En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

COVID19

Trabajadores del Metro de Santiago cuestionan plan de desconfinamiento del Gobierno y acusan desprotección de la empresa hacia su personal

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*En La Fontana publicamos declaración pública de Fesimetro frente a Plan de Desconfinamiento, y la desprotección de la administración de Metro con sus trabajadores y trabajadoras, ante esta situación. 

«Durante estos días hemos sido testigos del avance del plan de desconfinamiento que el gobierno ha comenzado a implementar. Esto ha provocado una serie de dudas con respecto a las verdaderas posibilidades de proponer un normal funcionamiento de la ciudad cuando aún se continúan reportando en promedio 2.000 contagios por Covid-19 y los decesos diarios no han disminuido. No obstante, las autoridades han decidido avanzar, haciendo oídos sordos a las recomendaciones de los expertos, marginando al sector del transporte público de la discusión en torno al desarrollo de este plan.

Por su parte, la administración de Metro ha acatado esta instrucción desatendiendo la demanda permanente de parte de las y los trabajadores por ser partícipes del diálogo en torno a la puesta en marcha de este plan. Razón que nos llevó a retirarnos, el jueves pasado, de la Mesa Bipartita Covid-19, establecida por la empresa justamente para estos fines, pero que en ningún caso consideró la incidencia directa de las y los trabajadores sino más bien, como denunciamos, se trataba de un espacio solo para operativizar información y dar cuenta de situaciones.

La administración citó para el día de mañana Miércoles a los/as representantes de la Federación para notificar de las condiciones del desarrollo de las distintas medidas que se irán implementando como parte de este plan. Se nos ha informado que en la cita el interlocutor será una vez más el Gerente General, luego de semanas en las que hemos emplazado directamente al presidente del Directorio, Louis de Grange, a reunirse con nosotros/as. Hoy, de manera conjunta, los sindicatos han acordado no asistir a dicha reunión porque no se ajusta a la necesidad urgente de diálogo directo con la autoridad pertinente.

Junto con lo anterior, hemos visualizado una serie de vulneraciones que reafirman el preocupante nivel de desamparo que ha demostrado tener la empresa con sus trabajadores/as. Por una parte, frente a las evidentes aglomeraciones de público que se están dando al interior de las estaciones de la red, nuestros compañeros y compañeras corren un alto riesgo de contagio frecuentando espacios comunes que no cuentan con las condiciones sanitarias necesarias para su normal funcionamiento.

Además, nos parece alarmante que a la fecha no se nos haya hecho entrega de ninguna información que detalle las etapas de este plan de desconfinamiento. Una situación que ocurre de manera transversal tanto para los trabajadores/as internos/as, como del subcontrato. Esto demuestra un nivel de desprotección que se materializa, a su vez, en la falta de fiscalización con las mismas empresas contratistas, que sin miramiento alguno mantienen a cientos de trabajadores y trabajadoras suspendidos/as, omitiendo las atribuciones que éstas se han tomado pasando a llevar derechos fundamentales como el respeto y la dignidad.

Esta situación ha revelado una verdadera crisis en la relación que sostiene Metro con sus trabajadores y trabajadoras. Nos parece profundamente inquietante que quienes debiesen ser los interlocutores en un diálogo directo con las autoridades gubernamentales, hoy en día hagan vista gorda de estas circunstancias y muestren absoluta desconexión con las demandas y requerimientos básicos de seguridad sanitaria para nuestros compañeros y compañeras.

Las determinaciones que se tomen hoy con respecto a un plan de desconfinamiento al interior de Metro son un asunto que no solo compromete la salud de cada trabajador y trabajadora, sino que derechamente se pone en riesgo su vida. Por esta razón, mantenemos nuestro emplazamiento a la administración y a las autoridades a establecer un diálogo directo que nos permita poner sobre la mesa un retorno al funcionamiento normal de la red, pero sobre la base de decisiones informadas, tomadas con prudencia, responsabilidad y de manera consensuada entre la administración y los representantes de las y los trabajadores.

Por todo, como Federación de Sindicatos de Metro hacemos un llamado a todos nuestros compañeros y compañeras a mantenerse atentos/as al desarrollo de estos hechos. Esta situación se manifiesta en medio de una pandemia que, a la fecha, ha demostrado no tener un final próximo, por lo que mantenernos unidos e informados es indispensable para la toma responsable de decisiones que nos competen a todos y todas».

Atte. 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE METRO

 

Directores de salud comunal aseguran que no tiene recursos necesarios para trazabilidad

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En una medición realizada por la asociación de alcaldes también se afirma que hay problemas para distribuir medicamentos y alimentos, informa ElDínamo.cl.

A través de una encuesta a 115 directores de atención primaria, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) reveló que el 82,6% de estos directivos no contaría con los recursos humanos y financieros para llegar al 90% de trazabilidad de casos COVID-19 que busca alcanzar el Gobierno.

En el sondeo aplicado entre el 22 de junio y 2 de julio, los directores también expresaron que el Estado no está considerando las particularidades de los territorios y los servicios de atención primaria en su estrategia sanitaria, opinión que fue compartida por el 84,3% de los encuestados.

De acuerdo al director ejecutivo de la Amuch, Andrés Chacón, la encuesta busca saber qué está aconteciendo en el primer nivel de atención que tiene la ciudadanía en el sistema público de salud nacional, sobre todo en relación a la trazabilidad de los casos positivos.

Respecto a los resultados, dijo que “es urgente avanzar en un nuevo enfoque de la Red de Salud Pública, que mejore la vinculación entre distintos organismos involucrados y fortalezca el diseño de las políticas públicas de prevención en los territorios”.

Los principales problemas de la salud primaria

Además de la trazabilidad, en la medición también se le consultó a los directores de los centros de salud de la atención primaria por cuáles serían los mayores problemas que han enfrentado en el combate contra el COVID-19.

Ante la consulta, un 46,1% contestó que la principal falencia está en la distribución de medicamentos y alimentos a la población de alto riesgo, como adultos mayores y pacientes con enfermedades de base.

Otra dificultad es el desabastecimientos de insumos (26,1%), ya que si bien estarían llegando constantemente los implementos, hay periodos en los que simplemente se agotan. Más atrás aparece la saturación de Servicios de Atención Primaria (7%) y los contagios del personal (1,7%).

Respecto a qué medidas se deben adoptar para mejorar el panorama, el 94,8% de los consultados en la encuesta de la Amuch insistió en que se necesita más personal contratado para que trabaje en la trazabilidad.

En tanto, un 93,9% aseguró que es necesario traspasar recursos de “programas de salud inaplicables en este contexto” para el combate contra el COVID-19.

Las amenazas y oportunidades para nuestro sistema democrático

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Por Ernesto Moreno

Sociólogo y concejal de Recoleta (DC)

La modernidad “reconceptualizó” la idea y práctica democrática que habíamos heredado desde las tradiciones griegas. Lo hizo, por un lado, impregnándole su proyección universal y convirtiéndola en uno de los indicadores más relevantes de una sociedad políticamente moderna y, por otro lado, colocando en su centro el principio de representatividad como vinculación entre el pueblo y la autoridad.

Pero el mundo y el desarrollo de las sociedades han experimentado inéditos cambios, de manera que los procesos e implicancias que hoy subyacen a las decisiones en torno al poder, se han hecho complejas y, a modo de una muestra del proceso de aculturación, las diferentes ciudadanías han ido forjando y exigiendo un protagonismo en la construcción de su destino.

Todo esto, en medio de una globalización succionante, de un capitalismo voraz y de mediaciones político-institucionales que provocan importantes frustraciones en las demandas de la gente.

Paralelamente, parece haberse olvidado que la democracia no es solamente algo procedimental, sino también y sobre todo, un modelo y estilo de vida, esto es, consta de un espíritu fundado en valores que inspiran y orientan las acciones de sus actores. Al respecto, muchas democracias del mundo, y por cierto la nuestra, han sido infiltradas por una hegemonía valórico-cultural distorsionadora y contraria al mencionado espíritu y fundamento democrático. Los valores y el marco cultural capitalista han operado fomentando acciones y conductas individualistas, competitivas y con aspiraciones sin límites que son la antítesis del bien común, la solidaridad y la inclusión, entre otros.

A medida que entramos en el s.XXI, la democracia sigue siendo el régimen más preferido por la gente (el menos malo dicen otros), sin embargo, la percepción y evaluación de la misma ha ido en franco declive. De una u otra forma, la democracia está siendo puesta a prueba en sus fortalezas, en la confianza en sus instituciones y, a las finales, en su legitimidad.

La última encuesta Latinobarómetro nos indica que en América Latina, entre el 2008 y el 2018, la insatisfacción con la democracia pasó de 51% a un 71% y, en el caso de Chile, un 84% piensa que la democracia tiene problemas y un 74% de chilenos expresa que se gobierna para beneficio de unos pocos poderosos.

Es nuestra impresión que en algunos países, y el nuestro no sería una excepción, se ha alcanzado un cierto punto que nos indica que la arquitectura del modelo contractualista existente se ha tornado insuficiente para satisfacer las fundadas y legítimas demandas sociales, las que en su cantidad y calidad no son más que una ilustración de la frustración y rebeldía frente al sistema.

Chile parece estar llegando al climax de esta situación como resultado del movimiento social de octubre del 2019 y la pandemia actual que recorre dramáticamente el territorio. Se trata de dos sucesos, que aunque de génesis diferente, terminan reforzándose y catapultando una más que plausible agudización de las tensiones sociales. El corona virus, no solamente ha dejado en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad humana, sino también ha desnudado lo obsoleto del modelo socio-económico que ha predominado entre nosotros las últimas décadas.

Después de un innegable esfuerzo transformador del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el que por lo demás se vio en varias oportunidades dificultado por los propios partidos políticos que la apoyaban, el poder político cayó en manos de una coalición política encabezada por Sebastián Piñera que, tanto frente al estallido social como en relación a las consecuencias de la pandemia en la vida física y económico – social de las personas, ha dejado al descubierto el marco ideológico y valórico que lo inspira, lo que se ha plasmado en lo que muchos han destacado: medidas insuficientes que, además, llegan siempre tarde; se trata de un gobierno cuya mezquindad e inoperancia le ha impedido cubrir la urgencia y garantizar, en tiempos extremadamente críticos, las seguridades y el bienestar mínimo de la gente.

Cuando un gobierno se niega, pudiéndolo hacer, a este compromiso social básico, está no solamente fallando en la práctica de un humanismo del que tantas veces ha vociferado, sino que pavimenta un camino con suficientes trizaduras como para que los pilares de la democracia, ya cuestionados como hemos analizado anteriormente, se vean aún más debilitados.

Es el propio Jürgen Habermas, hablando de la crisis, quien nos recuerda que éstas alcanzan preocupantes dimensiones, cuando las estructuras sociales se tornan incapaces de resolver satisfactoriamente las diferentes demandas que son necesarias para su conservación.

Chile encara, de manera “recargada”, la alternativa de transformarse en un país justo y solidario o mantener, disfrazar y/o reforzar la insostenible situación actual, que ha sido diagnosticada por diversos organismos y publicaciones.

Es nuestra convicción que la democracia chilena superará su crisis y tomará rutas más estabilizadoras, solo en la medida que se tenga el coraje y la voluntad política de construir e implementar, con la unidad del progresismo y el máximo de actores sociales, un programa de transformaciones y reformas socio-económicas y culturales que alteren significativamente la actual estructura social.

La debilitada y cuestionada democracia chilena, para decirlo en términos de Proust, tiene una oportunidad de ir en busca del tiempo perdido, sin caer en ningún extremismo ni descontrol.

En este camino, el proceso constituyente, partiendo por el plebiscito, se convierte en el condicionante por excelencia para la implementación de dichos cambios. Cualquier intento de transacción y/o aparecimiento de fórmulas extrañas para mimetizarlo o desplazarlo, debe ser rechazado categóricamente. Por lo demás, es el propio pueblo quien constituye el gran custodio para que esto no suceda. //ELF

Aprueban proyecto que suspende pago de cuotas de créditos de educación superior

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La Comisión de Educación de la Cámara aprobó el proyecto que modifica normas legales para suspender el pago de las cuotas de crédito para la educación con ocasión del estado de catástrofe por la pandemia de Covid-19.

En la sesión participaron el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, junto a la jefa de departamento jurídico, Fernanda Badrie.

Tanto desde el Ejecutivo como de parlamentarios oficialistas, se hizo reserva de constitucionalidad de los artículos que conforman el proyecto, por considerar que son materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

La propuesta modifica las leyes que establecen normas para el financiamiento de estudios de Educación Superior (N° 20.027) y sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario (N° 19.287 y 18.591).

El texto propone que “la obligación de pago de las cuotas de créditos de educación superior podrá ser suspendida total o parcialmente por parte del deudor, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y el tiempo en que este sea prorrogado”.

Las cuotas suspendidas se agregarán a continuación del término del período original de pago, extendiéndose este por los meses que dure la suspensión.

También se señala que se deberán disponer los medios tecnológicos idóneos, como plataformas online, para que las y los deudores puedan informar a la institución acreedora y a la comisión el hecho de que han decidido acogerse a este beneficio.

Asimismo, el proyecto suspende la facultad de la Tesorería General de la República por la que retiene la devolución de impuestos a la renta del deudor de crédito, para el año tributario 2021, en virtud de las consecuencias de la pandemia por Covid-19.

Sobre la obligación de pago de las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras, en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por Corfo, o cualquier otra deuda contraída con la finalidad de financiar para sí o para terceros estudios de educación superior, la iniciativa plantea que también podrá ser suspendida por parte del deudor durante la vigencia del estado de excepción constitucional y el tiempo en que este sea prorrogado.

A juicio de la presidenta de la comisión, la diputada Camila Rojas (Comunes), el proyecto no debería seguir un trámite en la comisión de Hacienda. Sin embargo, esto sería algo que los comités parlamentarios podrían modificar.

Fernando Atria, abogado constitucionalista En La Fontana: «Lo que estamos viendo hoy, con esta pandemia, es que el neoliberalismo mata. Es un sistema malo para la salud»

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Para conocer su visión sobre cómo la pandemia del coronavirus destapó las desigualdades existentes en Chile, y que justifican el advenimiento de una nueva constitución, En La Fontana entrevistamos al exsocialista y abogado de la Universidad de Chile, Fernando Atria.

El constitucionalista, que hace años viene instalando el tema de que exista una carta fundamental, y consciente de que muchas voces sociales que salieron a mostrar su descontento tras el estallido social del 18-O, no se sienten representados por la clase política tradicional. Ante aquello, convocó a colaboradores y dirigentes comunales para crear un nuevo partido: Fuerza Común (FC).

Colectividad inaugurada hace poco más de cuatro meses, que buscará ganarse un espacio en el espectro político de la centroizquierda, pero con gran arraigo en la ciudadanía que plantea cambios estructurales. Realidad que pasa por el surgimiento de un nuevo pacto social traducido en una nueva constitución elaborada cívicamente por los chilenos.

Pandemia en Chile

-¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno en enfrentar la pandemia? Ahora dice que hay una «leve mejora»…

-Sabemos bastante poco acerca de cómo va evolucionar esto. Ya hemos pasado por estas declaraciones que, a partir de datos selectivamente considerados, se declara que todo viene mejor. Así que yo respecto de eso sería más bien escéptico. Por otro lado, hay mantener la prudencia y esperar a ver qué pasa (…) Hemos aprendido en estos meses, que esas declaraciones suelen tener consecuencias bien graves.

-¿Cómo debería actuar el Ejecutivo?

-El Gobierno debería entender, el hecho de la renuncia del ministro de Salud anterior (Jaime Mañalich), tiene el sentido de que el Ejecutivo usó y perdió la posibilidad de fijar unilateralmente la estrategia para enfrentar la pandemia. Hoy se necesita una estrategia que esté socialmente validada, conversada con la sociedad civil, sean gremios, expertos, asociaciones de epidemiólogos y sociedades científicas, etc. El Ejecutivo debería convocar a todas esas instancias y elaborar así una estrategia que pueda presentarse al país y que represente el esfuerzo de todos los chilenos.

-Al parecer, el ministro Enrique Paris es más dialogante que su antecesor…

-Lo importante es que la estrategia que se vaya adoptado sea producto de esas conversaciones, y no una imposición del Gobierno.

Ayudas sociales

-¿Las medidas de bono Covid-19, el IFE 2.0, el reparto de cajas y ahora el plan para la clase media son insuficientes?

-Han sido medidas insuficientes de manera manifiesta, y en algunos casos desastrosas. El reparto de cajas fue una pésima medida orientada por la conveniencia de que funcionarios de Gobierno se sacaran fotos frente a personas, en cuyas cara se ve la penuria de una forma bien vergonzosa e inadecuada, porque además afectó a pequeños almaceneros al no ser parte de proveer esos bienes. En fin, fue una mala señal. En general, la respuesta económica ante el hambre y la cesantía ha dejado mucho que desear (…) El Gobierno está pensando en cómo, las cosas que se hagan o no se hagan, van afectar el proceso constituyente (…) No creo que estén buscando dilatar el proceso, lo que sí están considerando es que, si aplicar medidas más estatistas son vistas por la sociedad como medidas que solucionan el problema, entonces, esas posiciones van a ser reforzadas en la discusión constituyente.

-¿Usted apoya el retiro por parte de los cotizantes del 10% de los fondos de las AFP?

-La discusión del no retiro del 10% de las AFP tiene que ver con proteger al sistema de de capitalización individual respecto de lo que vendría después de ese 10%, o las consecuencias para la economía que tendría el hecho de este retiro a cambio de un bono de reconocimiento del Estado a los cotizantes. En consecuencia, parte de la negativa del Gobierno de considerar medidas urgentes en beneficio de las personas, es que tienen el temor que se derrumben los principios del neoliberalismo ,al que ellos adscriben, en el proceso constituyente.

-¿La excesiva focalización de las ayudas sociales perjudica a la misma sociedad, al no existir medidas más universales?

-Una de las discusiones que se van a dar es que si los beneficios sociales tienen que ser en clave universalista o no. Si justo antes del proceso constituyente las políticas universalistas se validan públicamente, eso es, desde la óptica del actual Gobierno, un problema. En ese marco, la misma lógica de la focalización empieza a ser un poco absurda, porque la gente espera del Estado una ayuda directa para la gran mayoría de la población, y no solo a quienes más lo necesitan.

-¿Es un peligro endeudar más a la clase media, «con préstamos blandos», en lugar de que el Estado otorgue transferencias directas a este segmento de la población, que es la mayoría en Chile?

-La manera en que hay que proceder, ahora, no es con programas a los que haya que postular, porque la calificación de una postulación significa que la ayuda va a llegar semanas después, en el mejor de los casos. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos universales que, a través de transferencias a la Cuenta RUT, funcionen ágilmente y que, finalmente, después se vea si le correspondía o no ese monto a una persona determinada, de acuerdo a los ingresos formales que posea. Es urgente que la ayuda llegue a las personas lo más rápido posible.

Protección del modelo

-¿El Gobierno ha priorizado la economía por sobre la salud de las personas?

-Lo que estamos viendo hoy, con esta pandemia, es que el neoliberalismo mata. Es un sistema malo para la salud. Hoy, estamos en un momento en que el Estado debería gastar mucho más dinero de lo normal y, probablemente, esos US$ 12 mil millones del marco de entendimiento no serán suficientes para lo que se necesita. En las condiciones actuales, Chile tiene acceso a créditos internacionales para endeudarse y, con ellos, gastar más. Es decir, tiene un enorme espacio para endeudarse, o usar bonos soberanos para un bono ulterior de reconocimiento en caso de retiro de fondos del 10% de las AFP. Lo que quiero decir es que fuentes hay de sobra. No hay justificación para no enfrentar esto de manera adecuada.

-¿Hoy más que nunca, a su juicio, se hace necesario tener una nueva constitución en Chile?

-La cuestión de la constitución tiene que ver con la deslegitimación, evidente, de la política institucional hoy. O  sea, si desde afuera se quiere mirar lo que pasa en Chile, uno se daría cuenta de que no hay legitimidad ni credibilidad de las actuales instituciones que conformar el país. Y eso, no es bueno para nadie. Lo que necesitamos es una política institucional legitimada. Y eso, solo vendrá de una nueva constitución que le dé a la política capacidad de actuar para producir una transformación del modelo neoliberal. Mientras eso no pase, y tengamos una política que le da lo mismo cuántas personas marchen en contra de las AFP, la política seguirá siendo vista como el arreglo de la clase política para beneficiar al poder económico, que es lo que hoy ocurre.

-¿Debemos transitar de un Estado subsidiario a un Estado de beneficios sociales?

-Por cierto. Hay que erradicar esta idea de la constitución actual, que tiene que ver con el Estado subsidiario, que es una idea que solo pudo realizarse en la constitución gracias al golpe de Estado y posterior dictadura militar. De lo contrario, no tendríamos Estado subsdiario.

-Pero la Conceración mantuvo el modelo…

-La Concertación decidió jugar en la cancha constitucional sin impugnarla. Hay distintas explicaciones de por qué lo hizo, pero ese es el hecho que ocurrió. El año 2005 el Presidente, Ricardo Lagos, declaró con su reforma constitucional, que era la constitución que él quería. Y la consecuencia de ello, fue que este conglomerado pagó lo que hizo con una deslegitimación total. Hoy, la Concertación no existe ni menos la Nueva Mayoría.

Nuevo partido

«Necesitamos una nueva forma de hacer política, que sea más legitimada y eso solo podrá venir del proceso constituyente», dice Atria En La Fontana.

-¿Fuerza Común nace como una respuesta a estallido social?

-Toda esa gente que salió a movilizarse el pasado 18 de octubre, y que logró abrir el proceso constituyente, desbloqueó todos los cerrojos que protegían la actual constitución. Un poco menos de un mes del estallido social se tenía fecha del plebiscito constituyente, con este acuerdo nacional. Toda esa fuerza que surgió en esas fechas no está dispuesta a aceptar estar representada por los partidos políticos tradicionales. De ahí surge Fuerza Común.

-¿Está en peligro el proceso constituyente?

–Si no se hace el plebiscito, no va haber proceso constituyente. Si no se hace esta elección, todo el proceso que venga después no va a ser de verdad. Va a suceder como en el año 2005, que fue un acuerdo entre cuatro paredes para solo una reforma constitucional, que mantuvo el modelo actual. El proceso constituyente solo será de verdad, en la medida en que haya una fuerza social potente, que represente a la mayoría de los chilenos. Y si no se hace el proceso, esa fuerza social se restará de todo tipo de acuerdo posterior, porque lo considerará un tinglado o un «arreglín». Entonces, esto será válido si hay plebiscito y que la fuerza social surgida el 18-O encuentre caminos para manifestarse.

-¿Y su partido apunta a ese objetivo?

-Fuerza Común tiene la finalidad de ser un partido que pueda presentar candidatos, pero que no sea uno más de los partidos políticos tradicionales. De ese modo, ser un canal para que esa población mayoritaria se manifieste (…) Surge como visión de una nueva constitución y que quiere contribuir a que esa visión sirva de punto de encuentro de todas las fuerzas transformadoras.

-¿Hay unidad dentro de la oposición y la centroizquierda para establecer fines comunes ligados con el proceso constituyente?

-Hay mucha crítica contra esos partidos de centroizquierda, como la Convergencia Progresista (PR-PPD-PS), pero también veo un gran fraccionamiento de las fuerzas que no son de derecha por decirlo así. Va haber mucho que conversar y posiciones que fijar y acuerdos a los que llegar, para poder enfrentar con responsabilidad la elección de la convención constitucional, con tal de no cometer el error de quienes están por una nueva constitución. De modo, de no regalarle la mayoría de los votos a quienes están en contra de cambiarla. Sería una irresponsabilidad política histórica, que no lleguemos a acuerdo dentro de la oposición.

-¿Se podría dar un estallido social 2.0?

-Si el proceso constituyente termina siendo trunco. O sea, que la solución sea solo una reforma constitucional, eso quiere decir que todos los problemas que suscitaron el estallido del 18-O van a quedar sin solución. En ese caso, no me cabe duda que va haber otra irrupción popular como la que hubo el año pasado.

-Finalmente, ¿Cómo ve el futuro cercano del país?, ¿Con optimismo o pesimismo?

-Veo con preocupación el costo humano que tendrá la pandemia en Chile. Hay gente que murió y que seguirá muriendo. Hay gente que está pasando hambre y cesantía. Las consecuencias de la pandemia van a ser bien terribles. Además, la reactivación económica será lenta. Algunos dicen que el costo de la pandemia implica realizar el proceso constituyente es un lujo que no nos podemos dar. Yo diría ante eso, que con la emergencia que tenemos, es necesario una nueva forma de hacer política y que sea validada desde las bases sociales. O sea, hemos tenido que pasar la pandemia con una clase política deslegitimada. Y eso es un problema. Necesitamos una nueva forma de hacer política, que sea más legitimada y eso solo podrá venir del proceso constituyente.//ELF

Organizaciones de pueblos originarios exigen al Estado política especial ante pandemia

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La Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad (ASODEPLU), junto a organizaciones indígenas de Arica a Punta Arenas, enviaron una carta abierta al Presidente de la República, a la presidencia del Senado y Cámara de Diputados, al Contralor General, al Fiscal Nacional, al presidente de la Corte Suprema y a diversos ministerios, demandando la aplicación de una “política especial indígena para enfrentar el COVID-19”.

Para los dirigentes indígenas, el Estado “ni siquiera tiene estadísticas desagregadas de cuantos indígenas están contagiados o no. Tampoco existen protocolos de salud que se ajusten a la realidad cultural de los pueblos. Nos tratan como a cualquier chileno, cuando los tratados internacionales y la misma legislación nacional imponen un trato especial, dada la vulnerabilidad y pobreza que nos aqueja luego del robo de nuestras tierras y aguas”.

Señalan que “en las residencias sanitarias se han reportado abuelitos que no saben hablar español, y nadie habla idiomas originarios en los equipos de salud, no hay pertinencia”.

Asimismo, acusan que “las grandes empresas extractivas no han paralizado sus actividades, provocando contagios masivos (como la minería en Calama y Tarapacá, hidroeléctricas y forestal en territorio mapuche, y la salmonicultura en Puerto Natales, entre otras actividades y territorios), pese a que no son actividades esenciales. Y cuando las comunidades cierran los territorios para protegerse, se les reprime hasta con militares, en favor de tales empresas”.

Afirman que “la presentación de proyectos para evaluación ambiental ha aumentado entre marzo y mayo de 2020, al doble, comparado con el mismo periodo el año pasado, y los recursos invertidos en ello han aumentado un 500%, lo que nos obliga a la defensa de nuestros territorios y nos distrae de los esfuerzos por sobrevivir a la pandemia. Incluso se ha ofrecido hacer las consultas ambientales vía web, ignorando la brecha digital, lejanía y factores culturales. Se ha presionado VÍA TELEFÓNICA a las comunidades para aprobar cambios reglamentarios y legales (Alto Bio Bio y Magallanes), todo en tiempos de pandemia, y contra las recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos”.

Agregan que “tampoco existe política económica alguna para compensar el deterioro económico sufrido por lo indígenas producto de esta pandemia en zonas rurales. Los indígenas no tienen acceso a las entidades financieras del Estado. Se habla de salvar sólo a grandes empresas y pymes, pero no a la economía local y tradicional indígena sea rural o urbana. Los planes de salvataje o de desarrollo deben ser consultados y contar con los recursos económicos necesarios. No se consideran las particularidades de las zonas extremas o fronterizas”.

Critican finalmente que “la militarización de los territorios ha sido aprovechada para desalojos ilegales y represión de las comunidades (territorio mapuche), así como el desabastecimiento de productos básicos mediante cierre de frontera (Colchane)” y que “las medidas de prevención han servido para desincentivar las actividades tradicionales de los pueblos originarios, como la caza, la pesca, el pastoreo de animales, la agricultura y la venta de productos tradicionales (territorio Kawesqar y Alto Bio Bio, entre otros)”.

Los firmantes señalan que “para diseñar y aplicar estas medidas, pedimos que se establezca un diálogo con los representantes indígenas que determinen los territorios y cada organización, con el gobierno nacional, para analizar, transparentar y tomar las medidas necesarias para enfrentar el CODIV 19 en comunidades rurales y urbanas de los pueblos indígenas”.