Luis Cordero

El presidente Gabriel Boric, el 30 de diciembre de 2022, dos años después de su detención, indultó a Luis Castillo junto a otros 13 presos del estallido social.

Sin embargo, esta decisión ha sido nuevamente cuestionada después de que Castillo fuera detenido y puesto en prisión preventiva por su presunta participación en un secuestro.

En este contexto, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, comentó a El Mercurio que “negué todos los indultos que estaban pendientes del estallido social. Lo dije públicamente bajo qué criterio”.

En esta misma línea, explicó que solo ha otorgado dos, que a su juicio eran situaciones de personas que estaban en sus últimos días y que “en realidad fue un indulto para que pudieran morir en sus casas».

“Me quedan muchas reflexiones sobre cómo abordar los indultos y creo que es demasiada responsabilidad en los hombros de una persona, no solo respecto del público, también respecto de los solicitantes”, comentó.

Consultado por el caso Castillo, expuso que “es una situación muy amarga e ingrata», agregando que no trató dicho asunto con el mandatario.

Este viernes el ministro de Justicia, Luis Cordero, solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la disolución de seis fundaciones que estarían presuntamente involucradas en el Caso Convenios.

El secretario de Estado pidió la disolución de las fundaciones Kimün, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Fundación Local, Fundación En Ti, Espacio Coigüe y Fundelin.

El argumento de la autoridad para haber hecho la solicitud se sustenta en la nula respuesta a los requerimientos de información que hizo el Ministerio de Justicia.

Esto impidió verificar si las organizaciones cumplían con las normas establecidas para sostener convenios.

“Tal como el Ejecutivo fijó su doctrina en la solicitud de disolución en el caso Democracia Viva, el elemento común de las solicitudes presentadas al consejo tiene que ver con el hecho de que son fundaciones que han incumplido su objetivo social“, explicó Cordero.

En esa línea, el ministro agregó que “o bien han actuado al margen del objetivo social o han distorsionado su propósito. Desde ese punto de vista, han incumplido los objetivos en virtud de los cuales la ley autoriza la constitución de entidades sin fines de lucro”, consignó La Tercera.

El ministro de Justicia, Luis Cordero calificó como «excesos retóricos» los dichos de diferentes parlamentarios sobre el cumplimiento de 50 años del golpe de Estado.

Este domingo, el secretario de Estado comentó el ambiente en el Congreso en el programa Estado Nacional, aseguranado que se trata de palabras que «ofenden, en ocasiones, que perjudican, o que lesionan activos importantes para la democracia y las personas puedan ser adecuadamente corregidos o llamados al orden».

Al respecto, reiteró que «el problema no es el debate, sino el tono de la discusión (…) una de las particularidades de Chile en el siglo XX, hasta antes del golpe en el contexto de América Latina, era que tenía una de las democracias más estables de la región. ¿Qué sostenía eso?, en buena parte la tradición institucional y republicana».

Una de las declaraciones que generó polémica en este contexto fue la de la diputada Gloria Naveillán, quien calificó las agresiones sexuales en la dictadura como una «leyenda urbana».

Cordero aseguró que esto «pasa por encima no solo sobre lo que han dicho las comisiones de Verdad, sino que una cantidad importante y abrumadora de sentencias judiciales y pruebas».

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió en diálogo con Cooperativa a la promulgación de la ley que endurece las penas en casos de delitos económicos, y abordó el denominado Caso Convenios, donde dijo que de momento no se ha detectado la existencia de un “mecanismo” para defraudar al Estado.

Sobre la nueva normativa, el titular de Justicia expresó que “no conozco hasta ahora, sobre todo en temas de regulación y establecimiento de delitos, un proyecto que haya contado con una asesoría y un trabajo tan dedicado y especializado en los últimos años”.

Cordero también abordó la ofensiva empresarial en contra de la ley y planteó que “tengo la impresión de que la CPC llegó tarde a la discusión” y aseguró que la ofensiva del gremio empresarial “sólo significó un costo reputacional”.

Respecto del caso Convenios, el ministro de Justicia expresó que “hasta ahora no tenemos antecedentes de que exista un mecanismo, entendiendo por mecanismo un sistema urdido con el fin de defraudar al Estado. Lo que sí tenemos son un conjunto de actuaciones que han permitido que determinadas personas hubiesen actuado contra el interés público y en algunos casos directamente defraudado”.

El ministro además cuestionó las acciones judiciales emprendidas por representantes de partidos de la oposición y planteó que “utilizar querellas contra funcionarios públicos respecto de decisiones que adoptaron o decisiones que no se comparten se está haciendo extremadamente habitual”.”Me preocupa que se comience a naturalizar el uso de la querella como un medio para amparar una estrategia política”, indicó.

El titular de Justicia añadió sobre el caso Convenios que “la reacción debe ser inmediata y no ambigua. En el corto plazo se pueden pagar costos de esa acción, pero ser enfáticos en que son situaciones inaceptables, que algunos son casos de corrupción y que es necesario perseguirlos es la única manera de recobrar la confianza en las instituciones”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió este domingo a la crisis que se ha desatado en el Gobierno por el Caso Convenios. Y específicamente, la autoridad confirmó que los dineros entregados a la fundación Democracia Viva a través del Minvu serán restituidos.

«Era un proyecto que estaba en etapa de ejecución inicial, por lo tanto la gran mayoría de los recursos van a ser restituidos», precisó en Estado Nacional de TVN.

Por lo mismo, al ser consultado si la figura es un eventual fraude al fisco, fue enfático en señalar que las eventuales faltas o delitos deben ser definidas de acuerdo a los hechos.

«Hay que tener cuidado, cuando miremos restrospectivamente en un tiempo más, cuáles eran casos genuinamente penales, cuáles eran de infracción administrativa y cuáles son de genuina responsabilidad política».

En la instancia también se le preguntó a Cordero por la cronología de los hechos, específicamente por la fecha en que el Presidente Boric se entera de los hechos, así como su asesor.

«No tengo ningún antecedente de que Miguel Crispi haya tenido conocimiento antes. Respecto a todos los antecedentes que nosotros hemos elaborado para efectos de determinar al momento en que se adoptaron las decisiones».

«La Moneda y todas sus autoridades supieron el 16 de junio», zanjó. Asimismo, sobre el tema de la responsabilidad de las autoridades de Gobierno, insistió en respaldar la labor del ministro de Vivienda.

«El ministro Carlos Montes levantó la información de modo inmediato y llamó a otros ministros para ver cómo se aborda el tema, ha sido extremadamente proactivo».

Cordero replicó que «no solo levantó la información de modo inmediato, sino que inmediatamente levanta los teléfonos a otros ministros para ver cómo lo podíamos abordar», acotó.

Y en cuanto a las críticas que han surgido contra el ministro Giorgio Jackson, dijo no entender «cuál es el vínculo con el convenio salvo su militancia en RD. Y si eso es así, qué tiene que ver con convenios. Uno tiene que evaluar a los ministro por los desempeños de sus sectores, no por las afiliaciones a las cuales pertenece».

«Yo logro entender esa crítica desde el punto de vista político, pero desde la responsabilidad jurídica no veo el vínculo (…) hasta ahora no hay ningún antecedente en que esté vinculado», cerró.