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A reconstruir la centroizquierda

Columnas

Réquiem en verde o la muerte de una institución

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Por David Pellizzari Ossa

Fueron miles los hombres y mujeres que sirvieron con valor, dedicación y corrección en sus filas, que materializaron los principios en que se basa toda institución policial. Algunos incluso llegaron a entregar su vida con genuino heroísmo, y, en este réquiem, debemos reconocer su entrega, procurando que su recuerdo sea lo que atesoremos hacia el futuro, cuando recordemos a la institución que hoy despedimos, que ha muerto… Carabineros de Chile.

Su activa participación en las deleznables violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar, su evidente ineficacia en el control de la delincuencia común y el narcotráfico, su actuación desproporcionada y errática durante las movilizaciones posteriores al 18-10 y, en general en cualquier manifestación masiva, así como el triste historial de irregularidades y cuantiosos desfalcos, fueron minando su credibilidad y legitimidad en la ciudadanía, fueron matando el alma de una institución teóricamente concebida para servir a la comunidad; sin embargo, aunque graves, no son la causa de muerte de la institución, sino, más bien, síntomas de una enfermedad congénita, que la aquejó toda su existencia, pero que en los últimos años se hizo cada vez más visible y gravosa: su carácter militarizado.

“Carabineros de Chile es una institución policial técnica y de carácter militar”, así comienza el artículo 1 de su Ley Orgánica Constitucional; ese carácter militar grabado a fuego desde su definición más básica fue el cáncer que terminó por matarla.

La definición citada no solo está escrita en una Ley que pocos conocen, determinó la naturaleza misma de la institución, su misión, atribuciones y tristemente, el modo en que se relacionó con la comunidad. La naturaleza castrense de Carabineros significó su aislamiento del resto de la sociedad, con una justicia diferenciada, con un sistema de salud separado del resto de los chilenos y hasta con pensiones que se sujetan a reglas distintas y que no responden, necesariamente, a la naturaleza de sus funciones, sino más bien, a una concepción decimonónica de la “carrera militar”.

La policía militarizada tuvo una concepción vertical no solo del mando en su interior, sino en el ejercicio de la autoridad respecto de los civiles, profundamente machista, burocrática, racista y clasista, a pesar de estar compuesta, en su mayoría, por chilenos provenientes de los estratos sociales menos favorecidos, terminó siendo percibida como una especie de guardia pretoriana de los poderosos, y no como un aliado de los desposeídos; los que más necesitaban de su protección.

La lógica militar de buscar “enemigos” y  “escenarios de conflicto”, se fue haciendo cada día mas evidente en su actuar, la represión, los abusos, las torturas y la violencia desproporcionada, se explican así de un modo estructural, y no se subsana con una distinta formación o mejores protocolos; está determinada por la naturaleza de la institución.

Carabineros se fue encerrando en sí mismo, sus procedimientos empezaron a ser más importantes que su función, y, en ese proceso, se fue divorciando crecientemente de su necesaria relación con la comunidad; éste fenómeno es relativamente normal en las organizaciones que tienen reglas distintas del resto de la sociedad en que funcionan, y tampoco es privativo de las uniformadas, también están en crisis las instituciones religiosas y las políticas, ambas constituidas en verdaderas castas encerradas en burbujas, que las mantienen separadas de las personas que dicen representar.

La Ley y la forma en que se concibió fueron construyendo una policía uniformada que, con el paso del tiempo, fue acrecentando su desconexión con la realidad del país y terminó siendo profundamente ineficiente en el cumplimiento de las tareas esenciales, y, por tanto, requerimos replantearnos la función permanente del Estado que pretendía cumplir la institución que hoy despedimos, así como la necesidad de la existencia de dos policías distintas con una superposición de funciones difícil de comprender.

En Estados Unidos, a raíz del estallido social desencadenado por un nuevo hecho de violencia racial con la policía como protagonista, hemos escuchado con envidia que se estudiará, no una reforma a las policías, no una modernización de sus protocolos, no, lo que se ha anunciado es una redefinición de la función policial.

En Chile, después del debido luto, corresponde construir un modelo de función policial acorde a las necesidades de nuestra sociedad actual, y diseñar instituciones adecuadas para su cumplimiento, que, uniformadas o no, deben tener un carácter civil y absolutamente inmerso en los territorios y empapadas de cada realidad particular. Nuestro país requiere una policía organizada bajo un modelo comunitario, en estrecha relación con la comunidad en que se inserta, distribuida en pequeñas unidades policiales en las que se presten además otros servicios públicos y sociales, sin distancias ni barreras insalvables que solo son mascaras de “autoridad”. Necesitamos y merecemos una policía moderna y funcional, con otro nombre y otra “alma”, más allá de la nostalgia de instituciones anacrónicas.//ELF

Un Chile de verdad, no plagado de cifras que detentan un falso bienestar

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Por Cecilia González Hansen

Hoy es tiempo de observar el país al desnudo, reconociendo los aciertos y avances, pero también realizando una autocrítica respecto a la desigualdad que permanece y que, frente a una situación extrema y dolorosa que están viviendo muchos hogares, se hace evidente.

La pobreza no es un fenómeno aislado, su peligro es pasar de ser una situación circunstancial a un estado permanente, y eso es justamente lo que sale a la luz en estos momentos donde Chile alcanza altos índices de contagio en el mundo y una alta tasa de mortalidad a causa de la pandemia del COVID 19. La pobreza no son sólo cifras, tiene rostros, son familias, hombres, niños y niñas, adultos mayores, jóvenes, pueblos originarios y mujeres, mujeres que constituyen por sí mismas una población que cruza todos los estratos sociales, presente en todos los tramos de edad y que ha quedado marginada e invisibilizada en las acciones que se necesitan de manera urgente.

Durante años hemos promovido el crecimiento, un crecimiento que a ratos parecía inhumano porque no lograba impactar en el desarrollo de una vida digna y feliz para todas las personas. No eran suficientes los esfuerzos de las Políticas Públicas, quizás mediados por la necesidad de mostrar resultados inmediatos en lo fugaz de períodos presidenciales cortos y, por qué no decirlo, también mezquinos en los cálculos, y constituidos por colectividades políticas más preocupadas de cortar un pedazo de la torta, que de construir, constituir y consolidar un proyecto que permitiera avanzar, sin interrupciones, en las transformaciones sociales que Chile necesita y que la ciudadanía reclama con urgencia.

Carecemos de un Proyecto País con sentido de continuidad para potenciar los derechos de las personas por sobre la libertad de la economía, y a ratos parece desilusionante como algunos, derrochando soberbia, pretenden construir sin reconocer lo pasado, profundizando las divisiones y cavando tumbas para enfrentar unidos un sistema neoliberal que nos tiene en la más absoluta indefensión a todos aquellos que no pertenecemos a las élites o a los grandes grupos económicos de este país, y que se han dedicado a reproducir y acumular riqueza y Poder, sólo en algunas manos.

De esta realidad, muy a pesar de nuestros principios e ideales, nuestro Partido no se escapa. Un escenario común en todos los Partidos Políticos, grandes y pequeños, tradicionales y nuevos, podemos preguntarnos entonces cuál es el origen de esta falla, ¿Es quizás que nosotros, como instrumentos para servir, hemos sucumbido a los privilegios y dejado de lado lo que nos inspira para estar en política? No es la política en sí misma la que pierde la mágica virtud de ser un canal de acción para servir al país, sino quienes somos un instrumento para servir al país a través de ella.

Aun así, y a pesar de todo, podemos revolucionar nuestra acción en la esperanza y, gracias a la inflexión de la naturaleza, abrir una ventana para que ingresen nuevos aires y de una vez levantemos la alfombra para limpiar todo aquello que en cifras voluptuosas no se ve. Es una tarea inmensa, un desafío de largo aliento en años que se espera un período muy duro para chilenos y

chilenas, una economía que tardará en recuperarse, pero un tejido social que se renueva y dará paso a otras prioridades, aquellas que teníamos olvidadas, a la vida en comunidad, a la de sabernos y sentirnos parte de un todo, la oportunidad para reconstruir el sentido solidario de la Política con su objetivo intrínseco de la Justicia Social. Hoy la tarea no es avanzar sin transar, ni tampoco es avanzar en la medida de lo posible, es un imperativo avanzar hacia lo que hace poco veíamos quizás como imposible.

¿Debimos esperar que nuestros adultos mayores murieran desprotegidos por una pandemia para bajar los costos del transporte público?, ¿Debimos enfrentar la necesidad inminente de un acceso universal y gratuito a internet para que nuestros jóvenes, niños y niñas puedan avanzar en sus estudios, independiente de dónde provengan o en qué lugar este ubicado su hogar?, ¿Debemos esperar que el COVID 19 nos arrebate la vida de recién nacidos/as y de sus madres para que seamos capaces de exigir una ley que extienda el post-natal en situación de emergencia?,
¿Debemos continuar ciñéndonos a una Constitución que ampara el derecho de la libre competencia, pero no garantiza los derechos básicos de las personas?, ¿debemos acogernos a la buena voluntad del empresariado para que a los hogares más vulnerables no les corten sus servicios básicos?

Esas interrogantes y muchas más surgen en el Chile de hoy, un Chile que no son las élites, que no son quienes se han sentado en la silla musical del poder, y que antes de esta pandemia al parecer no lograron entender que ese Chile que gritó en Octubre del 2019 es el Chile que vive en el día a día la injusticia de morir sin acceso a salud digna y oportuna, es el Chile que no se educa con calidad por la desigualdad social, es el Chile que tenemos el deber de cambiar con la conciencia de un equilibrio para hacer que nuestro país viva en condiciones dignas, la conciencia de no compararnos con nuestros vecinos por el mero hecho de cifras macroeconómicas satisfactorias en el papel, sino por altas tasas de bienestar, de felicidad, de vida plena, un Chile de cambios estructurales para las nuevas generaciones.

No podemos permanecer entre los países de la OCDE mientras la salud, la educación y la vivienda mantenga los actuales índices de segregación y calidad, empeorados por la situación multidimensional de emergencia donde los territorios periféricos se transforman en guetos y los centrales únicos polos de desarrollo, no podemos ni debemos mirarnos al ombligo, sin mirarnos al espejo y enfrentar nuestra realidad más allá de la pandemia, una realidad colectiva que no precisa de reduccionismo y sólo medidas cortoplacistas pensadas para las grandes ciudades, olvidando las regiones y los territorios rurales, ese Chile extenso y diverso.

Necesitamos ir más allá, necesitamos generar un Nuevo Pacto Democrático de Oposición unida que nos permita enfrentar el neoliberalismo juntos, más allá de las diferencias que con todo derecho podemos expresar, pero sin olvidar que de lo contrario no sólo estaremos ad portas de entregar Gobiernos locales, y luego el Gobierno central, a una derecha que se viste con ropajes de solidaridad, mientras pregona la necesidad de reducir el Estado, mientras no da crédito a las necesidades de una clase media que hoy está en la pobreza, mientras no da tregua a su énfasis desmedido e irresponsable por reabrir la economía a costa de vidas. Vamos hacia la aprobación de

una nueva Constitución, pero necesitamos activar ahora un Pacto Político, que no sólo se quede en los resultados, sino que piense el futuro y materialice la necesidad imperiosa de un Proyecto País.
Revitalicemos la esperanza en Chile que el neoliberalismo no puede triunfar en un mundo frágil y desprotegido como en el que nos encontramos hoy, no queda espacio en este momento para experimentar en la desunión apuestas que a la larga nos llevarán a perder nuevamente el Poder para retomar la senda de un Chile realmente justo para todos, especialmente para todas aquellas familias que están sufriendo cesantía, cese de sus pagos básicos, enfermedad, desamparo, hambre, a ellos nos debemos, por ellos la Oposición no puede enfrentar la realidad política cada uno en un camino propio.

Periodistas de Investigación, el Colegio Médico, Centros de Estudios y ONGs, han actuado para transparentar la información, el Congreso ha intentado ir proponiendo legislación y mejorar proyectos del Ejecutivo, en una labor lenta y burocrática, muchas veces incomprendida por la sociedad, y los Partidos Políticos están al menos comenzando a retomar el rol de exigir y buscar fórmulas para abordar la situación con respuestas de un Estado fuerte, pero aún no es suficiente, aún Congreso y Partidos Políticos están al debe frente a la realidad de las ollas comunes y las altas cifras de cesantía, frente al retroceso de los pequeños avances de género que tienen a las mujeres no sólo desempleadas en gran cantidad sino relegadas en los hogares y a cargo en su gran mayoría del cuidado de otros, fracturando su autonomía económica y dejándolas aún más vulnerables frente a la violencia, urge la puesta en marcha de una agenda país con enfoque de género.

Por favor entendamos todos/as, cada uno de nosotros/as que aportar al bienestar no sólo puede quedar en estas líneas sino en el actuar cotidiano de nuestros entornos más próximos, fortalecer nuestra participación en las organizaciones locales, generar canales de comunicación activos en nuestros barrios, establecer la horizontalidad como eje del Poder para escuchar y llevar a cabo lo que necesitamos para salir adelante, revitalizar la confianza en las instituciones y reivindicar la Política, pero para eso requerimos la urgencia de ver a los partidos políticos de oposición pensar en un Proyecto Democrático que permita levantar a Chile de esta gran depresión multidimensional y salir de esto como un mejor país, con mejores condiciones para sus ciudadanos/as, sin maquillaje ni parches.

En un escenario internacional colmado de incertidumbres, brindemos certezas que otro Chile es posible, un Chile de verdad y no plagado de cifras que detentan un falso bienestar.//ELF

¿De quién es el agua de Maipú?

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Por David Pellizzari Ossa

Hace solo unos días, muchos se alegraron al leer o escuchar que SMAPA, la empresa sanitaria que provee de agua potable a la comuna de Maipú y otras cercanas, anunciaba que se congelarían sus tarifas por cinco años.

Si bien resulta difícil estar en contra de una medida que, al menos en teoría, beneficia directamente a miles de vecinos, no podemos evitar preguntarnos cuáles serán las consecuencias a mediano y largo plazo de esta decisión, y a quién beneficiará y afectará en definitiva.

SMAPA es una empresa municipal, y mas allá de sus orígenes y particularidades legales, en términos prácticos, es de los vecinos de Maipú, o al menos así debiera ser.

Entonces, ¿quién pierde si esa empresa resulta ser inviable en su actual estructura o condición legal?

El año 2019 la Contraloría General de la República emitió un lapidario informe acerca de la administración financiera de SMAPA que terminó incluso con una denuncia al Ministerio Público que aún no arroja resultados definitivos. El mismo año recién pasado fueron múltiples los problemas de gestión de la empresa que afectaron incluso la atención de sus clientes, y en ese contexto, no fueron pocas las voces que hablaron de una venta o eventual privatización de la sanitaria municipal.

SMAPA no ha realizado las inversiones necesarias para garantizar su operación eficiente en los próximos años, su facturación y el cobro de las cuentas tiene un desorden administrativo que escapa de lo que se pudiera calificar de negligencia y mas parece producto de una decisión consciente, sus funcionarios no tienen las condiciones mínimas para desarrollar adecuadamente su labor, y sus clientes están empezando a notar estos problemas a diario.

Resulta, por decirlo menos curioso, que con esos antecedentes, se considere apropiado o prudente que las tarifas se congelen por un periodo no menor de tiempo, y, por tanto, cabe preguntarse, con qué recursos se harán las inversiones largamente postergadas o cómo se cubrirán los déficit financieros por el desorden en la facturación y cobranza. A menos claro, que la idea sea precisamente que la empresa toque fondo y llegue a un estado tal en que sea inviable mantenerla en su condición de municipal, y surja como gran solución: su venta.

¿Es posible que una empresa pública sea deficitaria?

la respuesta es claramente afirmativa, en todo el mundo podemos encontrar servicios públicos que operan con pérdidas, transporte público y sanitarias suelen ser los ejemplos paradigmáticos, pero en la mayoría de esos ejemplos existe una decisión política, una definición de Estado, que implica asumir que, en aras de brindar un servicio de calidad y de carácter universal a los ciudadanos, bien vale la pena mantener una empresa de carácter público aunque no sea capaz siquiera de cubrir sus costos de operación.

Pero, en nuestro país no existe ese modelo de Estado, ni política ni institucionalmente es posible sostener esa estrategia, por lo que una empresa pública que no sea económicamente viable, tiene un futuro muy claro; la privatización y la pregunta es ¿quieren los vecinos de Maipú y las otras comunas abastecidas por SMAPA que ésta sea privada?

*Esta columna apreció en LaVozdeMaipú.cl y En La Fontana la republicamos con autorización del autor. 

La buena idea de devolver parte del fondo de pensiones a sus propietarios

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Por Manuel Riesco

Economista de Cenda

Autorizar el retiro de ahorros AFP es una buena idea. Merma el abusivo e irracional ahorro forzoso y abre paso a acabarlo, lo que sucederá pronto. Ello permitirá duplicar las pensiones actuales y reducir considerablemente el déficit fiscal, con beneficio para la economía y los empresarios. Esta buena idea ha tenido una amplia acogida, también en políticos de derecha personificados por el H.D. Don Mario Desbordes, quien nuevamente asume responsablemente la imperiosa necesidad de superar la crisis política nacional.

El fondo de ahorro forzoso AFP es el abuso. Es una inmensa masa de instrumentos financieros diseñada para crecer indefinidamente, desde luego a través de oscilaciones sucesivas, a veces violentas como sucede en estos días. Ha sido acumulado a lo largo de cuatro décadas de recortes forzosos a los salarios de millones de trabajadores y trabajadoras, escamoteados a sus padres y abuelas a quienes estaban destinados y podrían haber asegurado pensiones dignas. Los únicos beneficiarios de este fondo son sus gestores y un reducido grupo de grandes empresarios que se han apropiado del dinero allí registrado. Principalmente, cuatro conocidos grupos nacionales que controlan el negocio de seguros relacionados, quienes se han embolsado la mayor parte del dinero. Sus propietarios están ligados estrechamente al Presidente de la República.

Autorizar el retiro significa que los magnates que se lo han apropiado, lo devuelven en parte a sus propietarios, que harto lo necesitan en las actuales circunstancias. Muy buena idea.

El fondo mal llamado «de pensiones» bien poco tiene que ver con éstas. Desde luego no financia pensiones, sino inversiones empresariales y cobros de sus gestores. El más grueso de estos últimos son las primas netas de las compañías de compañías de seguros, con las cuales se subcontrata el pago de la mayor parte de las pensiones y para lo cual se les transfieren mensualmente el equivalente a cerca de la mitad de las cotizaciones.

El fisco financia tres cuartas partes de las pensiones que se pagan en Chile. Incluidas una mitad que paga directamente y 1/3 de la otra mitad que pagan las AFP. El fisco destina a ello un quinto de su presupuesto, el que financia con deuda e impuestos corrientes, principalmente el IVA. Las AFP financian el cuarto restante del gasto nacional en pensiones, con el equivalente a 1/3 de las cotizaciones corrientes. Es decir, el gasto nacional en pensiones lo financian principalmente los trabajadores con pago de IVA y parte de las cotizaciones corrientes.

El fondo de pensiones en los hechos no interviene en el pago de pensiones, excepto para calcular el modesto aporte “autofinanciado” por las AFP, cuyo monto promedio no alcanza a un quinto de las remuneraciones imponibles. Se trata de un método pésimo, porque hace depender el monto de las pensiones del fondo acumulado al momento de jubilar, calculado con los rendimientos de los mercados financieros internacionales, los que varían constantemente. Para este cálculo no se necesita tener el fondo. Bastaría con llevar la cuenta de las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida, como hacen las denominadas “cuentas nacionales”, a las que se asigna una tasa de interés fija. Usadas de modo exclusivo, sin embargo, estas últimas tienen el grave inconveniente que desincentivan el cotizar en los últimos años cuando los sueldos son mayores.

Pero calcular las pensiones exclusivamente en base a un fondo acumulado al jubilar, como sea que se calcule su valor, termina siendo un método inaceptable, puesto que fija su monto en UF al momento de jubilar y no las reajusta según los salarios, por lo cual su tasa de reemplazo, que actualmente es poco más de un cuarto de las remuneraciones imponibles, disminuye año a año al subir éstos, tal como ocurre en la actualidad en Chile.

Sea como fuere, para calcular de esta forma las pensiones, no se necesita acumular un fondo que hoy alcanza a 80 por ciento del PIB y equivale a veinte años de cotizaciones diez veces más de lo que mantienen las reservas técnicas de los sistemas de seguridad social para solventarse en períodos de recesión.

Mantener un fondo de ahorro forzoso de esta magnitud no sirve a los pensionados, sólo beneficia a los empresarios que lo usan para financiar sus inversiones. Devolverlo en parte a sus propietarios es una muy buena idea.

En tiempos difíciles se recurre a los ahorros, para eso son. Chile, en cambio, mantiene la irracionalidad de continuar «ahorrando» forzosamente US$10.000 millones anuales de cotizaciones. Este dinero debe y puede financiar buenas pensiones hoy, aliviando de paso al fisco los enormes subsidios en dinero que hoy aporta al sistema AFP.

Para ello es necesario derogar el DL 3.500, como propone el proyecto de cinco senadoras y senadores, acabar el ahorro forzoso y recuperar el Estado la gestión de la seguridad social, incluido el esquema de rentas vitalicias. Ello permite duplicar las pensiones actuales, y además mejorar las cuentas fiscales en el equivalente a 1/5 del presupuesto, disminuyendo el endeudamiento y mejorando la calificación de riesgo país. Por este preciso motivo lo suspendieron o acabaron en Europa. Muy buena idea.

Una verdadera jauría de economistas de los sectores políticos más insospechados, han reaccionado en contra de la propuesta cuál fieles escuderos del ahorro forzoso. Muy mala idea. Auguran catástrofes de todo tipo si se retiran los fondos, pero no dicen que éstas no ocurrieron en los países que recientemente suspendieron o acabaron con el ahorro forzoso, tras la crisis del año 2008. Allí sucedió lo contrario. Mejoraron las pensiones. También la calificación de riesgo al reducir el déficit y endeudamiento fiscal. Ello benefició a todos los empresarios porque mejoró las condiciones crediticias.

Resulta alentador que el sistema político chileno haya venido despertando a la demanda de acabar con el ahorro forzoso. Hace algunos meses, casi la mitad de la cámara rechazó legislar un proyecto gubernamental que lo aumentaba, y solo la defección de un puñado de opositores permitió que continuara su trámite, hasta ahora empantanado en el Senado. Se han presentado una variedad de proyectos de reforma. El más significativo es el antes mencionado que deroga el DL 3.500, presentado por cinco senadoras y senadores, que recibió el respaldo de 47 diputadas y diputados.

Ahora, la buena idea de retirar los fondos ha recibido una acogida amplia que augura la posibilidad de aprobarse. El poder judicial está avanzando paralelamente en la materia, al acoger demandas de afiliadas que quieren retirar sus fondos.

Es interesante el papel que está jugando al respecto el H.D. Don Mario Desbordes, Presidente de Renovación Nacional. Ha dado muestras de ser un político responsable, que asume la magnitud de la crisis política en curso y ha ayudado a abrir caminos para encauzarla democráticamente. Al parecer, comprende que acabar con el abusivo e irracional ahorro forzoso ayudará a superarla. Ahora se ha manifestado a favor de devolver parte de los fondos. No sería primera vez que gobiernos y partidos de derecha acaban con el ahorro forzoso. Así sucedió en varios países de Europa que lo acabaron recientemente. Bienvenidos si lo hacen ellos o ayudan a hacerlo. Ojalá que la centro izquierda que lo implementó allí y lo ha mantenido y agravado en Chile, espabile en esta ocasión.//ELF

Desequilibrio de poder

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Por David Pellizzari Ossa

“Cállese, usted no se meta, esta es una conversación de adultos…”. Esa solía ser la reprimenda que los niños recibían por dar su opinión en una discusión importante, y estaba basada en una estructura familiar absolutamente jerarquizada, vertical y profundamente machista, en que el Padre era la “cabeza” de la familia en todo sentido y ejercía una autoridad absoluta, y en segundo orden, la madre ejercía una autoridad “doméstica” sin contrapesos. En este modelo de familia la opinión de los niños, niñas y adolescentes era irrelevante, solo les correspondía cumplir sus deberes entre los que destacaba nítidamente el de obediencia.

Hemos visto en los medios de comunicación una relación que nos recuerda ese modelo anacrónico y hace patente la necesidad urgente de repensar nuestra institucionalidad. A propósito de la emergencia sanitaria que enfrentamos, los alcaldes de nuestro país han requerido del gobierno información y coordinación casi con desesperación, y, con renuencia, la autoridad central ha ido cediendo en algunos puntos, pero siempre desde una posición de autoridad vertical.

Mientras algunos ven solo una hoguera de vanidades o una disputa ad portas de un proceso eleccionario, otros vemos una profunda crisis de nuestro modelo institucional, en que el rol y atribuciones de nuestros gobiernos locales requieren una drástica actualización.

En nuestro ordenamiento constitucional y administrativo, peor aún, en nuestra cultura organizacional, los municipios son simples ejecutores de políticas públicas en el territorio y no les corresponde intervenir en su elaboración ni coordinación. Las declaraciones de ministros, subsecretarios y hasta del propio Presidente de la República parecen confirmar esta desalentadora tesis. El gobierno central ve las propuestas que surgen desde los municipios como amenazas a su autoridad, como inadecuadas injerencias en sus atribuciones y se plantea con brutal naturalidad que son áreas que simplemente no les competen. Pero, la gestión territorial de una crisis sanitaria como la que vivimos no les compete a los municipios…? La coordinación y gestión territorial de la seguridad ciudadana, en cualquier época, pero particularmente en una emergencia como la actual, tampoco es competencia del municipio…? En nuestro modelo la respuesta, por increíble que parezca, es no.

Finalmente, y a regañadientes… el gobierno ha terminado aceptando las propuestas y la colaboración de los municipios en el combate de la pandemia que vivimos, pero se han debido efectuar ajustes administrativos y posiblemente legales para ello, lo que demuestra que nuestra institucionalidad simplemente no concibe un rol colaborativo entre nuestras autoridades.

Este modelo tan compartimentado y vertical de autoridad ya no resiste mas, y es imperioso que, en el proceso constituyente que pronto enfrentaremos como país, asumamos que el nuevo pacto que requerimos, debe incluir también una nueva estructura y organización del poder en nuestro territorio, una que garantice una descentralización real y que, sobre todo, cambie la concepción autoritaria y centralista del ejercicio del poder, tanto entre los distintos niveles administrativos del Estado, como en su relación con la ciudadanía.

Requerimos una concepción horizontal, colaborativa y participativa del ejercicio de la autoridad y su organización, necesitamos un Estado menos temeroso de la opinión y control de sus ciudadanos y estructuras de poder que no compitan entre si, ni intenten simplemente imponer su opinión a otros.

Esta concepción, en el ámbito municipal y regional, requiere repensar las atribuciones y presupuestos de nuestras autoridades locales, pero no basta solo con algunas modificaciones dentro del mismo modelo o estructura institucional; es preciso un cambio sustantivo en la forma de entender el poder local, su independencia y su relación con el poder central, así como las relaciones de ambos con la ciudadanía.

Muchos ejemplos podemos citar de gestiones municipales que se han destacado, pero en todas ellas, sus ediles han estado al filo de salirse del marco legal y constitucional… no porque no lo conozcan o actúen con dolo, sino porque han corrido los márgenes de lo posible tensionando fuertemente los límites que nuestra institucionalidad les impone, y eso necesita un cambio urgente.

Los alcaldes y concejales conocen mejor que nadie las necesidades de sus vecinos y saben trabajar colaborativamente con la comunidad organizada, ellos han respondido antes y mejor a las demandas ciudadanas de la crisis social y sanitaria que enfrentamos, y sería bueno que muchos aprendieran de esa experiencia y lo tuviéramos todos presente cuando construyamos nuestra nueva constitución.//ELF

Senadores de posición contraatacan: buscan reducir plazo del veto presidencial con proyecto de ley

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Según ElDínamo.cl, la idea de los legisladores es bajar desde 30 a sólo 10 días. Según reclaman, el plazo actual sería excesivo y permite que el Presidente de la República dilate ciertos proyectos.

A través de un proyecto de ley en la Cámara Alta, los senadores de la oposición Yasna Provoste (DC), Francisco Huenchumilla (DC), Ximena Órdenes (PPD), Carlos Montes (PS) y Carlos Bianchi (independiente), buscan reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo con un proyecto de ley. ¿La idea? Acortar el plazo del veto presidencial.

La iniciativa sería un duro contraataque del Congreso, luego que el mandatario Sebastián Piñera anunció hace algunos días que convocaría a un panel de expertos para verificar la constitucionalidad de los proyectos de ley, lo que actualmente es parte de las labores parlamentarias.

De acuerdo al proyecto ingresado por la oposición, sería excesivo el plazo de 45 días que establece la Constitución de la República para que un Presidente vete, promulgue y publique una ley aprobada por el Congreso Nacional. Además, los firmantes acusaron que con el veto presidencial se ha desvirtuado el sentido del plazo, “siendo utilizado por el Ejecutivo como una manera de dilación a la puesta en marcha de las leyes”.

De hecho, en la actualidad el proyecto de ley que prohibe el corte de suministros básicos por no pago mientras dure la pandemia está siendo analizado por el Ejecutivo, desde donde podrían vetarlo y modificarlo.

La iniciativa es un proyecto de ley de reforma constitucional para modificar los artículos 73 y 75 de la Constitución, a fin de acortar de 30 a 10 días el plazo que tiene un Presidente de la República para vetar los proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional, reduciendo de esta manera el total del plazo que corre actualmente desde el momento de finalizada la tramitación de un proyecto o moción en el Congreso, hasta su puesta en marcha y comienzo de implementación.

“En la Constitución, entre el tiempo que se entrega para vetar una ley, más el de su promulgación y publicación, se suman 45 días, constituyendo un plazo que consideramos excesivo, ya que el Ejecutivo en el Congreso es colegislador; sigue y conoce del trámite de todas las iniciativas legales”, precisaron los legisladores en el texto del proyecto.

Se habla de 45 días porque hay 30 días para analizar la normativa a fin de si se veta o no, además de los 10 días de promulgación y cinco de publicación.

Sin embargo, para los senadores de la oposición, “hoy en día una ley puede estar publicada en el Diario Oficial al día siguiente o al subsiguiente de su despacho por parte del Congreso”.

Al respecto, la senadora Yasna Provoste explicó a los medios de comunicación que “el plazo de 30 días se ha desvirtuado de su sentido original”.

De acuerdo a la parlamentaria, “es utilizado por el Ejecutivo como una manera de dilación a la puesta en marcha e implementación de las leyes, lo que constituye una manera encubierta de incumplimiento transitorio de las mismas”.

En esta línea, aseguró que existen varios ejemplos como: la segunda Ley de Protección al Empleo, que fue despachada el 7 de mayo del 2020 y fue publicada como Ley N° 21.232 el primero de junio, 25 días luego de despachada por el Congreso y que establecía -entre otras disposiciones- la imposibilidad de repartir utilidades por el ejercicio 2020 para las empresas que se acogían a la ley de protección del empleo.