En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Daniel Matamala

Quema de bus, protestas en Plaza Ñuñoa y Los Ríos marcan el día tras la muerte de malabarista

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Una serie de manifestaciones se registraron en distintos puntos del país luego de que Francisco Martínez fuera baleado por un funcionario de Carabineros. En tanto, sus restos salieron desde Panguipulli en dirección a Puente Alto.

Durante la tarde de este sábado se registraron una serie de manifestaciones en distintos puntos del país como rechazo a la muerte de Francisco Martínez, un malabarista que fue baleado por un funcionario de Carabineros ayer en Panguipulli.

Uno de los puntos que congregó a los manifestantes fue la Plaza Ñuñoa, quienes realizaron una convocatoria a través de redes sociales bajo el slogan “No más impunidad, justicia para Francisco”.

Hasta el lugar llegaron cerca de cien personas, mientras que un contingente de Carabineros reprimió la manifestación con con carros lanza-agua y gases lacrimógenos, mientras que algunos asistentes arrojaron piedras y objetos contundentes.

Debido a esto el tránsito fue cortado en las calles Dublé Almeyda y Av. Irarrázaval.

También en la comuna de Puente Alto se registraron protestas y, en ese contexto, la quema de un bus del Transantiago en la intersección de Concha y Toro con San Hugo.

De acuerdo a los primeros antecedentes el vehículo, que pertenecía a la empresa Subus, era transportado por una grúa cuando encapuchados le quitaron el control al conductor del remolque y le prendieron fuego, por lo que terminó dañado completamente.

Por otra parte, durante esta misma jornada los restos de Francisco Martínez salieron de la comuna de Panguipulli en dirección a Puente Alto, su comuna natal.

El féretro fue despedido en medio de aplausos y manifestaciones de cariño por parte de los vecinos, quienes se reunieron en las calles, las adornaron con flores, globos y banderas mapuche y realizaron una serie de homenajes.

En el lugar, que estaba custodiado por Carabineros, se registraron algunos incidentes y enfrentamientos que dejaron a dos personas detenidas.

Bananeros

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera

¿Por qué en Estados Unidos nunca hay golpes de Estado? Porque no hay una embajada de Estados Unidos”. Ese viejo chiste, muestra de la resignación latinoamericana ante el poder del imperio dominante, toma otra acepción ahora que sí hemos visto un fallido intento de autogolpe en los Estados Unidos.

A tres días del cambio de mando, Washington está tomado por 20 mil militares, custodiando una “zona verde”, nombre que recuerda el área de Bagdad resguardada por los marines tras la Guerra de Irak. Por décadas, Estados Unidos alegó su necesidad de intervenir o derechamente invadir medio mundo, para resguardar su seguridad. Pero el Capitolio no se lo tomaron los barbones cubanos, los guerrilleros vietnamitas ni los terroristas islámicos. La verdadera amenaza siempre estuvo dentro, en esos estadounidenses armados hasta los dientes y dispuestos a matar, pero a los que no se llama terroristas porque son blancos, cristianos, y visten tenidas de camuflaje en vez de turbantes.

Salvo el 11/9, prácticamente todos los peores ataques terroristas en ese país han sido obra de grupos racistas blancos, desde la masacre de Greenwood (cerca de 300 negros asesinados por una turba), hasta Oklahoma (168 muertos en un bombazo de supremacistas).

Para el expresidente Bush junior, lo ocurrido en Washington es propio de una “república bananera”. Pero Bush, quien algo sabe de invasiones, olvida que esa expresión alude a los países centroamericanos cuyos gobiernos eran instalados y derrocados según los intereses de, justamente, las corporaciones estadounidenses, como la empresa bananera United Fruit Company.

El general Smedley Butler fue uno de los marines encargados de aplicar esa política del “gran garrote”. En su libro La guerra es una estafa, escribió: “Tengo la sensación de haber actuado durante todo ese tiempo de bandido altamente calificado al servicio de las grandes empresas de Wall Street y sus banqueros. He sido un pandillero al servicio del capitalismo”.

Los economistas Arindrajit Dube, Ethan Kaplan y Suresh Naidu pusieron números a esa sensación: midieron los retornos bursátiles de las trasnacionales con intereses en países que habían sufrido golpes de Estado digitados o promovidos por Estados Unidos. Las compañías “completamente expuestas”, subieron su valor entre 14% (Chile en 1973) y 77% (el golpe de la CIA en Guatemala en 1964).

Pero, si en Washington no hay embajada, ¿Quiénes están detrás de ese golpe?

La generosa billetera de billonarios como los hermanos Koch y el “Club del Crecimiento” fue fundamental para empujar el Partido Republicano hacia la extrema derecha y luego respaldar al presidente golpista.

“Trump se benefició de donantes muy ricos y élites republicanas con su propia agenda egoísta”, dice a La Tercera el célebre economista Daren Acemoglu. Ellos “hicieron un trato fáustico con Trump”, afirma. Lo aplaudían mientras desmantelaba la democracia, fomentaba la violencia, descarrilaba la lucha contra el cambio climático e ignoraba la pandemia. ¿Qué importaba? Total, sus impuestos bajaban y Wall Street rompía récord tras récord.

Pero incluso esos intereses palidecen ante el verdadero poder de nuestra era: el Big Tech. Las cinco compañías privadas más grandes del mundo por capitalización bursátil son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) y Facebook.

Esas empresas facilitaron el ascenso de Trump al poder (¿recuerdan el escándalo de Cambridge Analytica y la trama rusa?), y lucraron con la expansión de la desinformación y el odio. Ellos tampoco lo vieron venir. Recién reaccionaron después del ataque al Capitolio, cuando Twitter, Facebook , Instagram, Twitch y Snapchat vetaron al presidente golpista, y YouTube suspendió su plataforma. Mientras, Amazon, Apple y Google excluyeron a Parler, una red alternativa utilizada por extremistas.

El ataque del Big Tech contra Trump parece más efectivo que cualquier amenaza judicial o impeachment, y lo ha obligado a bajar el tono y resignarse a dejar la Casa Blanca. Esto, como reconoce el CEO de Twitter, Jack Dorsay, abre un “precedente peligroso”, por “el poder que una corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global”.

Resulta tragicómico escuchar a “libertarios” y “patriotas” reclamar contra la “censura” de las grandes corporaciones. Los mismos que abogan por un laissez fair completo para que las empresas privadas hagan y deshagan, claman ahora al cielo por las decisiones de compañías privadas. Y del otro lado, el progresismo celebra la decisión del Big Tech, sin aquilatar que inviste a estos monopolios trasnacionales en garantes de las democracias, capaces de permitir o impedir campañas propagandísticas o asonadas golpistas con un simple golpe de click.

Ya capturaron el recurso más valioso del siglo XXI (los datos) para utilizarlos a su antojo, barriendo la competencia por medio de prácticas monopólicas y compras que jamás debieron permitirse. Facebook ya es dueño de WhatsApp e Instagram, y Google, de YouTube.

A su lado, los intereses de la United Fruit en Guatemala, los Brown Brothers en Nicaragua o de la ITT en Chile parecen un juego de niños. Los golpes del siglo 20 trataban de controlar el mercado del plátano, el cobre o el petróleo. Los del siglo 21 dependerán de un poder infinitamente mayor: de quién maneja los datos y puede manipular la verdad. Ya tenemos un aviso en Brasil, donde las campañas de mentiras por WhatsApp llevaron al poder a Bolsonaro.

¿Bananeros? Sí, aunque la embajada ya no tenga mucho que ver. Ahora el poder está en unas oficinas de Silicon Valley.

El mismo barco

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera. 

Este barco llamado Chile hoy es más pobre, y sus pasajeros también: tienen menos trabajo y menos ahorros que cuando la pandemia comenzó a golpearnos, en marzo. Para unos pocos, en cambio, este fue un año lucrativo.

En abril, el presidente Piñera destacaba que “todos los chilenos estamos en el mismo barco. Todos tenemos que unirnos para enfrentar estas aguas turbulentas con seguridad, y llevar a este barco a buen puerto”.

En septiembre, la metáfora se repetía. “Esta pandemia nos ha enseñado una vez más que nadie puede salvarse solo, que todos vamos en el mismo barco y sólo si remamos unidos, llegaremos a buen puerto”, decía el Presidente.

La tormenta es tremenda. Nuestra economía se contrajo cerca de 6% en 2020, la mayor caída desde 1982. Y los chilenos viven la peor crisis socioeconómica en una generación. Según la Encuesta de Empleo de la Universidad Católica, en el invierno el desempleo real llegó al 31%, sumando cesantes, inactivos por la crisis y sueldos suspendidos: unos 2,7 millones de personas en total. El INE cifra en cerca de 1 millón los empleos que aún no se recuperan.

Los chilenos sobrevivieron con sus propios ahorros: tras los dos retiros, cerca de 4 millones de trabajadores quedaron con sus cuentas para la jubilación vacías.

Este barco llamado Chile hoy es más pobre, y sus pasajeros también: tienen menos trabajo y menos ahorros que cuando la pandemia comenzó a golpearnos, en marzo.

Para unos pocos, en cambio, este fue un año lucrativo. Según el Diario Financiero, los seis chilenos que eran parte de la lista de multimillonarios de Forbes 2020 (publicada el 18 de marzo) aumentaron notablemente su riqueza.

Este es un fenómeno mundial. Forbes estima que los 2.200 mayores multimillonarios terminaron el año un 20% más ricos que cuando empezaron, sumando 1,9 billones de dólares adicionales a sus bolsillos, mientras el planeta en que viven sufría su peor catástrofe económica en casi un siglo, con una caída del PIB mundial de 4%.

Y en Chile esta tendencia se agrava por dos particularidades: la concentración de la riqueza, y la falta de legitimidad de nuestros multimillonarios.

La desigualdad de Chile es un caso extremo. Según la World Inequality Base, el 1% más rico se lleva el 27,8% del ingreso, lo que nos pone, junto con México, como los campeones de la desigualdad en el hemisferio occidental, y muy lejos de países con un PIB per cápita similar al nuestro, como Uruguay (16,9%) o Kazajistán (12,7%).

A ello se suma la falta de legitimidad de esas fortunas. A nivel mundial, los dos mayores billonarios son también los dos que más ganaron en 2020: el fundador de Amazon, Jeff Bezos; y el creador de Tesla, Elon Musk. No es difícil entender por qué: más allá de lo que cada uno opine de estos controvertidos personajes, ambos son innovadores cuyos emprendimientos están cambiando la faz de la economía, en el comercio online (Amazon) y la electromovilidad (Tesla).

Entre nuestros multimillonarios, en cambio, no hay ningún Bezos ni ningún Musk.

Lidera la familia Luksic (listada a través de su matriarca Iris Fontbona), cuya fortuna, centrada en el cobre, casi se duplicó, pasando de US$ 10.800 millones al inicio de la pandemia en Chile, a US$ 19.800 millones al terminar el año. Para dimensionarlo: con lo que solo una familia ganó desde marzo, se podría haber pagado íntegro el segundo retiro de las AFP. O se le podría haber enviado un cheque por 1 millón de pesos a cada hogar de Chile.

Segundo aparece Julio Ponce, quien más que dobló su fortuna durante la pandemia, pasando de US$ 1.700 millones a US$ 3.500 millones. Controla el litio, privatizado en la dictadura de su exsuegro Pinochet, y se benefició de utilidades fraudulentas en el Caso Cascadas. Esta semana, el ministro de Hacienda reconoció que Ponce “en Estados Unidos estaría preso, sin ninguna duda”.

Tercero está Sebastián Piñera y su familia, cuya fortuna, administrada por fideicomisos, creció de US$ 2.600 a US$ 2.900 millones.

Luego aparece Roberto Angelini, cuya riqueza aumentó de US$ 1.300 millones a U$1.700 millones, mientras su empresa Corpesca era condenada por coimear a parlamentarios.

También aumentaron sus patrimonios Álvaro Saieh, dueño entre otras empresas del diario La Tercera; y el inversionista radicado en Hong Kong Jean Salata.

¿Cómo podemos hablar del “mismo barco” cuando las seis mayores fortunas del país, lejos de sufrir el temporal, se benefician de él?

En otras latitudes, ese debate está en el corazón de esa élite. En julio, 84 ultrarricos firmaron “Millonarios por la Humanidad”, para solicitar “a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”. Desde entonces, otros como Bill Gates y Warren Buffett han pedido lo mismo. El FMI urge aplicar “impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables” para enfrentar la crisis.

Pero este debate no existe entre nuestros multimillonarios. Y a los números se suman símbolos irritantes. ¿Qué señal se da cuando se prohíbe viajar a Cartagena y Los Ángeles, región del Biobío, pero en cambio se le pone alfombra roja al turismo a Cartagena de Indias o Los Ángeles, California? ¿Cuándo se permite turistear en Dubai, y en cambio se prohíbe salir a un parque en fin de semana? ¿Es equitativo cerrar el Metro a las 20 horas a los trabajadores que tratan de volver a sus casas? ¿Ayuda a la cohesión social que la Primera Dama (y parte de la tercera familia más rica de Chile) vaya de vacaciones a Miami, mientras miles de familias deben guardar cuarentena los sábados y domingos en sus hacinados departamentos?.

Y todo esto, en un año en que las muertes fueron un 49% más que lo normal en Alto Hospicio, un 47% en San Ramón, y un 46% en La Pintana, contra sólo 9% en Providencia y 16% en Vitacura.

Cuando las ganancias, los privilegios y hasta las muertes se distribuyen tan desigualmente, ¿estamos en el mismo barco? ¿Remamos unidos? ¿Nadie puede salvarse solo? Por favor.

Negocio redondo

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera

“La dilatada trayectoria política del exsenador Jaime Orpis, reconocida por sus pares en el Congreso, y su incansable labor social por rehabilitar a jóvenes de la adicción a las drogas”.

Así parte el editorial de ayer de El Mercurio, que también destaca que “en un hecho poco habitual, el mismo parlamentario, en un gesto valioso, reconoció conductas ilícitas -si bien negando la acusación de cohecho-, ofreció disculpas y señaló, en una emotiva declaración, que después de este proceso ya no sería un hombre digno de confianza”.

Leyendo ese encendido homenaje cuesta entender que el editorial habla de la condena a dos políticos corruptos -el exsenador Orpis y la exdiputada Isasi- que recibieron dinero de un gran grupo económico a cambio de seguir instrucciones para favorecer los intereses de esos millonarios financistas.

Es un doble estándar habitual en Chile. A quien comete un lanzazo o hurta una gallina se le llama, sin ningún eufemismo, “delincuente”. Pero cuando es un miembro de la élite quien delinque, lo relevante es su historia de vida, su “gesto valioso”, su “emotiva declaración”, o como tituló esta semana La Segunda: su supuesta condición de “político ejemplar”.

Incluso el ministro de Justicia, Hernán Larraín, declaró su “plena confianza en Jaime Orpis”, quien ya estaba confeso de fraude al fisco, y se ofreció “con todo gusto” a declarar en su favor en el juicio (ofrecimiento que retiró tras las críticas).

¿Cuántos minutos duraría en su cargo un ministro de Justicia que apoyara así al autor de un portonazo o un robo? ¿Y por qué, en cambio, se acepta que lo haga cuando el culpable de un grave delito es miembro de su mismo grupo social?

Los ejemplos sobran. Hablando de delincuencia común, Libertad y Desarrollo (LyD) critica duramente el “garantismo” de los jueces que “con tal de no decretar prisión preventiva”, llegan a “límites propios del realismo mágico”. Pero cuando los acusados son los dueños de Penta, LyD advierte que la prisión preventiva contra ellos “pisotea garantías básicas” y constituye “una dinámica de caza de brujas” (Penta era uno de los financistas de LyD).

Lavín y Délano libraron con clases de ética. Aún no sabemos si Orpis purgará su condena en la cárcel o quedará, también, libre. Sí sabemos que el corruptor en este caso, el exgerente general de Corpesca Francisco Mujica, fue indemnizado con más de $300 millones y reubicado en puestos gerenciales por el mismo grupo Angelini. Luego negoció con la Fiscalía una pena de multa y firma mensual.

También sabemos que la empresa fue condenada como persona jurídica por los sobornos. La Fiscalía pide una multa de U$1.370.000 y la inhabilitación por cuatro años para celebrar contratos con el Fisco.

¿Será cierto, entonces, que la corrupción es un mal negocio?

 

Veamos la evidencia. La Ley de Pesca entregó, según cálculos de su propio impulsor, Pablo Longueira, cuotas anuales estimadas en US$743 millones a las grandes empresas. Un solo día de estas cuotas vale más que la multa que se está pidiendo para la empresa corruptora. El gobierno ya advirtió que bloqueará en el Tribunal Constitucional la anulación de la ley, por lo que las rentas regaladas a Corpesca y otras empresas no corren peligro.

 

Otro ejemplo: en el caso Cascadas, se acreditó que Julio Ponce obtuvo utilidades fraudulentas por US$128 millones. Ahora se está discutiendo si deberá pagar una multa de US$3 millones o U$6 millones. Ponce deberá devolver una fracción mínima de lo que ilícitamente se embolsó.

 

La sanción social tampoco opera. Basta recordar el caso de Pedro Velásquez, destituido como alcalde y condenado por fraude al Fisco en 2007. Tras cumplir 300 días de pena remitida, Velásquez fue elegido diputado en 2009, y nuevamente en 2017. Su regreso ha sido gentilmente auspiciado por la clase política en pleno: ex DC, fue candidato por el PRI y los regionalistas, elegido segundo vicepresidente de la Cámara con el voto de RN y la UDI, y ahora es parte del FRVS, formando bancada con los humanistas y acuerdo electoral con el Partido Comunista.

 

¿Y del lado empresarial? Tras conocerse la condena contra una de sus empresas miembro por corrupción, la Sofofa declaró que “condena con fuerza” los hechos. ¿Cuál es, en la práctica, esa condena? “Citar” a Corpesca “para contrastar la información entregada por la empresa” y “verificar no sólo que mantenga vigentes las recomendaciones formuladas, sino también su fortalecimiento”.

La Sofofa confirma así su política de tolerancia infinita a la corrupción empresarial. Cuando la Papelera se coludió, Sofofa la liberó de toda sanción juzgando que “la empresa afectada (sí: ¡afectada!) procedió a implementar un conjunto de medidas” para reparar el daño causado. Poco después, eligió como presidente a uno de sus directores durante la colusión, Bernardo Larraín Matte.

El código de ética de la Sofofa obliga a sus miembros a “resguardar los intereses del consumidor” y “respetar las leyes y sus reglamentos”. Pero violar esas normas, coludiéndose o sobornando a parlamentarios, no conlleva sanción alguna. Vaya concepto de la ética.

Y estos son los casos en que sí hay fallos. Porque las pesqueras no sólo pagaron a Orpis e Isasi. A través de distintas vías, desde aportes reservados hasta supuestas asesorías, han financiado campañas o bolsillos personales de presidentes, senadores, diputados, alcaldes y concejales, tanto oficialistas como opositores.

La condena a Orpis, Isasi y Corpesca es una bienvenida luz de esperanza. Pero también es la excepción que confirma la regla: en Chile, cuando es cometido por ciertas personas y dentro de ciertos círculos, el crimen es un negocio redondo.

Monos porfiados

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera 

“Aun año del estallido, Chile ha recuperado su normalidad”, se felicita un documento firmado por el canciller, remitido a las 87 legaciones diplomáticas de Chile en el mundo, y apoyado por un video del ministro y coloridas diapositivas subidas a la web.

Hace un año, el 17 de octubre de 2019, el Presidente celebraba a Chile en el Financial Times como “el oasis de América Latina”, una frase que había repetido como mantra en los días previos. Los ministros mandaban a los ciudadanos a madrugar y comprar flores, y el expresidente del Metro sentenciaba que “la gente está en otra” y les decía a los “cabros” que “esto no prendió”.

Un año después, en la clase dirigente poco ha cambiado. Las voces que escuchan son las mismas que tan groseramente se equivocaron. Muchos dogmas permanecen incólumes. Como monos porfiados, aunque sean golpeados una y otra vez por la realidad, aunque la fuerza de los hechos los haga inclinarse y rebotar, siempre tratan de volver a su posición original.

Imperturbables. Porque entienden que, más allá del oleaje inquieto, ese mar de fondo que es la pesada historia de Chile no cambia.

Parte del problema sigue siendo una radical ignorancia sobre el país en que viven. Un estudio encargado a Unholster por el Círculo de Directores, con apoyo de la Universidad de los Andes, pone ese abismo en números. Doscientos 39 líderes de opinión, teóricamente las personas mejor informadas del país, 70% de ellos del mundo empresarial, contestaron cómo creen que es Chile.

Para ellos, sólo el 25% de los chilenos vive con menos de $ 160.000 per cápita. En realidad, el 77% de sus compatriotas está en ese tramo de ingreso. También calculan que el 18% de las personas recibe más de $ 800.000 al mes. En verdad ese grupo es apenas el 3%.

La élite estima que las viviendas de comunas de estratos populares valen 1/8 del precio de aquellas de comunas acomodadas. La verdadera diferencia es muchísimo mayor: 1 a 30. También calcula que el 39% de la clase media y el 18% de la clase baja están afiliados a isapres. Las respuestas correctas son 8% y 0%, respectivamente.

Ven un Chile imaginado. Un país que nunca existió.

Al menos algunos discursos han cambiado. El presidente del Círculo de Directores, Alfredo Enrione, admite que “nuestros prejuicios y percepciones son poco precisos. Nuestra clase media es mucho más pobre y frágil que la que percibimos desde la élite”. “No podemos seguir engañándonos”, complementa el gerente general de Unholster, Antonio Díaz-Araujo. Falta “empatía, oír más”, reconoce el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. “Debemos hacer un mea culpa. No conocemos el sentir de nuestra gente”, coincide el timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura. También hay señales esperanzadoras, como la iniciativa de Friosur de compartir el 20% de la propiedad con sus trabajadores.

Pero cuando se entra al área chica, esa apertura a “compartir nuestros privilegios”, como advertía hace un año en aquel inolvidable audio Cecilia Morel, comienza a diluirse.

Ocurre con la corrupción político-empresarial. Un caso grosero es el de Julio Ponce, condenado a pagar US$ 3 millones tras acreditarse que se había embolsado US$ 128 millones con el esquema de las Cascadas. El silencio ante este escándalo se ha vuelto ensordecedor. Ni comisiones investigadoras, ni acusaciones constitucionales, ni reformas legales: el “portonazo” de Ponce, como lo llamó el exfiscal Carlos Gajardo, ha sido ignorado por la clase política, beneficiada por los generosos donativos ilegales de SQM. Tampoco la clase empresarial ha sacado la voz ante este atentado contra los mercados y pequeños accionistas que tanto dicen defender.

También ocurre con los impuestos. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional recomendó “aumentar los impuestos progresivos sobre los ciudadanos más ricos”, incluyendo “aumentos de tasas para los de mayores ingresos, a las propiedades más caras, a las ganancias de capital, y a la riqueza”, para financiar el costo social de la pandemia.

Pero ni siquiera esta advertencia del FMI mueve el debate en Chile. Los lobbistas del poder económico descartan impuestos a la concentración económica y, en cambio, piden aumentar el IVA.

Y agregan otra joya: el problema de Chile, concluye Libertad y Desarrollo, es que “el tramo exento de impuesto a la renta es muy amplio”: el 77% no paga. Claro, pero ese 77% es gente que gana $ 650.000 o menos. ¿La forma de hacer más justo nuestro sistema tributario es cobrarles a ellos más impuestos?

No sólo es defender medidas opuestas a las que propone el FMI, el guardián de la ortodoxia capitalista. Además, es no entender nada de la crisis actual. ¿En verdad creen que, un año después de un estallido gatillado por 30 pesos de alza en el transporte, es una idea brillante subir los impuestos al pan, la leche y los remedios?

Chile necesita reformas estructurales para desconcentrar el poder, pero también que la élite aprenda a perder y conceda algunos triunfos simbólicos. Los dos mejores ejemplos son el acuerdo para el plebiscito constitucional y el retiro del 10%. Ambos momentos fueron celebrados por buena parte de la ciudadanía, y ayudaron a bajar la presión que viene explotando desde octubre.

Son esas medidas -simbólicas y de fondo- las que se necesitan para permitir a la ciudadanía comprobar que el equilibrio de poder está cambiando. Mientras la clase dirigente no lo entienda, esta diatriba sobre un Chile que “ha recuperado su normalidad” no será más que el autoengaño de un mono porfiado.

Columna de Daniel Matamala: La democracia enferma

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile 

Para el cientista político Francis Fukuyama, “una medida básica de la salud de una democracia moderna es su capacidad para extraer legítimamente impuestos de sus élites”. Bajo ese parámetro, nuestra democracia está enferma. Y hay quienes pretenden subirle aún más la fiebre.

Hoy Chile recolecta apenas el 21,1% de su PIB en impuestos; cuando los países de la OCDE tenían nuestro mismo nivel de desarrollo, recaudaban en promedio el 34%. Es una brecha insostenible, que obligará a subir impuestos para financiar los gastos que vienen en pensiones, programas sociales y el endeudamiento por la pandemia.

La pregunta es quién pagará esa cuenta. Desde el CEP y Horizontal se plantea una respuesta: aumentar el IVA. Ministros y algunos parlamentarios la valoran, y la idea crece como bola de nieve.

Eso sería cargarles de nuevo la mano a los más vulnerables, e impedir que la discusión tributaria se centre en los impuestos que paga (o, mejor dicho, no paga) la élite que concentra el poder económico y político.

Porque ese chancho está muy mal pelado en Chile.

Veamos: el IVA castiga más a las familias más pobres, que deben consumir todo lo que ganan (o más, vía endeudamiento). Según el SII, el 10% más pobre de Chile gasta un cuarto de sus escasos ingresos en pagar IVA: el 25,4%. Los hogares más acomodados, en cambio, pueden ahorrar o invertir buena parte de sus ingresos: el 10% más rico sólo destina el 7,2% a IVA.

Según el doctor en Derecho y experto en tributación Francisco Saffie, el sistema tributario chileno “está diseñado para privilegiar a unos pocos, así de simple”. Es cosa de compararlo con los países de la OCDE para ver su anomalía.

Chile recauda por IVA el 41,6% de sus impuestos. En la OCDE es menos de la mitad: 20,2% en promedio. En cambio, el impuesto a la renta que pagan los sueldos más altos recauda el 23,9% en la OCDE y apenas el 9,7% en Chile. Sí, en algo sí somos líderes en la OCDE: en impuestos que castigan más a los que menos tienen, y apenas tocan a los que están arriba de la pirámide económica.

Como dice el ex director del SII Javier Etcheberry, en materia tributaria “a la élite le gusta mantener sus privilegios”. Y estos son enormes.

En Chile, si usted compra un kilo de pan o arroz, debe pagar religiosamente el 19% de IVA. Si compra un pasaje aéreo a Miami o al Caribe, en cambio, está exento: paga cero. Ahora piense: ¿a quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

En Chile, un ciudadano común debe pagar completo el impuesto específico a los combustibles. Excepto que sea dueño de camiones, en cuyo caso, vía menor impuesto al diésel y devolución de lo gastado, puede terminar pagando la vigésima parte (sí 1/20) de lo que pagó usted. Ahora, si es dueño de una minera o una industria, la cosa es aun más simple: no paga un solo peso. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

En Chile, si usted gana un sueldo de $ 700 mil por su trabajo, debe pagar impuesto a la renta. En cambio, si un inversionista se embolsa millones especulando en la Bolsa, no paga un peso, gracias a una exención concordada por el gobierno de Lagos y el gran empresariado. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

El SII tiene dientes de león para perseguir a los ciudadanos que mienten para recibir el bono de clase media (lo que está muy bien), pero no ha sido más que un gatito ronroneador en gigantescos esquemas elusivos como las empresas zombie (US$ 1.453 millones). Según cálculos del propio SII, el 1% más rico del país evade unos US$ 9.300 millones al año sólo en impuesto a la renta. Países desarrollados lo combaten con severas normas antielusión y el levantamiento del secreto bancario. Todo ello ha sido bloqueado en Chile. Cuando se destaparon Penta y SQM, el poder político intervino al SII para que volviera a lo suyo: clausurar almacenes por vender dulces sin boleta y fiscalizar rifas de colegios, mientras Délano y Lavín pagaban con clases de ética tras evadir, cada uno, $ 857.084.267.

La consecuencia de estas evasiones, elusiones y privilegios, sumada a la ineficiencia del Estado, es clara. Mientras los países de la OCDE reducen su desigualdad en 0,15 puntos después de cobrar impuestos y hacer transferencias a sus ciudadanos, en Chile esa baja es de apenas 0,03 puntos.

No es un misterio cómo hacer más justo el sistema tributario: atacar en serio la evasión y la elusión; acabar con exenciones injustas (lo que, en una buena noticia, el gobierno está estudiando); aplicar impuestos verdes; gravar las estructuras piramidales (como lo hace Estados Unidos), y cobrar por la concentración de los mercados. Pero todo ello significa enfrentar una tupida barrera de intereses.

Los gobiernos de Aylwin y Lagos ya subieron el IVA, tras negociaciones con el empresariado, de 16% a 18%, y luego de 18% a 19%. Ahora, se propone una tercera alza, disfrazada bajo nombres ingeniosos (“cotización a través del consumo”) y fines nobles (“mejorar las pensiones”).

Pero aunque lo vistan de seda, IVA queda. Subirlo otra vez significa hacer pagar de nuevo la cuenta a las familias que ganan el mínimo: que un jubilado pague más impuestos por sus remedios; o que un cesante deba gastar más al comprar comida para su familia. Claro, ellos no tienen poderosos lobistas, bufetes de abogados ni “expertos” complacientes de su lado.

Sólo tienen a la democracia para defenderlos. Y este debate entre los privilegios de unos pocos y los intereses de la gran mayoría, será un termómetro de si ese paciente es un enfermo terminal, o si tiene esperanzas de recuperarse.//ELF