En La Fontana publicamos declaración pública del El Frente de Trabajadores Democratacristianos (FTDC) respecto de lo ocurrido con el reajuste para el sector público. A lo que señalan:
«1. La Mesa del Sector Público, que reúne a las organizaciones más representativas de los trabajadores estatales, como ANEF, ASEMUCH, CONFUSAM, COLEGIO DE Profesores, entre otras, coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), negoció con el Gobierno el reajuste de sus remuneraciones y el monto de distintos bonos, aguinaldos y asignaciones, que son parte de las condiciones laborales de este importante sector de trabajadores chilenos.
2. Que concluido este proceso y aprobada la ley respectiva, se otorgó un reajuste de 4.3%, porcentaje que se espera compense, a lo menos, el aumento del costo de la vida, derivado de las alzas de precios y reflejada en el IPC anual.
3. Que, por otra parte, pero casi al mismo tiempo, se publicó la resolución de una Comisión conformada según el Art. 38.bis de la Constitución, que reajusta los sueldos de las altas autoridades, senadores y diputados, en un 4.8% y fundando esta medida, en que ello corresponde a la variación porcentual del IPC de diciembre de 2022 a noviembre de 2023.
4. Lo anterior constituye una grave e inaceptable discriminación en contra de la mayoría de los funcionarios públicos, a quienes, además el aumento del IPC, especialmente en productos de primera necesidad, los afecta de mayor manera, que quienes tienen altos sueldos en el Gobierno y en el Congreso.
5. No tiene justificación que el Presidente de la República, sus Ministros y todas y todos los parlamentarios, vean reajustadas sus altas rentas, en un porcentaje mayor al que recibirán las y los funcionarios de más bajos ingresos.
6. Ello representa una decisión de aumentar la inequidad entre los que ganan más y los que ganan menos, incluso con aquellos que sus rentas los acercan a la línea de la pobreza. Ojalá esto se modifique, eliminando esta “comisión especial”, que solo los favorece y aplicando al reajuste de las rentas de todos los y las trabajadoras del sector público las mismas normas, discutidas anualmente en el Congreso.
7. Más allá de los distintos niveles de sueldo en relación a las funciones desarrolladas, aplicar un porcentaje mayor de reajuste a los sueldos mas altos, constituye una arbitrariedad sinp recedentes, que debe ser reparada a brevedad por el Gobierno.
Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado al Gobierno para que conjuntamente con la Mesad el Sector Público, se tomen a la brevedad, distintas medidas administrativas y legales, que solucionene sta injusta situación».