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Coronavirus

Senador Montes (PS) criticó plan de Piñera: «El Gobierno supone que todos los sectores medios son homogéneos»

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A aquellos que están menos endeudados, que están en una condición de profesionales en una determinada postura, puede servirles», dijo el senador socialista en Cooperativa. «Sin lugar a dudas, el concepto y el enfoque es de más deuda», criticó.

El senador Carlos Montes (Partido Socialista) criticó este lunes el plan de ayuda anunciado por el Presidente Sebastián Piñera para aliviar a la clase media, fuertemente golpeada por las crisis económica derivada de la pandemia, porque «supone que todos los sectores medios fueran homogéneos» y fomenta el «endeudamiento».

Las medidas del paquete del Ejecutivo, por unos 1.500 millones de dólares, prevén la entrega de un crédito de hasta 2.600.000 pesos, separado en cuatro cuotas, con una tasa de interés igual a cero y un plazo de cuatro años para pagarlo, junto con la postergación del pago de los dividendos con una garantía estatal.

El paquete de ayudas incluye también la postergación hasta seis meses de los pagos hipotecarios para familias con merma de ingresos, un subsidio de arriendo de 150.000 pesos y una ampliación de los Créditos con Aval del Estado (CAE) para que los jóvenes puedan acceder a estudios superiores.

«Sin lugar a dudas, el concepto y el enfoque es de más deuda. Lo que yo le agrego es que algunas personas van a estar en condiciones y le puede representar un apoyo, pero a otros no», dijo el parlamentario en Lo Que Queda del Día, de Cooperativa.

«A aquellos que están menos endeudados, que están en una condición de profesionales en una determinada postura, puede servirles, pero yo no generalizaría esto como la gran solución. Creo que aporta, pero con un efecto que no es generalizado», sostuvo.

Montes aseguró que estudiarán el alcance de cada una de propuestas del paquete, aunque advirtió que fueron anunciadas de manera tardía por parte del Ejecutivo. «Cuesta entender la dificultad del Gobierno para tomar decisiones con claridad», fustigó.

En esta misma línea, el senador Jorge Pizarro (Democracia Cristiana), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, sostuvo que «es mejor pensar en subsidios directos o en medidas que faciliten el no pago de determinados compromisos o de determinadas deudas mientras se mantenga la emergencia»,

Las ayudas anunciadas por el Presidente Piñera tienen que ser aprobadas aún por el Congreso.

Senadora Ximena Rincón (DC) dura con Piñera tras portazo al retiro de los fondos de las AFP: «Presidente a quién está protegiendo»

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En el marco del rechazo del Gobierno al retiro del 10% de los fondos de pensiones para enfrentar la emergencia por el Covid-19, la jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, señaló que el Presidente de la República tiene el “deber moral, ético y constitucional de defender a hombres y mujeres de nuestro país”.

“El gobierno sigue empecinado en cerrar la puerta al retiro del 10% de los ahorros de hombres y mujeres de nuestro país. Durante años, desde que el sistema se creó dijeron que eran platas de los trabajadores. Y es verdad son platas de los trabajadores, porque es una cuenta de ahorro individual, no es seguridad social y eso hay que decirlo”, detalló la senadora DC.

Además, Ximena Rincón hizo un llamado al Presidente a escuchar a la clase media, “el 10% es de los trabajadores, no de quienes lo administran. A quién está protegiendo. Usted (Piñera) tiene el deber moral, ético y constitucional de defender a hombres y mujeres de nuestro país”.

“Presidente que está esperando, la clase media requiere ayuda. Usted ha impulsado y anunciado un nuevo paquete de medidas. Y son buenas medidas para un segmento de la población. Pero son más créditos, más endeudamiento, más angustia para millones en nuestro país”, concluyó.

Promulgación de Ley de no corte de Servicios Básicos

“Presidente el 11 de julio vence el plazo que usted tiene para promulgar definitivamente la Ley de no corte de servicios básicos, qué está esperando. ¿Está esperando que la clase media le suplique?”, enfatizó.

Asimismo, la senadora Ximena Rincón indicó que parece que el gobierno está esperando que le rueguen. “Presidente, su deber es gobernar para todos, no para unos pocos que no tienen problemas”.

“Usted está impulsando una agenda que está llegando a los más vulnerados de nuestro país, está llegando lento, está llegando tarde, pero está llegando. Hemos apoyado esos proyectos, pero nos falta la clase media. Presidente promulgue, de una vez por todas, la ley de no corte de servicios básicos”, añadió.

Réquiem en verde o la muerte de una institución

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Por David Pellizzari Ossa

Fueron miles los hombres y mujeres que sirvieron con valor, dedicación y corrección en sus filas, que materializaron los principios en que se basa toda institución policial. Algunos incluso llegaron a entregar su vida con genuino heroísmo, y, en este réquiem, debemos reconocer su entrega, procurando que su recuerdo sea lo que atesoremos hacia el futuro, cuando recordemos a la institución que hoy despedimos, que ha muerto… Carabineros de Chile.

Su activa participación en las deleznables violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar, su evidente ineficacia en el control de la delincuencia común y el narcotráfico, su actuación desproporcionada y errática durante las movilizaciones posteriores al 18-10 y, en general en cualquier manifestación masiva, así como el triste historial de irregularidades y cuantiosos desfalcos, fueron minando su credibilidad y legitimidad en la ciudadanía, fueron matando el alma de una institución teóricamente concebida para servir a la comunidad; sin embargo, aunque graves, no son la causa de muerte de la institución, sino, más bien, síntomas de una enfermedad congénita, que la aquejó toda su existencia, pero que en los últimos años se hizo cada vez más visible y gravosa: su carácter militarizado.

“Carabineros de Chile es una institución policial técnica y de carácter militar”, así comienza el artículo 1 de su Ley Orgánica Constitucional; ese carácter militar grabado a fuego desde su definición más básica fue el cáncer que terminó por matarla.

La definición citada no solo está escrita en una Ley que pocos conocen, determinó la naturaleza misma de la institución, su misión, atribuciones y tristemente, el modo en que se relacionó con la comunidad. La naturaleza castrense de Carabineros significó su aislamiento del resto de la sociedad, con una justicia diferenciada, con un sistema de salud separado del resto de los chilenos y hasta con pensiones que se sujetan a reglas distintas y que no responden, necesariamente, a la naturaleza de sus funciones, sino más bien, a una concepción decimonónica de la “carrera militar”.

La policía militarizada tuvo una concepción vertical no solo del mando en su interior, sino en el ejercicio de la autoridad respecto de los civiles, profundamente machista, burocrática, racista y clasista, a pesar de estar compuesta, en su mayoría, por chilenos provenientes de los estratos sociales menos favorecidos, terminó siendo percibida como una especie de guardia pretoriana de los poderosos, y no como un aliado de los desposeídos; los que más necesitaban de su protección.

La lógica militar de buscar “enemigos” y  “escenarios de conflicto”, se fue haciendo cada día mas evidente en su actuar, la represión, los abusos, las torturas y la violencia desproporcionada, se explican así de un modo estructural, y no se subsana con una distinta formación o mejores protocolos; está determinada por la naturaleza de la institución.

Carabineros se fue encerrando en sí mismo, sus procedimientos empezaron a ser más importantes que su función, y, en ese proceso, se fue divorciando crecientemente de su necesaria relación con la comunidad; éste fenómeno es relativamente normal en las organizaciones que tienen reglas distintas del resto de la sociedad en que funcionan, y tampoco es privativo de las uniformadas, también están en crisis las instituciones religiosas y las políticas, ambas constituidas en verdaderas castas encerradas en burbujas, que las mantienen separadas de las personas que dicen representar.

La Ley y la forma en que se concibió fueron construyendo una policía uniformada que, con el paso del tiempo, fue acrecentando su desconexión con la realidad del país y terminó siendo profundamente ineficiente en el cumplimiento de las tareas esenciales, y, por tanto, requerimos replantearnos la función permanente del Estado que pretendía cumplir la institución que hoy despedimos, así como la necesidad de la existencia de dos policías distintas con una superposición de funciones difícil de comprender.

En Estados Unidos, a raíz del estallido social desencadenado por un nuevo hecho de violencia racial con la policía como protagonista, hemos escuchado con envidia que se estudiará, no una reforma a las policías, no una modernización de sus protocolos, no, lo que se ha anunciado es una redefinición de la función policial.

En Chile, después del debido luto, corresponde construir un modelo de función policial acorde a las necesidades de nuestra sociedad actual, y diseñar instituciones adecuadas para su cumplimiento, que, uniformadas o no, deben tener un carácter civil y absolutamente inmerso en los territorios y empapadas de cada realidad particular. Nuestro país requiere una policía organizada bajo un modelo comunitario, en estrecha relación con la comunidad en que se inserta, distribuida en pequeñas unidades policiales en las que se presten además otros servicios públicos y sociales, sin distancias ni barreras insalvables que solo son mascaras de “autoridad”. Necesitamos y merecemos una policía moderna y funcional, con otro nombre y otra “alma”, más allá de la nostalgia de instituciones anacrónicas.//ELF

Senadores de oposición presentan proyecto de ley para limitar atribuciones del Presidente

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Según BíoBioChile.cl, cinco senadores de oposición presentaron un proyecto para limitar las atribuciones del Presidente de la República, argumentando que “el sistema político se caracteriza por una tendencia a un presidencialismo exacerbado”.

Quienes impulsan la iniciativa son los parlamentarios del PPD, Adriana Muñoz y Guido Girardi, el senador socialista Alfonso de Urresti, y el parlamentario independiente, Pedro Araya.

La moción busca establecer que, si un proyecto es declarado admisible en el Congreso, el Ejecutivo tendrá que responder en un plazo de 30 días, en caso de que se solicite su patrocinio. También, permitirá que la Cámara y el Senado, puedan intervenir en la calificación de urgencias legislativas, tarea que hoy es exclusiva del Presidente.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti, aseguró que el “uso abusivo” de las facultades de un Mandatario aumenta la desafección de la ciudadanía.

Por su parte, el senador Girardi explicó que la moción añade la iniciativa popular de ley para así agregar a los ciudadanos a la discusión legislativa.

La reforma, que fue ingresada a la Comisión de Constitución del Senado, también reducirá las facultades exclusiva del Presidente en normas ligadas a seguridad social, sistema previsional y negociaciones colectivas.

Fernando Atria, abogado constitucionalista En La Fontana: «Lo que estamos viendo hoy, con esta pandemia, es que el neoliberalismo mata. Es un sistema malo para la salud»

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Para conocer su visión sobre cómo la pandemia del coronavirus destapó las desigualdades existentes en Chile, y que justifican el advenimiento de una nueva constitución, En La Fontana entrevistamos al exsocialista y abogado de la Universidad de Chile, Fernando Atria.

El constitucionalista, que hace años viene instalando el tema de que exista una carta fundamental, y consciente de que muchas voces sociales que salieron a mostrar su descontento tras el estallido social del 18-O, no se sienten representados por la clase política tradicional. Ante aquello, convocó a colaboradores y dirigentes comunales para crear un nuevo partido: Fuerza Común (FC).

Colectividad inaugurada hace poco más de cuatro meses, que buscará ganarse un espacio en el espectro político de la centroizquierda, pero con gran arraigo en la ciudadanía que plantea cambios estructurales. Realidad que pasa por el surgimiento de un nuevo pacto social traducido en una nueva constitución elaborada cívicamente por los chilenos.

Pandemia en Chile

-¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno en enfrentar la pandemia? Ahora dice que hay una «leve mejora»…

-Sabemos bastante poco acerca de cómo va evolucionar esto. Ya hemos pasado por estas declaraciones que, a partir de datos selectivamente considerados, se declara que todo viene mejor. Así que yo respecto de eso sería más bien escéptico. Por otro lado, hay mantener la prudencia y esperar a ver qué pasa (…) Hemos aprendido en estos meses, que esas declaraciones suelen tener consecuencias bien graves.

-¿Cómo debería actuar el Ejecutivo?

-El Gobierno debería entender, el hecho de la renuncia del ministro de Salud anterior (Jaime Mañalich), tiene el sentido de que el Ejecutivo usó y perdió la posibilidad de fijar unilateralmente la estrategia para enfrentar la pandemia. Hoy se necesita una estrategia que esté socialmente validada, conversada con la sociedad civil, sean gremios, expertos, asociaciones de epidemiólogos y sociedades científicas, etc. El Ejecutivo debería convocar a todas esas instancias y elaborar así una estrategia que pueda presentarse al país y que represente el esfuerzo de todos los chilenos.

-Al parecer, el ministro Enrique Paris es más dialogante que su antecesor…

-Lo importante es que la estrategia que se vaya adoptado sea producto de esas conversaciones, y no una imposición del Gobierno.

Ayudas sociales

-¿Las medidas de bono Covid-19, el IFE 2.0, el reparto de cajas y ahora el plan para la clase media son insuficientes?

-Han sido medidas insuficientes de manera manifiesta, y en algunos casos desastrosas. El reparto de cajas fue una pésima medida orientada por la conveniencia de que funcionarios de Gobierno se sacaran fotos frente a personas, en cuyas cara se ve la penuria de una forma bien vergonzosa e inadecuada, porque además afectó a pequeños almaceneros al no ser parte de proveer esos bienes. En fin, fue una mala señal. En general, la respuesta económica ante el hambre y la cesantía ha dejado mucho que desear (…) El Gobierno está pensando en cómo, las cosas que se hagan o no se hagan, van afectar el proceso constituyente (…) No creo que estén buscando dilatar el proceso, lo que sí están considerando es que, si aplicar medidas más estatistas son vistas por la sociedad como medidas que solucionan el problema, entonces, esas posiciones van a ser reforzadas en la discusión constituyente.

-¿Usted apoya el retiro por parte de los cotizantes del 10% de los fondos de las AFP?

-La discusión del no retiro del 10% de las AFP tiene que ver con proteger al sistema de de capitalización individual respecto de lo que vendría después de ese 10%, o las consecuencias para la economía que tendría el hecho de este retiro a cambio de un bono de reconocimiento del Estado a los cotizantes. En consecuencia, parte de la negativa del Gobierno de considerar medidas urgentes en beneficio de las personas, es que tienen el temor que se derrumben los principios del neoliberalismo ,al que ellos adscriben, en el proceso constituyente.

-¿La excesiva focalización de las ayudas sociales perjudica a la misma sociedad, al no existir medidas más universales?

-Una de las discusiones que se van a dar es que si los beneficios sociales tienen que ser en clave universalista o no. Si justo antes del proceso constituyente las políticas universalistas se validan públicamente, eso es, desde la óptica del actual Gobierno, un problema. En ese marco, la misma lógica de la focalización empieza a ser un poco absurda, porque la gente espera del Estado una ayuda directa para la gran mayoría de la población, y no solo a quienes más lo necesitan.

-¿Es un peligro endeudar más a la clase media, «con préstamos blandos», en lugar de que el Estado otorgue transferencias directas a este segmento de la población, que es la mayoría en Chile?

-La manera en que hay que proceder, ahora, no es con programas a los que haya que postular, porque la calificación de una postulación significa que la ayuda va a llegar semanas después, en el mejor de los casos. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos universales que, a través de transferencias a la Cuenta RUT, funcionen ágilmente y que, finalmente, después se vea si le correspondía o no ese monto a una persona determinada, de acuerdo a los ingresos formales que posea. Es urgente que la ayuda llegue a las personas lo más rápido posible.

Protección del modelo

-¿El Gobierno ha priorizado la economía por sobre la salud de las personas?

-Lo que estamos viendo hoy, con esta pandemia, es que el neoliberalismo mata. Es un sistema malo para la salud. Hoy, estamos en un momento en que el Estado debería gastar mucho más dinero de lo normal y, probablemente, esos US$ 12 mil millones del marco de entendimiento no serán suficientes para lo que se necesita. En las condiciones actuales, Chile tiene acceso a créditos internacionales para endeudarse y, con ellos, gastar más. Es decir, tiene un enorme espacio para endeudarse, o usar bonos soberanos para un bono ulterior de reconocimiento en caso de retiro de fondos del 10% de las AFP. Lo que quiero decir es que fuentes hay de sobra. No hay justificación para no enfrentar esto de manera adecuada.

-¿Hoy más que nunca, a su juicio, se hace necesario tener una nueva constitución en Chile?

-La cuestión de la constitución tiene que ver con la deslegitimación, evidente, de la política institucional hoy. O  sea, si desde afuera se quiere mirar lo que pasa en Chile, uno se daría cuenta de que no hay legitimidad ni credibilidad de las actuales instituciones que conformar el país. Y eso, no es bueno para nadie. Lo que necesitamos es una política institucional legitimada. Y eso, solo vendrá de una nueva constitución que le dé a la política capacidad de actuar para producir una transformación del modelo neoliberal. Mientras eso no pase, y tengamos una política que le da lo mismo cuántas personas marchen en contra de las AFP, la política seguirá siendo vista como el arreglo de la clase política para beneficiar al poder económico, que es lo que hoy ocurre.

-¿Debemos transitar de un Estado subsidiario a un Estado de beneficios sociales?

-Por cierto. Hay que erradicar esta idea de la constitución actual, que tiene que ver con el Estado subsidiario, que es una idea que solo pudo realizarse en la constitución gracias al golpe de Estado y posterior dictadura militar. De lo contrario, no tendríamos Estado subsdiario.

-Pero la Conceración mantuvo el modelo…

-La Concertación decidió jugar en la cancha constitucional sin impugnarla. Hay distintas explicaciones de por qué lo hizo, pero ese es el hecho que ocurrió. El año 2005 el Presidente, Ricardo Lagos, declaró con su reforma constitucional, que era la constitución que él quería. Y la consecuencia de ello, fue que este conglomerado pagó lo que hizo con una deslegitimación total. Hoy, la Concertación no existe ni menos la Nueva Mayoría.

Nuevo partido

«Necesitamos una nueva forma de hacer política, que sea más legitimada y eso solo podrá venir del proceso constituyente», dice Atria En La Fontana.

-¿Fuerza Común nace como una respuesta a estallido social?

-Toda esa gente que salió a movilizarse el pasado 18 de octubre, y que logró abrir el proceso constituyente, desbloqueó todos los cerrojos que protegían la actual constitución. Un poco menos de un mes del estallido social se tenía fecha del plebiscito constituyente, con este acuerdo nacional. Toda esa fuerza que surgió en esas fechas no está dispuesta a aceptar estar representada por los partidos políticos tradicionales. De ahí surge Fuerza Común.

-¿Está en peligro el proceso constituyente?

–Si no se hace el plebiscito, no va haber proceso constituyente. Si no se hace esta elección, todo el proceso que venga después no va a ser de verdad. Va a suceder como en el año 2005, que fue un acuerdo entre cuatro paredes para solo una reforma constitucional, que mantuvo el modelo actual. El proceso constituyente solo será de verdad, en la medida en que haya una fuerza social potente, que represente a la mayoría de los chilenos. Y si no se hace el proceso, esa fuerza social se restará de todo tipo de acuerdo posterior, porque lo considerará un tinglado o un «arreglín». Entonces, esto será válido si hay plebiscito y que la fuerza social surgida el 18-O encuentre caminos para manifestarse.

-¿Y su partido apunta a ese objetivo?

-Fuerza Común tiene la finalidad de ser un partido que pueda presentar candidatos, pero que no sea uno más de los partidos políticos tradicionales. De ese modo, ser un canal para que esa población mayoritaria se manifieste (…) Surge como visión de una nueva constitución y que quiere contribuir a que esa visión sirva de punto de encuentro de todas las fuerzas transformadoras.

-¿Hay unidad dentro de la oposición y la centroizquierda para establecer fines comunes ligados con el proceso constituyente?

-Hay mucha crítica contra esos partidos de centroizquierda, como la Convergencia Progresista (PR-PPD-PS), pero también veo un gran fraccionamiento de las fuerzas que no son de derecha por decirlo así. Va haber mucho que conversar y posiciones que fijar y acuerdos a los que llegar, para poder enfrentar con responsabilidad la elección de la convención constitucional, con tal de no cometer el error de quienes están por una nueva constitución. De modo, de no regalarle la mayoría de los votos a quienes están en contra de cambiarla. Sería una irresponsabilidad política histórica, que no lleguemos a acuerdo dentro de la oposición.

-¿Se podría dar un estallido social 2.0?

-Si el proceso constituyente termina siendo trunco. O sea, que la solución sea solo una reforma constitucional, eso quiere decir que todos los problemas que suscitaron el estallido del 18-O van a quedar sin solución. En ese caso, no me cabe duda que va haber otra irrupción popular como la que hubo el año pasado.

-Finalmente, ¿Cómo ve el futuro cercano del país?, ¿Con optimismo o pesimismo?

-Veo con preocupación el costo humano que tendrá la pandemia en Chile. Hay gente que murió y que seguirá muriendo. Hay gente que está pasando hambre y cesantía. Las consecuencias de la pandemia van a ser bien terribles. Además, la reactivación económica será lenta. Algunos dicen que el costo de la pandemia implica realizar el proceso constituyente es un lujo que no nos podemos dar. Yo diría ante eso, que con la emergencia que tenemos, es necesario una nueva forma de hacer política y que sea validada desde las bases sociales. O sea, hemos tenido que pasar la pandemia con una clase política deslegitimada. Y eso es un problema. Necesitamos una nueva forma de hacer política, que sea más legitimada y eso solo podrá venir del proceso constituyente.//ELF

Bancada DC por propuesta del Presidente para la clase media: “La solución no puede ser más endeudamiento para las familias”

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Parlamentarios DC insistieron en necesidad de inyectar recursos vía transferencia directa a las familias, permitir que se retire parte de los fondos de las AFPs y que se promulgue la ley que prohíbe cortes de servicios básicos, entre otras acciones.

En duros términos los diputados de la Democracia Cristiana (DC) reaccionaron hoy a la propuesta anunciada por el Presidente de la República para la clase media. Junto con criticar el anuncio de más créditos para las personas, considerando el alto endeudamiento en las familias chilenas, emplazaron al Gobierno a “ponerse realmente en lugar de las personas y otorgar apoyos reales y concretos para enfrentar la crisis economica social que viven millones de chilenas y chilenos; no impulsando un mayopr endeudamiento, sin con un apoyo real del estado”.

Al respecto, la diputada DC Joanna Pérez, señaló que “es lamentable como este gobierno insiste en seguir endeudando a la clase media y no dar un apoyo real. Sigue negociando a través de acuerdos, con bancos para los créditos hipotecarios, y para las deudas con Aval del Estado en materia educacional».

Sobre lo mismo, añadió: «Por cierto esto no es ayuda, solamente viene a generar más negocios para el sistema bancario que ha generado abusos y que tiene a la clase media endeudada (…) Aquí se necesitan transferencias directas y abrirse a la posibilidad del retiro del porcentaje de las AFP y que el Estado se haga cargo de una vez por todas de la clase media, que paga sus impuestos, que es responsable y que es el motor de las pymes y hoy día no tienen una respuesta clara. Presidente, mejor promulgue una ley que está ad portas para que la clase media pueda ser beneficiada, que es la ley anti cortes de los servicios de luz, agua, gas, telefonía e internet».

El diputado Gabriel Silber, en tanto, señaló que “no hay nada de apoyo real, no se incluye el tema del dicom, no hay recursos directos y rápidos para pequeños emprendedores de clase medida como el capital semilla y mucho menos se habla de la demanda que hoy todos los ciudadanos formulan con justicia, el retiro de fondos desde las AFPs. Nada de nada, realmente una burla para las familias de clase media».