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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Columnista

Las preocupaciones de Andrónico

octubre 20, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Humberto Burotto

Vicepresidente nacional de la DC

En el contexto actual, donde formas de hacer política, de carácter oligárquica y de mirarse a sí mismo, se confunden con toda la actividad política; y donde a aquellos miembros de partidos políticos que han caído en acciones corruptas se les confunde con “todos los políticos”, es normal reproducir el viejo estribillo que proviene de los tiempos de la dictadura, y que cada cierto tiempo aterriza en la arena pública bajo la forma de una desconfianza hacia el mundo político y hacia la política en general.

No se realiza el ejercicio serio y responsable de hacer la diferencia entre aquellos ciudadanos que se dedican a la política de manera noble y austera para lograr el bien común, de un conjunto de políticos(as) que desde hace años ocupan la puerta giratoria que va del Gobierno a los directorios de empresas y desde estos nuevamente al Gobierno.

A quien nunca ha militado en un partido político, percibir de esta manera la relación entre el mundo de la política y la actividad empresarial, lo único que le interesa es alejarse lo más posible de este tipo actividad. A lo más, le interesa acercarse a este mundo solo como espectador de aquellas series y películas que Netflix muestra semanalmente. Por otra parte, es justamente lo que muestran los medios de comunicación cotidianamente: la perversa relación entre la política y los negocios.

Pero en la vida cotidiana, en el mundo de la realidad, el rol del militante y del simpatizante tiene muchos matices y en la mayoría de ellos es diametralmente opuesto a la lógica del dinero. Las más de las veces, la acción es desinteresada, más ahora donde la fragilidad y vulnerabilidad que ha generado la pandemia del COVID-19 es de tal magnitud que solo la comunidad y acción colectiva de independientes, militantes y simpatizantes ha permitido enfrentar la soledad en que este Estado ausente y neoliberal los ha dejado. De esta manera se organizan ollas comunes para que los desamparados se sientan cobijados como personas, más allá de la caja de mercadería que hipotéticamente les ha llegado. Es el mundo del dirigente vecinal y sindical, que puja por beneficios para sus compañeros de trabajo y del barrio, que se expone públicamente ante la autoridad municipal y empresarial para defender derechos.

Ese relato, el de la lógica del mercado y del dinero, hace invisible el sacrificio, la lealtad y el tiempo que estos voluntarios –muchos de ellos militantes– ocupan en actividades de bien común, bajo una concepción comunitaria de la existencia, que enriquece la vida social en la base, en el sindicato, en el barrio, en el gremio, en las universidades y en las poblaciones de Chile. Invisibiliza también el motivo de su acción, que es contribuir para que Chile sea un país mejor. Esa actividad también es profundamente política.

Por esta razón es que nos llama poderosamente la atención el mensaje desde los principales conglomerados empresariales del país, de colocar a todos quienes se manifiestan por poner freno a los abusos y privilegios; por insistir en regular la acción del mercado, y se trate a todos ellos como políticos corruptos. Esta rutina pinochetista de confundir el todo con una parte, tiene algo de simplismo, injusticia y mucho de manipulación.

En efecto, es simple porque deposita la responsabilidad exclusiva del devenir de Chile solo en los ciudadanos dedicados a la política. Es injusta, porque todos los problemas de Chile se adscriben al desempeño de los políticos, sin identificar a los responsables, aquella casta política corrupta en contubernio con la oligarquía empresarial. Y es manipuladora, pues sostiene que mientras que a los políticos no les está permitido involucrarse en negocios –y eso está muy bien–, pareciera no haber problemas con que los empresarios intervengan en política.

Pero la ciudadanía ya se dio cuenta de esta realidad. Después del 18-O, los estándares de representación, legitimidad y liderazgo han cambiado radicalmente. Un síntoma de ello es la ley que forzó a la reelección acotada y no eterna de representantes. Falta aún que la ciudadanía tome conciencia de que es impropio que los empresarios –en vez de hacer su trabajo (generar empleos, crecimiento, competir para satisfacer a los consumidores y no coludirse para perjudicarlos)–, se transformen en actores políticos, sin medirse en elecciones populares y sin tener cargos en el Gobierno. Sin embargo, como es de derecho, la libertad de expresión es un bien sagrado en los países civilizados, por lo cual es legítimo que todos, incluidos los multimillonarios, tengan la posibilidad de expresarse. Es el caso del señor Andrónico Luksic.

El empresario ha instalado tres temas, dos de los cuales son motivo de discusión. Compartimos su mirada sobre la representación de los pueblos originarios y creemos que el Gobierno debería actuar de modo prolijo y oportuno para resolver esto cuanto antes. Este tema es claramente de resolución política. Sin embargo, nos asombran los otros dos temas.

El primero es la propiedad privada. En una columna publicada el 14 de septiembre en otro medio de circulación nacional, levanta los fantasmas de siempre asociados al miedo de que Chile reviva sus traumas. El sentido histórico de su afirmación es prístina: se refiere al Golpe de Estado de 1973 y allí está su primer error. Esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría. ¡La URSS ya no existe! Nadie está por los sóviets y la economía planificada. Lo que sucedió el 18-O no fue un estallido social que sale de la nada, algo mágico o misterioso. Ni siquiera fue un estallido: esto fue una primavera plebeya, la instancia que permitió que los chilenos se reconocieran más allá del individualismo neoliberal y salieran a pedir un cambio colectivo, porque los problemas eran de casi todos y estaban unidos por el abuso.

Fue una declaración colectiva a favor de la dignidad. La ciudadanía se constituyó en la marcha, en la protesta, en el tuit. Constató que los problemas propios eran los problemas del otro y avizoró un sentido de comunidad, que la política económica y cultural de los últimos años sistemáticamente negó. Es un llamado general a modificar nuestras reglas de convivencia. Es un llamado a terminar con los abusos. Nadie pide la expropiación de nada. Nadie está por abolir la propiedad privada. Y si la Constitución es minimalista, no queda la menor duda que los mínimos nos harán dormir a todos muy tranquilos, pues –de nuevo– el mundo político de los ciudadanos dedicados a la política no pondrá en tela de juicio la autonomía del Banco Central, la libertad de enseñanza o culto, la libertad de expresión o la separación de poderes del Estado.

La nueva Constitución no castigará a los emprendedores, a las pymes o a los innovadores que generan negocios intensivos en tecnología. La nueva Constitución deberá generar reglas para desarrollar los mercados y en especial modernizar el mercado de capitales. Pero, sin duda, diseñará una mejor distribución del poder, para que en Chile, todos sus hijos tengan las mismas oportunidades. Es de esperar que fije obstáculos a la concentración económica, pues, como todos saben, eso impide el crecimiento económico sostenido. La historia así lo muestra en el caso de Roma, cuyo declive comienza en el siglo I; Venecia en el siglo XIV, la Unión Soviética en 1970 y Chile en la actualidad.

El segundo tema apunta a las reglas del plebiscito. El señor Luksic está preocupado por los independientes, ya que considera que si no se cautela la representación de ellos, los 155 constituyentes serán simpatizantes o militantes de partidos políticos. ¿Por qué el señor Luksic define esto como una preocupación? Por las razones que expusimos al iniciar esta columna: porque también es un portavoz del estribillo pinochetista de la tentación autoritaria. Pero, respecto de su preocupación creemos que este es un falso problema.

En primer lugar, porque han sido los propios partidos los que han optado por abrir las listas a los independientes. En segundo lugar, porque todos los candidatos tienen intereses políticos y seguramente poseen una concepción de la política y una historia de preferencias e ideales políticos bien definidos a pesar de no militar en partidos políticos. Y eso está bien. Porque el ideal democrático también se reproduce sanamente cuando personas sin militancia política están preocupadas y ocupadas en los asuntos públicos. De modo que la futura convención tendrá muchos independientes, aunque ninguno será neutral, porque eso no existe.

El plebiscito y la futura convención constitucional representan la esperanza de un Chile inclusivo, más democrático y más digno. Es claro que no resolverá los problemas sociales y económicos del país, pero impedirá que se sigan ahondando. Es un mecanismo no solo civilizatorio, sino también de supervivencia. Los únicos riesgos para la democracia es que no dialoguemos de forma franca y sin segundas intenciones. El señor Luksic manifiesta muchas preocupaciones y dudas sobre el plebiscito, pero se guarda de expresar su opinión sobre el mundo empresarial, que en rigor es el mundo que le compete. Como se ha dicho, el señor Luksic tiene derecho a expresar su opinión. Este país no pertenece solo al 99% de los chilenos. El 1% de la población es parte también de Chile y, por la riqueza y el poder que ostentan, su rol es protagónico en este cambio histórico. Entonces, para iniciar la conversación:

¿Qué le parece la concentración económica? ¿Está usted a favor de que los mercados sean menos opacos y más competitivos para que los consumidores se beneficien y no paguen los costos de la colusión? ¿Está por cambiar el rol de los bancos privados y ampliar el crédito a la pyme? ¿Le parece que los grandes conglomerados hagan alianzas con el sector público para desarrollar las industrias del futuro? ¿Está a favor de liberar las manos atadas del Estado y sus empresas para desarrollar las industrias estratégicas de Chile? ¿Qué opina de incentivar la I&D en las empresas chilenas? ¿Qué opina del impuesto al patrimonio de los multimillonarios? ¿Una sola vez o cada 5 años? ¿Cuál es el mecanismo para que las empresas que desarrollan actividades económicas subsidiadas o apoyadas por el Estado no tengan sede en paraísos fiscales? ¿Cómo combatir la evasión tributaria? ¿Cómo castigar la corrupción de las empresas, el espionaje industrial y la competencia desleal? ¿Cómo enfrentar la robotización, la digitalización y el rol de la inteligencia artificial en el mercado del trabajo y esforzarse para que los costos no los pague el trabajador? ¿Habrá que pensar, como ya han expresado distinguidos economistas, que Chile está preparado para algún tipo de Renta Básica Universal?

Una conversación con altura de miras sobre el futuro del país incluye todos estos temas y varios otros más. Entonces, señor Luksic, ¿Cuáles son sus preocupaciones sobre estas materias que atañen al mundo de la economía y los negocios? Su turno.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Andrónico Luksic, columna, Columnista, empresario, Humberto Burotto

Monos porfiados

octubre 18, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera 

“Aun año del estallido, Chile ha recuperado su normalidad”, se felicita un documento firmado por el canciller, remitido a las 87 legaciones diplomáticas de Chile en el mundo, y apoyado por un video del ministro y coloridas diapositivas subidas a la web.

Hace un año, el 17 de octubre de 2019, el Presidente celebraba a Chile en el Financial Times como “el oasis de América Latina”, una frase que había repetido como mantra en los días previos. Los ministros mandaban a los ciudadanos a madrugar y comprar flores, y el expresidente del Metro sentenciaba que “la gente está en otra” y les decía a los “cabros” que “esto no prendió”.

Un año después, en la clase dirigente poco ha cambiado. Las voces que escuchan son las mismas que tan groseramente se equivocaron. Muchos dogmas permanecen incólumes. Como monos porfiados, aunque sean golpeados una y otra vez por la realidad, aunque la fuerza de los hechos los haga inclinarse y rebotar, siempre tratan de volver a su posición original.

Imperturbables. Porque entienden que, más allá del oleaje inquieto, ese mar de fondo que es la pesada historia de Chile no cambia.

Parte del problema sigue siendo una radical ignorancia sobre el país en que viven. Un estudio encargado a Unholster por el Círculo de Directores, con apoyo de la Universidad de los Andes, pone ese abismo en números. Doscientos 39 líderes de opinión, teóricamente las personas mejor informadas del país, 70% de ellos del mundo empresarial, contestaron cómo creen que es Chile.

Para ellos, sólo el 25% de los chilenos vive con menos de $ 160.000 per cápita. En realidad, el 77% de sus compatriotas está en ese tramo de ingreso. También calculan que el 18% de las personas recibe más de $ 800.000 al mes. En verdad ese grupo es apenas el 3%.

La élite estima que las viviendas de comunas de estratos populares valen 1/8 del precio de aquellas de comunas acomodadas. La verdadera diferencia es muchísimo mayor: 1 a 30. También calcula que el 39% de la clase media y el 18% de la clase baja están afiliados a isapres. Las respuestas correctas son 8% y 0%, respectivamente.

Ven un Chile imaginado. Un país que nunca existió.

Al menos algunos discursos han cambiado. El presidente del Círculo de Directores, Alfredo Enrione, admite que “nuestros prejuicios y percepciones son poco precisos. Nuestra clase media es mucho más pobre y frágil que la que percibimos desde la élite”. “No podemos seguir engañándonos”, complementa el gerente general de Unholster, Antonio Díaz-Araujo. Falta “empatía, oír más”, reconoce el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. “Debemos hacer un mea culpa. No conocemos el sentir de nuestra gente”, coincide el timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura. También hay señales esperanzadoras, como la iniciativa de Friosur de compartir el 20% de la propiedad con sus trabajadores.

Pero cuando se entra al área chica, esa apertura a “compartir nuestros privilegios”, como advertía hace un año en aquel inolvidable audio Cecilia Morel, comienza a diluirse.

Ocurre con la corrupción político-empresarial. Un caso grosero es el de Julio Ponce, condenado a pagar US$ 3 millones tras acreditarse que se había embolsado US$ 128 millones con el esquema de las Cascadas. El silencio ante este escándalo se ha vuelto ensordecedor. Ni comisiones investigadoras, ni acusaciones constitucionales, ni reformas legales: el “portonazo” de Ponce, como lo llamó el exfiscal Carlos Gajardo, ha sido ignorado por la clase política, beneficiada por los generosos donativos ilegales de SQM. Tampoco la clase empresarial ha sacado la voz ante este atentado contra los mercados y pequeños accionistas que tanto dicen defender.

También ocurre con los impuestos. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional recomendó “aumentar los impuestos progresivos sobre los ciudadanos más ricos”, incluyendo “aumentos de tasas para los de mayores ingresos, a las propiedades más caras, a las ganancias de capital, y a la riqueza”, para financiar el costo social de la pandemia.

Pero ni siquiera esta advertencia del FMI mueve el debate en Chile. Los lobbistas del poder económico descartan impuestos a la concentración económica y, en cambio, piden aumentar el IVA.

Y agregan otra joya: el problema de Chile, concluye Libertad y Desarrollo, es que “el tramo exento de impuesto a la renta es muy amplio”: el 77% no paga. Claro, pero ese 77% es gente que gana $ 650.000 o menos. ¿La forma de hacer más justo nuestro sistema tributario es cobrarles a ellos más impuestos?

No sólo es defender medidas opuestas a las que propone el FMI, el guardián de la ortodoxia capitalista. Además, es no entender nada de la crisis actual. ¿En verdad creen que, un año después de un estallido gatillado por 30 pesos de alza en el transporte, es una idea brillante subir los impuestos al pan, la leche y los remedios?

Chile necesita reformas estructurales para desconcentrar el poder, pero también que la élite aprenda a perder y conceda algunos triunfos simbólicos. Los dos mejores ejemplos son el acuerdo para el plebiscito constitucional y el retiro del 10%. Ambos momentos fueron celebrados por buena parte de la ciudadanía, y ayudaron a bajar la presión que viene explotando desde octubre.

Son esas medidas -simbólicas y de fondo- las que se necesitan para permitir a la ciudadanía comprobar que el equilibrio de poder está cambiando. Mientras la clase dirigente no lo entienda, esta diatriba sobre un Chile que “ha recuperado su normalidad” no será más que el autoengaño de un mono porfiado.

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Columnas, Columnista, Daniel Matamala, Monos, Periodista

Una constitución escrita por todas y todos

octubre 16, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Cozut Vásquez González

Ex Presidente Regional de la DC Los Lagos

El próximo domingo 25 de octubre, iniciaremos un proceso constituyente sin precedentes en la historia de Chile.
La inmensa mayoría aspiramos a que la próxima constitución sea el resultado de un proceso inclusivo de discusión y deliberación entre distintas visiones de la sociedad. Que exprese la pluralidad de la sociedad civil del Chile del presente, por lo que no da lo mismo el mecanismo con el que se lleve adelante el proceso de elaboración de la nueva constitución.

En mi opinión, la mejor fórmula o mecanismo, es la Convención Constitucional. Porque consta de un mandato constituyente especial, la que será elegida exclusivamente para decidir sobre una nueva carta fundamental y, una vez cumplido el objetivo, ésta se disuelve.

Se elegirá por una sola vez, porque quienes participen de esta Convención Constitucional quedan inhabilitados para presentarse como candidatos en la primera elección parlamentaria posterior.

Como cuerpo colegiado distinto al Congreso Nacional, contribuirá a relegitimar la representación, la que no se consigue si está ligado a un órgano que hoy no cuenta con el respaldo ciudadano.

Será unicameral y las reglas de integración aseguran representación a grupos que tradicionalmente han estado marginados de las decisiones políticas en nuestro país.

Estará compuesto de igual número de mujeres que de hombres; tendrá escaños reservados para representantes de nuestros pueblos indígenas, quienes no existen para la actual Constitución y contempla la participación de los independientes.

Es la mejor garantía que la constitución será genuinamente de todas y todos, y no de unos sobre otros, como ocurrió con la Constitución de 1980 que hoy nos rige. Una nueva constitución no reescribe la historia ni mucho menos, es un ejercicio refundacional. No lo fue en el pasado, mucho menos lo será ahora.

Ésta debe recoger la evolución histórica y constitucional de Chile y su hilo conductor debe ser siempre la profundización y perfeccionamiento de las instituciones políticas que dan cuenta de una república que se precie de democrática.

A diferencia de lo que algunos sectores han querido establecer, el mecanismo sometido a plebiscito este 25 de octubre, no tiene nada de revolucionario ni rupturista. Lo que busca es garantizar legítimos intereses de las minorías y evitar decisiones atolondradas, sino, preguntémosle a los habitantes del Reino Unido y el Brexit.
Lo que busca es promover los acuerdos que evitarán que alguien caiga en la tentación de llevarse la pelota para la casa.

Quienes se oponen a una nueva constitución elaborada por una Convención Constitucional, argumentan que cualquier proceso constituyente va a derivar en situaciones como las que viven Venezuela, Bolivia o Ecuador, argumento con el que se busca generar temor, pero que desconoce la realidad de nuestro país.
Chile tiene una tradición republicana mucho más sólida que la de los Estados Bolivarianos. Si es por experiencias constitucionales, existen ejemplos de países cuyos procesos constitucionales se parecen más al nuestro, como España, Colombia e Islandia.

Muchas de las instituciones que hoy existen en nuestro país, como el Banco Central y su autonomía, la Contraloría General de la República o el Servicio de Impuestos Internos, fueron creadas en distintas etapas de la historia política nacional y nunca se buscó hacerlas desaparecer. Por el contrario, el régimen democrático las hizo suyas.
Una nueva constitución generará una nueva estructura del proceso político. El pueblo debe dotarse de un sistema institucional que garantice a las y los chilenos, DIGNIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHO.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica, Sin categoría Etiquetado como: columna, Columnista, Cozut Vásquez

La teoría del todo

octubre 15, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por David Pellizzari Ossa

Ad portas de vivir un proceso constituyente, como no hay registros en nuestra historia republicana, resulta pertinente preguntarnos, qué esperamos de una nueva Constitución, qué expectativas tenemos puestas en ella, qué necesitamos que esta regule.

En este contexto, y en concordancia con nuestra surrealista pretensión de que la Ley, o la Constitución, puede y debe resolverlo todo, se acumulan a diario definiciones, temáticas, instituciones y un interminable listado de Derechos individuales y colectivos que, en opinión de algún personaje político, o grupo de interés, debe estar en la nueva carta Magna que construiremos en los próximos años.

Si bien es cierto, la neutralidad constitucional no existe mas allá de las discusiones académicas, la experiencia de las democracias estables demuestra que las Cartas Fundamentales mas exitosas son aquellas que fijan un marco institucional y valórico para el desarrollo de las corrientes políticas que inspiren sucesivos gobiernos que no necesiten refundar todo en cada elección, evitando así casarse con definiciones pétreas que traben el debate político y lo constitucionalicen innecesariamente.

La formalmente vigente Constitución de 1980 está en las antípodas de ese ideal, pues es un texto profundamente militante, y confesional, estrictamente apegado al dogma del credo neoliberal impuesto por la dictadura cívico militar y, además, fiel a la tradición nacional, intenta abordar la mayor cantidad de materias posible; regula las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, Organos autónomos y hasta el sistema electoral, en un coherente intento de consagrar en un texto constitucional, la refundación del país que impulsó el régimen dictatorial.

La reacción, casi natural, a esta realidad, es intentar construir una constitución que sea un opuesto completo a la actual, es decir, una Constitución también militante, pero de una ideología que sea un verdadero negativo de la actualmente impuesta, y que, consecuentemente, incorpore la mayor cantidad de materias posibles a objeto de refundar las bases de la institucionalidad completa y grabar a fuego un modelo de desarrollo específico… un error a mi juicio.

Chile lleva décadas entrampado en una eterna discusión constitucional que, crisis social mediante, desemboca finalmente en un proceso constituyente y, al margen del obvio cuestionamiento a la legitimidad de origen de la actual constitución, el debate político en nuestro país ha estado constitucionalizado precisamente porque nos rige, al menos en el papel ahora, una carta fundamental que intenta resolverlo todo y francamente no parece razonable que se cometa el mismo error para perpetuar la discusión constitucional por otras 4 décadas mas.

La tentación de querer regular y resolver todo en la Constitución es atractiva, permitiría aceptar las peticiones de un sinnúmero de grupos organizados, o no, que desean incluir sus definiciones en la Carta Fundamental, así, animalistas, ecologistas, agrupaciones de diversidad sexual, organizaciones civiles de múltiples áreas, además por cierto de los actores políticos tradicionales, esperan incluir en la nueva Constitución un interminable listado de definiciones y regular casi todo el ámbito de desarrollo humano y medioambiental, y considerando que nuestra política se ha limitado los últimos años a ser una especie de vocera de la calle, parece probable que se termine cediendo a esas presiones (legítimas por cierto), y acabemos con una Constitución llena de declaraciones de principios, Derechos consagrados y, en definitiva, un texto aspiracional y que terminará siendo la semilla de nuevas divisiones e inestabilidades institucionales.

¿Qué hacer entonces?

La opción alternativa es pensar en una Constitución que regule los aspectos esenciales de nuestra institucionalidad, nuestro sistema de gobierno y la organización del Estado, pero que no abarque mas allá de lo estrictamente indispensable, que no se case con un sistema o modelo económico en particular, que no intente agotar todas las discusiones y fijar por décadas un modelo determinado de desarrollo, sino que sea un marco institucional moderno y flexible que deje espacio para el desarrollo del proceso político natural de una democracia, que enriquezca esa democracia y la fortalezca, no con normas innumatables, sino con principios generales e inspiradores.

Chile necesita oxigenar su sistema político, y para ello debemos ser capaces de construir una estructura institucional acorde al siglo XXI y los desafíos de la democracia moderna, y para ello debemos evitar cometer los mismos errores del pasado y abandonar las falsas tradiciones que nos tienen atrapados en la teoría del todo… del todo o nada.//ELF

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¿Es la actual Constitución neoliberal?

octubre 13, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma 

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Lucía Santa Cruz publicó una columna sobre si la Constitución puede ser catalogada de neoliberal. Creo que hay un par de aspectos que permiten afirmarlo, y ya los señalaré, pero antes quiero referirme a dos afirmaciones que me parecen discutibles.

La primera es que esta es la Constitución de Lagos y no la de Pinochet. Es cierto que Jorge Burgos propuso, y el Congreso aceptó, introducir una norma por la que se cambió la firma en el texto constitucional, pero eso fue un importante hecho simbólico.

Sin embargo, si uno busca el texto en la página Ley Chile, sigue apareciendo la firma de Pinochet. Esto no es banal. El hecho cierto es que la Constitución ha tenido muchas reformas, pero solo aquellas que los partidarios de Pinochet han tolerado, así, su inspiración y contenidos fundamentales son los que la dictadura impuso, y está bien usado este término: impuso.

Lo segundo es que, por las normas contenidas en la Constitución, la mayoría electoral y política no tuvo la mayoría institucional debido a los senadores designados, y hasta ahora por las Leyes Orgánicas Constitucionales y el control preventivo del Tribunal Constitucional, que lo transforma en un tercer órgano legislativo, no electo democráticamente, como los otros dos. Y esas son normas constitucionales.

Estas normas no son neoliberales, pero restringen la democracia y facilitaron la imposición, y facilitan la mantención, del modelo neoliberal.

Ahora, ¿es neoliberal? Visto que no permite que algunas normas se modifiquen por la regla de la mayoría, esencial en una democracia, y que dichas normas sostienen una visión de la sociedad que puede catalogarse como neoliberal, podría decirse que, si no es explícita en lo neoliberal, al menos sostiene no democráticamente esa visión.

Pero hay normas que están en la Constitución que también permiten sostener esa afirmación.

En el video que grabé para la franja del Apruebo dije, “la actual Constitución no ampara el derecho a la educación”. Esto lo dije porque en la Constitución hay un desequilibrio muy explícito en relación a la educación, y Santa Cruz no lo señala; consiste en que establece tres derechos: el derecho a la educación, el derecho de los padres y madres a escoger el establecimiento de sus hijos e hijas (la Constitución no dice esto así porque está escrita en masculino), y el derecho a crear establecimientos educacionales, que es una extensión del derecho de propiedad.

Sólo estos dos últimos pueden ser recurridos de protección o amparo en los tribunales, no así el derecho a la educación. De esta forma, el derecho a la educación es meramente declarativo, pero no son así los derechos asociados a la propiedad.

Decir que un 91% de los estudiantes acude a establecimientos financiados por el Estado, o que el currículo es fijado por el Estado, no altera el hecho sustancial.

Algo similar ocurre con la protección social en pensiones y salud. La Constitución establece que debe haber previsión pública y privada, salud pública y privada. En si esto no sería problema, pero al fijar contribuciones obligatorias, en la práctica impuestos, que recaudan y administran los privados, está creando un Estado privatizado, no democrático.

Hay otras disposiciones, pero no quiero alargarme.

Los neoliberales discuten que la Constitución lo sea, y es lógico, no pueden reconocer que si lo es, porque estarían reconociendo que no es plenamente democrática, y eso suena feo, como que lo es.//ELF

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Lo que quiero en la nueva Constitución

octubre 10, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma Irarrázaval

Exministro y economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Hay mayorías electorales, institucionales, políticas, sociales y no siempre coinciden. Una mayoría electoral es la que efectivamente otorga un mandato ciudadano en las urnas, una mayoría institucional es la que se refleja en la composición de las diferentes estructuras del Estado que tienen su origen en la voluntad popular, una mayoría política se alcanza por acuerdos entre las partes representadas y una mayoría social corresponde al sentir ciudadano que se expresa en organizaciones, medios de comunicación y opinión pública. ¿Hay una solución para que se siga la lógica democrática y gobierne la mayoría? Las hay de diferentes formas, y una de ellas debiera contener nuestra nueva Constitución.

La democracia se ha definido como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, pero no es exactamente así, ya que no es el pueblo el que gobierna, sino personas elegidas por el pueblo para que cumplan esa función. Así, si todo funciona bien, los elegidos gobiernan por el pueblo y para el pueblo.

También se ha dicho que la democracia no es perfecta y que, con sus limitaciones, es “la peor forma de gobierno si exceptuamos todas las demás” y, por lo tanto, es perfectible.

La clave de su funcionamiento es que, respetando a todas y todos, gobierne una mayoría. Y es el que gobierne la mayoría, con respeto a todas y todos, lo que quiero en una nueva Constitución. Pero ¿qué es una mayoría? La respuesta obvia es que es la mayoría la que saca más votos. Esto no es tan obvio y es lo que deseo exponer.

La Cámara de Diputadas y Diputados se elegiría cada cuatro años, por votación popular en proporción a la población de las regiones, con criterios de paridad de género y mediante un sistema proporcional, en tanto que la persona que ejerza la Presidencia de la República también sería electa por votación popular, pero cada siete años, para que su mandato no coincida con el de la Cámara. El Senado se renovaría después de la elección presidencial, para que asuman en las mismas fechas y sus mandatos coincidan plenamente.
Hay mayorías electorales, institucionales, políticas, sociales y no siempre coinciden. Una mayoría electoral es la que efectivamente otorga un mandato ciudadano en las urnas, una mayoría institucional es la que se refleja en la composición de las diferentes estructuras del Estado que tienen su origen en la voluntad popular, una mayoría política se alcanza por acuerdos entre las partes representadas y una mayoría social corresponde al sentir ciudadano que se expresa en organizaciones, medios de comunicación y opinión pública.

Como demuestra la historia, incluida nuestra historia de Chile, no siempre las mayorías coinciden y, cuando no lo hacen, suele haber conflictos que afectan el desarrollo de los pueblos y comunidades. Por ejemplo, el Presidente Piñera obtuvo una mayoría electoral en la segunda vuelta presidencial, pero esa mayoría no tuvo un correlato en el Congreso, por lo que no fue una mayoría institucional y tampoco logró construir una mayoría política y menos social. El resultado es el que vivimos a partir del 18 de octubre.

Las sociedades pueden vivir con gobiernos de minorías, pero siempre que esos gobiernos logren construir acuerdos políticos para gobernar. Eso es lo que ocurrió en los gobiernos durante la vigencia de la Constitución de 1925, en que todos, incluido el de Frei Montalva que fue electo por una mayoría absoluta, fueron de minoría y para gobernar tuvieron que buscar acuerdos, pero eso no genera estabilidad a los procesos, como el que Chile necesita para dar bienestar a todas y todos sus habitantes.

También pueden vivir con gobiernos de mayoría, pero bloqueados por las instituciones, de manera que parezcan de minoría, como lo que ocurrió en los gobiernos de la Concertación, debido a las trabas institucionales contenidas en la Constitución de la dictadura: senadores institucionales, distritos y circunscripciones desproporcionadas y leyes Orgánicas Constitucionales inamovibles. En estos casos, también se pudo gobernar sobre la base de acuerdos, pero sujetos a vetos de las minorías.

Entonces, ¿hay una solución para que se siga la lógica democrática y gobierne la mayoría? Las hay de diferentes formas, y una de ellas debiera contener nuestra nueva Constitución.

La propuesta es que establezcamos un mecanismo para garantizar que los gobiernos sean de mayoría electoral e institucional, lo que asumirá que serán también de mayoría política y, probablemente, social. Ese mecanismo es que tengamos un régimen parlamentario: que gobierne el o la que logre construir una mayoría en el órgano representativo de la ciudadanía, nuestra Cámara de Diputadas y Diputados, bajo la figura de canciller, jefe o jefa de Gobierno o primera ministra o primer ministro.

Es un cambio institucional relevante, profundo y necesario.

Pero siendo Chile un país cargado con la tradición presidencial y bicameral, no es posible dejar de lado dichas figuras. Entonces, complementando el cambio, propongo que la persona que ejerza la Presidencia de la República represente al Estado, separando los roles de jefatura de Estado y jefatura de Gobierno. Esta última tendrá todas las facultades inherentes a dicha función, incluidos el mando de las Fuerzas Armadas y de las policías y las relaciones exteriores, en tanto la Presidencia tendrá las facultades de proponer al Jefe de Gobierno, promulgar las leyes y decretos, designar con consulta a las altas magistraturas y autoridades de los poderes del Estado diferentes del Gobierno, y representar ante el Gobierno las inquietudes ciudadanas.

El Presidente o Presidenta de la República sería aconsejado por el Senado, que hará las veces de Consejo de Estado y sería elegido de manera indirecta, por todas las personas que ocupen cargos de representación popular: diputados y diputadas, gobernadoras y gobernadores, consejeros y consejeras regionales, alcaldesas y alcaldes y concejales. En la misma proporción que la Cámara de Diputadas y Diputados. El Senado no tendría una función permanente, sino sería convocado por el Presidente en el ejercicio de sus facultades, evitando así un choque de representaciones con la Cámara.

La Cámara de Diputadas y Diputados se elegiría cada cuatro años, por votación popular en proporción a la población de las regiones, con criterios de paridad de género y mediante un sistema proporcional, en tanto que la persona que ejerza la Presidencia de la República también sería electa por votación popular, pero cada siete años, para que su mandato no coincida con el de la Cámara. El Senado se renovaría después de la elección presidencial, para que asuman en las mismas fechas y sus mandatos coincidan plenamente.

Al conformarse el Gobierno por un acuerdo mayoritario de la Cámara y siendo esta representativa del pueblo que la elige, estaríamos creando una forma de hacer efectivo el gobierno de mayorías que el país necesita para su desarrollo pleno.//ELF

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