En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Urgencia de resolver brechas en la industria del hidrógeno verde

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Por Andrés Palma

Economista (DC), miembro del Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible

Recientemente, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, casi por unanimidad, un proyecto de acuerdo presentado por la diputada Javiera Morales (CS, por Magallanes) en que “solicita a S. E. el Presidente de la República considerar en la Estrategia Nacional y en el Plan de Acción de Hidrógeno Verde medidas ambientales, de ordenamiento territorial, mejoras regulatorias y tributarias para que las Regiones de Magallanes y Antofagasta sean las primeras regiones verdes de Chile”.

En el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible consideramos que los temas planteados en el proyecto de acuerdo son de la mayor importancia para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, pero no solo para dicha industria, sino también para el desarrollo armónico de las industrias en todo el territorio.

Si bien la realidad de Magallanes y de Antofagasta (y Atacama) no son homologables desde la perspectiva de la industria del hidrógeno verde, hay puntos comunes de gran importancia. El principal de ellos consiste en que no existe línea de base ni Evaluación Ambiental Estratégica, cuyo reglamento data del año 2015, pero –según la información disponible– no se ha llevado a efecto por los Gobiernos Regionales, como tampoco los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).

El acuerdo de la Cámara explicita que “es urgente avanzar en la elaboración del ‘Plan Regional de Ordenamiento Territorial’ y un ‘Plan Regulador Intercomunal’ de la Región de Magallanes, y de las demás regiones que alberguen esta industria, que contemplen las áreas aptas y óptimas para la instalación de la industria, respetando los Parques Nacionales, Áreas Protegidas y demás aspectos ambientales que abundan en la Región. Dichos planes, que se deben someter a Evaluación Ambiental Estratégica, deben avanzar en planificación territorial, indicando los lugares más adecuados para instalar las desaladoras y puertos que requiere la industria”.

La importancia de lo anterior fue ratificada por la diputada Morales en reunión con el Foro, al señalar que “ya hay varias empresas que están arrendando terrenos para instalar en el futuro centrales eólicas, infraestructura para producir hidrógeno, que incluye plantas desaladoras, y puertos” y que ya se puede dibujar en el mapa de Magallanes la estructura de arriendos por empresas interesadas en el desarrollo de proyectos de hidrógeno. Otro tanto ocurre ya en Antofagasta, con la diferencia de que en el norte son concesiones de terrenos fiscales y, eventualmente, se podría planificar un ordenamiento por esa vía, en tanto que en Magallanes son arriendos sobre propiedades privadas.

En Magallanes, al no existir un PROT ni haber estudios sobre las migraciones de las aves o sobre las corrientes marinas en el estrecho, es muy difícil pensar que antes de tres o cuatro años puedan iniciarse procesos de inversión. Ello otorga tiempo para resolver cuestiones críticas, como el problema migratorio y posmigratorio, que se relaciona con la gran cantidad de técnicos que llegarían a Magallanes con motivo de las construcciones de las plantas, la relación con el abastecimiento de energía a la comunidad magallánica que hoy día recibe el gas natural, y el tema de los encadenamientos productivos, que resulta fundamental si queremos que el desarrollo de esta industria, en el sur y en el norte, no se limite a ser una fuente de recursos financieros, sino también una generadora de empleos de calidad y de iniciativas que complejicen y diversifiquen la estructura productiva del país.

Por otra parte, el estudio contratado por Corfo el año 2019 señaló la existencia de numerosas brechas institucionales y de mercado para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. De acuerdo con dicho informe (Informe Final Mercado de Hidrógeno Verde en Chile), las principales brechas transversales se refieren a la falta de información para lograr el entendimiento del potencial del H2V como vector energético, carencia de capital humano capacitado en H2V y falta de regulación específica y de mecanismos de certificación, a lo que se suman los desafíos técnicos sectoriales para la aplicación del hidrógeno y los problemas de financiamiento de una industria con alto potencial pero incipiente desarrollo. El examen detenido de estas brechas nos revela que, salvo en cuanto al conocimiento del potencial del hidrógeno, entre 2019 y 2023 es poco lo que se ha avanzado, pese a los esfuerzos de Corfo.

Se suma a lo anterior el que los combustibles fósiles, en especial el diésel, siguen siendo subsidiados mediante diversos mecanismos, lo que no facilita la transformación de la matriz energética hacia el uso de fuentes limpias, en particular el H2V.

Las necesarias medidas “ambientales, de ordenamiento territorial, mejoras regulatorias y tributarias” que solicita el acuerdo parlamentario son urgentes para colocar a Chile a la vanguardia de la industria del hidrógeno verde, para hacer verdes las regiones de Magallanes y Antofagasta, pero no solo para esas regiones.

Los estudios internacionales han señalado que el pasado 1 de agosto el planeta consumió la totalidad de los recursos que la naturaleza aporta en un año; es decir, estamos consumiendo 1,7 veces lo que la Tierra es capaz de producir en un año. Esos antecedentes nos refuerzan respecto de la urgencia de avanzar en el camino de reemplazar fuentes contaminantes por fuentes limpias, como el H2V.

Esto es aún más apremiante en nuestro país, ya que nuestro consumo de la naturaleza es mayor que el del conjunto del planeta. Si la Tierra consume 1,7 veces el producto de la naturaleza, los chilenos lo hacemos 2,7 veces. En otras palabras, ya el 15 de mayo consumimos el producto que genera nuestra naturaleza en un año. Ciertamente, hay otras emergencias coyunturales, como los efectos de los temporales que hemos sufrido, pero hay que tomar conciencia de que ellas se producen porque no damos sentido de urgencia al cambio necesario para que dejen de ocurrir. //ELF

No son treinta años son treinta pesos

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Por Andrés Palma

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Hay distintas maneras de medir los “pesos” y de valorar los “años”, habitualmente se mide más con la emoción que con la razón. Así se hace la política y se estructura la sociedad.

Este martes se cumplieron 33 años desde el triunfo del NO en el plebiscito convocado por la dictadura cívico-militar que rigió en Chile desde 1973 hasta 1990, para ratificar o no, la continuidad del mando de su líder, Pinochet, por ocho años más.

Hace tres años, con motivo del 30 aniversario de ese momento decisivo para nuestra patria, convocamos a un acto público en Santiago. La convocatoria resultó masiva, pero el proceso de convocar fue dificultoso, unos queríamos celebrar y otros solamente conmemorar.

La discusión no era semántica, sino tenía un trasfondo de gran profundidad, tal como se reflejó en el acto mismo y, con mucha mayor energía en los acontecimientos que el país vivió a partir del octubre siguiente. El tema era si los treinta años siguientes al plebiscito habían sido positivos para el país o si habían sido frustrantes.

Tal vez, si analizamos con un intento de objetividad, ambas posiciones tienen razón, pero una de ellas niega la otra.

Me explico, se puede afirmar que los treinta años transcurridos desde el fin de la dictadura han sido positivos para el país, lo que se refleja en múltiples indicadores políticos, sociales y económicos, pero al mismo tiempo reconocer que simultáneamente hay cosas que no se hicieron y que se cometieron errores.

Pero si afirmo, apelando a las frustraciones, que “no son 30 pesos son 30 años”, estoy negando los avances e, implícitamente, asimilando la democracia a la dictadura, lo que no es real.

Porque no es lo mismo que todas las autoridades nacionales, locales y regionales sean designadas por un autócrata, que poder elegirlas.

No es lo mismo privilegiar con impunidad y cargos públicos a los violadores de derechos humanos, que someterlos a juicio y encarcelarlos.

Porque hay una ley de medio ambiente y una legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas, cuando antes no las había.

Porque la pobreza se redujo de ser la condición de vida de más de un 60% de las familias a menos de una sexta parte, antes de la crisis de la pandemia.

También es un cambio que hermanos de otros países de América quieran venir a nuestro país, cuando en la dictadura éramos nosotros los que emigrábamos.

Pero, al mismo tiempo hay grandes frustraciones, algunas que tienen explicación en las expectativas no cumplidas, y otras que son producto de los mismos avances.

Las pensiones entregadas por un sistema que concentra la riqueza, las AFP, no corresponden a lo prometido y los cambios en el sistema no han sido suficientes para resolverlo.

El acceso, inimaginable en su volumen, a la educación superior no tiene relación con los limitados campos ocupacionales ni con las expectativas de mejoras de remuneraciones.

Aunque ya no hay que llevar sábanas para hospitalizarse, no se resuelven las listas de espera y sigue habiendo proporcionalmente más recursos para la salud privada que para la pública.

Puede que no se haya cambiado lo suficiente, porque sigue existiendo más de un país en este mismo territorio, un país en que muchos se acostumbraron a la segregación y a no respetar al otro. En que sigue siendo mejor saltarse la fila acudiendo a un amigo, adelantar por la berma en la carretera o no pagando el pasaje de la locomoción colectiva, porque hay gente que lo hace y le va bien, o no tiene sanción.

Entonces cabe la pregunta, ¿son 30 pesos o son 30 años?

De alguna manera son 30 pesos.

Son los pesos que acumulan los hiper ricos, aún en período de pandemia, pérdidas de empleo y recesión.

Son los pesos asociados a los casos Penta, Soquimich y Dominga. Y a las municipalidades de Coquimbo, Vitacura, San Ramón y varias otras.

Son el peso de los Milico gate y Paco gate, el abuso en el uso de recursos por un ex director de la PDI y los contratos de obra con los hermanos del exintendente.

Son los pesos que te cobran por atrasarte un día en tus pagos, asociados a amenazas de embargos y cárcel.

Son el peso de la arbitrariedad con que cualquiera se siente tratado por quienes detentan algún grado de autoridad, desde carabineros hasta jueces, pasando por periodistas y opinólogos.

Son el ser discriminado.

Son treinta pesos y no treinta años porque en muchos aspectos la alegría sí llegó, pero también son treinta años y no treinta pesos porque sigue siendo cierto el que “basta ya de abusos, es el tiempo de cambiar”.

Pero son treinta pesos porque, a fin de cuentas, hay democracia, y la democracia es el espacio para el cambio permanente.

Y lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana.// ELF

Perspectivas económicas para las políticas públicas

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Por Andrés Palma

Exministro y economista del Foro Para el Desarrollo Justo y Sostenible

En estos días se están discutiendo dos proyectos de gran impacto macroeconómico: La ley de Presupuestos del Sector Público, y un cuarto retiro de fondos previsionales administrados por las AFP y las Compañías de Seguros de Vida.

La ley de Presupuestos del Sector Público es la que define la gestión del gobierno para el año siguiente a su promulgación, por eso dura desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Define la gestión del gobierno porque establece la estimación de ingresos que tendrá el sector público en el año siguiente, cuestión que no puede ser modificada durante la discusión del proyecto de ley, lo que significa en la práctica hacer un “acto de fe” al respecto, y fija el límite o la autorización máxima de gasto que el gobierno puede realizar en ese año.

El parlamento la discute, en la Comisión Mixta de Presupuestos integrada por 13 integrantes de cada Cámara, durante 60 días y el gobierno debe presentarla, a más tardar el 30 de septiembre, lo que este año hizo unos días antes de esa fecha. Por su parte, si el parlamento no despacha la ley en la fecha correspondiente, rige íntegramente el Proyecto de Ley enviado por el Presidente, por lo que el parlamento tendrá siempre el incentivo para despacharlo en el plazo.

Es importante destacar que la iniciativa de gasto radica exclusivamente en el Presidente de la República, por lo que las y los parlamentarios solo pueden reducir gastos y fijar condiciones para su ejecución.

En el proyecto en tramitación, el Gobierno ya ha propuesto una reducción significativa respecto a la ejecución presupuestaria de este año, un 27%, que según señala, corresponde al retiro de lo que se ha gastado en ayudas con motivo de la pandemia. Desde el punto de vista del presupuesto, esto corresponde a una normalización, pero desde el punto de vista macroeconómico significa el fin del estímulo reactivador.

Políticamente esto representa una situación crítica para el próximo gobierno, que se verá limitado para acoger las demandas ciudadanas en el momento relevante de su instalación y estará obligado a presentar una modificación a la Ley para poder atenderlas, pero en un contexto en que, dado el presupuesto propuesto por el gobierno, los primeros meses del nuevo gobierno, y mientras no se modifique la Ley, serán restrictivos

Para la macroeconomía, el que simultáneamente, el Banco Central, esté subiendo la tasa de interés, lo que también representa el fin del estímulo reactivador, significa que el conjunto de las políticas fiscal y monetaria impactan la demanda agregada de manera negativa, afectando el Consumo y la Inversión.

Pero, como por otra parte se estima que el precio del cobre se mantendrá alto, lo que hará que los ingresos del Fisco y de las exportaciones se mantendrán altos, y la Inversión Extranjera Directa está creciendo, pese a que el efecto de la ley de presupuestos será recesivo, se prevé una dinámica global positiva, por lo que se estima que la economía crecerá un 2% el próximo año.

Por su parte, el cuarto retiro de fondos previsionales administrados por las AFP y las Compañías de Seguros de Vida, si se aprueba, tendrá efectos menores que los retiros anteriores, tanto en volumen de recursos retirados como en su impacto en el gasto agregado.

El volumen de retiros será menor, porque hay mucho menos personas que pueden efectuarlos, pero los que pueden hacer retiros son personas que tuvieron o tienen altos ingresos y fondos, por lo que igualmente será alto. Como son personas que, en un número importante, no necesitan los recursos, el retiro se realiza para evitar el pago de impuestos en el futuro y serán reinvertidos en el mismo sistema (efecto Sichel), por lo que su impacto en la demanda agregada, y la inflación, será menor.

Será aún menor si se aprueba que estén afectos al Impuesto Global Complementario y si se excluye los retiros desde las Compañías de Seguros de Rentas Vitalicias, por lo que ello sería deseable, además de que, en lo tributario, justo.

Pero los retiros acumulados, y el cuarto según se apruebe, tienen impactos importantes en el sistema de pensiones, lo que es obvio, y en el Ahorro Nacional, lo que no se explicita mucho.

Los fondos retirados del sistema previsional, y no reinvertidos, como lo fueron la mayoría en los primeros tres retiros, motivados por la urgencia alimentaria y de habitabilidad ante la ausencia de un apoyo efectivo del Gobierno (no hay que olvidar que hasta ahora el mayor esfuerzo ha provenido de los ahorros personales), significan una disminución del Ahorro Nacional, y ello redunda en un mayor interés, que afecta los créditos y las deudas, disminuyendo el consumo de las familias, y al afectar los hipotecarios de largo plazo, también el acceso a la vivienda.

Las perspectivas para las políticas públicas y la urgente solución de los problemas sociales no son halagüeñas. La herencia del gobierno será la peor desde el retorno a la democracia, comparable a la que entregó la Dictadura. Inexplicable incompetencia.//ELF

El voto: ¿Derecho o deber?

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Por Andrés Palma

Economista DC y de Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Se vuelve a legislar la obligatoriedad del voto, es un compromiso con la igualdad, pero si no hay sanción, ¿será obligatorio?

En 2013 se aplicó por primera vez el voto voluntario y la inscripción automática. Ya en esa fecha fue posible medir su impacto en la composición del universo electoral.

Un informe del Estudio de Valores Sociales de la USACH nos dijo que, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines del 2013, la participación electoral fue muy diferenciada en función de, principalmente, dos variables: Edad y Nivel Socioeconómico. El informe señalaba que a mayor edad hubo mayor participación electoral, es decir los mayores votaron en mayor proporción que los más jóvenes, y a mayor nivel socioeconómico hubo mayor participación electoral, es decir los más ricos y educados votaron en una proporción mayor que los más pobres y con menor nivel de educación.

El mismo Estudio preguntó por la auto calificación en la escala social, y casi un 90% de los que se autodefinían como clase alta o media alta votaron en esa elección, cuando la participación global alcanzó a solo un 52% del padrón.

Un nivel de participación bajo en si no tendría por qué ser un problema. Muchos estudios dicen que hay sociedades desarrolladas y no tan desarrolladas en que la participación es baja. Pero es un problema si la participación electoral es segregada, como demostró el Estudio de Valores Sociales.

Posteriormente se modificó el sistema electoral instaurado por la dictadura por uno que permitiera una representación más amplia y que hiciera más igualitaria la representación, con el objeto de mejorar la participación, ya que con el sistema que prevalecía el voto de una persona en Maipú valía menos de la mitad que el voto de una persona en Melipilla, y menos de la cuarta parte que en Vallenar. Pero el problema de la baja participación se mantuvo, y se mantuvo la diferencia por edad y por nivel socioeconómico.

La expectativa del cambio constitucional elevó la participación en el plebiscito, y se modificó la legislación para que los independientes pudieran constituir listas con mayor facilidad, para incentivar la participación, pero esta cayó nuevamente papa la elección múltiple de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes, y se mantuvo la diferencia por edades y niveles socioeconómicos.

No funciona bien una sociedad donde los ricos y calificados participan y los demás no lo hacen. Por eso tiene sentido el que el voto sea obligatorio y que, como en otros aspectos sociales relevantes como el pago de impuestos o el correcto comportamiento en las calles, haya una sanción al que no cumple.

Hoy día se legisla para reponer el voto obligatorio, lo que es una buena noticia.

Pero aún hay quienes se oponen al voto obligatorio y lo hacen argumentando que la baja participación no es un problema, que los que no participan están conforme con la situación de la sociedad, pero eso sería contradictorio con que son los más privilegiados los que más participan. Ese planteamiento esconde dos realidades, una es obvio y corresponde a la defensa de lo actual que realizan esos privilegiados, pero otro es más difuso y corresponde a la idea ya dominante que el Estado y sus instituciones no son necesarias, incluida la democracia representativa y sus articuladores, los partidos, y que debe prevalecer la libertad sobre la comunidad.

Otros siendo partidarios del voto voluntario reconocen que hoy, asamblea constituyente mediante, no es posible mantener esa posición, y aceptan y apoyan el voto obligatorio, pero rechazan que deba haber una sanción a su incumplimiento, olvidando por ejemplo que ser vocal de mesa es obligatorio. Ello no resolverá la situación de diferencial de voto y, posiblemente, incrementará solo marginalmente la participación.

Nadie discute que el voto es un derecho, pero para algunos no debe ser una obligación o compromiso. Es el deterioro del sentido de comunidad en el sentido más amplio de la palabra.

Pero queda la esperanza que el parlamento renueve ese sentido perdido, y luego lo ratifique la nueva constitución

Poder constituyente y poder local: Construir una democracia participativa

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Por Andrés Palma

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

No tiene sentido ni lógica democrática que las elecciones de diferentes niveles de representación territorial se realicen descoordinadamente, como absurdamente ocurre en nuestro país, favoreciendo el centralismo.

Con motivo de la segunda vuelta en la elección de Gobernador para la región Metropolitana se han suscitado varios foros entre Claudio Orrego y Karina Oliva, respecto de las características de uno y otra en cuanto a su potencial desempeño en la Gobernación he emitido mi opinión en diversas redes sociales. Pero esos debates me han hecho reflexionar sobre algo que espero aborde la asamblea de la Convención Constitucional, y tengo una positiva expectativa, dada la composición de la asamblea.

La reflexión se refiere a la simultaneidad, o no, de los procesos electorales que inciden en todo o partes del territorio, y a la conformación de las candidaturas en esos procesos.

Hoy tenemos varios absurdos enredos, originados en diferentes decisiones tomadas por personas involucradas en los resultados de esas decisiones.

Para ser explícito, los Consejeros Regionales se eligen junto con el parlamento nacional y la presidencia de la República, es decir, un poder claramente regional se elige en conjunto con uno nacional. Si todas las elecciones fueran en un mismo día, para todos los niveles, esto no sería raro. Pero sí lo es debido a que la gobernación de las regiones no se elige junto con los Consejeros Regionales, sino con las alcaldías y concejalías.

Para agregar pelos a la sopa vale destacar que las circunscripciones en que se eligen los Consejeros Regionales son diferentes a las de los parlamentarios. En el caso de la Región Metropolitana esto se hizo para que no compitieran en el mismo territorio.

Esta mezcla de elecciones en diferentes niveles hace que también se mezclen los objetivos y, como he aprendido de la elección reciente, ello no es bueno por dos motivos principales.

El primero es que se confunden los cargos, las funciones y los objetivos. No es la misma función la de un gobernador o gobernadora que la de un alcalde o alcaldesa, ni la de las concejalas y concejales, y tampoco son los mismos sus territorios de desempeño. En suma son distintos sus objetivos. Esto vale también para las elecciones nacionales, de presidenta o presidente y del parlamento, que son simultáneas con los consejeros regionales, como ya lo he escrito.

Pero eso no es lo más complicado, porque si hubiera educación cívica se podría entender fácilmente. Lo más complicado es que la simultaneidad de elecciones en distintos niveles de territorios tiende a centralizar las decisiones y a politizarlas de manera centralista. Explico estas ideas. Centralizan las decisiones porque, en un país marcado por el centralismo contra las autonomías territoriales, va a prevalecer la visión desde el centro político y el espacio territorial más amplio respecto de la visión del territorio de menor densidad. Y las politiza de manera centralista porque serán, hoy legalmente esta establecido así, los acuerdos políticos centrales los que prevalecerán respecto de lo que podría darse en el nivel territorial de menor población o territorio. Y esto no tiene por qué ser así.

Le elección de los constituyentes mostró que era posible que organizaciones de base se unieran para tener representación con mayor vinculación al territorio, como es el caso de las listas de independientes, y eso es positivo para efectos de la representación en una instancia como la asamblea que elaborará una constitución. Pero la diversidad de las listas de independientes también demuestra que en distintos territorios las politizaciones o el tomar partido (aunque no les guste a algunos independientes, eso es lo que hacen al integrar una lista) puede ser diferente que la politización o el tomar partido a nivel nacional.

Las experiencias de primarias convencionales el Providencia y La Reina, acordadas por los todos los partidos de oposición y muchas organizaciones de base de esas comunas, que permitieron la presencia de una única candidata en cada una de esas comunas, en algunos casos contraviniendo las orientaciones e instrucciones de las direcciones nacionales y regionales de sus partidos, muestran que la politización en un territorio local puede ser diferente de la politización nacional. También es el caso de Renca, y es posible que de otros territorios respecto a los que no tengo antecedentes, y tal vez sea el caso de Atacama para la última elección senatorial.

Estos ejemplos sirven para demostrar que la democracia representativa no está agotada, sino que lo que está agotado es la politización centralista, o el centralismo democrático practicado por muchas fuerzas políticas.

Entonces bueno sería que la asamblea de la Convención Constitucional diera pasos para corregirlo. Yo creo que deben ser dos.

El primero, y más obvio, es que las elecciones de cada nivel sean separadas de las de los otros niveles: una elección para el nivel nacional sea que se mantenga el presidencialismo, se avance a un sistema semi presidencial o definitivamente a la democracia parlamentaria (de la que soy partidario); una elección regional, de la gobernación y de los consejeros regionales (que también debiera ser democracia parlamentaria); y una local de alcaldías y concejalías. Tres elecciones en cuatro años no son una dificultad, pero si se adopta el principio del parlamentarismo sería tres elecciones en lugar de cuatro, debido a las segundas vueltas. Hasta habría ahorros.

Pero el más importante sería el que los acuerdos o pactos para cada elección debieran adoptarse en los territorios involucrados y entre los actores de esos territorios, ejerciendo la democracia participativa. Así, en una comuna, como se ejemplificó, las fuerzas políticas y sociales de esa comuna se pondrán de acuerdo o de acuerdos en cómo enfrentar los desafíos de la comuna, y en cada comuna los acuerdos y desacuerdos, y las propuestas responderán a la realidad local más que a la nacional. De manera similar, para las elecciones regionales se podrá acordar pactos y programas de alcance regional, aún entre fuerzas políticas que no tengan la misma posición en el nivel nacional (sería interesante mirar la experiencia del País Vasco), debido a las particularidades que los territorios tienen y sus poblaciones demanden.

Por cierto, las elecciones nacionales son las elecciones políticas por excelencia, y allí si serán las estructuras políticas, los partidos, a nivel nacional las que construyan acuerdos y programas, como hasta ahora ha sido.

Volviendo a la elección de la Región Metropolitana, tal vez los resultados habrían cambiado, y los previsibles para el próximo fin de semana también, si se hubiera practicado ya esta forma de democracia.

Si cambiamos la forma de hacer política en los territorios locales y regionales, ampliando la democracia participativa, mejoraremos la convivencia, la eficiencia y la sapiencia de nuestro país.

Las y los constituyentes pueden hacerlo efectivo.//ELF

Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible: «Gobierno debe anular licitación del ITL y realizarla en condiciones de máxima transparencia»

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En La Fontana publicamos declaración pública del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible critica la licitación del ITL, exige que ella sea anulada y señala que por tratarse de la decisión más relevante en la historia nacional, en términos de recursos y de institucionalidad, para la innovación y el desarrollo tecnológico, se justifica hacerlo en el marco de un debate nacional amplio e informado.

Esta declaración del Foro fue preparada por Jacqueline Saintard, economista, exsubsecretaria de Minería; Gonzalo Herrera, doctor en Sociología y exvicerrector de Investigación en la Universidad de Talca y Osvaldo Rosales, economista, magister en Economía y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales.

  1. Este 11 de enero, la CORFO anunció la adjudicación de la licitación abierta en octubre de 2019 para la creación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL). El propósito del ITL sería desarrollar actividades de investigación, desarrollo, tecnología e innovación en energía solar, minería sustentable, materiales avanzados de litio y otros minerales y desarrollo de tecnologías complementarias a la industria del litio en el desarrollo de baterías. Sobre la base de estas tecnologías Chile no sólo renovaría sus ventajas competitivas mineras sino que, además, lo haría en línea con las mejores prácticas ambientales, diversificando sus exportaciones de bienes y servicios hacia rubros de alto contenido tecnológico, en sectores claves en las próximas décadas.

 

  1. El objetivo del ITL era crear capacidad tecnológica nacional, en una alianza público- privada que involucraría a empresas mineras y a proveedores, generando demanda por investigación aplicada hacia nuestras universidades en industrias intensivas en cobre, materiales avanzados de litio, energías renovables y electromovilidad. El ITL aparecía como gran oportunidad, para desarrollar liderazgo mundial en tecnologías de energías limpias para minería verde e hidrógeno verde. El ITL también podría proyectarse como eje activador de un emergente sistema nacional de innovación, que vinculase a empresas, universidades y centros tecnológicos, con un fuerte componente de desarrollo regional.
  2. La licitación fue adjudicada al consorcio estadounidense Associated Universities Inc. (AUI), en asociación con la Universidad de Utah y la Escuela de Minas de Colorado, además de las universidades locales U. del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma y de Atacama. La AUI es una entidad creada en 1946 en EE.UU. para administrar instalaciones científicas de ese gobierno. Con el tiempo, AUI se especializó en la administración de infraestructura en astronomía. Entre sus capacidades no aparece la gestión de centros de investigación en minería ni en energía. Si bien las universidades de Harvard, MIT, Johns Hopkins y Yale, entre otras, contribuyeron a la creación de la AUI a mediados del siglo pasado, ninguna de ellas participa del proyecto ITL.

 

  1. Esta licitación recibió otras propuestas. Una de ellas fue la presentada por el consorcio Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT), conformado por la corporación Alta Ley y las principales universidades de investigación chilenas: las universidades de Chile, Católica de Chile, de Concepción, Federico Santa María, USACH, de Antofagasta, de Atacama, Católica del Norte, de Tarapacá, de Talca y Católica de Valparaíso. Además, este consorcio incorporaba a la Asociación de Industriales de Antofagasta y a un importante conjunto de empresas y centros de investigación nacionales y europeos de los sectores minero y energético.

 

  1. El comité evaluador de esta licitación estuvo compuesto por cinco funcionarios del gobierno: tres de la CORFO, uno del Ministerio de Ciencias y uno del Ministerio de Economía, funcionarios con currículums insuficientes para la envergadura de esta operación. La evaluación contó con una asesoría experta de nivel internacional, que recomendó adjudicar el ITL al consorcio chileno ASDIT. El Consejo de la CORFO, sin embargo, desoyó esa recomendación y sesionando con mayoría de subrogantes, dados conflictos de interés de sus titulares, adjudicó la licitación a la propuesta estadounidense. Las razones que ha dado la CORFO para explicar esta decisión han sido cuestionadas por todas las universidades nacionales adscritas al ADSIT, por la Sociedad Nacional de Minería, por la Academia Chilena de Ciencias, por las universidades regionales e, incluso, por El Mercurio.
  1. Los rectores de nuestras principales universidades, sin excepción, denuncian opacidad e irregularidades en el proceso. Las universidades marginadas del proceso son exactamente las que poseen la masa crítica más relevante en las áreas del conocimiento involucradas. Al contrario, la academia no conoce de ventajas comparativas de las universidades locales de la AUI en estos temas. Sí se conocen los estrechos vínculos de ellas con autoridades del gobierno. 
  2. Desde su inicio, este proceso muestra un marcado sesgo neoliberal, con desconfianza ideológica en la acción del Estado. Desafiando toda la evidencia internacional, la derecha no cree que el Estado tenga que jugar algún rol en el desarrollo industrial y tecnológico; se opone a cualquier esbozo de política industrial y, por ello, prefiere apoyarse en un consorcio internacional y en universidades locales que no tienen capacidad crítica en el tema.
  3. La evidencia internacional muestra que los países más avanzados desarrollan políticas públicas en ciencia, tecnología e Innovación, que no se agotan en la asignación de subsidios para compensar fallas de mercado ni en supervisar el adecuado uso de esos recursos. Son políticas que se estructuran en torno a “misiones” de largo plazo, fundadas en alianzas público-privadas que incluyen a los principales actores empresariales y académicos del país. Esto no es ideología y lo encontramos en Europa, Asia e, incluso, en varios rubros relevantes en Estados Unidos. En esta visión, el Estado actúa como conductor de este proceso y no como mero espectador o supervisor. 
  4. Las lecciones que deja la pandemia en este campo son abrumadoras: excesiva dependencia de fuentes externas para enfrentar desafíos sanitarios, tecnológicos y productivos claves y, al mismo tiempo, una notable reacción de nuestras universidades, las cuales -pese a sus limitados recursos- han podido aportar al control de la pandemia en trazabilidad, equipos mecánicos de respiración y análisis del genoma del coronavirus, entre otras contribuciones. La evidencia es clara: con transformaciones económicas cada vez más moldeadas por la dinámica tecnológica, la inversión en ciencia, tecnología e innovación es decisiva para crecer y, además, para hacerlo de un modo sostenible e inclusivo.
  5. La mayor asignación de recursos públicos que recuerde la historia nacional en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, junto con la toma de decisiones sobre los mismos, es transferida por el gobierno a agentes privados y, en este caso, además extranjeros. Desde la creación de la CORFO en 1939 esta es la principal decisión de Chile en materia de ciencia, tecnología e innovación. Por tanto, se justifica el más amplio y documentado debate nacional al respecto.
  6. Tenemos la oportunidad de convertirnos en un referente mundial en tecnologías limpias aplicables a la minería y la energía, así como a los sectores económicos ligados. La decisión de CORFO le regala esta oportunidad a una entidad extranjera, sin experiencia en gestión tecnológica en estos rubros. Esto no sólo desconoce la capacidad de nuestra comunidad científica, sino que además desperdicia una oportunidad histórica para fortalecer nuestra capacidad de innovación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos de clase mundial.
  7. Como Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible levantamos nuestra enérgica protesta por la forma en que se ha conducido este proceso y por los resultados del mismo. Exigimos anular la licitación. Demandamos que los actores relevantes del medio nacional participen en su ejecución y agreguen un fuerte componente de formación de capacidades nacionales en ciencia y tecnología minera y energética. Llamamos a que el Congreso cumpla su rol en esta importante decisión.

Ver declaración:

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