respectivamente, al afirmar que se cometió una “elusión constitucional”, “esto es, defraudar las formas y el contenido consustancial de la Carta Fundamental” (El Mercurio, 13/7/2020).

Ignacio Walker rechazó la iniciativa y escribió que “la duda queda planteada si este es el anticipo del debate constitucional que viene; una forma de hacer política y de legislar sobre la base del resquicio y la improvisación” (El Mercurio, 11/7/2020).

La rigidez del presidencialismo
El problema político de fondo de la reforma constitucional es que puso de relieve, más que nunca, que las decisiones del Presidente Piñera estaban tensionado gravemente al sistema político, como ningún otro Mandatario democrático en nuestra historia en los últimos 100 años. Es un Presidente minoritario en el Congreso, pero que nunca se ha empeñado por negociar con la oposición, como si estuviera ciego a esta realidad constitucional.

Ignoró las causas del “estallido social” del 18 de octubre de 2019, lo que condujo a que se planteara la pregunta de si acaso podría terminar su mandato. Esa pregunta no fue despejada por la pausa de fin de año y el verano. Quienes entonces defendieron su continuidad en la Presidencia, lo hicieron considerando la incertidumbre que produciría su reemplazo. No previeron que se precipitaría un desafío aún más complejo como es la pandemia del COVID-19. Pero su desempeño no ha sido distinto. La pregunta no ha perdido actualidad.

Este es un punto central del presidencialismo: su rigidez. Esto fue resaltado por el profesor Juan Linz: consiste en la ausencia de un mecanismo para enfrentar una crisis política surgida de una muy mala gestión del Presidente, quien persiste en adoptar decisiones perjudiciales para el país y no considera la posibilidad de renunciar.

En el parlamentarismo, un primer ministro que tiene este desempeño renuncia o es apartado del cargo, sin drama. El problema es que el presidencialismo opta por la continuidad del Presidente, con un mandato fijo y exige que lo termine. Por ello, su remoción es muy difícil. La acusación constitucional es una vía legítima para sacar al Presidente, pero el mecanismo es de difícil aplicación, porque acentúa el conflicto político y agrava la polarización, como teme Linz.

Piñera tiene un estilo de gobierno perjudicial ante la crisis del país. Tarda en tomar decisiones porque evalúa los antecedentes utilizados por sus ministros, convencido que sabe más que ellos. La fotografía de su escritorio en La Moneda, colmado de numerosas y gruesas carpetas, publicada por El Mercurio hace algunas semanas, muestra a un jefe de Gobierno abrumado, que se inmiscuye en todos los asuntos de la administración.

Subestimó el peligro del coronavirus y sobreestimó la capacidad del Estado chileno para enfrentarlo (“estamos mejor que Italia”). Tempranamente –a fines de abril– se apresuró a anunciar la vuelta a la normalidad con el “retorno seguro”, decisión que llevó al aumento exponencial del número de contagiados y fallecidos, poniendo a Chile como el número uno en el mundo por millón de habitantes. Y él prosigue con el mismo estilo presidencial, sin conseguir superar la desconfianza de la población.

La misión del nuevo gabinete
El Presidente Piñera ha sufrido una importante derrota política, que disminuyó su poder y este se ha desplazado al Congreso. Ha hecho un nuevo cambio de gabinete, el quinto, como consecuencia de ese fracaso, incorporando a parlamentarios de RN y la UDI. Debe mostrar que es el comienzo de un cambio en su estilo de liderazgo. Se esperan señales claras de esto si aspira a terminar su mandato en marzo de 2022. Ello implica cambiar sus prioridades, concentrarse en sus funciones de jefe de Estado y dejar en un segundo plano la dirección del Gobierno, abriendo un amplio espacio de acción a sus ministros, confiando en sus habilidades políticas.

Los nuevos ministros debieran emplear a fondo el poder que tienen y ocuparlo para persuadirlo a modificar el estilo presidencial de Piñera. Sin cambios en el estilo de liderazgo del Presidente, la crisis política adquirirá considerable mayor gravedad y dañará al proceso constituyente, haciéndolo inviable. En ese escenario, que muy pocos desean, la renuncia del Presidente Piñera cobrará nuevamente actualidad, con mayor vigor que antes. El Presidente no puede estar por encima del país y de la Constitución.

El gabinete ministerial no debe ignorar la profundidad de la crisis y el drama humano que ella trajo consigo. En solo cuatro meses han muerto tres veces más personas por COVID-19 que los asesinados por la dictadura en 16 años y medio. Chile tiene el mismo número de contagiados que países que lo triplican en población. El Presidente desaprovechó las lecciones que dejó el manejo de la pandemia en países desarrollados. No puede ahora, con el desconfinamiento “paso a paso”, ignorar las enseñanzas que está arrojando la “segunda ola” de contagios en países desarrollados.

Al elegir rodearse en La Moneda por dos ministros partidarios del «Rechazo» a una nueva Constitución en el plebiscito y conferir más poder a la UDI, Piñera tiene, incluso más que antes, la obligación de garantizar plena igualdad de condiciones para los partidarios del «Apruebo». De otra manera, se encamina inevitablemente a que la abrumadora mayoría de los votantes en el plebiscito que se pronunciará por el Sí a una nueva Constitución el 25 de octubre, también lo haga como una forma de rechazo a su Gobierno. Sería su tercera derrota en un año. Demasiado para un régimen presidencial.