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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Columnista

¿Por qué no vuelven al país?

septiembre 8, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma Irarrázaval

Exministro y economista de Foro de Desarrollo Justo y Sostenible 

El regreso de la inversión sería una gran contribución al país. Se puede partir por recursos de las AFP y seguir por dar buen uso en Chile a los activos financieros personales, demostrando un compromiso con nuestro desarrollo y futuro. Con ellos o tan solo una parte de ellos, se podría generar una Banca de Desarrollo de carácter público-privado, con estructura nacional y regional, que fomente la innovación y la investigación, aprovechando los talentos existentes que, por falta de activos materiales y no de inteligencia o creatividad, no tienen acceso a la banca comercial.

«¿Por qué no se van, no se van del país?», es una de las frases de la canción de Los Prisioneros que manifestaba la rebeldía con la elite –“si tu apellido no es González ni Tapia”– y que critica un proyecto de país y un comportamiento social –“si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de su ropa”– que renunciaba a lo propio, a lo local, por querer ser parte de otro mundo. Eran los albores de la globalización y Los Prisioneros y sus seguidores la cantaban.

En el tiempo transcurrido desde que se creó esa canción hasta hoy, hubo chilenos que retornaron del exilio, se consolidó la globalización (hasta que vino el coronavirus) y, sin que nos diéramos cuenta, una parte importante de esa elite hizo eco de Los Prisioneros y se fue del país. Se fue sin irse o se fue a medias, se llevó sus capitales, nuestros recursos.

El informe del Boston Consulting Group, que anualmente calcula la inversión en activos financieros de las personas, estimó que la riqueza financiera privada en Chile ascendía a unos 500 mil millones de dólares el año 2019, de los cuales la mitad está en fondos de pensiones que, como se señaló anteriormente, invierten un 44% de los recursos fuera de Chile. Asimismo, estima que de la otra mitad, unos 30.000 millones están invertidos fuera de Chile, por lo que el agregado de inversión chilena en el exterior, sumados fondos previsionales, inversión directa de empresas e inversión financiera de las personas, supera los 250 mil millones de dólares, algo equivalente a lo que se produce en un año en todo Chile.

Desde los noventa, las AFP fueron autorizadas a invertir parte de sus fondos en el exterior. De acuerdo al último informe de la Superintendencia de Pensiones, el 44% de los ahorros previsionales de los chilenos –unos 96.000 millones de dólares o cerca de un 40% del PIBv se encuentra invertido fuera de Chile y sobre el 90% de esa inversión está realizada en Fondos Mutuos y empresas, es decir, financian inversión en el extranjero. En la misma línea, pero en montos menores, un 10% de los ahorros destinados a cubrir subsidios en períodos de cesantía (algo así como 1.200 millones de dólares) se encuentra invertido fuera de Chile.

También hay inversión directa de empresas chilenas en el exterior. De acuerdo a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, más de 1.200 empresas están desarrollando proyectos de inversión fuera de Chile, por un monto que hace un año alcanzaba a casi 125 mil millones de dólares, generando más de 600 mil empleos, entre directos e indirectos. El 73% de esa inversión se ubica en Brasil, Perú, Argentina y Colombia.

No estamos en contra de la inversión directa de chilenas y chilenos en el exterior, pero teniendo tantas necesidades en el Chile de hoy, no deja de sorprender que haya alrededor de 225 mil millones de dólares invertidos fuera del país.

El informe del Boston Consulting Group, que anualmente calcula la inversión en activos financieros de las personas, estimó que la riqueza financiera privada en Chile ascendía a unos 500 mil millones de dólares el año 2019, de los cuales la mitad está en fondos de pensiones que, como se señaló anteriormente, invierten un 44% de los recursos fuera de Chile. Asimismo, estima que de la otra mitad, unos 30.000 millones están invertidos fuera de Chile, por lo que el agregado de inversión chilena en el exterior, sumados fondos previsionales, inversión directa de empresas e inversión financiera de las personas, supera los 250 mil millones de dólares, algo equivalente a lo que se produce en un año en todo Chile.

Volviendo a Los Prisioneros, sería positivo decirles: ¿por qué no se vuelven, no se vuelven al país?

En estos días hemos sabido que LATAM, que entendíamos como empresa emblema de Chile, está radicada fuera del país. Por su parte, la CMPC ha privilegiado realizar inversiones tecnológicas innovativas en Uruguay, pudiendo haberlo hecho en Chile, y hace años existe la expectativa de agregar valor a las exportaciones de concentrado de cobre, lo que se hace al otro lado del Pacífico.

Por cierto, el regreso de la inversión sería una gran contribución al país. Se puede partir por recursos de las AFP y seguir por dar buen uso en Chile a los activos financieros personales, demostrando un compromiso con nuestro desarrollo y futuro. Con ellos o tan solo una parte de ellos, se podría generar una Banca de Desarrollo de carácter público-privado, con estructura nacional y regional, que fomente la innovación y la investigación, aprovechando los talentos existentes que, por falta de activos materiales y no de inteligencia o creatividad, no tienen acceso a la banca comercial.

En esta nueva banca debieran estar representados los aportantes de este capital privado retornado, las universidades y centros de investigación, aprovechando la tremenda inversión país que significa contar con tantos doctores en diversas disciplinas que hoy no aportan en plenitud, y el Estado, central y regional, dando sentido a la función de promoción de la inversión local que se otorga a los nuevos gobiernos regionales.

No queremos que se vayan, queremos que vuelvan los que se fueron y juntos, con una visión compartida de país, en el contexto de crear una nueva institucionalidad, hagamos nuevas empresas, que generen miles de empleos decentes.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Andrés Palma, columna, Columnista, País Circular

Prioridades

septiembre 7, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Eduardo Engel

Director de Espacio Público

«Desde abril era evidente que el plebiscito se realizaría con el virus en circulación, por lo cual no es fácil entender por qué se dejaron pasar cinco meses antes de comenzar a trabajar en serio en tener un plebiscito seguro», dice el columnista.

La encuesta de Espacio Público e Ipsos publicada (la semana pasada) da varias luces sobre las expectativas de la ciudadanía respecto del proceso que se inicia con el plebiscito de octubre. Un 67% de los encuestados lo asocia con conceptos positivos (oportunidad de cambio, esperanza, tranquilidad, alegría, pertenencia), un 23% con conceptos negativos (incertidumbre, retroceso, caos, miedo, tristeza) y el 10% restante cree que todo seguirá igual. También predominan las expectativas positivas respecto de los cambios que traerá una nueva Constitución: cuatro veces más encuestados creen que el plebiscito será positivo para el país, su comuna, la forma en que se relacionan las personas y sus vidas. Aun entre quienes votarán por el Rechazo, un 17% espera cambios positivos si gana el Apruebo.

Las expectativas positivas conviven con varias fuentes de preocupación. Poco más de la mitad teme que haya enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de orden el día del plebiscito, casi la mitad cree que aumentarán los contagios luego del plebiscito y a un tercio le preocupa contagiarse cuando concurra a votar.

Desde abril era evidente que el plebiscito se realizaría con el virus en circulación, por lo cual no es fácil entender por qué se dejaron pasar cinco meses antes de comenzar a trabajar en serio en tener un plebiscito seguro o para asegurar que voten quienes estén portando el virus (un 85% de los encuestados considera que debieran poder votar).

Existen al menos tres opciones para que los contagiados ejerzan su derecho a votar sin salir de sus residencias, evitando así que contagien a terceros: voto postal domiciliario, urna móvil y voto delegado. El Servel debió preparar un informe detallado con los pros y contras de cada opción: cambios legales necesarios, desafíos logísticos y de gestión, costos, etc. Uno de los motivos por los cuales se le dio autonomía constitucional fue para que tuviera un rol proactivo promoviendo iniciativas que contribuyan a elecciones con mayor participación.

En la ausencia de este informe, la discusión de opciones ha sido poco informada, con varias autoridades, con la notable excepción del Ministro de Salud, enfocadas en demostrar la imposibilidad de encontrar soluciones. Es muy distinto concluir que a estas alturas no se puede hacer nada luego de explorar todas las alternativas en profundidad, que llegar a esa conclusión sin haberlo intentado. Y algunos expertos consultados opinan que todavía es tiempo para implementar alguna de las opciones.

Donde definitivamente estamos a tiempo es para tomar las medidas necesarias para que los votantes no se contagien con covid-19. Más lugares de votación y una mejor gestión del proceso de votación serán claves. Que las personas puedan llevar su lápiz, mantener dispensadores de alcohol gel en cada mesa de votación, señalética para mantener distancia física y tener separadores transparentes entre vocales de mesa y votantes son algunas medidas a implementar. También explorar opciones para que las mesas se constituyan rápido de modo que vote más gente durante la mañana, por ejemplo, trabajando con grupos diversos de la sociedad civil para proveer los vocales de mesa e implementando un sistema que avise a cada votante cuando se constituyó su mesa.

Otro tema importante es tomar medidas para proveer transporte público gratuito y seguro el día del plebiscito. El Servel y los Ministerios de Salud y Transportes, entre otros, están llamados a liderar estos esfuerzos. Son muchas las organizaciones que están disponibles para colaborar con entusiasmo, conocimiento y dedicación.

Con el plebiscito de octubre se inicia el proceso político más importante que tendremos en varias décadas. Fue el acuerdo al que llegaron nuestros líderes políticos la madrugada del 15 de noviembre pasado, cuando estuvimos al borde del abismo. No es una opción perfecta, pero parece evidente que las alternativas son mucho peores.

Tanto o más importante que la Constitución que resulte será el proceso que le dé origen. Por eso es tan importante que la participación sea lo más alta posible. Han existido voces llamando a posponer el plebiscito una vez más. Varias son las mismas que empujaron un retorno a la normalidad más rápido que lo aconsejado por instancias expertas. Los mismos que argumentaron que casi todas las actividades eran ‘críticas’ y no querían una fiscalización estricta de los permisos de circulación. ¿Tienen razón esta vez? El tema es delicado, nadie puede hacer proyecciones sobre el estado de la pandemia a fines de octubre. Sin embargo, en última instancia, se trata de cuáles son nuestras prioridades como sociedad. Los encuestados dan una respuesta contundente a esta pregunta. No obstante sus preocupaciones, un 78% piensa ir a votar de todos modos.//ELF

*Columna publicada en El Mercurio.

Publicado en: Columnas, Notas, Sin categoría Etiquetado como: columna, Columnista, Eduardo Engel, Espacio Público, Plebiscito constituyente

Plebiscito Seguro y Equitativo

septiembre 6, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Jorge Pizarro 

Senador DC por Región de Coquimbo 

Es muy importante que todos los chilenos accedan a su derecho de votar en el Plebiscito de octubre. Por eso presentamos una reforma que permita que contagiados o contactos estrechos de enfermos por Covid, puedan votar de manera remota. Una fórmula que habilita el sufragio a través de Correos de Chile resguardando el secreto del voto y, sobre todo, que los ciudadanos se puedan expresar. Claro que es perfectible, por eso sorprende la negativa a priori de Interior por facilitar esta alternativa. Es viable hacerlo, sólo se requiere voluntad política para su implementación. ¿Acaso la opción es dejar fuera a alrededor de 15 mil afectados por la enfermedad, más de 800 en nuestra región?

Es una propuesta concreta ante las primordiales medidas sanitarias conjugando participación segura y equitativa de los ciudadanos. Medida práctica y de toda justicia, necesaria además ante el discurso que busca instalar la eventual ilegitimidad del proceso por escasa participación. Se trata del primer paso para una Convención Constituyente elegida democráticamente y estamos obligados a contrarrestar la desidia de un sector; no dejaremos de insistir en crear conciencia respecto la relevancia de participar en este proceso.

Un Plebiscito Seguro es compatible con las restricciones que impone la pandemia. El Gobierno no puede seguir en el palco, si bien el Estado pone restricciones sanitarias, es el mismo Estado que debe procurar que esas medidas no sean un impedimento para que la ciudadanía se manifieste en las urnas.

La Moneda está obligada a patrocinar un proceso de Plebiscito Constituyente impecable y universal- aquello es lo responsable- es inaceptable la actitud vacilante en su rol garante. Esta instancia no es baladí, es un peldaño en la definición de nuestro marco jurídico, entonces el esfuerzo debe ser máximo para que sea parte todo aquel ciudadano que quiera participar en este hito institucional ante la demanda ciudadana de nueva Carta Fundamental.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: columna, Columnista, Jorge Pizarro, legislador, parlamentario, Senador

El rechazo de Longueira

septiembre 3, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Economista del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible 

Uno de los principales problemas que tenemos y que originó el estallido social es que a la mayoría de la gente en Chile le cuesta una enormidad llegar a fin de mes y mientras tanto tenemos políticos, generales, curas que han cometido otro tipo de abusos, tenemos empresarios… en el fondo hay un robo a los chilenos que no ha sido sancionado suficiente ni por los tribunales, ni por Contraloría, ni por ningún partido y es difícil construir cualquier cosa en Chile porque las instituciones se han venido abajo en su credibilidad”.

Esta frase no fue dicha por un analista de oposición ni por un político de izquierda, sino por Pablo Longueira en entrevista con Radio Cooperativa. Claro que pasó desapercibida porque, en la misma entrevista catalogó de “comunista” a la Consejera de Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horwitz, afirmación lamentable y sin fundamento que pretendió descalificar a la abogada con un lenguaje propio del Siglo XX.

En ambas afirmaciones, la citada y la que la ocultó, se refleja la contradicción que viven quienes, desde la derecha, se dan cuenta de los problemas del país, pero no logran romper con su dependencia ideológica del modelo autoritario impuesto por la dictadura cívico militar, de la que fueron parte. Y el caso de Pablo Longueira es paradigmático de ello.

No hago un juicio sobre el proceso que se ventila en los tribunales y que afecta al líder de la UDI. Hago un juicio político sobre sus dichos. Si la frase que cito hubiera sido dicha por una persona opositora al actual gobierno, o un partidario del Apruebo, seguramente hubiera sido calificada de “comunista”, tal vez por el mismo Longueira, pero con seguridad por muchos de sus seguidores, especialmente los que hoy no le entienden y apoyan el Rechazo.

El fantasma de la guerra fría, del comunismo tomando La Moneda, palacio al que han entrado muchos comunistas -como parlamentarios y parlamentarias y como ministras y ministros de Estado- sin que se altere en un ápice la institucionalidad democrática, sigue vivo en la derecha, y es avivado con el objetivo de mantener el escenario en que “que a la mayoría de la gente en Chile le cuesta una enormidad llegar a fin de mes y mientras tanto tenemos políticos, generales, curas que han cometido otro tipo de abusos, tenemos empresarios…”

Pero en lo que sí es consistente Pablo Longueira es en que si el que describe como uno de los principales problemas sociales efectivamente lo es, entonces lo lógico es votar Apruebo para cambiar esa realidad, porque con la actual Constitución “es difícil construir cualquier cosa en Chile porque las instituciones se han venido abajo en su credibilidad”, y se hace necesario alcanzar un nuevo pacto social que inicie el camino de recuperar la confianza en las instituciones y de resolver “uno de los principales problemas que tenemos”. 

Es lamentable que esto no sea comprendido por toda la coalición de gobierno, ni por el gobierno mismo que en su aparente neutralidad está avalando la opción del Rechazo, como si fuera posible volver al 17 de octubre de 2019, y …que no hubiera día 20. 

Es cierto que fue el movimiento desatado a partir del 18 de octubre el que impuso el proceso por el que nos daremos una nueva Constitución, pero esas movilizaciones no fueron por un voluntarismo “comunista”, sino porque “a la mayoría de la gente en Chile le cuesta una enormidad llegar a fin de mes”, y también es cierto que una nueva Constitución, por si, no va a resolver aquello, pero abrirá el camino para que retomemos la confianza en las instituciones, lo que no se conseguirá si triunfara el Rechazo.

Hace algunos años, en un momento de crisis, con la derecha sin rumbo, escribí en twitter: “hace falta Longueira”. Con su Rechazo al discurso predominante en la derecha creo que me da la razón.//ELF

 

Publicado en: Columnas, Notas, Politica, Sin categoría Etiquetado como: Andrés Palma, columna, Columnista, Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, Rechazo

La Constitución como biografía

septiembre 1, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Luis Cordero

Director de Espacio Público

«No es posible entender las constituciones al margen de sus coyunturas históricas, las que habitualmente han sido resultado de turbulencias», dice el columnista.

Montesquieu escribió en 1748 ‘El espíritu de las leyes’, una obra que marcaría la manera en que comprendemos el sistema constitucional. Concluye que no existe una Constitución ideal, pues esos textos expresan la historia de un pueblo. Aunque mucho tiempo ha pasado desde entonces, esa explicación todavía tiene sentido, en la medida que las constituciones reflejan las biografías de los países.

Por eso, comparar textos prescindiendo de esos factores es engañarse. Este ejercicio, que de tanto en tanto exponen escépticos de nuestro proceso constituyente, tiene por finalidad contraponer la amenaza de un texto ‘extenso’ en derechos frente a otros ‘clásicos’ supuestamente breves. Para ellos valgan algunos recuerdos.

No es posible entender las constituciones al margen de sus coyunturas históricas, las que habitualmente han sido resultado de turbulencias. Por ejemplo, los textos del siglo XIX en América solo se pueden entender en el contexto de las luchas por la independencia, y las de principios del siglo XX como consecuencia de la crisis social provocada por la industrialización. Tampoco es posible comprender las constituciones de la segunda parte del siglo pasado sin el trauma de la Segunda Guerra. Sería imposible entender la Constitución española de 1978 sin la transición a la democracia luego de la muerte de su dictador. Por eso, solo se puede percibir el constitucionalismo latinoamericano desde 1990 a partir de la progresiva consolidación democrática en nuestros países; la de Sudáfrica de 1996 por el fin del apartheid, la de Finlandia de 2000 tras su incorporación a la Unión Europea, o el proceso constituyente de Islandia como efecto de la crisis financiera de 2008.

Quienes gustan de hacer comparaciones antojadizas tampoco deberían olvidar que la democracia constitucional no ha sido precisamente algo normal. Como ha explicado Loughlin, al final de la Segunda Guerra Mundial solo existían doce democracias constitucionales estables en el mundo. En 1987 eran 66, de 193 miembros de Naciones Unidas. En 2003 ese número fue de 121. A su vez, la mayor cantidad de casos de nuevas constituciones se encuentra después de 1990: nada menos que 103.

De este modo, hablar de constituciones mínimas o máximas, comparando derechos con textos de mediados del siglo veinte o anteriores, es en algún sentido tramposo. Las constituciones operan como biografías nacionales, tienen un sentido original que las explica y siempre desean proyectar un legado.

Pese a ello, todo proceso constituyente debe tener cuidado de no imponer rígidamente hacia el futuro las convicciones del presente. Y, para eso, la Constitución debe garantizar, ante todo, que la democracia funcione como el medio que facilite un diálogo entre generaciones.

*Publicada en La Segunda, el 24/08/2020

Publicado en: Columnas, Politica Etiquetado como: análisis, columna, Columnista, Espacio Público, Luis Cordero

Los invisibles

septiembre 1, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por David Pellizzari Ossa

Están entre nosotros, son nuestros hijos atrapados en una adicción, son nuestros padres afectados de demencia, son nuestros parientes, vecinos o incluso nosotros mismos que vivimos una enfermedad mental, pero en silencio, abandonados por el Estado, invisibilizados por una sociedad que prefiere no ver… y, pese a que esto, ya es suficientemente violento: hay violencia directa, discriminación, desprecio, indolencia para con su sufrimiento y el de su familia.

Año a año (a excepción de aquellos con elecciones, o estallidos sociales), el país asiste emocionado a una especie de espectáculo de caridad, una, a estas alturas, tradición que permite que sigamos autocalificándonos de los “campeones de la solidaridad” y otras loas completamente desproporcionadas, pero que se afirman en eventos como la Teletón. Sin embargo, esto ha contribuido a invisibilizar, por décadas, a otras discapacidades que no sean la física, en especial la mental.

El espectáculo televisivo y la organización benéfica privada que nació a su alero, son un ejemplo paradigmático de como entiende la “solidaridad” la sociedad neoliberal que hemos construido: dando una dádiva, entregando dinero, la misma Teletón lo mostró hace algunos años con el testimonio de un joven con dificultad de desplazamiento que pedía ayuda para cruzar la Alameda frente al paseo Ahumada en Santiago, pero la gente solo le ofrecía dinero…

Nadie puede desconocer que, para las personas con discapacidad y sus familias, que han sido beneficiadas por la Teletón, esta institución ha representado un apoyo invaluable, que ha hecho la diferencia entre la vida y la muerte o la posibilidad de desarrollar sus capacidades o no, y, por tanto, no se trata de enjuiciar su labor, sino solo el efecto colateral no deseado, de poner el foco de la atención pública en una discapacidad en particular, y los métodos para enfrentar las dificultades que acarrea.

La imagen de la discapacidad en Chile es la de un niño en silla de ruedas, no importa que la preeminencia de la discapacidad sea mayoritariamente de adultos en Chile, y por el proceso de envejecimiento de nuestra población sea cada día mas marcada esa tendencia estadística, no importa que haya otras discapacidades, personas sordas, ciegas, y muy especialmente, personas con discapacidad mental. No importa, porque las personas parecen querer mantenerse ignorantes de una realidad escandalosa; y no importa, porque el Estado es el principal interesado en mantener esta imagen que fomente la caridad, para no hacer evidente su abandono total de esta dolorosa realidad, y en particular, de la salud mental de los chilenos.

Además de algún pseudo reportaje en televisión de vez en cuando, o algún mensaje desesperado de los profesionales del área que se cuela en algún medio de comunicación, nadie en Chile habla de salud mental y la profunda crisis humanitaria en que está sumida en nuestro país. Desde luego las políticas públicas en materia de discapacidad, pese a los avances, siguen centradas en un modelo asistencialista ocupado de entregar ayudas técnicas (sillas de ruedas, audífonos, y un largo y muy necesario etcétera) y no de generar el imprescindible cambio cultural que permita la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva y, además, en esa política la discapacidad mental es casi inadvertida.

Los Derechos Humanos de las personas que tienen una discapacidad mental, sea esta cognitiva o psíquica, son vulnerados a diario en Chile y a nadie parece importarle demasiado. El Estado, con su ausencia e incapacidad, permite que personas sean mantenidas en sus hogares en condiciones casi infrahumanas, no necesariamente por la crueldad de quienes las mantienen, sino por su imposibilidad material de entregarles mejores condiciones de vida considerando su condición, la inacción estatal trunca las capacidades de miles de chilenos que no están debidamente incluidos en el sistema educacional chileno que sigue segregando y discriminando abiertamente, nuestro sistema legal priva de capacidad jurídica a las personas denominadas “dementes”, una especie de cruel bolsillo de payaso en que caben muy disimiles afecciones mentales y se mezclan con condiciones como el síndrome de down, en un esquema de “blanco y negro” que no admite los necesarios matices en la materia.

Por si fuera poco, los medios de comunicación contribuyen a la estigmatización de las enfermedades mentales sin el menor remordimiento, y, por último, la red publico-privada de establecimientos dedicados al tratamiento y estadía prolongada de personas con discapacidad mental, además de desesperadamente insuficiente, tiene un triste historial de malas practicas, vejaciones, restricciones innecesarias a la libertad individual de los internos, abusos, violencia y un desgarrador y largo etcétera.

Nuestro Estado simplemente abandonó hace décadas la salud mental de sus ciudadanos, no hay políticas públicas contundentes en la materia, y peor aún, aspectos esenciales como el consumo de drogas, son abordados con una lógica fracasada de represión. La llamada “guerra contra las drogas” es un despilfarro descomunal de recursos en una política destinada invariablemente al fracaso mas absoluto, en vez de abordar los alcances desde el punto de vista de la salud pública y las razones estructurales que afectan a una sociedad en que sus individuos son empujados al consumo de sustancias peligrosas (que incluyen al alcohol y el tabaco también), preferimos la respuesta violenta y fútil de alimentar la fantasía del control total, con más policías, helicópteros y demás recursos destinados a enfrentar a un narcotráfico creado y potenciado por esa misma lógica enferma.

Chile necesita un nuevo trato político, social y económico, que incluya una revisión profunda de la sociedad que hemos construido y sus valores, qué entendemos por solidaridad y qué valor le damos a la dignidad humana, son preguntas que nos ayudarán a redefinirnos como una sociedad verdaderamente inclusiva, y nuestros ojos podrán abrirse a una nueva realidad, en la que no pueden haber invisibles.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: capacidades diferentes, columna, Columnista, David Pellizzari Ossa, discapacitados, Teletón

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