Corte Suprema

La Corte Suprema condenó este martes a 20 exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios calificados de Lucía Vergara Valenzuela, Sergio Peña Díaz y Arturo Vilavella Araujo ocurrido en la calle Fuenteovejuna, comuna de Las Condes, el 7 de septiembre de 1983.

Los homicidios habrían ocurrido en represalia del atentado mortal contra el intendente de Santiago en ese entonces, el general de Ejército Carol Miguel Ángel Urzúa Ibáñez, ocurrido una semana antes.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal condenó a Roberto Urbano Schmnóied Zanzi, Aquiles Mauricio González Cortés y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla a 15 años y un día de presidio en calidad de autores por los delitos de homicidio calificado, mientras que Norman Antonio Jeldes Aguilar y Manuel Ventura Laureada Núñez fueron sentenciados a 10 años y un día.

En tanto, Sergio María Canals Baldwin fue condenado a 10 años y un día de presidio como autor de los homicidios calificados.

“Canals Baldwin compartía los principios y valores de las acciones que la División Antisubversiva emprendía, División encargada de reprimir de la que formaba parte como oficial con mando”, sostuvo el fallo judicial.

El documento también agregó que “hay que tener presente que el delito de homicidio calificado tiene pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, de manera tal que por ser el enjuiciado autor de tales ilícitos en carácter de consumado y al beneficiarle las atenuantes de la irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial, sin que les perjudique agravante alguna”.

Finalmente, los otros 14 exagentes involucrados fueron condenados a 3 años y un día de cárcel en calidad de cómplices, pero con el beneficio de libertad vigilada.

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y el ministro Leopoldo Llanos, asistieron a una sesión de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional, publica ElClarin.cl.

En la oportunidad, Juan Eduardo Fuentes Belmar, aprovechó la oportunidad para compartir sus preocupaciones y críticas sobre las enmiendas propuestas. En un tono claro y directo, el presidente Fuentes Belmar destacó varios puntos que consideraba problemáticos en las enmiendas presentadas.

1. Autonomía y Función Jurisdiccional

El presidente Fuentes Belmar expresó su inquietud sobre la propuesta de incorporar a la Contraloría General de la República para fiscalizar el órgano encargado de la gestión administrativa y presupuestaria del Poder Judicial. Consideró que esta medida sería contraproducente y afectaría la autonomía del Poder Judicial, ya que la fiscalización por parte de la Contraloría podría interferir en las funciones propias del Poder Judicial y en su independencia en la toma de decisiones.

2. Limitaciones en la Tutela de Derechos

Otra crítica importante del presidente de la Corte Suprema fue dirigida hacia las enmiendas que restringen la tutela de ciertos derechos solo a prestaciones sociales establecidas por ley y «reglamentariamente reguladas».

Él argumentó que esta limitación resultaría en una comprensión reducida de la función jurisdiccional y podría perjudicar la capacidad de los tribunales para proteger eficazmente los derechos de los ciudadanos en situaciones más complejas.

3. Control de Convencionalidad y Tratados Internacionales

El presidente Fuentes Belmar también criticó las enmiendas que rompen con la estructura del Derecho Internacional Público al supeditar los tratados internacionales al derecho interno. Resaltó la importancia de la obligación de los Estados de ajustar su derecho interno a las obligaciones internacionales emanadas de estas convenciones y cómo esto afecta la función de control de convencionalidad de los jueces y juezas.

4. Suspensión Automática del Procedimiento

En relación a la enmienda que propone suspender automáticamente el procedimiento de fondo en caso de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el presidente de la Corte Suprema señaló que esta medida sería contraproducente.

Argumentó que limitar automáticamente los tiempos de suspensión podría tener un impacto negativo en la eficiencia de los asuntos judiciales y perjudicar a los litigantes.

La participación activa del presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, en la sesión de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional destaca la importancia de un proceso constitucional inclusivo y reflexivo.

Sus críticas a las enmiendas presentadas resaltan puntos fundamentales que deben ser cuidadosamente considerados durante la redacción de la nueva Constitución.

A medida que Chile avanza en este proceso histórico, la voz de la Corte Suprema y sus inquietudes desempeñan un papel vital en la formación de una constitución sólida y equitativa que sirva como guía para las futuras generaciones.

La devolución en los montos cobrados en exceso por la tabla de factores desde 2020 a la fecha para los ciudadanos afiliados a las isapres enfrenta un nuevo problema después de la declaración de la vocera de la Corte Suprema.

Cuando se entendía que todos los usuarios afectados por estos cambios en los valores recibirían de regreso los dineros, Ángela Vivanco aseguró que sólo los que demandaron a las aseguradoras de salud privada podrán ver de regreso los montos.

“Al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante. Pero como le digo, si se quiere una puntualización de ese punto respecto del fallo, hay que hacerla formalmente, porque yo no sé cómo lo están calculando. Yo he escuchado lo que se ha dicho por la prensa, de que se están calculando 700 mil afiliados y ese es un número parecido a los que han demandado, pero eso es un cálculo que solamente se lo puedo decir de acuerdo a lo que hemos recibido vía medios de comunicación”, dijo Vivanco.

“Nosotros cuando dimos la prórroga de plazo fuimos claros en decir que nunca se nos habían presentado esos estudios, cuál era el universo sobre el cual se calcularon y cómo se calculó, eso jamás se nos presentó. Ni tampoco se nos ha hecho ninguna consulta por ningún incumbente a estos procesos, es decir, ni por la Superintendencia, ni por las isapres. Nunca se nos ha dicho ‘mire, esta es nuestra forma de cálculo sobre lo que usted dijo’. Es decir, no conocemos cuáles son los cálculos que la Superintendencia ha hecho y sobre qué universo”, agregó en La Tercera.

Gobierno pedirá aclaración a la Corte Suprema

Frente a esta postura, en La Moneda estaban sorprendidos y anunciaron gestiones para poder aclarar lo que Ángela Vivanco presentó. Igualmente aseguran que la ley corta no depende de esta determinación al no estar claros los montos.

“Esta es una novedad, digámoslo así. Y obviamente lo que vamos a hacer, a través de la Superintendencia, es pedir una aclaración respecto a los alcances que tienen los planteamientos de la presidenta subrogante de la sala en un contexto de una entrevista. Y hay que buscar que se aclare de manera formal a través de un recurso de aclaración”, dijo la ministra Carolina Tohá de Interior en C13.

“Esta no parecía ser una materia con dudas. Ni las isapres ni había pedido una aclaración respecto al fallo. Esto, es importante decirlo, no altera el curso del proyecto que presentó el Ejecutivo (ley corta), porque no hace mención a montos sino que a mecanismos (de pago). El proyecto no se ve afectado, hay evaluaciones de lo que podría ser, pero cambiando el número el mecanismo funcionaría”, complementó.

La Corte Suprema anulará el juicio contra Martín Pradenas Dürr, quien fue declarado culpable de la emblemática violación de Antonia Barra y de otros seis ataques sexuales.

Según detalló La Tercera, en una votación unánime la sala penal del Máximo Tribunal invalidó el proceso que en agosto de este año condenó a Pradenas a 20 años de cárcel.

Se espera que durante la próxima semana se dé a conocer oficialmente el fallo, donde además se habría ordenado que deberá comenzar un nuevo juicio con magistrados no inhabilitados.

La acción tuvo lugar luego de que su defensa, representada por Javier Jara y Rosemary Contreras, llevara la solicitud hasta la Corte bajo el argumento de que los derechos constitucionales de su cliente fueron vulnerados, ya que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco no habría sido imparcial.

«Durante la tramitación del juicio se han infringido sustancialmente garantías aseguradas por la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en concreto, el debido proceso», alegaron los abogados.

En esa línea, argumentaron que el juez redactor de la sentencia, Leonel Torres Labbé, habría posteado en sus redes sociales «expresiones y calificativos atentatorios» contra Pradenas, posterior a la etapa probatoria de su caso.

«A partir de la dictación del veredicto en la presente causa, el magistrado ha compartido a través de sus redes sociales públicas una serie de mensajes de otros usuarios de la red social Instagram, los cuales utilizan expresiones y calificativos atentatorios contra la dignidad de nuestro representado, tales como ‘violador’ o ‘maldito violador'», detallaron en la instancia.

Y agregaron que Torres Labbé posteó imágenes que «llevan incluidos el hashtag #JusticiaparaAntonia, expresión que ha sido utilizada en las redes sociales por quienes desde un inicio de este proceso judicial, e incluso antes de la formalización de la investigación en contra de nuestro representado, han difundido y apoyado a la víctima».

Asimismo, Jara y Contreras también apuntaron en el recurso que «durante el transcurso del juicio, y en la jornada previa al término de rendición de prueba del Ministerio Público, sube una publicación a redes sociales a través de su cuenta de Instagram “profesor.torres” donde señala, entre otras cosas: “A ponerse la camiseta de cazador implacable, pero de buenos argumentos”; lo cual da cuenta de cómo aquel publicita su imagen y labor jurisdiccional, en el contexto de su función como juez redactor, mediatizando su intervención en este proceso y utilizando expresiones que no resultan adecuadas en consideración al cargo y función que desempeña».

La decisión de la Corte Suprema llega cuando esta semana se promulgó en La Moneda la nueva «Ley Antonia», que tipifica y castiga la incitación al suicidio femicida, a propósito de la decisión que tomara la víctima de Pradenas, Antonia Barra, de quitarse la vida cuando tenía solo 21 años.

Además del Presidente Gabriel Boric y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en la cita estuvieron presentes su padre y abogado de la causa que, hasta ahora, daban por cerrada.