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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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columna

Sentido común

diciembre 1, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

 

 

 

Por Daniel Matamala

El sentido común es abrumador y se traduce en una agenda clara: frenar las violaciones a los derechos humanos; restablecer el orden público enfocando la represión en vándalos y saqueadores; dar respuestas rápidas a las demandas sociales; parar los abusos de la élite, y echar a andar, ahora ya, el proceso para una nueva Constitución.

Basta un breve paseo por el ring histérico de las redes sociales o por el circo de algunos matinales para convencerse de que Chile es un país polarizado. ¿Cómo no pensarlo, si los hashtags que llaman a la revolución o a la dictadura se disputan los primeros lugares? ¿Cómo no verlo, en el desfile televisivo de extremistas y hasta negacionistas de los crímenes de la dictadura?

Afortunadamente, ese es un espejismo. Pese a ese show de confrontación, nuestra democracia tiene un activo invaluable: el sentido común de los chilenos. En palabras de Jack Trout, “una facultad que posee la generalidad de las personas para juzgar razonablemente las cosas”.

Veamos cómo se demuestra.

La inmensa mayoría rechaza los saqueos y robos (96% en Cadem), y al mismo tiempo está de acuerdo con el movimiento social (85,8% según Desoc/Coes); con una nueva Constitución (85% según Cadem; 83,9% según Desoc/Coes) y con convocar a un plebiscito (83% en Cadem); además, cree que Carabineros ha abusado de su poder (69%, Cadem).

Cito, por cierto, encuestas que buscan ser representativas, no sondeos por redes sociales que, por su metodología, apenas representan a ciertas burbujas y no a la sociedad chilena.

En medio del desplome de la política, solo se salvan los dirigentes capaces de conectar con ese sentido común, dialogar y llegar a acuerdos. Los únicos políticos al alza en los rankings de evaluación son Mario Desbordes (44%, Cadem) y el ministro Ignacio Briones (41%, Cadem).

Caen estrepitosamente, en cambio, los que han evadido asumir su rol de liderazgo (Lavín, -16%; Sánchez, -15%), o los de discurso confrontacional (Insulza, -22%; Matthei, -18%; Allamand, -15%). Enterrados en el sótano de la lista aparecen los extremos: J.A. Kast, Teillier y Van Rysselberghe, junto al Presidente Piñera y su constante discurso sobre el combate contra “enemigos”.

Sí a los acuerdos, no al extremismo. De sentido común.

La élite siempre ha despreciado el sentir de la sociedad. Atenderlo, repiten, es “populista”. Pero la historia reciente deja muy mal parada esa pretendida superioridad.

Ya en 1990, según la encuesta CEP, había una mayoría a favor de una ley de divorcio. En 1995, el 74% de los chilenos la apoyaba. Pero, ante la resistencia de la élite supuestamente ilustrada, esta ley recién se aprobó ¡en 2004! El entonces diputado Alberto Cardemil dijo que la ley sería un “golpe mortal a una acción civilizadora de siglos”.

Mismos argumentos tremendistas hubo para retrasar otras reformas que la inmensa mayoría respaldaba, como el fin de la censura, la descriminalización de la homosexualidad (“algo que es ilícito se convierte en lícito”, decía el entonces senador Chadwick), o el fin de los niños “ilegítimos” (“no responde a un criterio realista intentar que la ley iguale lo que la naturaleza ha hecho diferente”, decía el entonces senador Hernán Larraín).

Lo mismo ocurrió con el aborto, donde en 2009 (Flacso) entre el 64% y el 66,7% de la población ya apoyaba la despenalización en tres causales.

Y qué decir del masivo rechazo ciudadano a las AFP y la desigualdad. Apenas al 7% le da tranquilidad que las AFP administren los ahorros (Comisión Presidencial, 2015); y 92,5% cree que las diferencias de ingresos en Chile son demasiado grandes (Coes, 2014).

¿Qué hizo el sistema político al respecto? Todo lo contrario: hasta el 18 de octubre, los dos proyectos estrella del gobierno eran bajar los impuestos a los dueños de empresas y dejar intocadas a las AFP en la reforma previsional.

Mientras, en estas semanas los abusos siguen campeando.

Laurence Golborne facilitó facturas falsas por más de $ 300 millones para recibir pagos de una decena de empresas en su campaña de 2013. Un acuerdo con la fiscalía lo liberó de condena a cambio de pagar módicos $ 11.440.000.

Su excolega de gabinete Gabriel Ruiz-Tagle (sí, el mismo de la colusión del confort) hizo una “pasada” de $ 353 millones usando información privilegiada con acciones de Colo-Colo. Ruiz-Tagle atribuyó su acción a “un error”, “producto de mi ignorancia de las normas”. La multa apenas lo obliga a devolver una fracción de lo ganado: $ 211 millones.

Más “errores”: en el juicio por el caso Corpesca, Roberto Angelini calificó los sobornos que su gerente general confesó haber pagado a parlamentarios como “errores de administración”.

Los abogados al servicio del poder ensayan sofisticadas explicaciones para esta impunidad, pero no engañan al sentido común: el 95% de los chilenos cree que “existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales ya sea por su apellido o estatus social” (UC, 2016).

El sentido común es abrumador y se traduce en una agenda clara: frenar las violaciones a los derechos humanos; restablecer el orden público enfocando la represión en vándalos y saqueadores; dar respuestas rápidas a las demandas sociales; parar los abusos de la élite, y echar a andar, ahora ya, el proceso para una nueva Constitución.

En este momento crítico, la clase política debiera entender que llegar a acuerdos en beneficio de Chile es también popular y conveniente para ellos. Los chilenos ya lo entendieron. Es cosa de sentido común.

Publicado en: Columnas, Notas Etiquetado como: columna, Crisis en Chile, Daniel Matamala, Manifestaciones sociales, Saqueos

Demagogia en el Gobierno y en el parlamento y ninguna solución a los abusos de las AFP

noviembre 20, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ricardo Hormazábal

Exsenador DC y abogado

Se ha convertido en tema nacional una indicación de una diputada de derecha, que aumenta a $150.000 mensuales la Pensión Básica Solidaria (PBS) que reciben las personas más pobres que nunca han cotizado y que es claramente contraria a la Constitución por representar más gasto para el Estado. El gobierno, a la deriva, vacila entre su rechazo y la forma de postergarla. En mi opinión, esta actitud demuestra, una vez más, la debilidad del gobierno y la incapacidad de los parlamentarios de todos los sectores para presionar por medidas que afecten realmente los abusos de las AFP, Compañías de Seguros y otras vinculadas. En efecto, es justo que los más pobres puedan recibir algo por sobre la línea de la pobreza. Pero, ¿Por qué dejamos a los que han aportado más del 20% de sus ingresos por más de 20 años con una pensión de $129.000 pesos y, si tiene derecho a un subsidio estatal, ¿Aporte Previsional Solidario(APS) pagado por todos, la eleva a cerca de $162.700?

Yo apoyo esa prohibición de que los parlamentarios tengan atribuciones para comprometer fondos públicos. Quiero que los lectores sepan que esa norma fue aprobada en democracia, por medio de una Reforma Constitucional del año 1970, impulsada por el entonces Presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por órdenes de Pinochet, y aprobada en el Congreso Nacional de esos años, por amplia mayoría. Yo defendí sin ser parlamentario esa iniciativa y la he respaldado siendo diputado o Senador. He visto la demagogia y la falta de responsabilidad de muchos políticos y está demostrado que NO es una solución permanente a las graves injusticias. Para esos fines que promuevo, se necesita una legislación seria, basada en principios solidarios y con el financiamiento de los que más tienen.

Distinto es el caso de una indicación del diputado Tucapel Jiménez y otros, aprobada con los votos beligerantes en contra de la derecha. Esta iniciativa deroga el artículo 45 bis del DL 3500 que permite a las AFP expropiarnos un millón de dólares diarios. ¿En dónde radica la diferencia? En que la indicación del diputado Jiménez No representa gasto fiscal alguno y, por ende, cumple con las finalidades que se tuvieron a la vista cuando se aprobó la Reforma Constitucional que he recordado. Sólo termina con ese zarpazo permanente a nuestros fondos de pensiones, sin que siquiera nos informen de ello.

Creer en un Estado de Derecho no es fácil, porque muchas veces tienes que aceptar políticas que contrarían tus ideas, pero yo aprendí en la DC, cuando tenía 15 años, que los cambios deben hacerse por las vías legales. También me enseñaron que la tarea de los políticos era extender las fronteras de lo posible, no quedarse de brazos cruzados quejándose.

Además, he sido testigo desde mis funciones parlamentarias en el pasado o como simple ciudadano desde hace casi dos décadas que un acuerdo político amplio y activo, logra que un gobierno acoja una petición que está en su ámbito exclusivo de sus competencias. ¿Por qué no hacen lo mismo para terminar con los abusos de las AFP?

Cuando integré el Senado, logramos con el entonces Senador Hernán Vodanovic, que el Presidente Aylwin acogiera nuestra idea de crear una indemnización de medio mes por año, pero a todo evento, para las trabajadoras de casa particular, propuesta que había sido rechazada por los entonces senadores Sebastián Piñera y Jaime Guzmán. El respaldo presidencial se otorgó luego que el respaldo a la iniciativa del también senador en esa época, Sergio Onofre Jarpa, levantara el veto derechista. Más de medio millón de personas se ven favorecidas con ese acuerdo. Hay muchos otros ejemplos en diversos años que pueden servir para lograr, ahora, que este gobierno y algunos parlamentarios de oposición, cambien su rol protector de las AFP, como lo pedimos millones en las calles y en nuestros hogares.

¿No les parece a los parlamentarios y al gobierno injusto, el hecho que las AFP obtengan, en nueve meses más de 551 millones de dólares de utilidad, incrementando en más del 70% sus ganancias, mientras los millones es de afiliados obtenemos rentabilidades malas y pensiones indignas y más reducidas?

Es una irresponsabilidad jugar con las angustias de las personas sin darles una solución justa. ¿Es bueno subir la Pensión básica Solidaria a 150 mil pesos? Sí y por ello no hay que quitarle al Fisco 800 millones de dólares, como busca la Reforma Tributaria del gobierno, para favorecer a los más ricos, que se coluden y nos cobran precios abusivos usando a vil precio nuestros propios fondos.

Ni un peso más para las AFP o el gobierno. Todo a las pensiones

Después de las demostraciones masivas se ha dado un paso importante para terminar con la Constitución Neo liberal y autoritaria. Lo respaldo ese acuerdo, aunque sigo creyendo que la solución más apropiada es adelantar las elecciones de Presidente y de todos los parlamentarios para el próximo año. Espero que se logre el objetivo del acuerdo y que las fuerzas extremas políticas y económicas que buscarán hacerlo fracasar no logren su finalidad.

¿Cómo podemos salir de la trampa de las isapres y las AFP?

Insisto, expropiar a las AFP y a las Isapres no es un camino viable ni aconsejable. Los tratados de Protección de Inversiones y las condiciones políticas internas nos abren conflictos internos y externos innecesarios.

Entonces, ¿Qué se puede hacer? Confiar en los propios afectados. En nosotros está la primera responsabilidad.

Para enfrentar los abusos de las Isapres se ha construido un camino en los Tribunales de Justicia que se ha demostrado apropiado, ayudando a disminuir el costo de la parálisis de la clase política frente a estos grupos poderosos. ¿Cómo no entender la indignación ciudadana si han pasado varios gobiernos y Congresos, con la Isapres perdiendo cientos de miles de juicios, cargando a costos los honorarios de sus abogados y de los afectados, y no logramos que se cambien las leyes injustas? Hay una parte de culpa de la dirigencia social y de los propios ciudadanos, que siguen sin actuar en su propia defensa. Si incluso ahora hay estudios de abogados que no cobran a los afiliados que demanden-

Seamos pro activos, No acepten alza alguna y busquen abogados que no les cobren honorarios a ustedes. Los hay y buenos. También sigamos con atención el debate sobre el proyecto que el gobierno ha enviado al Parlamento. Atención, los defensores y promotores de las isapres son muy poderosos, observemos cómo actúan los legisladores.

Para las AFP la situación es distinta. Son aún más poderosas que las isapres y los gremios de trabajadores poderosos no han decidido enfrentarlas en los tribunales. En estos últimos meses se han iniciado acciones legales valiosas, pero aún sin respuestas apropiadas. Pero hay que perseverar.

El gobierno es defensor de las AFP y ello se nota en el proyecto enviado al Congreso Nacional. Aparte de lo ya analizado, ¿Qué recibe la clase media? Una promesa de recibir hasta 50 mil pesos mensuales, con requisitos casi imposibles de cumplir y a largo plazo. Los jóvenes, a 40 años, y con menos fondos ya que no tienen derecho al Bono de reconocimiento. Para los que jubilan en la próxima década, casi nada.

¿Los acuerdos son necesarios? Sí. Aquí en la PBS hay un gran acuerdo, pero necesitamos superar los manejos de personas, supuestamente de oposición, pero que trabajan para las AFP o sus grupos económicos. Están en todos los partidos.

Propuestas que pueden aplicarse

Los presidentes de la DC y RN han llamado a llegar a un acuerdo social en un plazo máximo de dos semanas. ¿Qué esperan para avanzar? La senadora Ximena Rincón ha planteado, con argumentos irrebatibles, que bastaría una modificación de un decreto para cambiar las excesivas expectativas de vida, 110 años, que nos calculan las AFP a los 85 años para que nuestras pensiones actuales y futuras suban cerca de un 20%. Propuestas serias hay. Desde el Movimiento No más AFP a algunos partidos, pasando por organizaciones pequeñas como Acusa AFP que presido.

Nuestra propuesta para hoy, dos semanas más o la convención constituyente.

1.- Libertad para que el ciudadano elija donde impone, en AFP o en el IPS.

Los políticos se han alejado de la ciudadanía según lo demuestran las elecciones y las encuesta, entonces, ¿Por qué no reconocer nuestro derecho a optar? Esto requiere ley de quorum calificado e iniciativa del ejecutivo. Hasta Pinochet lo hizo, en el artículo 1° transitorio del DL 3500. % años de plazo tuvimos. ¿Por qué en democracia nos lo niegan? No hay eliminación ni expropiación de las AFP. Ejerciendo nuestra libertad, los dueños de los fondos decidimos dónde depositarlos. Personalmente no sólo creo en la libertad de las personas para decidir, sino que también hay trabajadores que se quedarán en las AFP, estas entidades no sirven en mi opinión, pero hay que respetar la decisión de las personas. Por cierto, Las cotizaciones del trabajador más el 5% del empleador, debe ser obligatorio en cualquier opción.

2.-Reponer el aporte patronal partiendo por un 5%.

Así era antes en Chile, antes del Golpe era superior al 40% lo que se aportaba por los empleadores, se rebajaba de impuestos, y así se hace en casi todos los países del mundo. Las PYMES deben recibir un subsidio para estos fines. En la OCDE es del 18%

3.- Destinar el 5% al fondo de garantía de pensiones ya existente, creando un directorio tripartito. Recauda la tesorería, administra el IPS y decide inversiones el fondo de garantía. Tiene una reserva de 10 mil millones de dólares

4.-Extender la pensión básica solidaria a todos los actuales y futuros jubilados, estén donde estén, financiadas de ese aporte patronal

5.-Contratar seguro de longevidad para todos.

Eso enfrenta el tema del envejecimiento y con un costo del 1 % de las remuneraciones, incrementa las pensiones en 20%. ¿Quién lo paga? Se carga al 5% patronal

6.- Plan especial para funcionarios públicos subcotizados que les permita la opción de volver al IPS o seguir con bonos en las AFP.

En 1993 se dio solución a estos trabajadores afiliados al INP, con cargo al Estado, pero se dejó afuera a los de las AFP, tan subcotizados como los otros. (Ley 19.200)

7.-Invertir los fondos de pensiones en Chile

Se conocen declaraciones de personeros de grupos económicos sobre la mala imagen y los riesgos que existen para atraer inversión extranjera. La inversión extranjera directa es menor a dos mil millones de dólares anuales y podríamos destinar entre 300 y 600 millones de dólares mensuales que actualmente se van en un alto porcentaje al exterior. Las 6 AFP han mandado más de 80 mil millones de dólares para especular en el exterior. Si los hacemos invertir en el país, se puede:

Duplicar los presupuestos para desarrollar mejor y más armónicamente al país. Los nuevos aportes, de inmediato, los que están afuera, gradualmente.

8.- Eliminar la doble comisión del artículo 45 bis del dl 3500

Es contraria al propio DL y no tiene fundamentos éticos ni jurídicos válidos. Ya hay un avance importante en la Cámara de Diputados, como analizamos antes.

Los defensores de las AFP pretenden refugiarse en “supuestos argumentos técnicos” que impedirían estos cambios. Esas son falsedades, entre el aporte patronal, los aportes ya comprometidos por ley para el Fondo de Garantía y los ahorros en subsidios del Estado a las AFP, tenemos un financiamiento serio y muy sustentable.

Un camino de mil millas comienza con un solo paso. Avancemos.

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: columna, Columnista, Crisis en Chile, exsenador, Manifestaciones sociales, Ricardo Hormazábal

¿Cómo construimos una Asamblea Constituyente?

noviembre 18, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Parece que el consenso en torno a la necesidad de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente aumenta cada día entre los diversos actores políticos y sociales del país, así como de la ciudadanía en general.

Por Leonel Sánchez Jorquera 

Por tal motivo, se hace necesario profundizar respecto de lo que se entiende por Asamblea Constituyente y resolver participativamente una serie de dudas y mitos en torno a este procedimiento.

Un Asamblea Constituyente se puede definir como un órgano colegiado conformado por un grupo de personas electas por sufragio popular, para discutir y diseñar exclusivamente una nueva Constitución Política (PNUD, 2015).

Por lo tanto, el debate se puede centrar en algunas preguntas claves que tiene que resolver la propia ciudadanía, teniendo claro que no existe un modelo único ni una receta estandarizada de cómo proceder con una Asamblea Constituyente.

Algunos temas por debatir dicen relación con la forma de convocarla, elección de sus miembros, funcionamiento y formas de participación ciudadana incluyendo el tema de un plebiscito ratificatorio, para lo cual se seguirá en esta columna el estudio del PNUD (2015) denominado Mecanismos de cambio constitucional en el mundo.

El momento constituyente actual de Chile abre el debate sobre el capítulo XV de la Constitución Política y el estallido social acompañado de los cabildos.

De hecho, la llamada primera línea del Estado, es decir, las municipalidades se preparan para una consulta a la ciudadanía sobre el tema constitucional. Lo anterior debería concluir en un plebiscito vinculante que establezca la necesidad de una nueva constitución, como, asimismo, la definición del mecanismo.

En estos momentos contamos con un amplio consenso sobre la necesidad de una nueva Constitución, que va desde el Gobierno hasta la Oposición, lo cual no era posible antes del estallido del 18-O, demostrando el momento constituyente que estamos viviendo.

Estamos en aquellos casos en que la Asamblea Constituyente surge como consecuencia de la presión ejercida preponderantemente por la ciudadanía, es decir, una asamblea constituyente originada “desde abajo”, como los casos de Colombia e Islandia (PNUD, 2015).

En cuanto a los miembros de la Asamblea Constituyente son varios los desafíos a resolver. El número de miembros, en la experiencia internacional, es muy variado, desde 25 personas (Islandia) hasta 255 miembros (Bolivia), en algunos casos con algunas restricciones tales como no ser parlamentario en ejercicio, de las FFAA o miembro del ejecutivo.

Por regla general, son personas electas por votaciones populares directas, con los más variados sistemas electorales, y excepcionalmente se reservan escaños para determinados grupos (PNUD, 2015).

Es así como en Chile tenemos el desafío de construir una Asamblea Constituyente con equidad de género, lo cual implica definir una fórmula de cuotas de género ya establecida en otras elecciones nacionales.

También definir la representación de los pueblos originarios, tal vez respetando los porcentajes de respuesta del último Censo en relación con la consulta de pertenencia a algún pueblo indígena u originario.

Como también la correcta representación de regiones, de los sectores rurales y de sectores populares de las grandes urbes, de manera que sean representados por sus propios integrantes y no por una oligarquía que reside en tres o cuatro comunas del barrio alto de la capital. Todos estos son grandes desafíos del debate en la construcción de una Asamblea Constituyente.

En cuanto al funcionamiento, la función exclusiva y el mandato constituyente deberían ser el debate y redacción de una nueva Constitución, el cual debería establecerse en un tiempo limitado.

El estudio comparado del PNUD señala que el promedio de funcionamiento de las Asambleas Constituyentes ha sido un poco más de un año.

Su funcionamiento interno se puede configurar en torno a los grandes temas que se debatirán en su interior, sesionando en comités o comisiones y en pleno.

También se pueden generar paneles de expertos o asesorías externas, las cuales tienen que ser muy transparentes en su funcionamiento, recogiendo y previniendo la mala experiencia en Chile de un lobby informal o abiertamente corrupto del debate sobre alguna materia. En general, tiene que ser una Asamblea Constituyente con un debate público y muy transparente.

Un aspecto muy importante dice relación con la participación permanente de la comunidad toda, mientras sesiona la Asamblea Constituyente, la cual se ejerce a través de diversos mecanismos, incluyendo las TICs en general y las redes sociales en particular.

En el caso de Ecuador existía una Unidad de Participación Social que recogía, sistematizaba y hacía llegar a cada mesa temática las propuestas de la ciudadanía y, en el caso de Islandia, la ciudadanía era consultada permanentemente de los avances en la redacción de las normas constitucionales (PNUD, 2015).

La Nueva Constitución elaborada y aprobada por una Asamblea Constituyente debe ser sancionada en un plebiscito donde el pueblo de Chile se pronuncie finalmente y ratifique todo el proceso constituyente, dándole la legitimidad necesaria para la refundación de un nuevo Chile.

Publicado en: Columnas Etiquetado como: columna, Columnista, Leonel Sánchez Jorquera

Crisis social en Chile: Reflexiones dentro de la DC para superarla

noviembre 17, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Hace poco más de un mes, homenajeamos a un grupo de abogados DC, por su acción en defensa de los DDHH, en dictadura. Bonito y muy merecido homenaje. La pregunta es, ¿por qué en las actuales condiciones, mucho más benignas que las vividas entre el 73 y el 90, no actuó un grupo similar? Simplemente porque hemos cambiado. Los 30 años de “transición” cambiaron el sentido de la militancia y el compromiso. Ayer estuvimos dispuestos a dar la vida; hoy, nos cuesta entregar algo de tiempo.

Por Juan Claudio Reyes

Que hermoso hubiera sido ver una “brigada de camisas azules” recorriendo comisarías y fiscalías, reclamando por los derechos de hombres, ancianos, mujeres y niños, que han sido abusaos…pero no estuvimos.

Hoy se ha alcanzado un muy importante acuerdo para elaborar una nueva constitución, que reemplace a la impuesta el año 80. Muy importante esfuerzo, que debe ser valorado.

Pero, ¿alguien cree que esa es la razón por la cual nuestros compatriotas salieron a la calle?

Es evidente que ello no fue así.

Salieron por las condiciones humillantes en que viven. Por los salarios de hambre que reciben millones de ellos; por la decisión dramática de tantos viejos , que deben optar por comer o comprar sus remedios; por las condiciones de explotación, propias del siglo 19, que sufren cientos de miles de mujeres y hombres, en los “servicios externalizados” por las grandes empresas; por las deudas que acompañan a cientos de miles de familias, por creer en la promesa de que era fantástico “tener el primer estudiante universitario de la familia”, endeudando a todos, a favor de bancos que obtienen las más altas rentabilidades de su historia; por tener que mirar de lejos, remedios que necesitan y que son más caros que en los países más caros de Europa; por tener que mirar como los más ricos viven mejor que en Suecia, mientras ellos viven como en Africa, dentro de la misma región; por tener que destinar más del 70% de sus escuálidos ingresos a pagar créditos, no tomados para gasto superfluo, sino para comer; por tarifas de servicios básicos, entregados por el Estado a los privados, con rentabilidad asegurada del 10%, mientras los sueldos y salarios no suben ni la mitad de ello.

En fin, por condiciones de vida indigna, que algunos, entre nosotros, creen que ello no debe ser cuestionado, porque “han salido de la pobreza”, olvidando que la lucha histórica del Humanismo Cristiano es por la EQUIDAD; es decir, por condiciones de Justicia Social, que tal vez algunos nunca aprendieron, como concepto sustantivo.

¿Cuándo hablaremos de esto?

Tal vez nunca. Nuestra organización ya no se ocupa de estas cuestiones. Vive encerrada en los espacios de la institucionalidad. Por eso los DC que marchamos somos cada vez menos; con dolor, nos encontramos con casi nadie de los que andábamos las calles en dictadura y, en demasiados casos, los más jóvenes, especialmente profesionales que han hecho su vida en el aparato del Estado, se suman al coro de quienes, desde la derecha, entregan respuestas manidas, que están más cerca de la peor interpretación del neo liberalismo, adoptado como muletilla, para no tener que involucrarse en alternativas que requerirían más compromiso. ¿Para qué, si así estamos bien?, se le escucha a tantos profesionales del partido, que no logran ver más allá de su propio egoísmo.

¿Cuántas veces habrá que repetir que “Chile despertó”?

Podremos entender, colectivamente, ¿qué significa eso?

Estoy seguro que si se entiende. Lo que ocurre es que hay una negativa compulsiva a aceptarlo, en todo lo que ello implica.

Luego de chocar con el iceberg, los pasajeros del Titanic seguían bailando, al son de una orquesta que se hundía y que tocó hasta que la marea se llevó sus instrumentos. Pero ellos, como si nada.

Igual hacía Nerón, tocando la lira, mientras Roma ardía.

¿Lograremos reaccionar a tiempo?

No es fácil. Para ello se necesitan liderazgos que no aparecen, aún cuando entre nosotros hay camaradas muy capaces.

Tal vez si se dejara de lado una suerte de “hoguera de las vanidades”, en que se consumen unos a otros y, por un ratito, se volviera a la idea de “Bien Común”, elemento esencial que ayudó a construir nuestro partido.

Y hay una coyuntura especialmente propicia.

Si logramos interpretar la motivación primaria de quienes salieron a la calle, tal vez empezaríamos a encorar el camino por el cual conducirnos. Lo nuestro no es la respuesta típicamente reaccionaria. “no hay recursos para eso”. Nunca los habrá para satisfacer las demandas sociales básicas de la población, desde una respuesta neo liberal. El chorreo JAMAS permeará a los más necesitados y, lo esperable, es que se acostumbren como siempre, a través de la historia “a gozar las migajas del banquete”.

Se requiere entonces que los democratacristianos nos alejemos de las respuestas aprendidas en estos 30 años y arranquemos un poco de las respuestas taaaan responsables. ¿Ustedes creen que, desde mediados de la década del 50, cuando Moreno; Chonchol, Mery, Goic, Trivelli y otros recorrían campos y ciudades, diciendo “la tierra para el que la trabaja”, ¿sabían “exactamente” cuánto costaría hacer la Reforma Agraria? Sin embargo, la gente los seguía, porque apuntaban a un concepto de justicia elemental, que a todo el mundo le hacía sentido. ¿Qué mensajes similares enviamos nosotros hoy”?

De este tenor: NINGUNO

Entonces, los “guardianes del santo sepulcro” nos dirán “es que hay que ser responsables”.

Muy bien, pregunta: el país tiene hoy alrededor de 30 mil millones de dólares en fondos soberanos, rentando en el extranjero. Cuándo había acumulado 25.000, ¿el país estaba en riesgo? Evidentemente que no. Entonces, ¿porque no ocupar esos 5000 millones de diferencia para implementar políticas que no signifiquen gasto permanente?, como eliminación de las deudas del CAE, TAG, renegociación de créditos a través del BancoEstado, etc. y, subsidio a la mano de obra en pymes, durante 4 o 5 años, al incrementar el salario mínimo a 450 mil pesos, obligatoriamente pagado por las empresas de mayor tamaño?

Y, los que se convencieron del modelo, incluso más allá que algunos de derecha, nos volverán a decir que eso es ser irresponsables.

Me permito contestarles. Lo irresponsable es ver a ancianos morir en la miseria; a familias perder las viviendas por créditos CAE; a enfermos que mueren por no tener remedios por el alto costo, o a jóvenes que prefieren ser soldados del narcotráfico, porque es más rentable que trabajar por salarios miserables.

En fin, como siempre se suele decir “las crisis son también una oportunidad.

¿Sabrá la DC, con una humildad que le ha desaparecido, leer adecuadamente el mensaje profundo del levantamiento social en de desarrollo?

No tenemos muchas alternativas. Más allá de evaluaciones autocomplacientes, es evidente que nos alejamos, cada vez más, del cariño y el respeto de los chilenos. Ojalá que nuestros dirigentes sean capaces de convocar, con la apretura de la que hasta hoy carecen, a una reflexión colectiva, que permita elaborar una propuesta al país que vaya muuuuucho más allá de los temas institucionales.

¿O alguien cree que toda la movilización se resuelve con el estudio de la nueva constitución, que se empezará a discutir, recién, a principios del año 2021?

Camaradas, como en muchas otras coyunturas, en cada una de ellas se prueba la capacidad de los liderazgos.

Ojalá no tengamos que repetir, como en otras ocasiones, a través de la historia, que no pudimos hacer la tarea “porque los grandes hombres, o están muertos o no han nacido”.

Un abrazo fraterno a todos.

Publicado en: Columnas Etiquetado como: columna, DC, Democracia Cristiana, Juan Claudio Reyes

Salidas a la crisis: plebiscito o elecciones anticipadas

noviembre 14, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ricardo Hormazábal 

Abogado y DC histórico 

La crisis de gobernabilidad se prolonga ya por casi por un mes. Se ha profundizado la sensación de inseguridad entre todos los habitantes, incluidos la abrumadora mayoría que apoyamos las diversas demandas ciudadanas. También constatamos la incapacidad de las elites políticas para canalizar estas peticiones con la urgencia necesaria. La injusticia social busca refugiarse, una vez más, en el orden, ese que la doctrina social de la Iglesia Católica define como la violencia institucionalizada o el desorden establecido.

No necesitamos emplazamientos para criticar la violencia. Tenemos una historia personal que lo demuestra, así como el ejemplo de millones de chilenos que les damos respuesta marchando y protestando pacíficamente, repudiando y enfrentando, cuando se puede, a los minúsculos grupos anarquistas y delincuentes comunes que se aprovechan de la conmoción.

El 26 de noviembre de 2013, el Papa Francisco publicó Evangelii Gaudium. En ese texto, expresó su rechazo a “una economía de la exclusión”, a “la nueva idolatría del dinero”, a “un dinero que gobierna en lugar de servir” y a “la inequidad que genera violencia”. “Así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la inequidad’. Esa economía mata”, aseguró. El Santo Padre también atacó que todo entre en el juego de la competencia y de la ley del más fuerte, ya que esto ha llevado a que muchos sean excluidos. “Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del ‘descarte’ que, además, se promueve”.

El Mercurio del domingo 10.11.2019, publicó una entrevista a Paul Romer, Premio Nobel Economía 2018, algunas opiniones que cito: “Chile como muchos países que han adoptado la ideología neoliberal, no ha hecho el tipo de inversiones que se requieren para tener un gobierno efectivo.” En otro párrafo agrega: “Es un error pensar que en Chile la situación es sólo de ley y orden, y que con un gobierno que aplique mano dura basta”. Y algo destaca de su entrevista: “Se necesitan nuevos líderes”. Y, en mi opinión, lamentablemente, en el “mercado chileno”, esa es una mercadería muy escasa.

Los datos duros

Diversas encuestas ratifican que la ciudadanía no tiene confianza en el Presidente Piñera. Una empresa de encuestas muy cercana al propio Presidente le otorga sólo un 13 % de respaldo. Es cierto, también, que el desprestigio de los partidos viejos y nuevos es colosal. Menos del 4% de los encuestados confían en ellos, a pesar de las ahora diligentes propuestas para rebajar la dieta, reducir el número de parlamentarios y otras medidas que no atacan el fondo del modelo. Según una encuesta de Termómetro Social realizada entre el martes 29 y el 1 de noviembre, más del 70% sostiene que tanto el Presidente como el Congreso Nacional no están dispuestos a reconocer el conflicto real y contestar las demandas.

Tomic nos señalaba en los años sesenta lo que él llamaba la crisis de la democracia representativa, el alejamiento de los representantes respecto de los representados, cuestión que fue promovida expresamente por el neoliberalismo concertacionistas, que logró un rol decisivo en la DC, el PS, el PPD y el PR. El libro de Carlos Huneeus sobre la Democracia semisoberana en Chile es lectura obligada en este aspecto.

Cierto, hubo importantes avances sobre todo en la disminución de la pobreza dura, otros avances sociales importantes y, sobre todo, en la convivencia democrática. Pero también, se lograron acuerdos con la derecha para desmovilizar al mundo social, debilitar los partidos y fortalecer una cultura transversal de individualismo entre los chilenos. Las AFP, las ISAPRES, las privatizaciones de las empresas sanitarias, eléctricas, de comunicaciones y la cultura usuraria en las empresas financieras han tenido respaldo transversal, a pesar de sus fracasos brutales.

Nunca he olvidado a Mounier, que enseñaba que el espíritu burgués empapa todas las clases sociales. Eso pasa hoy en Chile, agravado por la falta de liderazgos morales y políticos. El individualismo y la corrupción coexisten siempre en la vida del ser humano, pero a mi generación en la DC la afectó menos, por el ejemplo de los líderes que tuvimos. Leighton, Frei Montalva, Tomic, entre otros. Con un Patricio Aylwin que superó las expectativas previas. Se equivocaban, cierto, pero tenían estatura moral y política para cambiar de actitud. En cambio, nosotros los de entonces, ya no somos los mismos.

Hoy, el dinero, el poder mezquino, las ambiciones descontroladas, el neoliberalismo en lo filosófico, y económico, creció descontroladamente, a lo que se sumó la crisis brutal del marxismo leninismo. Muchos promotores de esas doctrinas se hicieron fácilmente liberales por razones filosóficas, los menos, el materialismo común al Marxismo Leninismo, al Neo liberalismo y la corrupción un número mayor. Los partidos ya no tienen militantes, tienen clientela, verdaderos siervos de los señores feudales sean estos Alcaldes honestos o corruptos.

La presencia de agitadores extranjeros es una campaña de mentiras diseñada en USA. Trump está en eso, ayudado por Maduro y sus cómplices, que buscan el caos y vengarse de Piñera. Este hizo el torpe papel de protagonista en la frontera venezolana esperando un Golpe de ESTADO que fracasó. Ni Bolsonaro, ni Macri lo acompañaron en ese vergonzoso episodio. Estoy seguro que hay agentes de seguridad, venezolanos activos, pero para espiar a los cientos de miles inmigrantes que han huido del desastre de Maduro. Así lo hacen los dictadores.

Pero la violencia está creada por la cultura del oportunismo, de la corrupción y la exclusión. ¿Podrá sobrevivir Piñera con su “agenda social”? El Presidente está confuso, típico de la definición de desgobierno. Desconcierto, violencia, falta de disciplina. Provoca, incluso sin querer, cuando pretende usar las protestas a su favor. No es una persona con inteligencia emocional y sus excesos de narcisismo son malos asesores. Está cediendo hoy, pero puede retroceder mañana. La coalición de derecha se empieza a abrir, hay fisuras importantes, pero, creo que, si el miedo se incrementa, se unirán una vez más.

El odio recíproco entre los ciudadanos y la policía, va a ser un obstáculo gigante. 40 generales de carabineros expulsados del cuerpo en un año y medio, por corrupción, más debilidades formativas de varios años, acentúan la brecha. Las divisiones y malas artes al interior de esa institución la afecta duramente. Cuando una autoridad tiene el respeto de sus conciudadanos es muy valiosos, sino, el miedo es un sustituto frecuente. Hoy vemos creciendo el número de los que no los respetan ni les temen. Constatamos con sorpresa y molestia que carabineros no concurre con la prontitud necesaria para frenar excesos de pequeños grupos. Hoy vemos que se concentran más en la investigación posterior a los hechos, incumpliendo su deber preventivo. ¿Los drones no envían las imágenes necesarias? Pongan la TV. Horas y horas mostrando los mismos destrozos, con dirección incluida.

Que más de 45 generales en menos de dos años, hayan salido de carabineros por fraudes, corrupción y mentiras no es un tema menor. Es muy dañino. Las sociedades necesitan policías para preservar los valores humanos, pero que actúen profesionalmente, usen las armas y el entrenamiento entregado de una manera civilizada. Humanamente, entiendo la rabia de esos carabineros, recibiendo insultos y agresiones increíbles. En mi vida he estado muchas veces en las calles, en democracia o dictadura y nunca, nunca, agredí a un policía, siempre fui víctima. Y no por cobardía. Primero porque la violencia utilizada de manera injustificada, es cierto, pero nunca me dispararon balines a los ojos. Me rompieron lumas en la espalda, recibí chorros del guanaco, gases tóxicos, golpizas en los vehículos y en las comisarías. Sólo en dictadura sentí el cañón de una pistola en la boca o el de una metralleta con bala pasada en el estómago. Pero también conocí gestos humanos de otros policías, que atesoro por lo que valían en momentos complicados.

Por formación política, en nuestros cantos en dictadura decíamos: “Uniformado, entiende de una vez, la lucha no es contigo, es contra Pinochet”. Pero ver las escenas dónde policías disparan balines o golpean masivamente a manifestantes desarmados y no violentos se multiplican por los avances tecnológicos y me indignan. Si tienen que usar la violencia contra los violentos, se supone que están entrenados para ello y que usaran los medios apropiados que practican en su fase formativa.

Muchas veces defendí operativos policiales en el centro de Santiago contra lanzas que se victimizaban, y lo seguiré haciendo mientras pueda. Mi amigo Alejandro Goic, destacado actor chileno, protegió en una marcha a una carabinera en riesgo y fue brutalmente agredido por los propios carabineros. Pero la furia y ceguera es tal, que una carabinera que terminó su sacrificado servicio y vestía de civil, fue cobardemente golpeada por sus colegas, debiendo ser internada en el hospital institucional Necesitamos hacer un esfuerzo recíproco para poner fin a esta relación de odio creciente y tan malsana entre policías y ciudadanos. El primer escalón se construye comprometiéndonos a no apoyar impunidad para los que violan esas normas.

Creo que es muy difícil aceptar que sigan legislando y gobernando varias personas que han infringido la ética y han defendido un modelo tan injusto. Ya en el siglo XVII el Cardenal Jean-François Paul de Gondi (1613-1679) escribió: “Una nación no siente el extremo de la miseria hasta que sus gobernantes han perdido toda vergüenza, porque ese es el instante en que los súbditos se despojan de todo respeto”. Pero estoy dispuesto a tragarme el sapo, por el Bien Común. Por mis convicciones democráticas y el ejemplo de líderes que admiro, no apoyo ni apoyaré soluciones fuera del marco democrático, pero si estoy convencido que hay que presionar lícitamente a la clase política para que apruebe medidas que permitan que sea el ciudadano el que tenga la palabra final.

Para ello, creo que debemos concentrarnos ahora en las soluciones, porque el país tiene claro que los responsables se encuentran en todos los sectores, los que, de buena o mala fe, fueron apartando al soberano de las decisiones.

LAS ALTERNATIVAS

14 partidos de la oposición firmaron, este martes 14 de noviembre de 2019, una declaración en la que se declararon a favor de un plebiscito y una asamblea constituyente como las vías apropiadas para elaborar una nueva Constitución para Chile que buscaría establecer un nuevo modelo político, económico y social. Este documento es una respuesta a una propuesta del gobierno que se abrió a iniciar un proceso para un nuevo texto constitucional, pero usando como mecanismo un Congreso Constituyente, buscando claramente preservar el modelo.

Por otra parte, diversos parlamentarios han señalado que la única salida posible a la grave crisis que vivimos es adelantar las elecciones de Presidente y parlamentarios, propuesta que coincide con opiniones que he entregado en este medio. En estos días, el destacado académico chileno Carlos Huneeus ha publicado un artículo en el que se hace una pregunta, ¿Podrá terminar su período el Presidente Piñera? Luego, el autor citado enuncia antecedentes muy sólidos, aporta una conclusión y una propuesta.

La conclusión es terminante: “El Presidente Piñera no podrá terminar su mandato, ni debiera empeñarse en ello. El país requiere un liderazgo presidencial ahora, que asuma las funciones políticas de jefe de Gobierno y líder de la coalición gobernante, que se proponga restablecer el Estado de derecho, impulse políticas económicas (pensiones, salud, transporte público, etc.) siguiendo otro paradigma, distinto al de neoliberalismo radical con el cual se construyó “el modelo”, y dé los pasos necesarios para llegar a una Nueva Constitución. El Presidente Piñera no está en condiciones de asumir esa función por sus limitaciones de liderazgo y por su identificación con “el modelo

Comparto plenamente esta aseveración, aunque no me parece apropiado establecer un régimen semipresencial de hecho como sugiere Huneeus. Soy partidario de establecerlo en la nueva Constitución, pero de manera armónica y legitimado por la mayoría.

Quiero recordar que, en 1973, pocos días antes del Golpe, la DC propuso nuevas elecciones para los parlamentarios elegidos apenas 6 meses antes, yo era uno de ellos entonces, para facilitar la renuncia del Presidente Allende y dejar en manos del pueblo la decisión. El gobierno de esa época no se pronunció, la derecha calló y el Golpe de Estado destruyó la democracia por 17 años.

También me parece importante recordar que, en la primera semana de septiembre de 1973, el General en retiro Carlos Prats, hombre de confianza de Allende al igual que Pinochet, asesinado posteriormente por éste, le sugirió al Presidente Allende que no llamara a Plebiscito, sino que pidiera permiso constitucional al Congreso y saliera del país. Es evidente que el Presidente Allende no lo escuchó.

De manera muy clara no me cierro a ninguna solución que mantenga los cauces institucionales. Si el acuerdo más amplio se produce por una Asamblea Constituyente, elegida por los ciudadanos, con facultades para desatar los nudos gordianos e ideológicos de la Constitución vigente, en buena hora. Sigo pensando que tener dos órganos legislativos funcionando puede ir generando problemas adicionales y que la solución puede dilatarse excesivamente.

Si hay elecciones para Presidente y Congreso Nacional hay tiempo para que se preparen alternativas constitucionales, políticas concretas y alternativas de gobierno serias y estables. Esta opción permite construir el nuevo marco normativo y, adicionalmente, contaremos con legisladores legitimados expresamente por los ciudadanos para ir introduciendo las nuevas normas legales necesarias para implementar los valores que impregnen la nueva carta fundamental.

El rol de las actuales autoridades, sería dictar las normas que favorezcan la más amplia e informada decisión ciudadana, por ejemplo, como la manera más expedita del plebiscito que deberá pronunciarse sobre las alternativas que se elaboren, y, algo muy importante, adoptar las medidas indispensables para eliminar la violencia criminal desatada.

Es urgente apurar el despacho de normas para reducir las remuneraciones de los altos funcionarios de empresas del Estado, de los miembros del Gabinete y los Parlamentarios, así como corregir normas electorales que permiten a las cúpulas partidarias imponer candidatos, ampliar los cupos para que puedan participar personas nuevas, establecer filtros más eficientes en temas de probidad y representación.

Despejado el aumento del 20% a las Pensiones Básicas Solidarias es esencial avanzar en soluciones concretas y para ahora a la clase medida. Bastaría la voluntad política del Presidente para que las pensiones de la clase media subieran cerca de un 30%, al mes siguiente, sin dictar ley alguna. Es cierto, no lo hizo la Concertación y la Nueva Mayoría cuando estuvo en el gobierno.

Por eso, el rechazo ciudadano a esta clase política. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Y salir con dignidad.

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El partido del orden y su intelectual orgánico entran en pánico

noviembre 10, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Gonzalo Martner

No me gusta comentar a comentaristas. Pero hoy en su columna de El Mercurio Carlos Peña vuelve a hacerse el adalid del partido del orden cargando con virulencia inusitada contra los intelectuales que no querrían asumir como éxito propio la «modernización capitalista» que debieran aplaudir y que ahora unos vándalos están amenazando. Y esto a pesar que él le explica esto a los intelectuales todos los domingos desde el medio emblemático de la derecha chilena.

Estos intelectuales serían unos necios que no entienden que la «mejoría en el bienestar material de los chilenos ha sido resultado de las últimas décadas y, en especial, de los veinticuatro años de gobiernos de centroizquierda» bajo Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, «y sus abundantes ministros, embajadores, asesores» que «contribuyeron a ello». Supongo que me encuentro entre ellos, pues soy doctor en economía, profesor titular de la Universidad de Santiago y autor de una decena de libros y muchos artículos, lo que también supongo me daría credenciales de intelectual. Fui además subsecretario en La Moneda de Aylwin y Lagos, dirigente y presidente de un partido de gobierno y embajador del primer gobierno de Bachelet. Aquí viene la acusación: «pero los mismos intelectuales que fungieron de funcionarios de esos gobiernos —y que no dijeron palabra mientras ayudaban a que lo que hoy llaman neoliberalismo se construyera— ahora descubren que todo eso, nada menos que dos décadas y media de gobiernos, fue un gigantesco error, un error moral que pareciera justificar las demasías de estos días».

En mi caso, por lo menos, es mentira aquello de «no dijeron palabra» y «ahora descubren». Escribí, por ejemplo, un texto en 1993 -hace 26 años- siendo subsecretario de Aylwin, y que a él no le gustó pero que entendía era parte de un debate necesario, llamado la Transición Inconclusa (https://gonzalomartner.blogspot.com/1994/12/la-transicion-inconclusa-y-las-tareas.html) en el que afirmaba que «a pocos meses de finalizar el período constitucional del actual gobierno, puede afirmarse que, a pesar de los éxitos en la normalización del clima democrático, en la vigencia de un estado de derecho, en el crecimiento económico, en la expansión del gasto social, en algunas reformas laborales, en la democratización y descentralización de la administración territorial, en la reinserción internacional, no ha terminado la transición: no vivimos aún en un régimen plenamente democrático». Recalcaba que no se había hecho una justicia necesaria en materia de violación de los derechos humanos y que en «la próxima etapa política de la concertación deberá mantener su voluntad de terminar con los senadores designados, con la actual composición del consejo de seguridad nacional, con la actual forma de generación de la corte suprema, con el rol de la justicia militar, con la inamovilidad de los comandantes en jefe y con la legislación que expresa la no sujeción de las FFAA al poder civil. Se deberá mantener la tesis de disminuir los quórum de reforma de la constitución y de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales. También deberá mantenerse como compromiso programático y político concreto con nuestros socios de coalición avanzar en la creación de condiciones de reforma del sistema electoral para establecer uno de carácter proporcional y en el establecimiento de un régimen semipresidencial». Concluía que «no es posible soslayar que los socialistas aspiramos a establecer una sociedad en la que prevalezcan niveles de justicia social ampliamente superiores a los ya logrados. Chile debe consolidar una economía solidaria, que combine un rol para el mercado y un rol para el Estado. El mercado, con las debidas regulaciones antimonopólicas y protectoras del medioambiente y de los derechos del consumidor, debe tener un rol activo en la producción de bienes y servicios y ayudar a obtener una asignación eficiente y descentralizada de los recursos con adecuadas señales a los productores y los consumidores. Es universalmente aceptado que el mercado, sin embargo, no puede producir bienes públicos ni corregir las desigualdades sociales, ni proteger el ambiente y que el Estado debe proveer infraestructuras y servicios y asegurarle ingresos mínimos a la población más pobre, interviniendo en los mercados de trabajo y de capital para redistribuir los ingresos y orientar el crecimiento. Chile debe seguir avanzando hacia una economía solidaria, en la que el mercado opere donde sea posible asignar descentralizada y eficientemente los recursos y el Estado donde sea necesario actuar solidariamente en beneficio del interés general».

Escribí un libro en 1999 que abundaba en estas posturas y que llamé «Remodelar el Modelo» e innumerables artículos a lo largo del tiempo en el mismo sentido (ver https://sites.google.com/view/gonzalomartner). Al asumir como presidente del PS en 2003 señalé: «Dice la UDI: senado sin designados, porque ya sirvieron lo suficiente sus intereses, y con sistema binominal, para que todo esté siempre empatado. Una vez más para que no puedan gobernar las mayorías, sino que mantengan el poder de veto las minorías privilegiadas de Chile. ¡Esa es la derecha que posa de democrática y que luego contesta a quienes los cuestionamos que esos no son problemas concretos de la gente! ¡Como si a la gente no le importara la democracia y sólo se interesara por sus necesidades primarias! ¡Como si la gente no se diera cuenta que a la derecha le interesa mantener ese poder de veto para defender los privilegios de los más ricos y que la sociedad no pueda decidir democráticamente de qué manera quiere vivir y solucionar sus problemas cotidianos!».

Pues bien, sigo pensando lo mismo, como muchos otros. Sostengo y reitero que Chile, a pesar de un leve progreso, está en el rango de mayor desigualdad en la distribución de ingresos en el mundo, como otros países latinoamericanos, y que su sistema de impuestos y transferencias no la disminuye, como es el caso de casi todos los países de la OCDE (ver mi artículo http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/071-junio-2018/Martner.pdf). Sostengo y reitero que la pertinacia de la derecha en mantener un sistema político que no hace efectivo el principio de mayoría y que ha sido intervenido de manera corrupta por el poder económico ha terminado por deslegitimarlo por completo, vistos sus resultados en materia de extrema concentración de la riqueza, nueva prosperidad pero plagada de inseguridades cotidianas y de falta de movilidad social para sectores medios tradicionales y emergentes y un 20% que vive en la pobreza multidimensional (según los datos oficiales), es decir en la precariedad y la exclusión. Sostengo que ese resultado, que muchos venimos previendo y criticando desde hace décadas, por mucho que hayamos intentado remodelar el modelo desde dentro, tienen una consecuencia inequívoca: se requiere ahora de un nuevo pacto constitucional propiamente democrático que contenga un nuevo pacto social y de sostenibilidad.

Peña llama a que los intelectuales vean los hechos. Aquí va: el hecho básico es que Chile no ha logrado tener una democracia que deje de lado el veto de la minoría que representa el poder económico en el parlamento, y por lo mismo no ha podido aplicar políticas económicas de «crecimiento con equidad» como las postuladas en el programa de gobierno de 1989 o las de «crecimiento con igualdad» del programa de 1999, en cuya redacción participé. Esto no fue fruto de las opciones de la sociedad, que habría adherido al neoliberalismo, sino de bloqueos institucionales ilegítimos, ante cuyos resultados nos encontramos primero con una abstención masiva en los procesos electorales y ahora con una rebelión social que cuestiona directamente la legitimidad del orden político y económico existente. Si muchos se resignaron a los bloqueos institucionales que permitieron una continuidad híbrida del neoliberalismo (la lista es larga), algunos no lo hicimos, aunque quedamos en creciente minoría y con pocos espacios de expresión. Así y todo, somos objeto de estos ataques furibundos, cuya agresividad sorprende.

Lo más irrespetuoso es la apelación de Peña a un supuesto deber de lealtad con el derecho a veto empresarial y de la derecha consagrados por la actual constitución y suponer que reclamar una nueva es atribuirle «a esos violentos actos callejeros la dignidad de un reclamo constitucional». Esta afirmación es el grado cero de la honestidad intelectual y simplemente una bajeza.

Como lo es la afirmación según la cual «a la hora de señalar caminos para resolver la crisis, en vez de subrayar la función de las instituciones y el valor de la democracia (que consiste en permitir la competencia pacífica en base a normas) sugieren (imaginándose, sin duda, como miembros de una constituyente) que la salida consiste en restarles lealtad a las reglas hoy existentes retrocediendo a un punto cero donde todo podría reescribirse». Si, señor Peña, eso creemos muchos desde siempre, los que luchamos por la democracia, incluyendo en las calles y las barricadas (mientras usted guardaba el silencio de los no muy honorables contra la peor dictadura de la historia de Chile): hay que reescribir de cero una constitución que resguarda un orden oligárquico y no expresa la soberanía popular ni el principio de mayoría que son la esencia de la democracia, junto al respeto de las minorías y de los derechos fundamentales. Y la desobediencia civil de estos días es enteramente legítima, la que nada tiene que ver con los actos de destrucción de grupos pequeños e irracionales y del lumpen -cuya existencia supongo no estará descubriendo ahora- que hemos condenado todos desde el primer momento. Su catadura moral, ya que usted pretende juzgar la nuestra, se aprecia en un solo hecho: no ha sido capaz de decir una palabra de condena a la violencia policial, que ha incluido heridas a bala, graves golpizas y vejaciones sexuales, ni al hecho de que cientos de jóvenes estén perdiendo sus ojos fruto de esa represión. En estos días, cada uno ha tenido la ocasión de demostrar dónde se sitúa. Algunos, en la defensa -incluyendo la violación descarnada de los derechos humanos- del orden que nos rige. Otros, en su impugnación y la defensa de la necesidad urgente de iniciar un proceso constituyente, junto a amplias medidas sociales antineoliberales, para salir de la crisis provocada por el gobierno de Sebastián Piñera y las consecuencias de larga data de un modelo económico excluyente y desigual. La tragedia de Chile ha sido que este modelo se ha logrado perpetuar gracias a un sistema político que no refleja las opciones mayoritarias de la sociedad, a pesar de los esfuerzos de muchos desde 1990. Para algunos de nosotros, esta es la esencia de la democracia, aunque a Tocqueville (un aristócrata no precisamente igualitario) y a usted nunca les haya gustado, y a Jaime Guzmán tampoco, claro. Son de los que siempre han postulado que la democracia debe ser en el mejor de los casos un orden de contrapesos de la mayoría, cuando no de anulación de la voluntad popular. Voluntad popular que hoy se encuentra en la calle, pese a quien le pese.

Publicado en: Columnas, Notas Etiquetado como: columna, Escritor, Gonzalo Martner

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