En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

DC

Oposición se reúne y demanda al Gobierno ayudas económicas más sustantivas para que la ciudadanía respete cuarentena

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De manera virtual se reunieron anoche los y las presidentas del PPD, PS, PR, DC, Comunes, RD, Convergencia Social y Partido Liberal, quienes, junto con exigir más recursos, emplazaron al Gobierno a incorporar a la red primaria de salud en el control de la pandemia.

Los y las presidentas de partidos oposición sostuvieron anoche un nuevo encuentro virtual para concordar posturas frente al agravamiento de la crisis sanitaria producto de la pandemia por Covid-19, oportunidad en que concordaron que la causa del descontrol de contagios en la última semana se debe a los errores cometidos por el Gobierno, al llamar a un “retorno seguro” y una “nueva normalidad”, y a no decretar cuarentenas más amplias en el momento indicado, y demandaron a la autoridad a mejorar sustantivamente la ayuda económica, para que la ciudadanía pueda respetar el confinamiento.

A la cita on line acudieron Heraldo Muñoz (PPD), Álvaro Elizalde (PS), Carlos Maldonado (PR), Fuad Chahin (DC), Catalina Pérez (RD), Gael Yeomans (Convergencia Social), Javiera Toro (Comunes) y Luis Felipe Ramos (Partido Liberal), quienes coincidieron en que el Gobierno debe asumir su responsabilidad en el fracaso de su estrategia y dejar de confrontarse con la oposición. “Rechazamos que se nos trate de obstruccionistas, cuando, en los hechos, los parlamentarios opositores han aprobado y mejorado la totalidad de los proyectos presentados por el Ejecutivo en el contexto de esta crisis, existiendo solo diferencias legítimas, como el exigir montos más altos en el Ingreso Familiar de Emergencia”.

Del mismo modo, acordaron conversar con sus bancadas parlamentarias para insistir en una reunión con el Ministro de Hacienda, a fin de plantearle la urgente necesidad de inyectar más recursos públicos para enfrentar la crisis social y económica que ya se siente en los sectores de más bajos ingresos. Al respecto, insistieron en que se requieren fondos adicionales para que la cuarentena total, que ahora abarca a millones de chilenos, funcione.

“Si el gobierno pretende gastar menos ahora y la población viola la cuarentena por necesidad, terminará gastando mucho más de lo planificado. Al gobierno se le está escapando la pandemia, y debemos evitar que ello ocurra; para este propósito estamos dispuestos a colaborar con nuestros mejores especialistas”, aseguraron los y las presidentas opositoras.

No obstante lo anterior, los presidentes y presidentas valoraron que el Gobierno abandonara la fallida estrategia de cuarentenas selectivas y haya decretado finalmente un confinamiento total para el Gran Santiago, aunque recalcaron que la medida llega tarde, lo que queda demostrado con los más de 5 mil contagios en las últimas 48 horas y el peak de 22 fallecidos en la jornada de ayer.

Según comentaron, “lo que sigue ahora es que el Gobierno se centre en resguardar que esta nueva cuarentena sea efectiva y, paralelamente, retomar los testeos, rastreos de contactos y el aislamiento de contagiados en lugares adecuados, y no en los domicilios, como está ocurriendo con muchos hogares con familiares con Covid positivo”.

Al respecto, demandaron al Presidente Piñera a que amplíe su Consejo Asesor, incorporando a más expertos, a la sociedad civil y sobre todo a los municipios, al igual que sumar a la red de Atención Primaria de Salud en el control de la pandemia.

Asimismo, criticaron que solo se culpe a la ciudadanía de este aumento indiscriminado de contagios, pues, por ejemplo, la gran mayoría de los adultos mayores, uno de los principales grupos de riesgo, se han mantenido en casa. En este sentido, afirmaron que “la causa en el explosivo aumento de casos se debe a políticas públicas erradas y mensajes erráticos de retorno seguro, reapertura de malls, o el llamado del propio Ministro de Salud al consumo de cervezas y empanadas en locales públicos, cuando la curva de contagio venía en ascenso”.

Otro acuerdo importante es el de realizar reuniones de coordinación los días lunes con las jefaturas de los comités parlamentarios y la presidenta del Senado.

*Ver declaración de la oposición:

COMUNICADO_PPO 14.05.20.pdf

Urgencia social y “Plan Marshall”

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Por Alberto Undurraga (DC)

Exministro del MOP, exalcalde de Maipú y ex director del Sernac

Todas las proyecciones económicas señalan que Chile y el mundo tendrán una fuerte caída económica durante este año producto de la crisis sanitaria y del coronavirus, la que ya estamos viviendo con menores niveles de producción y mayores niveles de desempleo.

Si bien las cifras difieren – el Banco Central proyecta caída de hasta un 2,5% del PIB, mientras que según el FMI la caída será de 4,5% – todas apuntan en la misma dirección: la situación económica se agravará en los próximos meses, afectando a miles de trabajadores y familias con más personas desempleadas y con reducción de los ingresos familiares.

Ante ello, junto con el apoyo en diversas medidas de liquidez a pequeñas y microempresas, la urgencia está en dar oportunamente los apoyos requeridos a las personas, en montos y coberturas.

Destacados economistas han señalado que, si bien los esfuerzos realizados por el Gobierno van en el sentido correcto, los montos y coberturas de apoyo a las personas son insuficientes.

La diferencia global respecto de los beneficios está en “cuánto se puede endeudar el Estado” y donde asumir una mayor deuda, permitiría tener recursos para aumentar los montos y coberturas.

Es urgente dar entonces esta discusión. Las familias y trabajadores no pueden esperar. Chile tiene niveles de deuda comparados que permiten un mayor esfuerzo y, por lo tanto, es posible aumentar los montos y número de personas beneficiadas, particularmente, en el Ingreso Familiar de Emergencia.

En paralelo a la urgencia actual, debemos prepararnos para el futuro e impulsar planes de recuperación económica que permitan, lo más rápido posible, reactivar el empleo y la actividad económica una vez terminada la crisis sanitaria.

De hecho, en diversos ambientes multilaterales se habla de un nuevo “Plan Marshall” para los países, haciendo alusión al conocido plan de ayuda financiera para Europa que se realizó después de la 2ª Guerra Mundial.

Un plan de recuperación económica enfrenta al menos tres dimensiones. La primera, tiene que ver con la magnitud del plan y cuántos recursos se pueden comprometer en ello. Chile al haber mantenido años de responsabilidad fiscal, tiene la posibilidad de asumir un plan amplio y, además, pagarlo con el crecimiento posterior. Desde ya expertos de distintos sectores deberían reunirse a diseñar el financiamiento de este plan de recuperación.

La segunda dimensión está en los contenidos, donde la inversión en infraestructura juega un rol primordial al generar empleos durante la etapa de obras, y mejorar las capacidades productivas y de calidad de vida una vez terminadas.

Para tener impacto inmediato es necesario priorizar en la primera etapa proyectos de rápida ejecución, tales como pavimentos secundarios, infraestructura urbana, programas de agua potable rural, riego y de vivienda y obras medianas con ingenierías definidas.

En ese sentido, es una mala señal el recorte presupuestario anunciado por la DIPRES en estas áreas, el que debería revisarse.

Una tercera dimensión son las condiciones laborales y dignidad de los trabajadores, las cuales deben garantizarse en cada una de las áreas del plan de recuperación económica, y no repetir los errores cometidos en los años 80.

El Plan de Recuperación será la nueva urgencia y debemos impulsarlo desde ya.

DC cuestiona que el Gobierno busque escusas para suspender el plebiscito constituyente y llama a que se escuche más a organizaciones sociales para enfrentar el coronavirus

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*En La Fontana publicamos declaración pública de la Democracia Cristiana, en relación con la crisis sanitaria y social que vive nuestro país y el mundo, en el que su Consejo Nacional declara lo siguiente:

La Democracia Cristiana pone como norte de todas sus propuestas la protección de la vida humana y de la dignidad de las personas, especialmente ahora que enfrentamos una crisis sanitaria. Creemos que es hora de políticas de Estado humanistas, oportunas y relevantes, que impliquen un mayor gasto social en beneficio de los habitantes del país.

Llamamos al Gobierno a explicitar en detalle su estrategia del “retorno seguro” toda vez que mandatarios, economistas y especialistas de la salud a nivel mundial, han alertado sobre la inconveniencia de adelantar la práctica de una “nueva normalidad” o un retorno al mundo laboral. La protección de la vida no puede ser objeto de un “ensayo y error”, por lo que llamamos a observar la experiencia asiática y europea para el manejo de esta “normalidad”, ya que ellos han vivido el peak de contagios mucho antes que nosotros, e intentan rearmar su economía lentamente.

También solicitamos al Gobierno revisar su anunciada política del “carnet covid”, ya que la Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado su uso, porque no garantiza la inmunidad de los recuperados, ni tampoco se tiene plena certeza de que dejen de ser vectores de contagio.

Mucho más importante resulta ser la necesidad de ampliar el diagnóstico preventivo del contagio, poniendo énfasis en los funcionarios de la salud, los Centros o Casas de Adultos mayores, los profesores antes de retornar a clases, las personas privadas de libertad y quienes viven en estado de hacinamiento y otros grupos de riesgo. Los especialistas coinciden en la imprescindible que resulta diagnosticar al máximo de personas que se pueda y aislar a todos los infectados, aunque sean asintomáticos.

El gobierno comete un grave error al no escuchar la voz de las organizaciones sociales y recoger sus puntos de vista. Se cometerían menos errores con más participación. Los alcaldes tienen razón cuando señalan que las escuelas, liceos y colegios no están preparados estructuralmente para un retorno a clases. Empatizamos la enorme preocupación de los padres y apoderados que buscan una solución al tema de las mensualidades que no están en condiciones de pagar.

La solidez de nuestra economía, obtenida gracias a varias décadas de esfuerzo colectivo permite aumentar el gasto fiscal y aumentar la deuda estatal, a lo menos, en una suma equivalente al 35% del PIB. Chile es el segundo país menos endeudado de la OCDE en un universo de 36 países y el promedio de América Latina es de un 62% del PIB.

El Consejo Nacional del PDC respalda la posición de la Bancada de Diputados del PDC, al plantear la necesidad de asegurar un ingreso mínimo garantizado, correspondiente al salario mínimo, es decir 320 mil pesos, por más tiempo del presupuestado originalmente, y sin una gradualidad drástica que la crisis sanitaria no le permite soportar a muchas familias chilenas.

Valoramos la promulgación de la ley 21.229 y de su reglamento que aumentó a 24 mil millones de dólares el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), pero advertimos que: i) solo favorece a los Pymes que están bancarizadas; ii) existe el riesgo de que parte importante de esos fondos sean destinados a garantizar los créditos de empresas de mayor tamaño; iii) el propósito de la ley se puede perder si los bancos no implementan esta ayuda crediticia con la mayor rapidez y flexibilidad, de modo coherente con el hecho de que el riesgo se encuentra sustancialmente minimizado por la garantía estatal, y iv) la Comisión para el Mercado Financiero debe fiscalizar con gran rigor a esos bancos y dar cuenta pública de sus actuaciones.

Insistimos en la urgente necesidad de apoyar los pequeños empresarios y emprendedores no bancarizados, a los trabajadores independientes y a los profesionales que no tienen mayor al acceso al crédito bancario.

Vemos con mucha preocupación el discurso de una parte de la Derecha y el Gobierno en orden a buscar cualquier excusa para suspender el plebiscito sobre una nueva Constitución programado para octubre, así como postergar una vez más la tan esperada y necesaria elección directa de Gobernadores Regionales. Primero, porque se consensuó una fecha donde el peak de la pandemia no estuviese presente, y segundo, porque lo contradictorio que implica volver al trabajo mediante un retorno seguro, pero no al ejercicio de nuestros derechos cívicos más fundamentales.

Creemos que justamente es hoy cuando necesitamos autoridades regionales electas por la propia ciudadanía, como también una nueva Carta Magna que sustituya la verdadera indefensión con que ha respondido la actual a la crisis. No permitiremos que una parte de la Derecha logre evitar el cambio de una Constitución, tal como lo aspira la mayoría del país.

Erradicar la pandemia, atender a la salud, superar la crisis social y abordar con criterios solidarios la situación económica van de la mano. Aplicar los principios básicos de la economía social de mercado a la crisis y a la post crisis requiere de un pacto económico – social, expresión de un nuevo modelo de desarrollo, que subordine el mercado a la solidaridad social y permita superar las inequidades y abusos en las desigualdades existentes en Chile. El cambio constitucional es un pilar que hace viable este Pacto Social en el largo plazo, con un país en camino al auténtico desarrollo humano.

Atte. 

Consejo Nacional DC

Partidos de oposición rechazan idea de volver a posponer la fecha del plebiscito

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El Presidente Sebastián Piñera y varios de sus colaboradores declararon este fin de semana la conveniencia de repensar el calendario electoral, que considera el Plebiscito constitucional del 25 de octubre, debido a la crisis generada por el Covid-19 y los efectos que tendrá en el país.

Ante los dichos, los partidos PPD, Radical, Socialista, Revolución Democrática, Democracia Cristiana, Comunes, Libera y Convergencia Social dieron a conocer una carta rechazando la posibilidad de postergar nuevamente la consulta, la cual estaba programada inicialmente para este 26 de abril.

En la misiva, los conglomerados de oposición dijeron que «este no es el momento de debatir cronogramas electorales ya resueltos, sino de hacer todos los esfuerzos de unidad, en una perspectiva de Estado, para proteger la salud de las chilenas y chilenos, y minimizar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia».

Añadieron que «reafirmamos nuestro respeto al acuerdo constitucional para el plebiscito para una nueva constitución, el que solo puede alterarse por decisión del Congreso. La garantía del respeto al acuerdo que reprogramó el plebiscito para el 25 de octubre otorga tranquilidad al país, para que todos podamos centrarnos en colaborar al control del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales».

*Revisa la carta completa abajo:

En estos momentos la prioridad número uno del país debiera ser cómo controlar la pandemia del COVID 19 que ya ha cobrado la vida de casi 200 compatriotas y contagiado a cerca de 14.000. A esto se agrega la importancia de aliviar el impacto económico y social del coronavirus en la clase media y en los más vulnerables.

Sin embargo, el Gobierno por razones inexplicables ha instalado en el debate público la modificación del cronograma electoral y, particularmente, la postergación del plebiscito constitucional fijado para el 25 de octubre.

No sólo resulta incoherente proponer un “retorno seguro” a una “nueva normalidad” en las próximas semanas, a pesar de las aprensiones de la comunidad médica y sanitaria, y, paralelamente, especular sobre las condiciones sanitarias de un evento electoral que se realizará en seis meses, sino que resulta preocupante que estas dudas hayan sido instaladas unilateralmente al más alto nivel político por parte del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, por el actual Ministro del Interior Gonzalo Blumel, y por el propio Presidente de la República.

Mas serio aún, es que el Presidente Sebastián Piñera haya agregado a las consideraciones sanitarias, la inclusión de la recesión económica como un factor decisivo para una eventual postergación del plebiscito. Las democracias sanas no postergan sus elecciones y, por el contrario, en un contexto en que se han evidenciado las carencias del sistema actual, se hace más relevante que nunca asegurar a la ciudadanía la vigencia del proceso constitucional.

Reafirmamos nuestro respeto al acuerdo constitucional para el plebiscito para una nueva constitución, el que solo puede alterarse por decisión del Congreso. La garantía del respeto al acuerdo que reprogramó el plebiscito para el 25 de octubre otorga tranquilidad al país, para que todos podamos centrarnos en colaborar al control del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales.

En el intertanto la autoridad electoral debe planificar todos los resguardos sanitarios para que Chile tenga un plebiscito seguro.

Reiteramos que este no es el momento de debatir cronogramas electorales ya resueltos, sino de hacer todos los esfuerzos de unidad, en una perspectiva de Estado, para proteger la salud de las chilenas y chilenos, y minimizar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

 

*Firman la misiva:

-Heraldo Muñoz, Presidente, Partido Por la Democracia.

-Carlos Maldonado, Presidente, Partido Radical.

-Álvaro Elizalde, Presidente, Partido Socialista.

-Catalina Pérez, Presidenta, Partido Revolución Democrática.

-Fuad Chahin, Presidente, Partido Demócrata Cristiano.

-Javiera Toro, Presidenta, Partido Comunes.

-Luis Felipe Ramos, Presidente, Partido Liberal.

-Gael Yeomans, Presidenta, Partido Convergencia Social.

*Ver carta completa:

DECLARACION PLEBISCITO OPOSIICON 27-04-2020

Senadores de oposición presentan proyecto para eliminar las AFP y nacionalizar fondos de pensiones

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Cinco senadores de oposición presentarán un proyecto de ley para derogar el decreto 3.500 de 1980 por el cual se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) lo cual seguramente abrirá la discusión sobre su constitucionalidad.

Los senadores están conscientes de que esta iniciativa puede ser declarada inadmisible, es decir que una decisión de esta naturaleza correspondería exclusivamente al Ejecutivo no obstante decidieron insistir. Los patrocinantes del texto de 13 artículos son los independientes Alejandro Navarro (PRO) y Carlos Bianchi; y Alfonso De Urresti (PS), Yasna Provoste (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD).

Aparte de derogar el decreto 3.500, se propone nacionalizar los fondos de pensiones, y en vez de las AFPs se propone una nueva institucionalidad creando el Instituto de Seguridad Social, que además abarque la Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral. Además, se establece un sistema de pensiones básicas solidarias y una pensión básica universal.

“Abrir este debate es urgente y necesario. Nada preocupa más los chilenos, particularmente a sus trabajadores, que la pérdida de sus fondos de pensiones y estamos disponibles también para abrir el debate sobre el retiro anticipado de una fracción de los fondos, para poder enfrentar esta crisis económica. Esperamos que el gobierno entienda”, indicó el senador Navarro, impulsor de la iniciativa.

DC cuestiona que el Gobierno instruya a funcionarios públicos a retornar a sus labores y que reabra el comercio: «Llamamos al gobierno a revertir estas medidas que ponen en riesgo la vida de nuestros compatriotas»

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*En La Fontana publicamos declaración pública de la Democracia Cristiana (DC).

Frente el acuerdo celebrado por el Gobierno con la Cámara Nacional de Comercio (CNC) para implementar un protocolo sanitario y permitir el normal funcionamiento del comercio y malls, y frente a la instrucción entregada por el Presidente Sebastián Piñera a sus ministros, para que los funcionarios públicos retomen paulatinamente sus trabajos de manera presencial, los firmantes declaramos lo siguiente:

-Que a la fecha y para efectos de decretar medidas de este tipo, el gobierno no ha presentado ninguna evidencia científica y sanitaria seria que las avale. Como tampoco una capacidad de testeo masiva confiable, una identificación de número y caracterización de los contagiados que permita definir con certeza proyecciones, estrategias, políticas y acciones para actuar frente a la pandemia, así como determinar la aplicación o levantamiento de cuarentenas y una normalización de la actividad social y económica.

-Que más aún, lo que comienza a asomar como evidencia por diversos expertos es que Chile antes que aplanar la curva de contagios, la está perdiendo de vista, evidenciando una incapacidad real de testeo efectivo desde el 25 de marzo pasado (González y Kiwi, abril 2020, Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología – CEDENNA). Los investigadores señalan que para estimar cuantos test debiéramos estar haciendo ahora, (por ejemplo, a partir del 1 de abril, cada 4 días), tendríamos que haber duplicado el número de test, para seguir la curva de contagios –que es fundamental en el éxito de la estrategia que ha elegido Chile de cuarentenas dinámicas. Así, si el 1 de abril se hubiesen hecho 3.500 test; entonces el 5 de abril debimos haber hecho 7.000 test; el 9 de abril 14.000; el 13 de abril 28.000, y el 17 de abril deberíamos haber hecho 56.000 test. Lo que hubiese logrado el MINSAL con un gran número de testeos, es que la curva de casos confirmados fuese un reflejo del comportamiento del contagio real. Por el contrario, apuntan González y Kiwi, “el número de test en Chile es tan bajo, que no permite relacionarlo con el contagio real de manera simple y segura, por lo tanto, creemos que estamos ciegos”. Un bajo nivel de testeo hace muy difícil aplicar modelos predictivos, que por ejemplo, nos avisen de cuándo sería el peak de contagios o siquiera una estimación de la demanda para los próximos días en el sistema de salud. En suma, una estrategia de cuarentena dinámica como la que aparentemente ha definido el gobierno, requiere una mayor capacidad diagnóstica y sobretodo un aumento de testeos que nos permitan pesquisar pacientes asintomáticos a quienes se les debe aplicar un confinamiento para evitar el aumento de contagios. Situación que hoy no está ocurriendo. En estas condiciones dar señal de normalización de actividades sin haber siquiera alcanzado el peak de contagios, contraviene todas las medidas recomendadas y confunde a la población.

-Que con dichos antecedentes a la mano, las medidas adoptadas por el gobierno, más allá de los protocolos sanitarios que se puedan recomendar, claramente elevan riesgo de población y funcionarios públicos a contagio del Covid-19. Las “recomendaciones” definidas en el protocolo por la autoridad, dirigidas a funcionarios públicos, así como a centros comerciales, locales de venta de bienes o prestación de servicios a clientes, para prevenir y disminuir el riesgo de contagio, en su calidad de “recomendaciones”, no sólo son insuficientes para prevenir el contagio por coronavirus. Pueden incentivar y alentar de forma irresponsable la masificación de los niveles de contagio actuales, a la fecha, desconocidos por el gobierno al carecer de una base de testeo y evidencia científica confiable.

-Que las medidas anunciadas vienen a ratificar y desnudar carácter ético de este gobierno, en línea y equiparable al del Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, quién recientemente señalara que “no podemos matar la actividad económica para salvar vidas”. Es decir, la primacía del dinero por sobre la vida de las chilenas y chilenos. Es tan complejo el anuncio hecho por el gobierno que la propia presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, ha hecho un llamado a la autoridad a la prudencia y responsabilidad.

-Que como Consejo Nacional, dirigentes, alcaldes y parlamentarios de la Democracia Cristiana llamamos al gobierno a revertir estas medidas que ponen en riesgo la vida de nuestros compatriotas. Ello hasta no presentar evidencia seria que avale tales determinaciones. En ese sentido, respaldamos también a todos nuestros funcionarios públicos. No hay condiciones para que vuelvan a sus labores presenciales, por lo anteriormente expuesto y por la carencia de EPP (elementos de protección personal) para una gran mayoría de ellos.

-Que somos conscientes del difícil momento económico que vive el país y de la necesidad de tomar medidas profundas para preservar empleos, fuentes laborales y productivas. En esa línea desde la Democracia Cristiana hemos propuesto una agenda clara y urgente para hacer frente a esta compleja coyuntura. Una agenda que debe comprometer un esfuerzo más sustantivo del Estado y que focalice una intervención masiva en las familias, pymes y trabajadores independientes más vulnerables. Esa es la vía para ayudar a millones de chilenos en riesgo de perder no sólo sus fuentes laborales y económicas, pero más importante, su propia vida.

-Que le pedimos al gobierno obrar sin prejuicios, con empatía y sentido ético, escuchando a una ciudadanía que clama por un Estado y un gobierno que la arrope y la proteja en momentos de total incertidumbre y no que la exponga como pretende hacerlo con esta medida.

 

*Firman:

-Fuad Chahin, Presidente Nacional Democracia Cristiana

Consejo Nacional Democracia Cristiana

-Diputados: Joanna Pérez, Gabriel Ascencio, Gabriel Silber, Víctor Torres, Daniel Verdessi, Miguel Ángel Calisto, y Matías Walker.

-Alcaldes: Felipe Delpín, Carmen Gloria Quintana, Javier Muñoz, Juan Rojas, Jorge Silva

*Ver declaración pública:

declaracion frente a instructivo funcionarios publicos y apertura centros comerciales