Centroizquierda

Un grupo de diputados anunciaron la creación de una coordinación legislativa que busca «reivindicar» las ideas de la centroizquierda ante el crecimiento de «los extremos políticos».

Los parlamentarios dieron a conocer la instancia mediante una declaración pública, firmada por representantes de la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal (PL) y el Partido Radical (PL), además de independientes.

La misiva acusa que “durante el último tiempo, el debate público ha estado marcado por un creciente protagonismo de voces altisonantes pertenecientes a los extremos políticos, las que apelan al maximalismo y a la frecuente búsqueda de una polarización para justificar sus posiciones cada vez más alejadas del sentido común”.

“Afortunadamente, son voces que no representan a la mayoría de las chilenas y chilenos, que quieren cambios con responsabilidad y en un contexto de diálogo, búsqueda de acuerdos y paz social”, añade.

«Nos hemos reunido para reflexionar y tomar acción a nivel legislativo, confluyendo en una coordinación parlamentaria que busca reivindicar las ideas de la centroizquierda como motor de un desarrollo armónico que permita avanzar en las reformas estructurales que siguen pendientes en nuestro país, pero siempre en un marco de respeto, entendimiento, gradualidad y con responsabilidad económica con el fin de volver a convocar a las amplias mayorías ciudadanas que, aspirando a cambios sociales y económicos, hoy se sienten alejadas del progresismo”, complementa.

Con guiños a la Concertación, el documento apunta a que “si antes fue posible avanzar, hoy día, en medio de un proceso constituyente todavía inconcluso, no tenemos excusas para abandonar esa lucha por un país seguro, estable, moderno, con desarrollo económico y con derechos garantizados. Para eso necesitamos abandonar el voluntarismo y volcarnos a la tarea de hablarle desde la humildad y la convicción a un pueblo que tiene muy claras sus urgencias y prioridades”.

Además, agrega que “es posible crecer económicamente y avanzar en derechos, vivir seguros y ampliar las libertades, y ocuparnos de los problemas que aquejan a las grandes mayorías sin perder de vista las necesidades de las minorías, para así construir un Chile del que todas y todos nos sintamos parte. No hay antagonismo entre esas aspiraciones, más bien, son todas integrantes de un ideario que la centro izquierda jamás debió abandonar”.

De esta manera, los firmantes buscan aportar “con miras a la construcción del país del futuro, sin menospreciar las conquistas del pasado ni menos aún las presentes y sentidas urgencias de nuestros compatriotas.

Entre los patrocinantes de la carta está el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto. En un punto de prensa, el diputado PPD afirmó que “queremos generar un hito de una coordinación legislativa y política de parlamentarios y parlamentarias».

«Sentimos que es necesario reconstruir y recuperar la centroizquierda chilena para ofrecer al país, desde ese domicilio, una esperanza de un futuro que podamos construir entre todos”, añadió.

Finalmente, Soto apeló al Partido Socialista: “Nosotros estamos acá para reafirmar que nuestro domicilio político está en la centroizquierda y las puertas están abiertas para incorporarse a esta coordinación al Partido Socialista y a todos quienes se quieran sumar”.

Un grupo de 10 figuras de centroizquierda manifestaron públicamente su intención de votar por el Rechazo de cara al plebiscito del 04 de septiembre, e invitaron a la ciudadanía a no aprobar la propuesta elaborada por la Convención Constitucional.

«Quienes firmamos esta carta estamos comprometidos con una nueva Constitución. Muchos de nosotros llevamos años, mucho antes del estallido social, trabajando con distintos movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, la academia y los partidos políticos, para impulsar un nuevo acuerdo de convivencia política, capaz de revestir de legitimidad a las reglas del juego democrático y de hacer posibles los cambios que nuestra sociedad requiere», expusieron.

Entre los firmantes de la misiva se encuentran el exministro Andrés Velasco; la gestora cultural, Javiera Parada; el exconvencional constituyente Felipe Harboe; el abogado Antonio Bascuñán; el expresidente de Codelco, Óscar Landerretche (PS); el actor Pablo Díaz; el exministro, Manuel Marfán (PS); la exsubsecretaria de Ciencia de Sebastián Piñera, Carolina Torrealba; el exdirector del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky y la historiadora de la UC, Sol Serrano.

«Los firmantes, sin arrogarnos ningún tipo de representatividad especial ni en nombre de ningún colectivo específico, y solo como ciudadanos comprometidos con la necesidad de una nueva Constitución —pero no de cualquier Constitución— invitamos a votar Rechazo este próximo 4 de septiembre», expresa la carta, de acuerdo a La Tercera.

Los remitentes indican que «desde su inicio la Convención optó por un tono adversarial y excluyente, donde ha sido más importante subrayar las causas identitarias y la reivindicación de dolores pasados que la construcción de un horizonte nacional compartido (…). Se reedita el error de Jaime Guzmán: convertir la herramienta constitucional en un arma de un sector contra otro, aunque esta vez con el signo ideológico opuesto».

Uno de los argumentos que exponen como principal motivo para rechazar, es que en cuanto al sistema político, «la propuesta no es un avance respecto de lo que tenemos».

«La combinación de un Ejecutivo debilitado, un Congreso de los Diputados y Diputadas muy poderoso, y una Cámara de las Regiones (que reemplaza al Senado) con facultades muy menguadas, en el marco de una fragmentación política galopante, anticipa un sistema más propenso al conflicto que a la colaboración, y eventualmente también a la captura por sobre los contrapesos», dicen.

De todas maneras, al igual que el expresidente Ricardo Lagos, aseveraron que de triunfar el rechazo, se debe continuar con el proceso constituyente, pues «la Constitución de 1980 murió; políticamente en el plebiscito de 2020».

En el texto, llaman a las autoridades y especialmente a los candidatos presidenciales a «actuar con responsabilidad» y advierten que estas acciones «puede traer consecuencias muy graves al país».

Un grupo de ocho ex cancilleres de la república emitieron este lunes una declaración pública conjunta, donde cuestionan la eventual revisión de tratados internacionales, desmarcándose del debate surgido en el último tiempo, puntualmente, a raíz de los dichos del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

El candidato dijo la semana pasada a Mega que revisarán los tratados que tiene Chile, pero «no para hacer borrón y cuenta nueva», sino que verán aquellos que «han impuesto condiciones a Chile, que desde nuestra perspectiva pueden ser desventajosas», lo que, según afirmó, será discutido «en conjunto con las personas que vayan a ser afectadas».

En el texto, Soledad Alvear, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, Alejandro Foxley, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Juan Gabriel Valdés e Ignacio Walker, consideran que no deben «permanecer en silencio ante la cada vez más frecuente difusión de ideas y conceptos que, a nuestro parecer, afectan gravemente el interés nacional del país».

«Durante los últimos meses hemos constatado que se repite la afirmación de que Chile revisará sus tratados comerciales y de inversión, como si estos fuesen imposiciones agraviantes del resto del mundo a nuestro país, o bien que impedirían una nueva estrategia de desarrollo, condicionando la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas destinadas a enfrentar la desigualdad que caracteriza a Chile. Esto es una falacia», aseguran los ex cancilleres.

Así, detallan que varios de los tratados a los que ha suscrito Chile «contienen disposiciones sobre PYMES, igualdad de género, derechos laborales, y protección ambiental. Los capítulos sobre regulación ambiental, en su momento, sirvieron para incrementar los estándares nacionales en esta materia, con el propósito de impedir que los países rebajen el cuidado de los ecosistemas para atraer comercio o inversiones. A nuestro juicio, un desarrollo verde es perfectamente compatible con tratados internacionales provistos de protocolos ambientales».

«La ambigüedad deliberada con que se emplea el concepto de ‘revisión’ de esos tratados debilita gravemente la inserción internacional de Chile y, por qué no decirlo, su credibilidad ante la comunidad de naciones».

Con todo, critican que «la ambigüedad deliberada con que se emplea el concepto de ‘revisión’ de esos tratados debilita gravemente la inserción internacional de Chile y, por qué no decirlo, su credibilidad ante la comunidad de naciones».

De la misma manera, afirman ver con preocupación «cómo se promueven en el Congreso políticas públicas que desconocen compromisos suscritos libremente por diversos gobiernos, incluidos los de protección de inversiones, los que han sido ratificados en su momento por el Congreso Nacional, y que arriesgan arrastrar al país a una serie de litigios que solo contribuirían a debilitar las condiciones de participación de Chile en el sistema internacional».

También abordan el encuentro de eurodiputados con la directiva de la Convención Constitucional, celebrado el pasado 22 de septiembre, donde se planteó la idea de no avanzar en la modernización del acuerdo con la Unión Europea, mientras la Convención Constitucional esté trabajando en la nueva Constitución.

Sobre este punto, agregan que «observamos con gran inquietud las afirmaciones que sugieren suspender los procesos de asociación con regiones de enorme importancia para Chile, como la modernización del acuerdo de asociación con la Unión Europea, en aras de una superación de una ‘crisis institucional’ que supuestamente interrumpe la continuidad del Estado de Chile».

«Notamos con igual preocupación que se han introducido, desde algunos sectores, miradas acerca de nuestra relación con países vecinos que no parecen tener conciencia de la necesidad de la cooperación política para abordar retos que no reconocen fronteras, o del valor que para la defensa de nuestros derechos tienen el diálogo y la negociación», apuntan.

CRISIS MIGRATORIA Y PANDORA PAPERS

Los ex cancilleres también abordan materias relacionadas a la crisis migratoria que se registra en el norte del país y los hechos de violencia que se generaron hace algunas semanas contra los migrantes.

«Todos hemos sentido vergüenza contra la violencia desplegada ante inmigrantes en el norte del país y por el discurso xenófobo que se ha instalado en algunos sectores, todo lo cual agrava las inconsistencias en el cumplimiento por las autoridades de protocolos internacionales en materia de migración segura, ordenada y regular suscritos por Chile», apuntan.

Pero también mencionan la investigación periodística en el marco de los Pandora Papers, que terminó con la decisión de la Fiscalía Nacional de abrir una investigación penal de oficio en contra del Presidente Sebastián Piñera, por su presunta participación en la compraventa de la minera Dominga.

Al respecto sostienen que «más todavía nos aflige ver denuncias como las aparecidas recientemente en los titulares de prestigiosos medios internacionales sobre la utilización de paraísos fiscales. Estos son momentos que dañan seriamente la imagen del país en el exterior».

«Pero que nadie se llame a engaño: nada puede causar más perjuicio a Chile que el incumplimiento de la palabra empeñada. La amenaza de proceder a la revisión o renegociación de tratados ratificados por Chile, y que se encuentran plenamente vigentes, puede traer consecuencias muy graves al país, e introducir nuevos elementos de incertidumbre», agregan.

Por último, recalcan que «Chile tiene, a través de su historia, un ganado prestigio internacional. Llamamos a las autoridades de gobierno y de oposición, y especialmente a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular, a actuar con responsabilidad, y velar por el interés nacional en lo que se refiere a la política exterior, la que siempre debe entenderse como una política de Estado», zanjaron.