Derechos Humanos

El ministro de Justicia, Luis Cordero, junto a la directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Pardo, entregó este miércoles los resultados de la investigación especial que realizó la cartera respecto del hallazgo de 89 cajas con osamentas humanas, encontradas en dependencias de la Universidad de Chile, que corresponderían a detenidos desaparecidos. 

En ese sentido, el secretario de Estado informó que ocho de los restos corresponden al Cementerio de Concepción, 18 respecto de hallazgos encontrados en Cerro Chena en San Bernardo, uno del Regimiento Artillería de Linares, seis en Pampa Dolores y cuatro de Río Negro.

Asimismo, otros dos corresponden al cementerio de Copiapó, al igual que el cementerio de Rahue Alto y el Servicio Médico Legal de Osorno.

Esto sumado a una caja del Caso Calama, otra del Caso Pisagua y del Patio 134 del Servicio Médico Legal, junto a una del SML de Concepción.

De esta manera, Cordero confirmó que ya se logró determinar la procedencia de 51 de las cajas, mientras que 38 de ellas aún son de origen desconocido.

Junto con ello, instruyó un sumario administrativo con el objeto de determinar responsabilidades.

“Aun cuando estemos indagando un periodo de más de veinte años en que estos hechos ocurrieron”, aseguró la autoridad.

Indolencia Estatal

Junto con hacer un duro mea culpa, el titular de Justicia subrayó que toda esta información ya fue entregada a los familiares y agrupaciones de Derechos Humanos.

“Lo que revela el caso de las 89 cajas es una de las manifestaciones más evidentes de la indolencia estatal. Por más de veinte años, a vista de los ojos de distintos organismos del Estado, hallazgos de restos en investigaciones judiciales vinculadas a desaparición o ejecución de personas en crímenes de la dictadura, se encontraron albergadas sin que tuviera el Estado una posición proactiva para resolverla”, señaló.

“Lo segundo es que vuelve a reafirmar los errores que el Estado ya cometió en el pasado. El año 2006 el Estado de Chile tuvo que reconocer los errores a consecuencia de los problemas y de los errores de identificación en el Patio 29″, añadió.

En ese sentido, dijo que el caso es un “encadenamiento de errores e inexperiencia desde el origen hasta el final, es decir, que no solo comprometen al Servicio Médico Legal, sino que comprometen al sistema de justicia en general”.

“Aun cuando las responsabilidades pudieran estar extinguidas en algún caso, pero es conveniente que esa investigación se lleve a cabo para la tranquilidad de las familias”, zanjó.

Revuelo causó hace unas semanas la revelación del reportaje «Los padrinos alemanes de Pinochet» del periodista Wilfried Huismann en la radio alemana WDR, en que se relata el papel del militar alemán nazi Walther Rauff durante la dictadura civil-militar en Chile, que habría incluido la incineración de cuerpos de personas detenidas desaparecidas en la experrera ubicada en la comuna de Santiago y el uso de los hornos y trituradora de la Pesquera Arauco.

En este marco, la organización de Derechos Humanos, Londres 38, emitió un comunicado público exigiendo que se lleven «a cabo de manera urgente los mayores esfuerzos desde el Poder Judicial y el conjunto del Estado, a fin de investigar el caso y establecer la verdad, pues hay testigos y personas que tienen antecedentes al respecto.»

El reportaje publicado por WDR señala cómo Walter Rauff, quien fuera dirigente de las SS, responsabilizado por la muerte de medio millón de personas en Auschwitz y que había llegado arrancando a Chile en 1958, introdujo técnicas de tortura y prácticas como la desaparición de personas, dando instrucción a militares chilenos en lugares como Tejas Verdes.

El reportaje cita a un exagente de la DINA que recuerda al propio Rauff en este regimiento de San Antonio. «Nos decía, ustedes ahora son parte de la élite del Ejército, y su tarea es eliminar el comunismo de toda Latinoamérica» indicó agregando que «Los chilenos no tenían experiencia en esa clase de torturas, esto lo trajeron acá, lo importaron acá. Eran gringos, eran alemanes. Y nos dieron la bienvenida: «Willkommen»».

En su declaración la organización indica «que no se pueden descartar líneas investigativas que, por horrorosas, parezcan improbables; bajo esa lógica, jamás se habrían investigado los llamados «vuelos de la muerte», llevados a cabo por el Comando de Aviación del Ejército para lanzar cuerpos de las personas detenidas en poder de la DINA, o la participación de Colonia Dignidad en las violaciones a los derechos humanos.»

Y agrega también «en el caso de la Pesquera Arauco existen antiguos y abundantes antecedentes del uso intensivo de sus camiones para el traslado de las personas detenidas a la zona de San Antonio y Tejas Verdes. Empresa cuyo directorio estaba conformado por miembros del Ejército y la Armada, adscritos a la DINA, junto a otros seis civiles.»

En el marco de los 50 años del golpe de Estado, el Ministerio de Bienes Nacionales entregó la “ex tenencia de Carabineros de Curacaví” a la Agrupación Social y Cultural de Derechos Humanos de la comuna.

Este traspaso permitirá utilizar el lugar, que fue un centro de detención y tortura entre 1973 y 1976, para implementar un espacio de memoria que contempla un museo, biblioteca, sala audiovisual y una explanada.

“Para mí y la agrupación es reconfortante llegar a esto. Este es un espacio que fue abandonado por mucho tiempo por parte del Estado, pero con un trabajo largo y ayuda de muchas personas hemos llegado a este momento. Este es un hito histórico y desde hoy Curacaví va a conservar la memoria y reconocer a nuestros mártires. Esperamos que nuestro trabajo sea un granito para empezar un gran proyecto, para que esto quede para la posteridad y no se pierda la historia”, señaló Mirta Sáez, dirigenta de la organización en diálogo con Cooperativa.

En esa línea, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, destacó el compromiso presidencial de recuperar lugares para la promoción de los Derechos Humanos, la memoria y reparación.

“Poner en valor los relatos que surgieron de centros de detención, tortura y desaparición forzada, como este, nos permiten instalar el ‘nunca más’ con el que queremos que crezcan las nuevas generaciones; una tarea que es del Estado y a la que está llamada la sociedad en su conjunto”, subrayó.

La ex tenencia de Carabineros de Curacaví, fue utilizada por el Ejército como centro de detención y tortura, donde llegaban -en su mayoría- personas que se desempeñaban en labores de agricultura y no tenían militancia política.

Este lugar fue declarado en el 2019 por el Consejo de Monumentos Nacionales como “Monumento Histórico“. Sin embargo, sufrió años de abandono y tras ser calificado como “Monumento Nacional” en 2023, se dio paso a su recuperación.

“Hoy es un día muy especial porque, con esta entrega, se hace justicia y se pone valor en un lugar muy importante para nuestra historia. No dejaremos que espacios tan significativos para nuestra democracia y nuestro futuro sean utilizados de mala manera. Seguiremos trabajando para entregar justicia, seguridad y certeza territorial”, señaló el subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara.