Rodolfo Fortunatti

LOS RETOS DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN ESTOS TIEMPOS DE CAMBIO E INCERTIDUMBRE

febrero 21, 2025 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Rodolfo Fortunatti

Nada puede sustituir a la fuerza del ethos común, a la energía interna de las convicciones democráticas y de la moralidad civil del pueblo mismo, a la complacencia que encuentra (o debería encontrar) en una libertad real que asegura su dignidad en su existencia de cada día y en un standard de vida verdaderamente humano y a su participación activa en la vida política a partir de las estructuras de base.
Jacques Maritain

Las últimas elecciones municipales y regionales han mostrado la inestabilidad política de la Democracia Cristiana, llevando al partido a una situación crítica que necesita atención. Su representación ha bajado drásticamente, pasando de 47 a 23 alcaldes y de 208 a 95 concejales en tan solo cuatro años, y también ha perdido todos sus gobernadores. Con solo 325.102 votos, que representan el 3,16% del total, la continuidad del partido se encuentra seriamente amenazada, lo que exige una reflexión estratégica urgente antes de las elecciones de noviembre. Por cierto, semejante declive no es algo nuevo, sino que proviene de cambios profundos en la sociedad y en el sistema político.
El fin de la Guerra Fría, la secularización de la cultura política y el debilitamiento de los partidos centristas, han afectado su base de apoyo, tradicionalmente conformada por la población católica. Además, el surgimiento de coaliciones de izquierda y derecha, simultáneo a un faccionalismo interno, ha dado lugar a la formación de partidos marginales y redes clientelares que han agravado su situación. En un plano más contingente, la voluble disposición de la DC a mantener alianzas estables y amplias de centroizquierda, su proverbial renuencia a negociar con la derecha y la confusión de su identidad ideológica, han contribuido a un moderacionismo que convierte la negociación del poder en un fin en sí misma, limitando la acción política a la administración del orden establecido y sus inequidades.
La recurrente reproducción de corrientes conservadoras que acaban alineándose con la derecha, y de otras más progresistas que luchan por promover cambios significativos en sintonía con la trayectoria de la colectividad, lejos de expresar pluralismo democrático, han entorpecido la acción colectiva lo que contrasta dramáticamente con las urgencias del momento. La DC debe realizar una evaluación crítica y un cambio de perspectiva que contemple su renovación ética y política; solo así podrá recuperar su papel como un actor importante de la esfera pública. Proponemos organizar un diálogo técnico y político, bajo la metodología de cabildos comunales, a cargo de los equipos técnicos y profesionales del partido, con el objetivo de lograr una elaboración programática y legislativa efectiva y consistente.
El desafío del aggiornamento interpela no solo a la DC, sino también a sus aliados. La desconexión de la centroizquierda —trasfigurada hoy en un grupo elitista— con las comunidades y territorios, ha favorecido la emergencia de líderes populistas que sugestionan a los que se sienten desatendidos. Esta misma expansión del populismo, ofrece, sin embargo, una oportunidad para vigorizar lazos amplios y unitarios, pues la dispersión de los ya débiles partidos políticos de centroizquierda, constituye un riesgo para la unidad política y social, para la formación y estabilidad de gobiernos de mayoría, y para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales conquistados a lo largo de las últimas décadas por los gobiernos de la Concertación Democrática, la Nueva Mayoría y Convergencia Social-Apruebo Dignidad. La evidencia electoral reciente y las actuales condiciones nacionales e internacionales, confirman la viabilidad estratégica de impulsar una sola coalición parlamentaria y de gobierno, un programa común y una candidatura presidencial que, más que testimonial, posea el aplomo de una opción realmente competitiva. Para lograr este objetivo es preciso llevar al límite del entendimiento con la izquierda la política de acuerdos propugnada por la actual mesa directiva.
Nos encontramos en un contexto geopolítico espinoso, donde hay crisis acumuladas que pueden provocar grandes cambios en el mundo y en América Latina. Los compromisos son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, lo que significa que acciones extremas pueden surgir en cualquier momento y lugar, y provocar erosiones profundas en la democracia. Ello envuelve un peligro para el sistema internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, dado que los populismos, tanto de izquierda como de derecha, se infiltran en las democracias avanzadas, convirtiéndose en un peligro para la estabilidad política. Lo hemos vivido en nuestra democracia, donde la desafección afecta negativamente la percepción sobre la clase política y se extiende a todas las instituciones, ocasionando la deslegitimación del sistema en su conjunto. Pero la democracia juega un rol esencial en promover el pluralismo y organizar la diversidad. Crea un entorno favorable para avanzar hacia la justicia y la autodeterminación. Por ello, es importante que el partido escuche aquellas voces de la sociedad que piden la reconstrucción de espacios para la participación activa, y rompa con el estancamiento político a través de la ejecución de políticas públicas que fomenten la participación cívica desde las propias organizaciones sociales y sus bases militantes.
En esta hora la principal amenaza para la paz, la seguridad y la justicia proviene de la extrema derecha, que desafía a las facciones más moderadas de la derecha liberal, arrastrándolas a posturas más conservadoras y autoritarias. Hace cuatro años, esta ultraderecha republicana estuvo a solo 6 puntos de alcanzar la mayoría absoluta. De este modo, el autoritarismo busca instalarse como respuesta a la delincuencia, el terrorismo y la inseguridad. Pero nosotros sabemos, por los años de dictadura, que sin garantías de libertad no puede haber auténtica seguridad, y que la democracia es vital para enfrentar las amenazas del extremismo y el totalitarismo. La experiencia ha sido elocuente: los derechos sexuales y reproductivos se convierten en objetivos de retrocesos bajo gobiernos de ultraderecha, lo que pone en peligro los logros en equidad de género. Asimismo, las políticas medioambientales necesarias para abordar la crisis climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, son generalmente suprimidas. Por eso, debemos recuperar la participación activa en los movimientos ciudadanos que denuncian los abusos de las isapres, las AFPs, así como de las empresas pesqueras, mineras y forestales, que son los principales bastiones de la ultraderecha y fuentes de injusticias sociales.
Valoramos los avances sociales emprendidos por el gobierno durante este agitado ciclo histórico, como es la reciente aprobación, tras quince años de intransigencias, de la reforma de pensiones. Un arreglo que no trastoca la herencia estructural del modelo, pero que alivia la carga de millones de personas, reivindica el rol del Estado en la seguridad social, y deja sin banderas a la extrema derecha. Esta vez también el partido ha contribuido lealmente a la causa de la justicia social y del bienestar de los trabajadores, como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria. Empero, es urgente establecer las bases para un nuevo contrato social que involucre a todos los sectores del país, permitiendo que los partidos canalicen demandas populares sin reemplazar la participación directa de las organizaciones sociales. Este contrato debe fortalecer la defensa de derechos fundamentales, tales como derechos económicos, sociales y humanos. Promover procesos de Diálogo y Concertación Social es crucial para proteger derechos y garantizar justicia social y progreso. Además, la representación política va más allá de elecciones; implica una lucha constante por necesidades y aspiraciones. El trabajo debe ser valorado éticamente, priorizando su dignidad y preservación sobre otros intereses económicos.
El estallido social de octubre de 2019, los dos fallidos procesos constitucionales y las expectativas generadas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, exigen de la DC un análisis reflexivo que la conecte con su historia y le permita adaptarse a la nueva realidad internacional y social de Chile. El partido debe luchar por transformaciones estructurales que superen la institucionalidad heredada de la dictadura y la estrategia de desarrollo impuesta por una minoría oligárquica que no tiene empacho en proclamarse dueña de los fondos previsionales de los chilenos. Es esencial que la DC tome decisiones políticas que fortalezcan a los sectores más vulnerables y retome su esencia ideológica. Que aborde asuntos urgentes, como la lucha de nuestros pueblos originarios contra su secular segregación, estigmatización y pérdida de identidad y reconocimiento. Como la lucha de los migrantes, que buscan refugio, aceptación y un lugar para aportar al desarrollo. Como la lucha por salarios justos, acceso a servicios básicos de educación, de salud y de seguridad pública en comunidades deprimidas. Y como la lucha de los trabajadores por una negociación ramal que fortalezca la capacidad de los sindicatos. Un esfuerzo que implica reconocer al mundo del trabajo, que no se reduce a los sindicatos ni a la formalidad del empleo, como un ámbito fundamental en la labor del partido y en el testimonio de sus figuras destacadas, lo que requiere reorganización y reforma estatutaria.
Chile ofrece condiciones propicias para asegurar bienestar y seguridad a su población gracias a sus diversos recursos naturales. Sin embargo, la realidad indica que faltan garantías adecuadas en bienes públicos y derechos fundamentales. La desigualdad en la distribución de ingresos, reflejada en que la mitad de la población solo accede al 17% de los recursos nacionales, subraya la necesidad de reorientar la estrategia de desarrollo, especialmente ahora ante el reflujo del proteccionismo, que restablece tarifas mínimas y aranceles específicos al cobre, el acero y el aluminio, mientras los artífices de la apertura comercial, la desindustrialización y el extractivismo permanecen en silencio. Y el principal riesgo de la estrategia de desarrollo es abandonarse a la Inteligencia Artificial que, en lo sustantivo, reproduce una relación de poder y dominación entre las economías avanzadas y la periferia rezagada. El único control de nuestra democracia sobre la IA generativa que garantice la autodeterminación del país, conlleva la existencia de una matriz energética de alto consumo eléctrico y de agua en los centros de datos, que solo puede ser sostenida por energías renovables, actualmente blanco de ataques del negacionismo climático frente al llamado permisivismo. El hecho es que sin IA, no hay productividad, crecimiento ni competitividad. Esto, asimismo, implica un enfoque en el uso justo y sostenible de los recursos mineros, forestales y pesqueros. Dicho enfoque era el que entregaban desde los tiempos de Jorge Ahumada, Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel, los congresos de la DC, el último de los cuales tuvo lugar hace 18 años. Debemos reiniciar el proceso de diseño, organización y realización del Congreso Nacional de la Democracia Cristiana, para convertirlo en la máxima instancia de deliberación, camaradería y vocación de futuro de la colectividad.
La democracia es un régimen que asegura a sus ciudadanos el derecho a elegir y ser elegidos, promoviendo así su participación en la vida política. En una democracia, los partidos políticos son intermediarios entre las aspiraciones de la ciudadanía y los candidatos que representan sus intereses. La trayectoria de Michelle Bachelet es un ejemplo de buen gobierno, con políticas inclusivas que han impactado de manera positiva en la sociedad chilena y que han dejado una huella significativa en la historia reciente del país. Su experiencia, tanto nacional como internacional, contribuye al valor de las colectividades políticas de centroizquierda, mientras que su liderazgo representa la superación de un pasado de pérdida de derechos y libertades. Michelle Bachelet fomenta el diálogo y el progreso, elementos esenciales para enfrentar los desafíos contemporáneos, y su candidatura revitalizaría los valores humanistas cristianos defendidos por la Falange Nacional y la Democracia Cristiana. La esperanza nacional de que Chile continúe su trayectoria hacia la democracia y la justicia social nos motiva a ponernos a disposición para buscar un amplio consenso del progresismo con el objetivo de presentar una candidatura única. Nos dirigimos a nuestro partido a través de su Junta Nacional, solicitando que participe activamente en la nominación de Michelle Bachelet como candidata presidencial que represente el más amplio abanico de fuerzas; un apoyo que debe incluir un pacto de gobierno para un período de cuatro años, sustentado en una coalición parlamentaria de mayoría, la cual derive de una lista única de candidatos electos en las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Néstor Aravena

Carmen Arias

Jorge Calderón

Julio Cárcamo

Miguel Cisternas

Raúl Collado

Jorge Consales

Carlos Contador

Heraldo De Pujadas

Carmen María Del Picó

Hernán Díaz

Raúl Donckaster

Miguel Echeverria

María Antonieta Escobar

Rodolfo Fortunatti

Francisco Garay

Flavio Garrido

Laura Giannici

René González

Luz Gutiérrez

Guido Iturriaga

Víctor León

Nicolás Mena

Alejandra Miranda

Cecilia Montt

Alejandra Núnez

Marcela Piñeiro

Eduardo Reveco

Juan Manuel Sepúlveda

José Soto

Cecilia Valdés

Claudina Valdés

Pedro Vera

Homero Varela

Denis Yáñez

Marcelo Yévenes

Marcel Young

La disparatada defensa de Yáñez

enero 9, 2024 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Rodolfo Fortunatti

Sociólogo DC

La tesis del abogado Jorge Martínez constituye un disparate, un argumento contrario a la razón, aunque habitual en el actual debate político y una de las causas de su tóxica degradación.

El abogado defensor del general Ricardo Yáñez, ha declarado a la prensa que los fiscales que pidieron su formalización están motivados por enemistad, odio o resentimientos hacia el uniformado. Ha dicho que la fiscal Ximena Chong se ha manifestado en contra de la policía chilena, participando en actividades de las mismas partes querellantes en esta causa y, además, favoreciendo la acción de Primera Línea. Y ha afirmado que el fiscal Xavier Armendáriz ve en la institución de Carabineros una cueva de encubridores.

La tesis del abogado Jorge Martínez constituye un disparate, un argumento contrario a la razón, aunque habitual en el actual debate político y una de las causas de su tóxica degradación. Algo que hace algunos años reparó en la cultura española el filósofo materialista Gustavo Bueno plasmándolo en el libro Zapatero y el pensamiento Alicia, un presidente en el país de las maravillas, y que nos ofrece un modo de desnudar la falta de lógica formal y de método analítico de ciertas elucubraciones, como lo veremos a continuación:

Piensa el abogado defensor: las imputaciones contra el general Yáñez son infundadas porque los fiscales que las emiten carecen de autoridad para sostenerlas.

Paráfrasis: el abogado defensor supone que las acciones y opiniones personales de Ximena Chong y Xavier Armendáriz respecto de las conductas de funcionarios policiales, le restan, si no le quitan, valor de prueba a los argumentos que fundan la petición de formalización de Yáñez. De acuerdo con este predicado todo lo que se le imputa respecto a su deber frente a las vulneraciones de derechos cometidas por sus subordinados y a su responsabilidad de mando, son falsas.

Análisis: lo que afirma el abogado defensor es que la imputación de los fiscales al general no es válida porque lo que digan de los policías es fruto de su propia animadversión y, en consecuencia, son especulaciones que no constituyen prueba. La del abogado es a todas luces una falacia, un fallo o error de razonamiento con apariencia de argumento creíble, pero realmente falso en su totalidad. Específicamente, se trata de la falacia ad ominem, locución latina que significa literalmente ‘al hombre, a la persona’. Según la Real Academia de la Lengua Española, dicha falacia “se aplica al razonamiento o argumento que trata de confundir al adversario oponiéndole sus propias opiniones o actos, o, más frecuentemente hoy, al argumento que va dirigido contra la persona y no contra sus tesis”.

Crítica: el abogado defensor y el propio general Yáñez que, en palabras de la querellante Karinna Fernández se ha negado a colaborar con la Justicia, atacan al Ministerio Público por las ideas y comportamientos civiles de sus funcionarios. De esta manera se engaña a la opinión pública al desviar el foco de atención desde los argumentos de fondo del proceso judicial, los mismos que dan lugar a la petición de formalización del general Yáñez, hacia las que ellos consideran reprochables características personales de los fiscales Chong y Armendáriz, que, desde luego, no son de su agrado. En último término, pretenden sacar del juicio a los persecutores por la vía de inhabilitarlos, pero sin hacerse cargo de las graves acusaciones sobre violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

Piensa el abogado defensor: por sus ideas y conductas, en ocasiones de abierto apoyo a la demandas civiles y políticas del estallido social, los fiscales Chong y Armendáriz están en contra de Carabineros de Chile, lo cual les resta credibilidad, cuando no anulan, los argumentos que sostienen su solicitud de formalización de Yáñez.
Paráfrasis: supone el abogado defensor que las imputaciones hechas por los fiscales al general Yáñez —y a los generales retirados Mario Rozas y Diego Olate— constituyen un ataque a toda la institución de Carabineros, hecho por adversarios de la policía, como serían todos los que participan en las protestas y, en especial, los de Primera Línea, con quienes se identifican los fiscales. Ello le restaría peso y legitimidad a las pruebas que ofrecen.

Análisis: lo que afirma el abogado defensor son dos cosas erróneas pero semejantes en su especie. Por una parte, alega que toda censura a los policías que se apartan de sus deberes es un ataque a la institución de Carabineros en su conjunto y, por otra parte, señala que todo ciudadano que se manifiesta públicamente, sobre todo, los miembros de Primera Línea, son adversarios de la institución de Carabineros. Esta forma capciosa de razonamiento se conoce con los nombres de falacia de composición y falacia de generalización apresurada. Por la falacia de composición erróneamente se deduce que Carabineros sería una institución que vulnera los derechos de las personas, sólo porque algunos de sus funcionarios, como los generales Yáñez, Rozas y Olate, omiten su función. O, también colegir que quienes participan en manifestaciones públicas, o empatizan con sus demandas, son adversarios de Carabineros. Por la falacia de la generalización apresurada inferiríamos que la salida del general director de Carabineros agudizaría la crisis de seguridad del país.

Crítica: el abogado defensor confunde a la opinión pública cuando asimila las conductas de los imputados Yáñez, Rozas y Olate, a las de todos los funcionarios de Carabineros. En igual sentido, el Presidente de la República equivoca su investidura cuando entrega su absoluto respaldo al general Yáñez —lo que no ha sido desmentido—, traduciendo a través de él su apoyo a la institución policial, pues al hacerlo, no sólo incurre en las falacias precedentes, sino que deja en la duda si también apoya absolutamente lo que ha venido haciendo otro poder del Estado por las víctimas del estallido social.

En cuatro meses, el 7 de mayo, se realizará la audiencia de formalización de los generales de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, por su responsabilidad institucional en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

En los siguientes cuatro meses viviremos una aguda confrontación ideológica que alineará a los defensores y detractores de las víctimas. Los fiscales y abogados querellantes serán desdeñados y desprestigiados para hacer caer las causas e instalar una nueva versión de la secular impunidad histórica de Chile.

Fuente👇

https://fortunatti.wordpress.com/2024/01/05/la-disparatada-defensa-de-yanez/?fbclid=IwAR1gBQwWN5ZEgTGiYANAyrxSzF_Uv7cUXzzxlPi6FqG09OSRfOWTgitn4vE

Es la derecha la que gana

agosto 12, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Rodolfo Fortunatti

Se dibujó la figura maldiciente de líder de una banda criminal y la imputación se consolidó en los medios y en la opinión, fue medida por las encuestas y volvió a los medios como decisión ciudadana, ahora como cosa juzgada, como hecho real, concreto e irrefutable.

El proceso constitucional en curso fracasará, y lo hará a causa de la mentira, la injuria y la calumnia, esa siembra de irracionalidad política, de rencor y odio que ocasionó la caída de Giorgio Jackson.

La manipulación de las comunicaciones llevó muy lejos —ya durante la anterior convención— el empleo del envilecimiento, la banalización y la intriga como armas de debate público. Cayeron en la bajeza de la prensa, encuestadoras y redes sociales de la derecha política y económica, incluso referentes éticos que pudieron haber sorteado la crisis de convivencia y de diálogo en que nos hallamos. Y así mismo, el próximo 17 de diciembre se cosecharán las tempestades de estos vientos de ira.

Todo el poder de la derecha se volcó contra Jackson. Fue el chivo expiatorio contra quien apuntaron las culpas del estallido social, de la transición constitucional, del Frente Amplio y de la generación dorada que asumió el gobierno, aunque es el socialista Carlos Montes el jefe de la cartera donde ocurrió el eventual ilícito que se le atribuye a Democracia Viva, y aunque es el senador Juan Ignacio Latorre el timonel de Revolución Democrática. Jackson estaba distante del epicentro del conflicto difundido por un irrelevante medio local, pero amplificado eficazmente por las cadenas de diarios, radios, canales de televisión y redes de la derecha.

Y entonces, sobre la sospecha y el reconcomio instalados tras la fallida acusación constitucional de enero contra el ministro, se dibujó la figura maldiciente de líder de una banda criminal. Quien lo hizo no fueron los oportunistas republicanos, que lo utilizan todo para domesticar a su sector. Fue el senador socialista Fidel Espinoza, cuyo talante es abonado por la suspicacia y el prejuicio de otros parlamentarios de su partido. La imputación se consolidó en los medios y en la opinión, fue medida por las encuestas y volvió a los medios como decisión ciudadana, ahora como cosa juzgada, como hecho real, concreto e irrefutable. Tal cual lo dice de manera prosaica la tránsfuga Camila Avilés, «se fue porque su sector se está robando la plata de l@s chilen@s».

En la operación no interesan las instituciones, la moral ni los derechos. Lo importante es el poder que se consigue manipulando la voluntad colectiva. Por eso, la derecha de Kast, que amenazó con una segunda acusación constitucional a Jackson y se desistió de ella tan pronto éste dimitió, no frenará su ofensiva contra el gobierno, como no lo harán quienes necesitan de los neofascistas para sobrevivir. Quedará, además, mucho más claro que la presencia del ministro era sólo una excusa obstruccionista, y que las expectativas de diálogo que cifra Boric en una tregua legislativa, se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. //ELF

🔴 La columna la puedes ver acá en sitio del autor👇

https://fortunatti.wordpress.com/2023/08/12/es-la-derecha-la-que-gana/

La DC ante el deber de la memoria

julio 22, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Rodolfo Fortunatti

Podríamos asumir que no existe culpa, ni tampoco inocencia de todo un pueblo. Que la culpa y el perdón no pueden ser colectivos. Que toda la sociedad no puede ser inculpada por actos que no cometió. Pero que quienes vivieron la experiencia del golpe de Estado ―nunca antes más conscientes que entonces de la realidad política del país―, no pueden ignorar todo lo que ocurrió, embriagando su conciencia en un falso olvido.

Con ocasión de conmemorarse cincuenta años del golpe de Estado en Chile, el presidente Gabriel Boric ha propuesto una convención entre partidos políticos que, en lo sustantivo, rechace la acción violenta de grupos sediciosos para apoderarse del gobierno, y reafirme la vigencia y respeto de los derechos humanos considerados anteriores y superiores al Estado.

La iniciativa ha generado críticas en sectores de izquierda y derecha, y reticencias en las colectividades políticas nacidas y herederas de la colaboración con la dictadura.

La investidura de jefe de Estado

¿Es necesario el beneplácito de los partidos políticos para confirmar la adhesión del país a los principios y valores de la república, la democracia, la convivencia pacífica y la dignidad inherente a la persona humana, que sugiere el presidente?

Es bueno que los partidos apoyen un compromiso semejante, pero su sola adhesión no es suficiente para darle solemnidad y representatividad a la promesa. Antes bien se precisa que ésta sea refrendada por la investidura del jefe de Estado, que es la representación de los intereses permanentes de Chile.

No otra fue la magnificencia y sobriedad que exhibió el presidente de Alemania, el democristiano Richard von Weizsäcker, en su discurso ante el Parlamento Federal al conmemorar el cuadragésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y no menos que ésta es la expectativa que deberíamos abrigar sobre la memoria del golpe de Estado.

No es un día de celebración, dijo el presidente, y no debemos separar el 8 de mayo de 1945 del 30 de enero de 1933, cuando el fascismo arribó al poder. Y si hubo quienes creyeron que luchaban y sufrían por una buena causa, prosiguió el mandatario, todo aquello sirvió a los propósitos inhumanos de un liderazgo criminal.

Parafraseando el discurso del presidente von Weizsäcker, también nosotros podríamos declarar que, junto a los miles de muertos, se levanta una montaña de sufrimiento humano por los desaparecidos, por los torturados, por los exiliados, por los relegados, por los exonerados, por el hambre y la miseria, por el miedo al arresto y la muerte… y por las mujeres, tantas veces omitidas e ignoradas.

Los hechos y la voluntad política

Es posible que la declaración de la Democracia Cristiana del 12 de septiembre de 1973 encienda nuevas controversias respecto de lo que en ella se describe como desastre económico, caos institucional, violencia armada, crisis moral y peligros de destrucción y totalitarismo del gobierno de Allende.

Por sí o por no, seguirá suscitando polémica la carta del expresidente Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor del 8 de noviembre de 1973, ensayo histórico sobre el gobierno de Allende estructurado sobre la hipótesis general de que la Unidad Popular buscaba establecer en Chile una dictadura marxista totalitaria que, combinada con Cuba, permitiría el control del hemisferio sur americano.

Resultará, en todo caso, fútil la pretensión ideológica de forzar el consenso en torno a dichas tesis y a sus opuestas.

Con todo, no hay justificación moral ni política para el golpe de Estado.

No hay excusa para el bombardeo de La Moneda, el primer acto de agresión a los derechos humanos. No hay descargo que valga para el cese de las instituciones democráticas.

Algunos, como el Grupo de los Trece, lo supieron desde el primer momento. Otros, por la comprensión universalista que brinda el ejercicio diplomático, lo combatieron sin ambigüedades. Y hubo quienes, refugiándose en el ostracismo y la colaboración, dejaron hacer.

Muchos hasta hoy afirman que no sabían ni sospechaban nada. Sólo décadas después, cuando fueron desclasificados los archivos secretos, se habrían enterado de que la CIA financió operaciones de propaganda de sus dirigentes. ¿Debería imputárseles complicidad con quienes se lo ocultaron? Von Weizsäcker diría que ninguna persona inteligente esperaría que se vistieran la camisa de penitente solo por ser democratacristianos.

Soberanía, condición irrenunciable

Sin que sirva de atenuante a la intervención norteamericana, también sus rivales de izquierda habrían sabido de los ingentes recursos procedentes del campo socialista recién cuando, tras la caída de la Unión Soviética y del Muro de Berlín, se abrieron los registros de la KGB y de la Stasi, como lo revela la fecunda obra de la desaparecida escritora de origen ruso, Olga Ulianova.

Aquel era el mundo de la Guerra Fría. Un lugar donde el realismo cínico relativizaba la libertad, la democracia y la autodeterminación de los pueblos.

Sin embargo, culpables o no, contemporáneos o no, todos somos afectados por las consecuencias del golpe de Estado y debemos hacernos responsables de ellas. Es por eso que el deber de la memoria y la promesa de mañana están representados en la investidura del jefe de Estado.

Alemania, Italia, Francia y los países invadidos, podrán explicar que la causa del ascenso y expansión del fascismo fue la debilidad de las democracias europeas, pero nunca ello supondrá prestar legitimidad a la regresión moral y humana que significó su implantación. La misma distinción es aplicable a los hechos de nuestro pasado.

En los últimos cincuenta años se ha escrito más sobre las causas que condujeron al golpe de Estado de 1973, que todo lo registrado y publicado sobre las circunstancias que desembocaron en la Guerra Civil de 1891. Con seguridad, el debate político y académico de aquellos sucesos continuará su marcha, pero no podrá justificar la naturaleza intrínsecamente violenta y contraria al progreso civilizatorio de ambas rupturas. //ELF

Democracia Viva, una cuestión de información

julio 9, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Rodolfo Fortunatti

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Militante del Partido Demócrata Cristiano. Autor del libro «La Democracia Cristiana y el crepúsculo del Chile Popular».

Todo lo que sabemos desde que Timeline, un diario digital de Antofagasta, publicó los recursos asignados a Democracia Viva no sería noticia hoy si los datos que conocemos hubieran sido tratados del mismo modo que ocurren las transacciones de criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, Ripple y Litecoin, o sea, empleando tecnología de registro de información en bloques encadenados.

Sin embargo, vale preguntarse, ¿qué convierte los asuntos de Democracia Viva en noticia? Los hace dignos de atención el hecho de haber sido revelados como noticia.

Timeline tituló entonces: «En dos meses: fundación de pareja de la diputada Pérez (RD) se adjudicó $426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta». Pero, no es que los datos hubieran estado ocultos, pues la información conocida siempre fue pública o, más precisamente, siempre estuvo disponible para ser conocida por quien se interesara en ella.

Y así lo demuestra el talante inquisitivo de la prensa que, a partir de un mail filtrado por funcionarios del Serviu, a través de WhatsApp, produce el efecto deseado.

Toda la maraña de antecedentes, informes, hechos, circunstancias, cifras, etc., yacía ahí, como cosas improductivas, hasta que las empresas de comunicaciones les agregaron valor, transformándolas en mercancías.

Y nada ha prohibido u obstaculizado este lucrativo emprendimiento capaz de transmutar un suceso administrativo rutinario en un escándalo que, según la definición española, es el “hecho o dicho considerados inmorales o condenables y que causan indignación y gran impacto públicos”.

Sin duda ahora todo esto es un escándalo, pero vale preguntarse, si lo difundido se exhibe como algo ilícito. ¿Realmente lo es?

Si desde un principio la información que recibimos hubiera estado sistematizada en bloques encadenados, probablemente nuestras impresiones acerca de los convenios suscritos con corporaciones privadas serían menos dramáticas.

Quizá lo que hoy consideramos un problema de probidad sería visto como un problema político de redistribución. No nos preocuparíamos exclusivamente de las fundaciones, sino que también pondríamos los ojos, por ejemplo, en las universidades privadas.

Tal vez no prestaríamos tanta atención a los lazos afectivos, domicilios y biografías de los involucrados, sino a cómo se reparten los escasos recursos tributarios de nuestro quincuagenario Estado subsidiario.

Desde luego, no dejaríamos que el exhibicionismo periodístico fuera usado como arma arrojadiza contra amigos y camaradas de partido y de coalición.

Todo ello perdería relevancia e interés general a la luz de un registro público al alcance de todos los usuarios acreditados, como ocurre con historiales médicos, cadenas de suministro, contratos de compañías de seguros, procesos electorales, propiedad y enajenación de bienes raíces, y, por cierto, información fiscal del sector productivo nacional y de salud, cual es el caso de Estonia, y de seguridad y logística, por citar el ejemplo de Australia.

Un bloque es una memoria cibernética que contiene tres tipos de datos. Primero, incluye información sobre transferencias financieras, emisor de la agencia estatal, receptor de la agencia privada, fecha de la transferencia, cantidad transferida, reasignación de los recursos por la agencia privada, destinatario, y así por el estilo.

Segundo, provee información sobre la identidad del respectivo bloque, que es un número único e irrepetible. Y tercero, posee información acerca de la identidad del bloque que le precede, a fin de ensamblar con éste y con el bloque que le sucede, y poder integrarse en una cadena. De aquí el nombre de tecnología blockchain con que se le conoce.

El sistema garantiza trazabilidad, conexión e inmutabilidad. Es seguro, y no sólo porque resulta imposible de hackear, sino porque la ilegal manipulación de la información, contenida en un determinado bloque, altera el número que lo identifica impidiéndole volver a encajar en la serie.

Luego, todas las operaciones quedan registradas, son observadas y su es traza verificada, por una multitud de usuarios con acceso autorizado a la cadena de datos. Al ser transparente y participativo se torna igualmente legítimo, porque fortalece las confianzas y ofrece certezas jurídicas.

Pero, contra toda tentación autoritaria ―y esta es una de sus mayores ventajas―, pone a salvo la institucionalidad democrática de las limitaciones de acceso a la información y de la supresión de los controles legales sobre el uso de los recursos públicos. Es, en suma, un libro de cuentas descentralizado.

En la tecnología de bloques encadenados son los usuarios los que certifican la validez de los instrumentos puestos a disposición. Aquí se prescinde de los controladores de medios, de la Contraloría, del Fiscal Nacional, y del Consejo para la Transparencia.

No se necesitan comisiones ad hoc creadas para conciliar caldos políticos de irascibilidad y mala voluntad, que no sirven para enmendar la bizarra relación entre lo público y lo privado.

Las comisiones investigadoras, lo mismo que las acusaciones constitucionales, se tornan infructuosas, pues pierden su eficacia como aparatos de castigo electoral. El gran juez es la ciudadanía democrática. //ELF

Un relato supremacista

junio 27, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Rodolfo Fortunatti

En más de cuatro mil palabras de un discurso sobreidelogizado, uno de los expresidentes de la Democracia Cristiana firmantes de la carta a favor de la libertad de acción, Ignacio Walker, expone sus razones para votar Rechazo.
Procurando aliviar de la pesada carga de leerlo, podría asegurar que su relato se resume en la siguiente frase: «el texto constitucional que se nos ofrece contiene una disolución de la nación chilena entendida como unidad en la diversidad, una dinámica de fragmentación institucional, un germen de ingobernabilidad, y unas instituciones que comprometen las bases del desarrollo económico y social».

Pero la argumentación para sostener cada uno de estos epígrafes bebe del discurso ideológico y doctrinario exhibido por la derecha durante el último año de funcionamiento de la Convención Constitucional. Es, francamente, un discurso de derechas, pero, sobre todo, es la defensa supremacista de la Constitución de 1980, de su Código de Aguas, de su Plan Laboral, de su Reforma Educacional, de su sistema previsional, de su visión neoliberal de la garantía de derechos económicos, sociales y culturales.

Un supremacismo que lleva a concluir con desprecio que el reconocimiento de los pueblos indígenas entraña la disolución de la nación chilena, la de los no mapuche, no diaguitas, no pehuenches, blancos: «Chile se disuelve en un conjunto de pueblos indígenas o naciones pre-existentes representativos del 12% de la población», ha escrito Walker. Y cuestiona la identidad y autonomía de aquellos pueblos, en una tesis reñida con los valores y principios de la Democracia Cristiana.

Pero que, como en Italia y España, con gobiernos autonómicos, la historia enseña que en Chile también existía una presencia de imperios, dominios, etnias y culturas que fue asfixiada por la tradición centralista reivindicada por Walker, y correctamente reemplazada en un grado superlativo de pluralismo democrático, por la Cámara de las Regiones.

Se especula sobre las secesiones que ocurrirían en la macrozona sur al proyectar los actuales focos de conflicto, algo sin asidero en la realidad porque la nueva Constitución mantiene la autoridad del Estado sobre un solo territorio. Se cuestiona como sobrerrepresentación la justa participación de los pueblos originarios en las asambleas deliberantes. Y, desde luego, reniega de las garantías de derechos que aseguran la exigibilidad y judicialización de su ejercicio.
Por eso, dice que la nueva Constitución divide. La profecía autocumplida de quienes vienen polarizando al país desde sus posiciones de poder y de riqueza. Son ellos los que no se han resignado a su derrota y culpan de su fracaso a un país que ha elegido cambiar las injusticias latentes.

La octavilla, como toda propaganda política que se precie de tal, parte por identificar a un enemigo contra el cual volcar las odiosidades, agravios y segregaciones políticas. Parte con una falacia ad hominem, a saber, que el texto que recibirá el Presidente de la República, es una Constitución partisana de izquierda porque ha sido escrita por la izquierda, lo que, además de desautorizar a sus autores y no a sus contenidos, es un engaño y un agravio a tantos aliados que han contribuido a forjar el desarrollo de nuestro país.

Con ello, desconoce la legitimidad democrática del proceso constituyente, incluida la voluntad soberana del país que eligió a los 155 convencionales, y las normas de quórum impuestas desde el Congreso para satisfacer las expectativas del acuerdo del 15 de noviembre de 2019.// ELF