sociólogo

A propósito de una carta de expresidentes nacionales de la Democracia Cristiana

junio 27, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ernesto Moreno

(Con respeto, pero con franqueza)

Se ha dado a conocer una carta de ex presidentes nacionales del PDC, en que se propone que el partido acuerde libertad de acción ante el próximo plebiscito de septiembre.

Me permito entregar algunos comentarios y reflexiones sobre dicho texto, de manera que quienes han leído su contenido puedan, simplemente, tener otra opinión sobre la tesis central que suscriben los ex dirigentes nacionales y así enriquecer un debate que, claramente, la carta ha instalado.

Me parece un planteamiento delicado y con severas complicaciones doctrinales y políticas que, además, evidencia algunas contradicciones y/o vacíos no menores para un tema de tanta importancia.

Se reconoce que “el proceso iniciado en noviembre del 2019, apoyado por la mayoría de las fuerzas políticas puso de relieve la necesidad de cambios legales y constitucionales”, sin embargo, frente a la posibilidad de que ello ocurra, lo que sin duda está posibilitado por la actual propuesta de la convención Constitucional y sin mediar ningún argumento que inhabilite en lo esencial el contenido al respecto, simplemente se opta por la libertad de acción.

Se dice que “el desafío que representa la propuesta de la convención constitucional requiere un estudio profundo y riguroso de nuestra historia, de nuestra visión de Chile, del sistema político, de las formas de gobierno y de los deberes y derechos de los ciudadanos”. ¿Hay que entender, y lo digo con el mayor respeto y sin ironía, que para votar en el próximo plebiscito hay que haber tenido formación de tal o cual nivel de conocimientos de manera de responder “el desafío que representa la propuesta de la convención constitucional”?

¿No está teniendo la ciudadanía la oportunidad, que se acrecentará los próximos meses, de acceder a una información importante de sus contenidos, lo que se ha estado haciendo aún más fácil gracias a textos pedagógicos y explicativos que circulan y a las intervenciones de diferentes personas en los medios de comunicación? Una votación trasparente e informada de toda la ciudadanía, y no solo de especialistas y expertos, está absolutamente posibilitada en el próximo evento plebiscitario

Se agrega que en la medida que se cumpla con este requerimiento de estudio profundo y riguroso en las materias ya citadas, se va a tener la posibilidad de “avanzar en la concreción de un Estado Social y Democrático de Derecho que recoja las legítimas demandas de la ciudadanía de manera coherente, efectiva y eficiente”. Nuevamente surge lo paradojal del escrito de los ex presidentes que nos lleva a preguntarnos ¿no plasma y define la propuesta de nueva Constitución, después de largo tiempo, precisamente un Estado Social y Democrático de Derechos que supera un discutible concepto de Estado subsidiario que tantas experiencias dolorosas trajo a los más necesitados de nuestra sociedad y que contrarió durante años nuestro concepto de bien común?.

En íntima relación con estos contrasentidos del texto uno se pregunta, dado que los ex presidentes asumen la necesidad de cambios en el país, el establecimiento de un Estado Democrático y Social de Derechos, una preocupación por el presente y futuro de los pueblos originarios, mayor justicia social, entre otros, y considerando que el nuevo texto constitucional claramente se refiere, incorpora o posibilita la implementación de cada uno de ellos, ¿será la conclusión que más bien los autores de la carta, legítimamente por cierto, no están de acuerdo con la manera que el texto redactado por la Convención Constitucional analiza, vincula y/o define dichos componentes, en cuyo caso y por lo tanto, lo que cabe es recomendar y optar por el rechazo y no por la libertad de acción.?

Afirmo lo anterior, porque en el momento que vive nuestro país, dadas las expectativas de mucha gente y sin olvidar la génesis del proceso constituyente vinculada significativamente al movimiento social de octubre del 2019 y sus implicancias, el pronunciarse por omitir y/o soslayar una opción clara y fundada a cambio de un “laissez-faire”, deviene en una apuesta política arriesgada y algo descomprometida, a la vez que nadie puede desconocer, menos las inteligentes y excelentes personas que firman el documento, que muchas veces una opción por abstenerse, votar en blanco o libertad de acción, adquiere una significación comunicacional que claramente debilita la opción más comprometida y asertiva en relación con lo que se plebiscita.

Discrepo absolutamente de que la libertad de acción “nos evitará problemas”, como se señala en el escrito. Por el contrario, tiendo a pensar que, bajo el expediente de una aparente “prudencia y cordura”, el PDC como organización y en los hechos, nuevamente aparecerá titubeando, mirando para el lado y en un lavado de manos muy poco estético e incoherente con lo que nos define como partido. Ello no será percibido como un hecho político inocuo o pasajero por el país.

En efecto, habida consideración de nuestro marco doctrinal e ideológico, a la luz de los contenidos definitivos del texto propuesto como nueva Constitución, sin olvidar la génesis de este proceso ligada a muchas esperanzas de la gente y en el momento histórico inédito que vive Chile, un acuerdo que no defina un pronunciamiento, cualquiera sea este, ante una alternativa que es clara e inequívoca, constituiría un episodio trágico en nuestra historia partidaria.

Trágico para un partido que se funda en convicciones que lo mandatan ante decisiones en momentos trascendentales y trágico por la evaluación que de ello haría el pueblo de Chile. //ELF

El sentido común y la nueva Constitución

mayo 20, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ernesto Moreno

Doctor en Sociología

Es precisamente en la perspectiva de este desafío que debemos resaltar y compartir que los contenidos gruesos y fundamentales de lo que se ha conocido oficialmente como “Propuesta de borrador constitucional”, es un tremendo y esperanzador paso, como un marco que ayuda a encauzar las expectativas de la inmensa mayoría de los chilenos de construir una sociedad más justa, participativa y solidaria. Pudiendo tener más o menos reservas sobre lo obrado, no hay duda que subyace al conjunto de nuevas normas un relato que se aleja definitivamente del predominante en el texto jurídico anterior, cuya génesis se remonta al Gobierno de Pinochet, junto a la derecha política y económica.

Una nueva forma de Estado que deja atrás su distorsionado rol subsidiario, una democracia representativa y participativa, un Estado plurinacional y laico, una mayor regionalización, el reconocimiento de los pueblos originarios y los componentes centrales de la parte dogmático-doctrinaria, entre otros, son ilustración de ello.

Se llega al fin de una etapa en el difícil pero fascinante camino recorrido por la Convención Constitucional, cuya meta es la redacción de nuestro nuevo “Contrato Social”.

Durante un tiempo no despreciable de este proceso, y más allá de las legítimas dudas y controversias, el país ha estado saturado de reportes distorsionados, aseveraciones fuera de contexto y versiones reñidas con la verdad, lo que ha dado lugar a una fatídica fórmula, según la cual, a mayor cantidad de información tergiversada y dispersa, mayor desatención y falta de reflexión serena acerca de lo que formal y realmente ha sido aprobado por el plenario de dicho organismo.

Sectores por todos conocidos, han logrado difundir e instalar una versión de “lo que va a ser” la nueva Carta constitucional, lo que, digámoslo con franqueza, ha terminado erosionando y degradando a lo largo del país, de manera desproporcionada, su verdadero contenido.

En medio de esta controversia, el llamado “sentido común” ha pasado a ser un componente fundamental en la argumentación de muchos de los opositores al trabajo constituyente. Su tesis es que toda Constitución tiene que representar, por sobre todo, el sentido común y, por el contrario, la que no cumpla con este requisito, que sería el caso del nuevo proyecto, deviene en un documento excluyente y deficiente. Todo ello, bajo el entendido de que para estos interpeladores, y tal cual lo expresa la antropóloga Kate Crehan, el sentido común es en sí mismo una verdad, sin complicaciones para comprender y que no exige ni requiere pruebas o evidencias para su aceptación.

Sin embargo, la cuestión es algo más compleja y debatible. Es así como, desde la filosofía griega hasta nuestros tiempos, el sentido común ha tenido diferentes aplicaciones y significados. Baste recordar que Aristóteles lo asociaba con un sexto sentido que le daba una suerte de estructuración a los otros cinco y, además, era clave para comprender el mundo.

Más contemporáneamente, el sociólogo Alfred Schütz, inspirado en Husserl, apunta a cierta espontaneidad cognitiva, a partir de la experiencia, la que permite que las personas adquieran diferentes conductas y actitudes para desenvolverse en la vida cotidiana.

Lo cierto es que el sentido común ha sido y es diverso, suele ser manipulado, muta con el tiempo y pueden coexistir diferentes expresiones de él, lo que lo vincula necesariamente a las inevitables y a veces necesarias controversias acerca de los modelos de sociedad y sus respectivos fundamentos valórico-ideológicos.

De aquí que el sentido común, más que una especie de argumentación y/o creencia que no requiere discusión por su obviedad, siempre implica, de una u otra forma, concepciones y visiones acerca de cómo se cree que debe funcionar la sociedad y el mundo. Si logras socializar, convencer o imponer esta o aquella opción del sentido común en la mayoría de los ciudadanos, entonces fortaleces y/o adquieres un mayor poder político. En este sentido, toda democracia, que siempre debe aspirar a la mayor legitimidad de quienes gobiernan, requiere de una cierta concordancia y entendimiento (no consenso) en torno al sentido común, el que debe ser elaborado con significativa participación ciudadana.

En la sociedad chilena de las últimas dos décadas, se terminó por plasmar y desplegar, a través de diferentes instancias, algún tipo de sentido común, una de cuyas expresiones o sentencias más clásica era aquella que daba como “natural” que, si no te iba bien dentro del sistema económico-social imperante, era porque eras un flojo o evidenciabas una cierta ineptitud que no te permitía acceder a los múltiples beneficios que ofrecía dicho sistema. La sociedad y sus diferentes instancias nada tendrían que decir o hacer al respecto.

Esta versión y creencia en relación con el sentido común, junto a varias otras, particularmente la “obviedad” de que las relaciones entre nosotros estaban orientadas por el individualismo, la competitividad a cualquier costo, la necesidad del crecimiento económico sin mayores condiciones y la sacralización de la propiedad privada, se amalgamaron y dieron lugar a un marco cultural cuya hegemonía ha funcionado y se ha desplegado muy diestramente, convirtiéndose en uno de los pivotes más férreos del neoliberalismo y de las tendencias restauradoras últimamente emergentes en nuestro país.

Dado que, tal cual lo hemos sostenido en diferentes publicaciones desde hace ya un buen tiempo, la deseada transformación de la sociedad chilena requiere y exige también un cambio cultural, surge como imprescindible crear y socializar comunitariamente un nuevo sentido común que lleve a proyectar un futuro cualitativamente distinto a la realidad actual.

Pudiendo tener más o menos reservas sobre lo obrado, no hay duda que subyace al conjunto de nuevas normas un relato que se aleja definitivamente del predominante en el texto jurídico anterior, cuya génesis se remonta al Gobierno de Pinochet, junto a la derecha política y económica. Una nueva forma de Estado que deja atrás su distorsionado rol subsidiario, una democracia representativa y participativa, un Estado plurinacional y laico, una mayor regionalización, el reconocimiento de los pueblos originarios y los componentes centrales de la parte dogmático-doctrinaria, entre otros, son ilustración de ello.

Se trata de un relato que nos dice que ya no se puede seguir esperando hasta que “las condiciones lo hagan viable”, a la vez que se aleja de los anuncios apocalípticos frente a cualquier intento de cambio social y cultural. Es un relato que, a pesar de los pesares y sin olvidar que la nueva Constitución es una obra humana, expresa un encuentro intergeneracional, es una invitación a construir horizontes de esperanza, haciendo sentirse a cada chileno como un protagonista de este inédito hecho de nuestra historia.

La fuerza democrática de la Convención

marzo 17, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Rodolfo Fortunatti

Sociólogo DC

En el extremo, la obsesión fantasiosa, conspirativa y autodestructiva por la inercia. Y ya en el abismo, la banalización de la acción política por la depravación del lenguaje, el envilecimiento de la crítica, donde todos son expertos en todo, y la lógica ilógica del argumento «ad hominem»: estoy en desacuerdo con tus ideas, pero la cuestión de fondo es que no me gusta cómo eres.

Chile no puede quedar paralizado. Petrificado en el pasado de los últimos cincuenta años del que son también tributarios el ritmo y la velocidad que tomaron la democratización y el desarrollo que hemos vivido. El país no ha satisfecho las expectativas democráticas pendientes desde el golpe de Estado del ‘73. Sigue latente el sopor de un orden político semi-soberano, según Huneeus, o tutelado, en la visión de Felipe Portales, y nuestro sistema productivo no ha conseguido cruzar el umbral que lo separa de una economía avanzada.

Que Chile no se inmovilice es precisamente el desafío de la Convención Constitucional. No del gobierno de Boric. No la tarea del Congreso, sino del órgano constituyente. Es la Convención quien tiene la función de acomodar nuestra organización política a la tierra y el tiempo que compartimos, y hacerlo cuando el mundo se reajusta de un modo tan acelerado, que corremos el riesgo de percibirnos lentos, más bien ralentizados no obstante ser conmovidos por los inesperados beneficios de la guerra y la pandemia. Ahí están como muestra los inéditos 4,8 dólares por libra de cobre y el 12 por ciento de crecimiento del PIB.

Que Chile no se petrifique, como Pompeya, es el reto de la Convención, y lo está afrontando. Su mayor escollo es, sin embargo, el pesado y naturalizado hábito de mantener las cosas donde están, el miedo a moverlas, el fastidio de que se les cambie de lugar, o de que otros siquiera las toquen. En el extremo, la obsesión fantasiosa, conspirativa y autodestructiva por la inercia. Y ya en el abismo, la banalización de la acción política por la depravación del lenguaje, el envilecimiento de la crítica, donde todos son expertos en todo, y la lógica ilógica del argumento «ad hominem»: estoy en desacuerdo con tus ideas, pero la cuestión de fondo es que no me gusta cómo eres.

Los detractores del actual proceso constituyente han buscado desacreditar su trabajo, porque no pueden objetar sus contenidos pues todavía no existe un texto escrito.

La más grave de estas acusaciones la realizó el presidente del Servicio Electoral al cuestionar el origen democrático de la Convención, lo que fue refutado por los miembros del directorio.

Hoy se dice que la Convención está trabajando a matacaballo, deprisa o atropelladamente, e incluso de manera histérica e insensata, lo que justificaría prolongar por medio año el plazo de su mandato.

Seis meses más, sin embargo, no van a mejorar los actuales máximos consensos, permiten un periodo de penetración en la opinión pública a la sistemática campaña de menoscabo en que está empeñada la prensa y la televisión de derechas.

Hoy, la inmensa mayoría de quienes tienen claro su voto aprobará el texto constitucional que está preparando la Convención, y es improbable que esta actitud cambie de ahora al mes de agosto, que es la fecha de realización del plebiscito de salida, incluso mediando una fuerte propaganda de desprestigio. Se necesitan más días para que los mensajes maduren y prendan.

La encuesta Barómetro del Trabajo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, junto con MORI, de febrero recién pasado, comprobó que el 36 por ciento votaría por el apruebo y sólo un 17 por ciento por el rechazo. Esto significa un triunfo por un 67 por ciento, o sea, dos tercios.

No obstante, alrededor de siete millones de electores, el 47 por ciento de quienes deberían concurrir al plebiscito, no tiene resuelto qué hacer, y, naturalmente, sería permeable a la publicidad engañosa.

La reciente encuesta Data Influye confirmó que el 45 por ciento de la población se inclina por aprobarla, mientras el 31 por ciento está por rechazar y el 24 por ciento se declara indeciso. Asimismo, el 29 por ciento cree que el texto será visado por amplio margen y el 22 por ciento que lo hará estrechamente, cifras que disminuyen al 12 y el 7 por ciento, respectivamente, en cuanto al rechazo.

Las cosas no pueden quedar atrapadas en el tiempo. Nosotros mismos no podemos dejarnos fosilizar por esta erupción de atavismos y miedos. El máximo consenso posible con que hoy se busca condicionar la legitimidad del trabajo de la Convención, no es algo por garantizar y que deba tutelar el gobierno, el parlamento o los jueces. Si acaso está al alcance de los partidos políticos hacerlo cuando se arriba a la coronación del debate constitucional.

El máximo de acuerdo está fijado por la regla de los dos tercios que operó como cepo desde los años ochenta. La fórmula del candado institucional, del quórum del 67 por ciento, difícil de lograr, fue impuesta durante la dictadura y rehabilitada a instancias del expresidente de la UDI, Pablo Longueira, como moneda de cambio para destrabar las negociaciones y darle curso al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

El máximo consenso posible de los dos tercios fue, asimismo, resistido por el Partido Comunista, que, dadas sus reiteradas derrotas en el seno de la Convención, sugirió que la norma pudiera ser enmendada por el nuevo parlamento que creía afín. Pero no fue factible y, así acabó resignándose a ella, y ha sido en virtud de ella que ese mismo partido ha podido frenar la fragmentación político-administrativa del país y la desarticulación de la organización sindical que acarrearía consigo. Ese máximo consenso sigue prevaleciendo para garantizar el respeto de los tratados internacionales, el régimen democrático y republicano, y los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Precisamente por todo esto la Convención es poder instituido y no poder constituyente.

No debiera excitar pasiones flamencas, el cambio de la estructura y composición del Congreso, la mayor autonomía de las regiones o la nacionalización del cobre, el litio y el oro, pues no hay nadie aquí apostando la vida a una carta. Hace cincuenta años, cuando algunos de nuestros políticos recién comenzaban a caminar, en Chile ya se discutía públicamente la propuesta de cámara única, que, en las democracias parlamentarias, forman nada menos que el gobierno, algo que nunca ha tenido lugar en nuestra historia.

Luego, por primera vez en sesenta años, desde que escuchamos la voz técnica, está asomando una genuina descentralización y desconcentración, pero no acaba de nacer y es motejada de federalismo y secesionismo ―como aquel calificativo según el cual lo de La Araucanía es invasión de un país por otro país―, un soberano disparate. Y así también son las reacciones cáusticas que suscita la protección del patrimonio material de Chile. Nada extraño para el Congreso de la Democracia Cristiana, donde se ha defendido que el cobre, el litio, el cobalto y las tierras raras debían ser de nuestro país y, por lo tanto, administrados por el Estado, revisando el accionar de CORFO y los contratos suscritos con países y empresas extranjeras.

No cabe imputarle a la Convención el propósito de copiar en el papel constitucional un boceto foráneo. Porque el único camino posible es la vía chilena. No hay votos para otra cosa. Incluso a contrapelo de quienes emulan sin consecuencias prácticas la Venezuela de Chávez, la Cuba de Fidel o la Rusia de Putin. Y si la distancia con Suecia y Canadá es geográfica, cultural y económica, es porque tampoco se pretenden sus estándares sin pasar por las propias etapas de nuestro desarrollo humano. Por eso, de todo punto de vista resulta peregrina la idea de un reprobatorio plan B, como si hubiera habido un aprobatorio plan A.

Desear una nueva Constitución no necesariamente entraña aprobar la que ofrezca la Convención, pero será ésta la que apruebe la mayoría de los quince millones de ciudadanos convocados a plebiscito. A la inversa, rechazar el texto de la Convención no necesariamente significa que éste sea malo. Puede ser un buen escrito, pero que una minoría de la ciudadanía rechace porque quiere seguir votando por la Constitución de 1980. Así y todo, nada será más dramático que seguir perfeccionando la Carta a lo largo de los años, como en el pasado. O volver a cambiarla.

Esto no es Pompeya, que quedó sepultada el año 79 bajo el flujo piroclástico del volcán Vesubio. //ELF

El otro protagonista del proceso constituyente

octubre 1, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ernesto Moreno

Sociólogo DC

A menos de treinta días del plebiscito, primer hito fundamental del proceso constituyente, el debate se intensifica y las posiciones comienzan a develarse, con algunas sorpresas gratas en favor del apruebo y otras definitivamente oportunistas que responden a una estrategia con cierto perfume maquiavélico (el fin justifica los medios).
En la génesis de este proceso, como ya ha sido debidamente analizado, se encuentra la crisis del sistema político (legitimidad) y una estructura del poder concentradora y abusiva.

Las implicancias de esto y sus ramificaciones derivaron en el movimiento social que en los próximos días cumplirá un año, el cual fue precedido por diferentes movilizaciones en la década anterior (Pingüinos el 2006; Movimiento Estudiantil por la Gratuidad el 2011; No Más AFP el 2016; Movimiento Feminista Universitario el 2018).

Se trata de una tensión social acumulada que alcanza su clímax en un gran movimiento contestatario que reivindica aspiraciones y derechos de la inmensa mayoría de los chilenos. Es la ciudadanía (el pueblo) que se instala como protagonista y principal “propietario” del proceso constituyente.

De este movimiento surge un mandato, con plena legitimidad democrática y popular, para transformar nuestra sociedad en diferentes ámbitos y dotar a los chilenos de plena dignidad.

Sin embargo, hay un componente del actual proceso constituyente, el que denominamos “el otro protagonista”, que es imprescindible abordar y que adquiere un carácter omnicomprensivo y de orientación central en las propuestas para el nuevo texto constitucional.

Se trata del marco valórico-cultural que debe iluminar e impregnar todo el armazón y estructura de la nueva constitución. Es el ethos que forma parte de la esencia del relato constituyente y que permite dilucidar el por qué y a partir de qué queremos relacionarnos entre nosotros y con la sociedad y cuáles son los elementos que definen el núcleo de nuestro destino vital que nos hace parte de una misma comunidad.

Su núcleo está compuesto por un conjunto de valores y/o principios, los que no solo son inherentes al espíritu de una democracia, sino que también participan de ellos los más variados humanismos.

Ellos son la Dignidad de las Personas, la Justicia Social, la Inclusión, el Bien Común, la Comunidad Reflexiva y Participativa y un Medio Ambiente Saludable y Protegido.

En consideración a esta matriz fundamental, cabe entonces preguntarse, ¿quiénes estamos por una nueva constitución redactada por los ciudadanos, ¿lo hacemos porque el gobierno del presidente Piñera ha fracasado rotundamente?, claramente no (aunque sin duda ha fracasado); ¿lo hacemos porque tenemos con la derecha diferencias ideológicas insalvables?, tampoco (aunque dichas diferencias existen); ¿lo hacemos porque creemos que una nueva constitución solucionará automáticamente los problemas, como nos reprochan algunos majaderos?, ciertamente no, en fin, ¿lo hacemos porque queremos aprovechar una eventual mayoría para “aplastar a una minoría?, evidentemente que no. Lo hacemos por mucho más que eso.

Lo hacemos porque la Dignidad de las Personas, nos mandata para asegurar que todos los chilenos alcancen en el curso de su vida umbrales necesarios para una vida plenamente humana en alimentación, salud, educación y recreación.

Lo hacemos porque la Justicia Social es el fundamento de un Estado social de derechos y nos mandata a que las relaciones capital-trabajo sean equilibradas, con negociaciones colectivas por rama y actividad, con un derecho a la huelga real y sin restricciones, con participación de los trabajadores en las empresas y cumpliendo, en los hechos, con el concepto de trabajo decente establecido por la OIT (donde un compatriota, Juan Somavía, fue uno de sus autores).

Lo hacemos porque la Inclusión nos mandata a consagrar un Estado plurinacional y pluricultural, en que todos tengan cabida y se ponga término a todo tipo de discriminación.

Lo hacemos porque el Bien Común nos mandata a que se reivindique la propiedad pública y el Estado pueda asumir el control total y/o una participación significativa de aquellas empresas que manejan los recursos naturales (agua, cobre y litio). El bien común de la sociedad política es el fin supremo del Estado, de donde los bienes económicos que produce la sociedad no pueden concentrarse en manos de unos pocos por lo que dicho Estado debe jugar un rol activo regulando el proceso económico que permita hablar de una sociedad político-céntrica y no económico-céntrica.

Lo hacemos porque el querer construir una Comunidad Participativa y Reflexiva nos mandata a establecer espacios e instancias participativas vinculantes a nivel comunal, regional y nacional, que ayuden a una reorganización del poder en la sociedad y que permitan encauzar las demandas y aportes de la ciudadanía en general y de los grupos de más baja productividad en particular.

Lo hacemos porque un Medio Ambiente Saludable y protegido nos mandata no solo a esperar la buena voluntad de las personas, sino a consagrar en el texto constitucional normas inequívocas que garanticen que las empresas, las más variadas industrias y tecnologías y los ciudadanos, respeten y cuiden el eco-sistema. La premisa capitalista de que hay que crecer, crecer y crecer, porque detrás se encuentra la felicidad humana, no solo ha resultado errada, sino que ha llevado a un extractivismo ilimitado y amoral, sin ninguna consideración con los costos ambientales de su funcionamiento, los que deben ser asumidos con gran impotencia por las respectivas localidades y sus habitantes.
Son estas convicciones y dicho marco valórico los que juegan un rol fundamental en nuestra opción por el Apruebo y le dan sentido a nuestra causa; son estas fuentes las que impulsan los anhelos de quienes aspiramos a una democracia integral, en su forma y en su espíritu.

Después de un par de décadas de logros importantes, pero en que lo más significativo estaba por hacerse, nuestro país y democracia se fue aletargando y pareció que nuestro espíritu y sentido de vida se asentó en supuestas bases seguras e incuestionables, sin dirigir la mirada hacia nuestras voces interiores y las de nuestra gente, entonces, y no podría ser de otra forma, vino la tempestad.

A solo días de este gran e inédito momento en la historia del país y en medio de esta latente y siempre amenazante tempestad, habrá que decir con Platón que, precisamente, “todo lo grande está en medio de la tempestad”.
Y lo grande, lo grandioso de este momento es, ni más ni menos, que ser coherentes con lo que el siempre vigente Maritain aseveraba: “la democracia es el régimen en el cual el Pueblo goza de su mayoría social y política, y la ejerce para decidir su destino”. //ELF

Sondeo constituyente En La Fontana: Tres ciudadanos y dirigentes políticos opinan sobre cómo anhelan una nueva constitución para Chile

septiembre 18, 2020 by Gabriel Angulo González Deja un comentario

En La Fontana realizamos un sondeo ciudadano a dirigentes políticos, ciudadanos, militantes de partidos, sociólogos, abogados, entre otros. Nos dirigimos a ellos, como medio de comunicación online, para conocer sus anhelos y expectativas respecto de lo que será la Nueva Constitución para Chile.

⛔En ese marco, realizamos un sondeo de tres preguntas- a modo encuesta- para saber la opinión de la ciudadanía respecto del plebiscito del 25 de octubre. Solo indicamos por su nombre a los consultados, sin mencionar cargo ni partido.

Por todo lo anterior, agradecemos En La Fontana la participación y opinión de cada uno de los lectores y seguidores de nuestro portal web, en este cuestionario de cara a lo que será un momento histórico en Chile.

⭕❔Estas son las preguntas que realizamos:

1. ¿Cuáles son los 3 temas más relevantes que deberían estar en la Nueva Constitución?

-Andrés Palma:

«El pleno reconocimiento de los Derechos Humanos, tal como los establece la Declaración Universal (…) Que los gobiernos sean de mayoría, lo que significa abandonar el presidencialismo e ir a un sistema parlamentario, y el centralismo por un orden descentralizado (…) Y que exista subordinación de todas las instancias del Estado al poder ciudadano».

-Sixto Carrasco:

«Más que tres temas específicos, diría que es relevante el enfoque desde el cual dichos temas se aborden, si miramos las encuestas de opinión pública pensiones, salud y educación, están en la lista de los temas de mayor preocupación de los Chilenos, empleo, pobreza y salarios le siguen, en tanto que medio ambiente, inmigración y pueblos originales están bastante más atrás. Quiero esto decir, que ese debiera ser necesariamente el orden de prelación, definitivamente no», dice.

Y añade: «El punto es cuál es el enfoque con que dichos temas sean abordados; el enfoque de los Derechos Humanos, en decir, respetar, garantizar, proteger y promover, resulta propicio y un enfoque que puede generar una amplia convergencia. No se trata por tanto de asegurar el “acceso” a la salud, se trata del Derecho a la Salud. La Nueva Constitución debe por tanto respetar, garantizar, proteger y promover pensiones, salud y educación, pero también debe abordar los temas de medio ambiente, pueblos originarios y migraciones desde el marco ético de los Derechos Humanos».

-Gabriela Flores:

«Primero, debe garantizar los derechos sociales salud, educación, trabajo, vivienda sin dejar espacio a una provisión mercantilizada, permitida por el carácter subsidiario del Estado en esta carta magna, como lo es en la actualidad. Este ámbito es de suma importancia ya que determina la actual falta de acceso y oportunidad a una salud digna y de calidad y el derecho a un trabajo digno, siendo también este último sector enormemente perjudicado con la actual carta magna, donde se jibariza la labor Sindical, se impide la negociación por ramas y el derecho a huelga de funcionarios públicos. Además de permitir la precarización extrema del vínculo laboral», dice.

Agrega: «Segundo: La actual constitución solo protege el derecho a vivir en un ambiente sin contaminacion, sin proteger los recursos naturales en si mismos, ni los ecosistemas ni la sustentabilidad que deben tener para futuras generaciones, ya que su ámbito está reducido solo al beneficio inmediato para la vida humana. Esto posibilita una precaria regulación sobre el uso y abuso de estos recursos, que actualmente no pueden ser declarados bienes de uso público».

Y por último: «Tercero: la necesidad de establecer a Chile como un Estado diverso y plurinacional con el reconocimiento a la autodeterminación de las etnias y los pueblos originarios. La actual constitución no menciona ni una sola vez a los pueblos indígenas, omisión estructural que ha generado uno de los mayores conflictos sociales del país».

2. ¿Cuál es el rol que debería jugar el Estado chileno, en estos tres temas señalados?

-Andrés Palma:

«El Estado debe ser promotor de los Derechos Humanos».

-Gabriela Flores:

«El rol actual del Estado en la Constitución se restringe a la subsidiariedad por lo que pierde su rol protagónico en la validación de los derechos de las personas, poniéndose al servicio de los privados antes que de las y los chilenos. Por esta razón, el país requiere que el Estado asuma constitucionalmente su rol real de garante de derechos para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria».

-Sixto Carrasco:

«Una Nueva Constitución de origen democrático y con un alto nivel de legitimidad, es el espacio propicio para debatir un nuevo rol del estado, la actual Constitución de inspiración neoliberal, otorga al Estado un rol mínimo, subsidiario, regulador y muchas veces meramente indicativo, con un claro predominio del mercado. Desde una concepción de Derechos, deberíamos aspirar a un rol del Estado más activo, promotor, articulador y capaz de garantizar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y esto desde luego significa una modificación en su rol en la economía, en particular en sectores estratégicos y los bienes públicos. Para desarrollar este rol, por cierto, se requiere una reforma global al Estado y su aparato administrativo».

3. ¿Cuáles son los 3 temas que rescataría de la Constitución del 80′ y de qué manera se deberían incluir?

-Andrés Palma:

«Yo mantendría lo que es el recurso de protección. También la iniciativa exclusiva del gobierno en materias económicas o que impacten las finanzas públicas, ya que es el responsable de la gestión económica. Y no se me ocurre una tercera».

-Gabriela Flores:

«Chile debe redactar una nueva Constitución, nacida en democracia y desde la voluntad del pueblo, eso será lo fundamental. En este proceso puede haber o no algunos puntos, conectados con regulaciones internacionales que eventualmente coincidan con la actual carta. Sin embargo, eso se determinará más adelante en un proceso democrático y legítimo».

-Sixto Carrasco:

«Es necesario hacer algunas precisiones, la Constitución del 80”, tiene un origen antidemocrático, una inspiración neoliberal, nació al final de la Guerra Fría y está anclada en el siglo pasado. La Nueva Constitución por su parte debe reflejar un Nuevo Pacto Social y Político, inspirándose en los Derechos Humanos y las tradiciones del Humanismo Democrático, es una Nueva constitución que debe mirar las próximas décadas del presente siglo. De todas maneras, en temas específicos rescato la autonomía del banco Central». //ELF

La obvia e irresponsable estrategia de la derecha frente al proceso constituyente

septiembre 9, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ernesto Moreno Beauchemin

Sociólogo DC

Pareciera no haber dos opiniones en la mayoría del país acerca de que este es un gobierno fracasado. Esto, ya se vislumbra en el transcurso de su primer año de gestión, en que van surgiendo indicadores inequívocos de cómo las diferentes promesas de campaña del entonces candidato Piñera y su coalición política denominada Chile Vamos, se van cayendo estrepitosamente: crecimiento, empleo, distribución del ingreso más equitativa, seguridad ciudadana, mejor medio ambiente, sistema previsional reformado, etc.

El movimiento social de octubre del 2019 y la presencia del Coronavirus, dejan al descubierto un gobierno aferrado a su ideología y caracterizado por una gestión llena de impericias, con desconocimiento de la realidad social, con acciones tardías e insuficientes y dotado de un dogmatismo e incapacidad para entender y adentrarse en lo sustancial de lo que vive la sociedad chilena.

El estallido ciudadano está importantemente vinculado a una falta de voluntad política para llevar a cabo las transformaciones que el modelo de desarrollo imperante demandaba, lo que fue generando un acumulativo proceso de injusticia social, exclusiones y abusos que derivaron en una severa tensión y posterior conflicto social. Sin embargo, no se puede soslayar que este movimiento va precedido por una ola de protestas a partir de comienzos del nuevo siglo, a la vez que hunde sus raíces en una Constitución “a la medida” para proteger y conservar una democracia bajo la égida de la Seguridad Nacional y llena de trampas y cebos destinados a obstruir cualquier intento de cambio.

Es así como, tal cual lo expresan los propios partidos políticos transversalmente, el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, es una respuesta a la crisis que vive el país, expresada en importantes y masivas movilizaciones de la ciudadanía.

Con el correr de los meses y enfrentado al próximo plebiscito, las fuerzas gubernamentales y los partidos políticos que conforman Chile Vamos, comienzan a ver con especial temor los resultados del plebiscito, así como la posterior redacción de una nueva Constitución de manos de la ciudadanía, al ganar no solamente la opción Apruebo, sino que también el procedimiento de la Convención Constitucional.

¿Cómo «lee» la derecha a la oposición?

La derecha comienza a leer con mayor claridad algo que la oposición no ha socializado suficientemente entre los electores, esto es, que estamos frente a un momento y oportunidad única después de largas décadas para desplazar y superar definitivamente el neo-liberalismo, junto a su andamiaje valórico-cultural que configura parte esencial de su núcleo ideológico (individualismo, mercantilización de la vida, neutralización del poder político, extractivismo, competencia, exclusión, consumismo).

Ante esta amenaza, se ha comenzado a desplegar una estrategia, tanto por parte de sectores del gobierno como de la coalición política oficialista, que apunta en dos direcciones:

La primera, consistente en una suerte de “modernismo gatopardista”, que se expresa en un discurso y actitud que declara su opción por el Apruebo, lo que va acompañado de propuestas y medidas de modificaciones para el futuro del país en diferentes ámbitos, que les permita posar de progresistas y abiertos (open mind), pero en que el objetivo real es mantener el statu-quo sin transformaciones realmente estructurales.

¿Derecha por el Apruebo?

Sobre la posibilidad de que muchos militantes de Chile Vamos o miembros del gobierno digan que van a votar por el Apruebo, de manera de mimetizar ante la opinión pública un eventual categórico triunfo de esta opción, parece algo sociológica y políticamente impresentable, al mismo tiempo que refleja un típico ejemplo de confundir lo que a uno le gustaría que las cosas fueran con lo que las cosas realmente son.

¿Es real la socialdemocracia de Lavin?

En relación con el giro político “progresista o socialdemócrata”, lo que se busca es conquistar un contingente importante de votantes para su principal y gran objetivo: elegir al menos un tercio de los miembros de la Convención Constitucional.

Es aquí donde emerge la sombra inquietante y la lógica perversa del ex sistema binominal que, para estos efectos, implica que, una vez obtenido un tercio de los miembros de la Convención Constitucional, estos se encapsulen y actúen con una no disimulada intención de obstruir, vetar y/o transar aspectos esenciales de los nuevos contenidos constitucionales que el otro porcentaje de constituyentes quiere plasmar en dicho texto. Contenidos estos últimos que, por lo demás seguramente formarán parte de los condicionantes básicos para las transformaciones imprescindibles en el país.

Los casos recientes más paradigmáticos de esta estrategia, sin duda corresponden a los políticos largamente conocidos Joaquín Lavín y Pablo Longueira. El caso del primero y su capacidad infinita de mimetización, ya ha sido comentada e hilarizada suficientemente en diversos medios y análisis. En relación con Pablo Longueira, pareciera que se hubiera tomado una pócima “de última generación” que lo hizo dormitar largamente y ahora emerge hablando con un lenguaje y categorías definitivamente trasnochadas y provisto de una altanería sorprendente (y me imagino irritante para gran parte de la derecha). “Comunica” que quiere ser presidente de la UDI, “comunica” que quiere ser constituyente y, al borde del paroxismo auto referente, expresa: “he sido el político más honesto de Chile” (¿no será un poquito mucho?).

¿Ningunear el plebiscito?

La segunda línea estratégica está dirigida a deslegitimar, ningunear o derechamente no realizar el plebiscito. Se argumenta por parte de representantes de la derecha que, en el caso de haber una baja participación, el proceso carecería de representatividad y su validez se pondría en cuestión. Es curioso que ellos hayan ya olvidado que en la elección del actual presidente Piñera votó solo el 46% del padrón electoral y nunca escuché de parte de ellos decir que dicha elección fuera ilegítima. Para su tranquilidad, habrá que decirles que toda la información disponible de encuetas y mediciones, apuntan a una concurrencia por sobre el 50%.Agreguemos que, el creer que la ciudadanía no va a concurrir a las urnas el 25 de octubre, es otro indicador de cómo ciertos grupos no han entendido aún el alcance y las implicancias de la gestación de este histórico evento.

Complementa la segunda estrategia de la derecha política, el asumir una especial preocupación por lo poco conveniente que será llevar a cabo el plebiscito en medio de una pandemia, lo que lleva la no disimulada intención de abogar por su suspensión. Nuevamente las contradicciones de esta posición son evidentes, no solo por provenir de quienes sistemáticamente pusieron la economía por sobre la salud de las personas, sino también porque es precisamente su gobierno el que ha tenido la responsabilidad de haber enfrentado la pandemia, debiendo esperarse que, después de siete meses, el país estuviese en otra situación al respecto. Además, hay experiencia internacional probada y exitosa que permiten tomar medidas para la realización segura de estos actos en medio del Coronavirus.
Pero, sin duda que el error más severo de la estrategia derechista, lindando con la irresponsabilidad democrática, consiste en su incapacidad para comprender e internalizar la profundidad y el sentido del proceso constituyente.

La génesis de éste da cuenta de la evidente incapacidad que fue mostrando nuestra sociedad para dar respuesta a las necesidades más sentidas por la gente, lo que fue acompañado por el quiebre de las identidades políticas, particularmente de las organizaciones partidarias. Es precisamente como consecuencia de esta realidad que se abrió un espacio para que el movimiento de octubre asumiera el rol de “vocero” ciudadano y a través de discursos, símbolos, emblemas y consignas, haya presionado sobre las elites de poder para la satisfacción de numerosas y diversas demandas.

¿Legitimidad garantizada?

El proceso constituyente cuenta así con una legitimidad democrático-popular, a partir de una de las expresiones más notables de la voluntad soberana después de muchas décadas. Es el salto cualitativo desde el poder monitoreado por el mercado y la racionalidad instrumental hacia el poder ejercido por los propios ciudadanos autoconvocados.
Estamos en presencia de mecanismos y contenidos forjados por la mayoría de los chilenos que, a modo de una afiatada sintonía, quieren construir nuevas confianzas recíprocas, pero con la audacia y coraje necesarios para transformar un país injusto.

Intentar despojar y/o frustrar esta conquista inmensamente mayoritaria, es irresponsable e implica una afrenta a nuestro futuro democrático.//ELF