En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Columnista

Lo que el gobierno no quiere entender respecto a la atención primaria de salud y su necesario financiamiento

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Por Alejandro Escobar Lobos

Antropólogo. Integrante de la Alcaldía Ciudadana y Territorios en Red.

Este es un tema central que los gobiernos de la concertación y la derecha no abordaron con la seriedad que se merece. Se optó por mantener un sistema muy funcional a lógica subsidiaria del Estado y a la lógica hospitalocéntrica en la que aún estamos. Sin desmerecer la importante labor que cumplen los hospitales por supuesto.

La atención primaria en salud desde sus orígenes en la declaración de Alma Ata ha sido relevada como la base y la más importante dentro de los tres niveles de atención. Ello debido al rol que juega en el desarrollo de las comunidades y sus condiciones de salud. No obstante es la que menos financiamiento recibe respecto de los niveles secundario y terciario. En cifras, estamos hablando que en promedio la Atención Primaria recibe un poco más del 20% del total del presupuesto de Salud Pública.

Esta contradicción histórica en la que ha estado la atención primaria evidencia no sólo la inequidad en la priorización del ya exiguo financiamiento de la Salud Pública sino también un problema estructural: la incapacidad de financiar el modelo de Atención de Salud Familiar y Comunitaria declarado hace ya más de 20 años.

Se trata de un problema de diseño y de estructura de la política pública en Salud que la reforma de principios del 2000 no logró resolver. Se definió un modelo familiar y comunitario en base a un sistema de atención y financiamiento de carácter preeminentemente asistencial, individual y basado en la morbilidad.

El financiamiento por tanto no sólo tiene que resolver la brecha asistencial en materia de morbilidad, sino también la brecha existente en materia de prevención y promoción de la salud y en la reducción del gasto de bolsillo, sobre todo en medicamentos.

Este es un tema central que los gobiernos de la concertación y la derecha no abordaron con la seriedad que se merece. Se optó por mantener un sistema muy funcional a lógica subsidiaria del Estado y a la lógica hospitalocéntrica en la que aún estamos. Sin desmerecer la importante labor que cumplen los hospitales por supuesto.

La Atención Primaria de Salud es el corazón y columna vertebral de la salud pública, que responde a las enfermedades producidas por la inequidad y desigualdad de miles de territorios y comunidades donde se insertan los CESFAM y SAPU, asumiendo una carga de enfermedad cada vez mayor producto de ésta.

La salud primaria es uno de los servicios más importantes de los gobiernos locales y por tanto su financiamiento es central sobre todo en comunas pobres, que intentan salir de la mera administración de la pobreza y tratamiento a las enfermedades para avanzar en la producción de la salud y bienestar, sobre todo aquellas con alto porcentaje de población mayor.

Hasta ahora el financiamiento de la APS se basa un aporte estatal anual que se compone de una asignación per cápita y programas de refuerzo, siendo el per cápita el 70% del total del presupuesto para la APS. El per cápita mensual a su vez se decide en un aporte basal y otro basado en indexadores de pobreza, ruralidad y población adulto mayor.

En los últimos años la atención primaria ha tenido un escaso desarrollo en su financiamiento. En los últimos 4 años, el aumento promedio anual del per cápita basal ha sido de $490 pesos. El año pasado se aprobó un presupuesto de $7.200 pesos por persona, en respuesta a la ya histórica demanda de $10.000 mensuales.

Este año en pleno contexto de Pandemia el gobierno propone un aumento de 160 pesos, poniendo en evidencia el desconocimiento o la subvaloración de la importancia que han jugado los CESFAM y SAPU en su abordaje y por consecuencia de sus respectivos gobiernos locales . La disminución del presupuesto tiene como consecuencia directa para la ciudadanía, un aumento del gasto de bolsillo en salud para más del 75% de la población del país que está inscrita en FONASA. Por eso la necesidad de contar con un aumento en el per cápita que considere un aumento de al menos $1000 más respecto al año pasado, de modo de avanzar a los 10.000 requeridos.

No se puede asumir la salud a costa del endeudamiento o del retiro anticipado de los ahorros previsionales, porque simplemente no existe un sistema de protección social decente. No es ético que los más pobres tengan que asumir individualmente el costo de su salud siendo que son los que más se enferman y no es ético que en plena pandemia se priorice por la salud de las finanzas (sobre todo de unos pocos) y no de las personas.

Es esto lo que el gobierno no quiere entender desde el 18 de octubre de 2019 : que necesitamos una salud pública, comunitaria, solidaria que garantice nuestros derechos. Es de esperar que esto también lo entienda el parlamento en los próximos días decisivos para la sanción del presupuesto 2021.//ELF

Sin empatía no hay comunidad

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Por Marcelo Trivelli

Exintendente Metropolitano y presidente de Fundación Semilla

Una educación de calidad debe ser capaz de aportar al desarrollo integral de las personas y uno de los pilares fundamentales es la educación socioemocional. Aprender y practicar para ponerse en el lugar del otro (empatía). Tomar conciencia de los cambios y de cómo estos afectan a las demás personas. No sólo pensar en uno mismo.

Llama la atención la declaración del Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien señaló, a propósito del triunfo del Rechazo en el barrio alto de Santiago: “Yo creo que no es un problema de empatía, la empatía es algo personal, no es de dónde yo vivo, si en una comuna o en otra, son comunas de ingresos mucho más altos que el resto del país, que viven una realidad distinta y eso las hace ver el mundo distinto”.

Los dichos del presidente son un buen reflejo de su vida y su historia. Pero sobre todo es un buen exponente de cómo piensan y actúan las élites en nuestro país. Reconoce la existencia de ghettos de riqueza, pero la gravedad de sus palabras radica en que, por ser personas de alto nivel económico, se justifica que ven un mundo distinto.

Efectivamente, la empatía es algo de cada individuo, pero no se construye comunidad ni se logra cohesión social con personas que carecen de empatía y lamentablemente la educación de las élites carece de la dimensión socioemocional. Puede ser una educación eficiente en transmitir contenidos, pero pobre en formar ciudadanos y ciudadanas que estamos interrelacionados social, cultural y económicamente.

En un mundo que vive en permanente cambio impresiona ver como las élites desdeñan la empatía y cómo han dado un carácter negativo a la palabra incertidumbre. Solo se entiende este relato si, para ellos, ser empáticos significa reconocer privilegios y por ello ceder alguno de ellos o, si la incertidumbre que sienten es respecto de si lograran mantener sus privilegios en el nuevo ordenamiento institucional.

Pocas veces un proceso democrático, como lo fue el plebiscito del 25 de octubre, ha dejado de manifiesto cómo las élites se resisten a ponerse en el lugar de sus conciudadanos. El voto de mayoría fue de la ciudadanía y no de las élites. La gente busca una nueva institucionalidad, capaz de terminar con las injusticias, los privilegios y los abusos. Busca reemplazar una sociedad que refuerza los privilegios en vez crear una sociedad meritocrática. El orden institucional que comenzamos a dejar atrás le ha causado mucho daño a nuestro país y nuestro sistema democrático.

El Apruebo es el inicio de un camino que debemos construir con la participación de todas las personas y va requerir gran dosis de empatía en cada uno de nosotros. Quienes hemos sido privilegiados deberemos ser capaces de reconocerlo y renunciar a muchos de ellos. Para ello se requiere voluntad y diálogo. Si reconocemos que el sistema de educación no asumió con fuerza la dimensión socioemocional, el esfuerzo será aún mayor y también una lección para que la incorporemos con decisión y coraje en los programas educativos en el Chile que se comienza repensar.//ELF

Con una próxima Constitución de verdad: ¿Habrá impunidad para los ilegales guetos verticales?

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Por Patricio Herman

Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad

Con el amplio y categórico resultado del plebiscito, con el cual tendremos una Constitución de verdad, esperaríamos que no habrá impunidad para los avispados inversionistas. En este nuevo escenario político les compete a las más altas autoridades del Estado respetar el marco regulatorio aplicable, buscando una contraprestación o indemnización por la vulneración cometida, que justifique la no demolición de las torres y en paralelo resarcir a las familias de Estación Central cuyas calidades de vida se han deteriorado.

Recientemente la 3ª Sala de la Corte Suprema, como era su deber legal, confirmó un fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la pretensión de la Inmobiliaria Dalmacia que había dicho que la Contraloría General de la República carecía de atribuciones para fiscalizar su permiso de edificación para un gueto vertical, mal cursado por el Director de Obras Municipales (DOM) de Estación Central. Esta noticia tuvo bastante cobertura de prensa, sobre todo en los canales de televisión y recordemos que ya han existido otros tantos fallos judiciales similares e incluso una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que no han aceptado los reclamos de otras inmobiliarias.

Ahora bien, el 2 de enero de 2018, casi tres años atrás, publicamos en la radio Bio Bío la columna ¿Las utilidades de los ilegales guetos verticales para los inversionistas?, texto que se aprecia en link en la cual, entre otras cosas, dábamos cuenta de nuestra reunión con el directorio del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) haciéndoles notar a nuestros distinguidos y formales contertulios que sería verdaderamente impúdico que los dueños de estas inmobiliarias se llevaran para sus casas las utilidades que estaban obteniendo con sus negocios contrarios a derecho. La entrevista fue muy grata pero los arquitectos que nos escuchaban no mostraron ningún interés en que operara la legalidad.

En todo caso, para dejar constancia de nuestra posición a favor de la decencia en el mercado y cumplimiento de las leyes, a su presidente Luis Eduardo Bresciani, le entregamos una fundamentada carta, la que se aprecia en el tercer párrafo de la aludida columna de opinión.

Obviamente esa epístola nunca fue contestada, con lo cual se evidencia que tal CNDU es una mera institución de fachada, que no le interesa para nada el cumplimiento de la regulación urbana. Se siente cómoda solo emitiendo declaraciones grandilocuentes sobre cómo deben ser las ciudades ideales, pero nunca refiriéndose a las ciudades reales donde vivimos, ni menos criticando las malas prácticas detectadas en el sector.

En razón a que disponemos de un listado oficial de fecha 23 de junio de 2017 referido a 73 permisos de edificación con agrupamiento continuo, cursados a partir del año 2013 y 30 anteproyectos, algunos de los cuales sus titulares optaron por desistirse, debemos tener presente que en el cuadrante donde se construyeron esas elevadas torres habitacionales con diminutas celdas que se arriendan en el mercado, mayoritariamente a extranjeros, se regía por las restrictivas normas de edificación contenidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago, habida cuenta que la comuna de Estación Central creada por Pinochet se sustentó, para la tramitación y emisión de este tipo de permisos, con las regulaciones urbanísticas de las comunas colindantes existentes en aquella época, una de las cuales era Santiago.

Los primeros en reclamar por los perjuicios que les ocasionaban las faenas de construcción fueron los tradicionales vecinos de Estación Central y, como el alcalde Rodrigo Delgado nunca los escuchó, fueron a denunciar la situación ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo, ante el Intendente Metropolitano, Claudio Orrego, y ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). El primero analizó la situación con la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, el Intendente Orrego los atendió regularmente bien, y fue quien les puso el nombre de guetos verticales a dichas torres. La SMA, como habitualmente procede, no se interesó en el asunto a pesar de los daños ambientales que ocasionaban tales edificios, algunos de los cuales llegaron al Tribunal Ambiental.

Suponemos que, para saltarse la restrictiva regulación del sector, entre otras disposiciones, altura máxima 8 metros, se urdió la ingeniosa fórmula de considerar que, no habiendo normas en esa comuna, para las construcciones con agrupamiento continuo sus alturas eran las que decidía discrecionalmente cada arquitecto proyectista y por ello hay torres con 35 y más pisos con 800 y hasta 1.000 habitáculos por cada una de ellas.

Para sustentar nuestro aserto de que sí había regulación en el sector, cabe recordar que la comuna de Estación Central fue creada el 1° de febrero de 1985, formándose por la escisión de territorios de las comunas de Santiago, Maipú, Pudahuel y Quinta Normal. En cada uno de los territorios heredados de otras comunas, también se heredaron las regulaciones de los respectivos PRC, con excepción de la comuna de Quinta Normal que, en aquella época, no tenía un PRC.

Los guetos verticales se concentran en aquella parte del territorio heredado de la comuna de Santiago, regido por el antiguo PRC de Santiago, que existía a la fecha de la creación de la comuna de Estación Central, conformado por el Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Santiago N° 1.541 aprobado mediante DS N° 3.850 (Interior), de fecha 31 de julio de 1939, y por la Ordenanza Local de Edificación para la comuna de Santiago aprobada mediante DS N° 4.716 (Interior), de fecha 12 de septiembre de 1939, y sus modificaciones, contenidas en el DS N° 245 (Minvu), de 2 de mayo de 1967. Todo esto es conocido por la institucionalidad ad hoc.

Aquella regulación urbanística, como ya lo dijimos, limitaba la altura máxima de la edificación a solo 8 metros, es decir, 3 pisos, acorde con las características del barrio residencial del sector, en donde la mayor parte de la vialidad está conformada por calles con calzadas de sólo 6 metros de ancho. Con semejante restricción, durante 29 años nunca prosperaron proyectos inmobiliarios de altura, es decir, en el período desde la creación de la comuna en el año 1985, hasta el año 2014. Pero de noche a la mañana, empezaron a aparecer los famosos guetos verticales con altísimas densidades que, en algunos casos, superaron los 15.000 habitantes por hectárea, enfrentando vías sumamente estrechas.

¿Qué ocurrió?

El Seremi de Vivienda de Bachelet II convalidó la tesis de que la comuna de Estación Central carecía de un PRC, y por ello, había chipe libre para construir, es decir, no había restricción de altura máxima, ni de coeficiente de constructibilidad, ni de ocupación de suelo, ni densidad, ni nada. Al no haber ninguna restricción urbanística, ni siquiera lo relativo al sistema de agrupamiento de las edificaciones, surgieron los proyectos que se acogieron a la edificación continua, es decir, sin distanciamiento alguno hacia las propiedades vecinas.

Para justificar semejante argucia interpretativa, el mencionado Seremi de la época decía que el antiguo Seccional Alameda Poniente, con equivocada toma de razón del contralor Osvaldo Iturriaga en dictadura, del antiguo Plan Intercomunal de Santiago (PIS), había “derogado” el PRC de Santiago, vigente para Estación Central, y luego, dicho seccional fue derogado, a su vez, por el actual Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), quedando con todo ello, sin norma alguna para toda esa parte del territorio urbano comunal.

Semejante tesis interpretativa carece de todo sentido jurídico porque, en primer lugar, un Plan Regulador Intercomunal nunca ha tenido la facultad para aprobar un plan seccional, prerrogativa que sólo tenía y tiene un municipio cuando carece de un PRC, de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). En segundo lugar, un seccional no puede derogar un PRC, con lo cual dicha rebuscada interpretación carecía de verdadero sustento jurídico.

Pero cuando los guetos verticales hicieron crisis en el año 2017, el Minvu concluyó que las torres con agrupamiento continuo, no existiendo un PRC, por lo tanto, no estando fijada la altura máxima, no era posible aplicar esa disposición urbanística regulada en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), lo que quedó a firme en la Circular DDU 313 de ese ministerio y consecuentemente se ratificó que estaban mal aprobados todos los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central.

La totalidad de los intervinientes, públicos y privados, sabían que la comuna de Estación Central había heredado los PRC de las comunas de origen, entre ellos, el correspondiente al PRC de Santiago. Quienes no podían saber lo anterior eran las comunidades de Estación Central por la sencilla razón de lo intrincado que es este asunto.

Se acredita lo mencionado precedentemente, cuando la Municipalidad de Estación Central, con ocasión de la Modificación N°1, del PRC de Santiago, del año 2014, vigente para Estación Central, aludió a la existencia y vigencia de tal instrumento de planificación comunal, al igual que luego se volvió a reconocer la existencia de tal PRC de Santiago, con ocasión de la Modificación N° 2, del año 2017, suscrita esta vez, por la Ministra de Vivienda Paulina Saball.

Así las cosas, en el año 2017 se interpusieron múltiples denuncias ante la Contraloría General de la República por parte de los vecinos de esa comuna y por la fundación Defendamos la Ciudad. Las inmobiliarias también expusieron sus particulares puntos de vista ante el órgano fiscalizador, argumentando buena fe y presuntos derechos adquiridos, dejándose en claro que la Contraloría aceptó la curiosa tesis de la ausencia de un PRC en esa zona de Estación Central.

Con los 2 dictámenes de la Contraloría que ordenaron al municipio la invalidación de los permisos de edificación de las torres y la paralización de obras de aquellas que se estaban levantando, la fundación Defendamos la Ciudad, solicitó al Estudio Jurídico Osorio Vargas que tomara la causa de los vecinos, en calidad de terceros coadyuvantes, lo que aceptó con singular buena onda, pues lo hizo con rigor profesional y absolutamente ad honorem. En las instancias judiciales, con sólidos argumentos, se rebatieron los razonamientos de las inmobiliarias.

La historia ya se conoce, pues los titulares de los proyectos sistemáticamente han perdido en la Justicia y resaltamos que los únicos concejales que apoyaron en sus demandas a los vecinos fueron Felipe Muñoz (ex PS) y Felipe Zabala (PC), el resto de los concejales siempre mantuvieron un sospechoso silencio, comportamiento que invita a sacar conclusiones ciertamente non sanctas.

Sobre este asunto y como derivación del reciente fallo de la Suprema, el viernes 23 de octubre el arquitecto Ives Besancon, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, que agrupa a la élite de esos profesiones, publicó en El Mercurio la carta “Permisos Anulados” poniendo el grito en el cielo por los dictámenes de la Contraloría y por los fallos judiciales, afirmando con sentida pena que cientos de compradores perderán su patrimonio, aludiendo a las celdas de 20 y 25 m2, ya que las torres serán demolidas, tal como lo exige la ley correspondiente.

Parece que el arquitecto no sabe que el negocio de los inversionistas de esas torres es arrendar, aprovechando las numerosas franquicias tributarias que otorga el DFL 2 de 1959 para esas unidades de alojamiento, una de las cuales es la exención del pago de impuestos por las rentas mensuales que reciben. El hombre concluyó en su sollozada carta que el único culpable en la materia descrita es el Estado que cometió errores en el sistema normativo y que, por ello, tratándose de un hecho grave, las instituciones deben darle una salida legal (sic)

La fundación Defendamos la Ciudad ya se adelantó en buscar una solución legal, la que se aprecia en link en donde se reproduce la carta del arquitecto Besancon y la comunicación enviada en noviembre del 2019 a Cristián Monckeberg, entonces flamante ministro de Vivienda, aludiendo a una reunión sostenida con él donde se le propuso la solución óptima y justa para todos, consistente en considerar compensaciones a favor de familias vulnerables. Proponíamos que, para no demoler las torres, un 20% de las unidades de viviendas de cada torre ilegal, se les traspasara a esas familias que hoy día están hacinadas en campamentos, con lo cual se estaría honrando el programa de integración social y urbana que impulsa con singular éxito el gobierno de Piñera.

A Monckeberg en principio le gustó la idea y por ello nos solicitó que se la enviáramos por escrito. Ahora quien tiene la pelota es su sucesor, Felipe Ward, quien no debiera permitir un nuevo hecho de corrupción que aprovecharán algunos privados apoyados por lobbystas y por las asociaciones gremiales empresariales de la construcción.

Veremos y estaremos atentos si el nuevo ministro Ward toma cartas en el asunto, quedando claro que los famosos guetos verticales nunca se debieron construir, pues el restrictivo PRC de Santiago traspasado al sector en donde aquellos están emplazados no lo permitía. En todo caso, con el amplio y categórico resultado del plebiscito, con el cual tendremos una Constitución de verdad, esperaríamos que no habrá impunidad para los avispados inversionistas. En este nuevo escenario político les compete a las más altas autoridades del Estado respetar el marco regulatorio aplicable, buscando una contraprestación o indemnización por la vulneración cometida, que justifique la no demolición de las torres y en paralelo resarcir a las familias de Estación Central cuyas calidades de vida se han deteriorado. Si no es la formulada a Monckeberg, puede ser otra equivalente, ya que cuando se detectan las trampas debe haber sanciones

En sentido contrario, si la clase política se niega a ejercer sus atribuciones para que la justicia opere, estaríamos ante un nuevo y millonario hecho ilegal consumado, de los miles que se han conocido en nuestro querido país.//ELF

El valor del voto

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Por Jorge Pizarro

Senador DC

“El papel del ciudadano en nuestra democracia no acaba con el voto.” Sin duda, la frase de Barack Obama resuena el día después del Plebiscito, cuyos resultados de la consulta son contundentes con un 78,27% para el Apruebo y 78,99% para Convención Constitucional. Entonces, es evidente que ahora vienen varios desafíos, como la elección de los constituyentes y los cambios a la nueva Carta Fundamental.

Este 25 de octubre se robusteció la relevancia de la participación ciudadana en democracia. Demanda que la mayoría exigió a gritos en las calles y un año después, ratificó en las urnas. Lo contradictorio es que, en consultas pasadas, un alto porcentaje de compatriotas desestimó ese mismo derecho de voz y voto.

Desde el desafortunado cambio al sistema electoral que dio origen al voto voluntario, la participación de los electores no superó el 50% y en 2017, Sebastián Piñera fue electo en segunda vuelta con una participación de 49,02% del padrón electoral.

Hoy según las cuentas del Servel, este Plebiscito2020 se transformó en el proceso electoral más convocante de la historia de Chile, “desde el punto de vista de votos absolutos”, con más de 7,45 millones de votantes. Retomando la línea de anteriores elecciones presidenciales en nuestro país, que desde 1989 hasta 2009-2010, mantuvo un margen de participación ciudadana que superó el 87 por ciento.

Retomamos el valor del voto. Qué duda cabe.

Tenemos varias primeras lecturas de este categórico pronunciamiento ciudadano.

El porcentaje final demuestra la necesidad de generar una convención abierta que incluya el insumo directo de la ciudadanía. Incluso, con este rechazo al orden imperante, podemos corroborar una conclusión que ya varios comprobamos respecto lo contraproducente que puede llegar a ser el Presidencialismo vigente si no contamos con un liderazgo republicano que sea apuntalado por actores y sistema político macizo.

Pero creo que lo innegable del retorno del interés de participación, está en la reivindicación del poder de cambio. Ya no se trata de un slogan o un compromiso de campaña, sino de la tarea conjunta. Por ello se sostiene la premisa de que emitir el voto no es el único rol del ciudadano.

La tarea recién comienza y como Parlamento debemos ser articuladores de las instancias que nos faciliten avanzar, por ejemplo, empujando la consagración de escaños reservados para los pueblos indígenas e incluir a independientes.

Otra faena que debiera ocuparnos con afán, avanzar en la tramitación del retorno del voto obligatorio, cuya reforma claramente fue un error. Mientras, el gobierno debe ocuparse de ser garante de este recorrido y ocupar un rol neutral, que incluya restringirse de iniciativas que puedan entrampar los cambios.

El electorado es el protagonista, correspondiéndole colaborar y legitimar las decisiones mayoritarias, así como desplegar la condena a los violentistas que atentan contra toda decisión soberana, la participación democrática debe ser símbolo de Paz y respeto por todos.

Hoy está más patente que nunca, para pesar de los escépticos, que la Democracia se consagra a través de la participación ciudadana y ésa es una conquista colectiva.

Ese pueblo…que hizo posible el proceso constituyente

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Por Cecilia Valdés

Vicepresidenta nacional de la DC

Estimados amigos y amigas, a dos días del plebiscito, siento en el estómago lo que sentí hace 32 años, una mezcla entre nerviosismo, ansiedad; y, en mi cabeza, retumba el grito: “el Pueblo Unido jamás será vencido”. Como no si fue justamente ese pueblo quien nos devolvió la sangre a nuestras venas. Ese pueblo que muchas veces fue ninguneado con un paternalismo asfixiante y manipulador. Ese pueblo que fue humillado por no tener “estudios superiores”, pero que nos dio una lección de educación cívica. Ese pueblo que ocupa su sabiduría en beneficio del país. Ese pueblo que respeta lo distinto; lo nuevo sin complicarse. Ese pueblo solidario que es capaz de estar en primera plana en las portadas de los más grandes medios de comunicación mundial por su fuerza, coraje y lucha.

Me acuerdo de los estudiantes que nos despertaron con su salto de torniquetes. Me acuerdo de esas jóvenes del “Violador eres tú” … y se me pone la piel de gallina. Me acuerdo del último 8 de marzo cuando nuestra marcha fue infinita. Me acuerdo de las marchas espontaneas y de los carnavales callejeros: en nuestra memoria estarán siempre, el negro matapacos, el rucio capucha, la abuela Pickachu, el Hombre Araña, Pareman, el Dinosaurio, la “Primera línea”.

También recuerdo a los jóvenes mutilados, atropellados, golpeados, con sus rostros manchados de sangre… y se me aprieta el corazón.

¿Es muy difícil comprender?, ¿Por qué la molestia, la bronca, la rabia?, ¿Tan complejo es reconocer que hemos construido dos países en el mismo territorio? Uno, con todas las oportunidades, y otro, sin ninguna. La exclusión no la comprenden los que siempre han estado incorporados a los beneficios; la pobreza no la comprende quienes no escuchan a los más marginados.

Tenemos una oportunidad, una solamente, de construir nosotros mismos nuestra historia. Sin ambages, sin dejar que manipulen nuestras conciencias y nuestros corazones. Actuar con osadía y con sabiduría, confiando en nuestro país y nuestro pueblo, pues si no hubiera sido por nuestra gente, nadie más habría tenido la fuerza -junto con la razón- para despertar un país que dormía y que nunca más lo volverá a hacer. //ELF

La libertad sindical y la nueva constitución

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Por Juan Manuel Sepúlveda Malbrán

Asesor del Frente de Trabajadores de la DC

Nos encontramos en un proceso de cambio que está conduciendo a un nuevo periodo histórico. Se trata de un periodo que se abre y que empuja a todos los actores sociales y políticos a redefinir sus utopías, sus proyectos, sus objetivos, sus estrategias y sus acciones específicas. En este sentido las organizaciones sindicales no son una excepción.

Los cambios que se están produciendo en el mundo y que están afectando de manera particular a nuestro país son muy profundos. El escenario de esta nueva época es sustancialmente distinto del que existía hasta hace algunos años atrás.

Las relaciones laborales han cambiado. Las transformaciones en el escenario internacional y el predominio de políticas de corte neoliberal han acelerado la puesta en práctica de programas económicos de ajuste y flexibilización. De igual manera, los efectos de la globalización que han producido, tanto la reducción del papel del estado en la economía, como la desregulación jurídica de las relaciones de trabajo, han modificado los microcosmos donde se desarrollaban los contactos y acuerdos entre trabajadores/trabajadoras y empleadores/empleadoras.

El sindicalismo en Chile se asienta sobre un escenario particularmente adverso para el derecho de la libertad sindical. Chile ha sido sacudido por los mismos fenómenos –resultado de la globalización económica- que agravaron los desequilibrios sociales y económicos en todo el mundo. Los particulares procesos sociales y económicos agravaron las consecuencias negativas de la globalización económica y multiplicaron los niveles de precariedad. La economía informal creció en proporciones inimaginables e intolerables; la cobertura de las normas laborales y de la seguridad social disminuyó; y la reducción del Estado, promovida por las corrientes neoliberales, implicó un menor énfasis en la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Al amparo de las recetas proporcionadas por los organismos financieros internacionales se reeditó una muy antigua versión de la vida social y económica en la que sólo el mercado ordena y asigna los recursos.

El sindicalismo chileno no siempre ha podido afrontar con el éxito deseado los retos planteados por el nuevo escenario internacional y nacional, pero sus acciones y su persistencia, incluso en las condiciones más adversas, viene demostrado que las trasformaciones orientadas a la construcción de una sociedad justa y democrática es posible. Aún agobiadas por prácticas neoliberales y actos antisindicales, las organizaciones sindicales de nuestro país han aportado esfuerzos y vidas de generaciones hombres y mujeres trabajadoras para la construcción de la democracia. La dictadura fue abatida gracias a la acción organizada de los trabajadores y trabajadoras, que al luchar por la libertad sindical lucharon también por el respeto de todo el conjunto de libertades inherentes al ser humano; sin embargo, muchas políticas económicas orientadas a profundizar los desequilibrios impuestos por el mercado, han permanecido.

Aunque algunos resultados deben ser resaltados, la tarea para las organizaciones sindicales aún es ardua. Las doctrina neoliberal se mantiene a la ofensiva. Su impacto se deja sentir en la alarmante desigualad persistente en nuestro país; en los niveles de pobreza extrema que subsisten; en las tasas de desempleo y subempleo que resultan de su lógica de predominio absoluto del mercado; y en la grave situación de desprotección que afecta sobre todo a trabajadores jóvenes, trabajadoras mujeres y otros colectivos especialmente vulnerables. Todo lo anterior desnudado y agravado por la pandemia.

Hoy, cuando nos acercamos a cambiar la Constitución de nuestro país, el sindicalismo aparece como un actor clave para la construcción de una auténtica cultura democrática, en la que negociación colectiva y el diálogo social se conviertan en el mecanismo natural para la definición de las condiciones de empleo y las políticas económicas y sociales a nivel nacional. El sindicalismo está llamado a convertir al trabajo en el centro de las políticas económicas y consolidar procesos de integración con una marcada dimensión social.

El enorme valor de la libertad sindical y del sindicalismo chileno

Quizás, lo primero que haya que reafirmar en este contexto es el enorme valor de la libertad sindical.

La libertad sindical es uno de los derechos que de forma más decisiva realza y expresa la dignidad del hombre y la mujer. Por ello, forma parte del catálogo de valores indispensables para la convivencia social, contenido en todas las declaraciones de derechos humanos de ámbito mundial y regional y en los convenios internacionales de la OIT.

Hace ya más de 70 años el consenso de trabajadores, empleadores y gobiernos del mundo adoptó el convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Ambos convenios forman parte de un conjunto más numeroso de convenios y recomendaciones que desarrollan el derecho de libertad sindical. Estos convenios internacionales abrieron paso a otros instrumentos de igual relevancia.

La importancia de todos estos instrumentos normativos no es menor. Todos son expresión del tripartismo, lo que significa que contaron con el respaldo de las representaciones de gobiernos y los empresarios del mundo. Pero, sobre todo, los convenios de la OIT y toda la doctrina generada por sus órganos de control, han servido para perfilar la complejidad y riqueza del derecho de libertad sindical: han señalado que la titularidad del derecho corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna; han establecido un conjunto de libertades de organización y actuación que componen el derecho y cuya estrecha conexión determina que la libertad sindical sólo pueda ser efectiva si se respeta la totalidad de su contenido; han puesto de relieve la centralidad de la negociación colectiva para la regulación de las condiciones de empleo y la importancia de su fomento; y, han delimitado el rol de garantía y no intromisión que corresponde a los Estados y el respeto que el ejercicio del derecho debe merecer entre los empleadores.

Hace sólo 22 años, el tripartismo mundial, convocado otra vez en el seno de la OIT, reafirmó que la libertad sindical constituye un derecho fundamental en el trabajo, llamado a conformar la plataforma de impulso para el progreso económico y el desarrollo. Ciertamente, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) recordó la universalidad del derecho de libertad sindical y reafirmó la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los convenios 87 y 98 –denominados “convenios fundamentales”- a todas las personas en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico, y particularmente entre los grupos de trabajadores y trabajadoras con necesidades especiales. La inclusión de la libertad sindical como el primero de los derechos fundamentales en el trabajo reafirma su condición de valor esencial para la humanidad, pero además llama la atención sobre la urgencia de realizar esfuerzos para hacerla efectiva en este proceso de cambio que estamos viviendo y plasmarla en la Nueva Constitución.

Como corresponde a su condición de derecho humano, la libertad sindical ha desarrollado un rol preponderante para los trabajadores, hombres y mujeres, para el sistema productivo y para la democracia y la sociedad en su conjunto.

El derecho humano de libertad sindical ha permitido a millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo hacer sentir su voz cuando el mercantilismo salvaje olvidaba que la riqueza de las naciones la construyen los hombres y mujeres que trabajan y no los capitales. Como ningún otro derecho, la libertad sindical ha desmercantilizado el trabajo y ha devuelto centralidad a la persona en el proceso productivo, haciendo posible su participación en el escenario productivo y sociopolítico. En suma, la libertad sindical ha enseñado a los trabajadores de todo el mundo que el trabajo dignifica cuando convierte al hombre y la mujer en ciudadanos, dotado de voz y de derechos, esto es, cuando se trata de un trabajo decente.

Pero, además de ser consustancial a la dignidad humana, el derecho humano de libertad sindical ha contribuido y contribuye enormemente a la viabilidad de los sistemas productivos y al fortalecimiento de los sistemas democráticos.

La libertad sindical está en la base de toda la gama de derechos consagrados por las normas nacionales e internacionales en favor de los hombres y mujeres trabajadoras. Estas normas establecieron un conjunto de límites a las posibilidades de los empleadores de organizar el trabajo y la producción, y esos límites aseguraron la marcha óptima de los sistemas productivos. Hoy, superadas largamente las teorías económicas clásicas que atribuían a la sindicación efectos nocivos para la sociedad, la libertad sindical aparece como un factor clave para la sostenibilidad de los proyectos empresariales y como uno de los mecanismos más efectivos para incrementar la productividad y forjar el único modelo de competitividad admisible: aquel basado en el respeto de los derechos de hombre y mujeres trabajadoras. Aunque afirmar que la libertad sindical es un derecho humano debería ser suficiente para motivar su respeto irrestricto por parte de empleadores y gobiernos, hoy es posible afirmar también que la libertad sindical promueve la eficiencia de los sistemas productivos.

La libertad sindical también resulta sustancial para la construcción y consolidación de los sistemas democráticos. Como lo ha señalado la OIT, existe una relación estrecha entre la libertad sindical y la democracia: la democracia es esencial para el ejercicio pleno de la libertad sindical pero, también, la libertad sindical es esencial para la construcción y consolidación de un auténtico sistema democrático. Sólo donde hay libertad sindical hay democracia y, por ello, las violaciones de la libertad sindical en nuestro país habla claramente del aún claro predominio de una cultura autoritaria. Un regímen que viola o es testigo indolente de violaciones a los derechos sindicales evidencian su carácter autoritario, pues un atentado a la libertad sindical es, finalmente, un atentado contra la democracia.

En buena medida, la acción sindical ha contribuido a acrecentar el valor de la democracia. Junto con otros movimientos sociales, el sindicalismo ha mostrado al país que la caracterización de un régimen político como “democrático” carece de sentido y legitimidad si las prácticas sociales y económicas no son democráticas, esto es, si los ciudadanos carecen de libertad para organizarse, expresarse y participar en la vida política y social o si las oportunidades y la riqueza no se distribuyen equitativamente. La libertad de hombres y mujeres trabajadoras para organizarse y actuar sindicalmente es, en sí misma, una expresión acabada del respeto al pluralismo social y del reconocimiento de posturas y criterios diversos. Pero, por otro lado, la negociación colectiva y el diálogo social, son los mecanismos más justos y eficientes para la mejora de las condiciones de empleo y la distribución de las oportunidades y la riqueza generada por las empresas y el país. Ambos mecanismos, basados en el consenso, son especialmente efectivos para distribuir los efectos de los períodos de bienestar y de crisis, promoviendo de esta forma un modelo de desarrollo social y económico participativo y no excluyente, propio de una auténtica democracia.

Fuera de ello, la libertad sindical contribuye de diversas formas a consolidar la institucionalidad y garantizar la estabilidad social. El sindicato asume como uno de los roles principales la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales por parte de los empleadores y a través de esta acción contribuye a afirmar la institucionalidad laboral. Sin duda, los sindicatos desarrollan una vigilancia extendida y constante de la efectividad de las normas laborales, como ningún organismo estatal podría hacerlo. Es decir, los sindicatos deben actuar como fiscalizadores del cumplimiento y aplicación de la libertad sindical. Adicionalmente a ello, la libertad sindical es esencial para la cohesión social. Los hombres y mujeres trabajadoras se integran social y económicamente a través de las organizaciones sindicales, siendo éstas los canales apropiados para que sus aspiraciones e intereses conjuguen con las expectativas e intereses de otros colectivos sociales. Palabras como la “solidaridad” y la “justicia social” adquirieron un sentido material y universal gracias al sindicalismo y, de ser parte del lenguaje obrero, pasaron a integrar parte del catálogo de aspiraciones de la sociedad en su conjunto.

No debemos olvidar el enorme valor que la libertad sindical tiene para trabajadores, empleadores, gobiernos y sociedad en su conjunto. Nos indica que se trata de un derecho imprescindible para el sistema social y económico, y enormemente funcional para construir una sociedad moderna y un Estado auténticamente democrático. La unificación del sindicalismo chileno aparece como una oportunidad invalorable para revertir la situación adversa que la libertad sindical y el sindicalismo enfrentan y para reafirmar entre las mujeres y hombres trabajadores el enorme valor de la libertad sindical.

Reafirmar el valor de la libertad sindical en la Nueva Constitución es una labor urgente y el sindicalismo de nuestro país está llamado a desplegar un rol protagónico en este esfuerzo. //ELF