El Partido por la Democracia (PPD) manifestó “su firme repudio” ante la sentencia emitida por la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la cual terminó por favorecer a violadores de Derechos Humanos.
Mientras que la en la DC, señalaron: «Manifestamos nuestro total y más enérgico rechazo a la decisión de la Corte, pues se trata de causas sobre torturas, homicidio y secuestro calificado. Todos ellos, delitos de lesa humanidad que no merecen un tratamiento de delito común como creemos sucedió en este caso».
Cabe recordar que en la sentencia se absolvió a seis imputados, los cuales fueron agentes de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA), por su participación en los delitos de tortura, homicidio y secuestro calificado.
Además redujo las condenas formuladas en primera instancia por el Ministro de Fuero, Leopoldo Llanos, respecto a los delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada, sobre los once imputados restantes.
“Concedió la libertad vigilada, la cual debilita el cumplimiento y ejecución de la pena, no siendo por tanto un efectivo castigo proporcional al daño ocasionado. Esto genera condenas irrisorias o de “papel” al no juzgarse y sancionarse en virtud de la gravedad de los delitos cometidos”, expresó el PPD en un comunicado.
Asimismo agregó que “utilizar la media prescripción en materia penal, para atenuar la pena respecto a los delitos de lesa humanidad, siendo incluso relativizada por la propia sala, al señalar que han transcurrido cuarenta y cuatro años de los hechos, argumentando un sentido humanitario. Esto es un atentado al deber de juzgamiento serio, toda vez que ello procede únicamente para delitos comunes. No cabe la menor duda que se vulnera la proporcionalidad e imprescriptibilidad en la sanción correspondiente. En síntesis, esta es una de las tantas formas de impunidad, que aún se siguen usando en el ordenamiento jurídico nacional”, apuntó.
En esa línea, el partido dijo que “mientras algunos jueces sigan asumiendo la equiparación entre delitos de lesa humanidad y aquellos comunes, inevitablemente se seguirá fomentando la aplicación de sentencias inauditas para un régimen democrático”.
“Es deber del Estado de Chile, avanzar en sancionar de manera proporcional al delito cometido, garantizar la no repetición, reparar integralmente, como también evitar utilizar disposiciones internas que contrarían el derecho internacional tales como: indultos, penas sustitutivas, media prescripción, y reducción de condenas. De lo contrario, los mantos de impunidad y aparente “justicia” serán una mancha en el verdadero respeto de la dignidad humana y la reparación integral”, añadió.
En este sentido, instó a la Corte Suprema a restablecer el “imperio del derecho, en conformidad a lo establecido por el Derecho Internacional, en las normas de Ius Cogens, Tratados Internacionales, Principios Generales y evidentemente en la Jurisprudencia Interamericana”.
Además expresó su solidaridad con cada uno de los familiares y compañeros de víctimas las cuales han visto “la indolencia, falta de seriedad y por sobre todo, ausencia de verdad, reparación y justicia”.
“Por esta misma razón rechazamos categóricamente cualquier indulto y beneficio que se les pueda otorgar a quienes están condenado por crímenes de lesa humanidad. No aceptaremos medidas que busquen amparar y reducir las condenas impuestas, como tampoco, el negacionismo y búsqueda de impunidad por parte de algunos sectores de nuestra sociedad, que aún creen, en los borrones y cuPPD. a nueva”, concluyó el PPD.
Visión de la DC
Por su parte, la Democracia Cristiana (DC), también condenó el fallo del tribunal de alzada.
Ante la resolución de la 8va Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que absolvió, redujo condenas o concedió libertad vigilada a imputados por gravísimas causas de Derechos Humanos, la DC indicó lo siguiente:
«Manifestamos nuestro total y más enérgico rechazo a la decisión de la Corte, pues se trata de causas sobre torturas, homicidio y secuestro calificado. Todos ellos, delitos de lesa humanidad que no merecen un tratamiento de delito común como creemos sucedió en este caso», dijo la directiva nacional del partido en declaración pública.
Sobre lo mismo, la falange añadió: «Extendemos nuestra solidaridad y empatía con las familias de las víctimas, las que deben convivir con la horrorosa realidad que los asesinos y torturadores de sus seres queridos, estarán en libertad, sin recibir un castigo proporcional al mal causado».
«Es una pésima señal para la sociedad chilena. Las violaciones de Derechos Humanos deben ser castigadas con el máximo rigor y no pueden conocer de beneficios como si fuesen delitos comunes o simples, justamente por el mayor reproche de que son objeto», prosiguió el partido.
La Corte de Apelaciones con su resolución simplemente «desprecia el horror que constituyen los atentados realizados por el Estado a la vida y la integridad física de las personas», argumentó la DC.
Por último, esperan en la falange que prime el sentido común en el máximo tribunal del país y revierta este fallo. «Esperamos confiados en que la Corte Suprema dejará sin efecto esa resolución, y dará la única señal posible desde un tribunal perteneciente a un país democrático: que la lesiones a los Derechos Humanos jamás quedan impunes ni menos son juzgadas con ligereza y desprecio por la vida», sentenció la DC. //ELF
