En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Gonzalo Martner

Sobre el orden público y la legislación de matinal

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Por Gonzalo Martner 

El número de denuncias de delitos de mayor connotación social por cada 100 mil habitantes cayó en un 42,4% entre 2012 y 2022, según los datos recopilados por la consultora Unholster. Esto quiere decir que no hay un desborde de la delincuencia, por doloroso e inquietante que sea cada caso producido para las víctimas y sus entornos. En cambio, el número de homicidios pasó de 824 en el año 2004 a 2.795 casos en 2020 y bajó a 2.427 en el año 2021, de acuerdo a los datos del Ministerio Público. La información de la Subsecretaría de Prevención del Delito indica 934 casos para 2022 y que la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes pasó de 2,8 en 2012 a 4,7 el año pasado.

 

Este significativo incremento de las muertes violentas es en parte atribuible a una nueva situación, la que ha corroído a otros países de América Latina: los ajustes de cuentas entre mafias organizadas que pugnan de manera sangrienta por controlar los territorios y circuitos del narcotráfico y la economía ilegal y sus ganancias. Aunque Chile no sea un productor ni exportador significativo de drogas, esta nueva situación debe atacarse adecuando a las policías sobre nuevas bases tecnológicas y de inteligencia. Esto es indispensable para avanzar en el objetivo de desmantelar la gran amenaza que es el crimen organizado, que requiere de una mucho mayor eficiencia y contundencia policial. El actual Gobierno está ayudando a incrementarla, lo que ya se observa en mejores resultados en diversos casos, sin olvidar que su complemento indispensable es la policía de proximidad, la que interactúa con los vecinos, los municipios y las entidades públicas de distinta índole para aumentar la seguridad humana en todos los rincones del territorio.

 

Esto no tiene nada que ver con introducir impunidad en el uso indebido de armas de servicio, como ha sido la respuesta de aquella parte del sistema mediático y político propenso al alarmismo y al uso político y electoral de la delincuencia. Las policías no deben ceder a cantos de sirena y cumplir su tarea siempre en el marco de la legalidad, lo que implica mantener un uso reglamentado y proporcional de las armas de fuego que la ciudadanía pone a su disposición, incluyendo el que se despliega para su legítima defensa en situaciones críticas. No se debe ceder ante el populismo penal impulsado por los matinales de televisión en busca de audiencia ni ante la presión por desresponsabilizar a los agentes públicos en el uso de armas de fuego. Esto tiene como horizonte la conformación de un Estado militar-policial violento y descontrolado, un remedio mucho peor que la enfermedad.

 

No deben olvidarse algunas situaciones de fondo en materia de seguridad. Carabineros, que es una institución con 60 mil miembros dotada de armamento suficiente y con un alto presupuesto, mantiene un aprecio colectivo por su rol de protección y ayuda a la población en todo el territorio y por su función auxiliar de la justicia. Pero enfrenta dos serios problemas frente a la sociedad.

 

El primero de ellos es que en Carabineros –y en alguna medida en la PDI– se realizó por largo tiempo un desfalco sistemático de recursos públicos organizado por altos oficiales, hoy perseguidos por la justicia, que es el de mayor envergadura en la historia de Chile. Esto no hace de este cuerpo una institución ejemplar en la materia en el pasado reciente. Para recuperar su pleno prestigio ante la ciudadanía y su rol en el orden democrático, debe terminar con una cierta cultura interna de no responder ante nadie por sus actos, incluyendo en algunos casos, como se ha visto, ilegalidades. Debe, en cambio, ampliarse una cultura de mayor convivencia con la rendición de cuentas ante la sociedad, la superioridad civil y los órganos contralores y de administración de justicia. Carabineros debe reformar en profundidad sus métodos de gestión y el control del uso de los recursos presupuestarios puestos a su disposición por la ciudadanía, además de acentuar la equidad de la distribución de sus recursos humanos y materiales en el territorio. La aguda demanda social de lucha inmediata contra la delincuencia no debe ser una excusa para dilatar o no realizar estas reformas indispensables.

 

El segundo problema es el de las violencias policiales (y militares, en su caso). Estas fueron generalizadas en el proceso de la rebelión social de 2019 y meses y años siguientes, con centenares de lesionados por la fuerza pública. Esto se tradujo en un maltrato generalizado a los miles de detenidos, incluyendo agresiones a mujeres, y la grave situación de daño a personas que terminaron con lesiones oculares irreparables por disparos de balines de goma y disparos horizontales de bombas lacrimógenas al rostro realizados por oficiales (lo que pude observar personalmente en la calle).

 

Se trata de delitos cometidos por quienes tienen el deber de proteger a los ciudadanos, incluso cuando se manifiestan, y no de perseguirlos, agredirlos o lastimarlos gravemente. Las policías (y los militares en los Estados de Excepción) deben ser un factor de control y no de ampliación de los desórdenes públicos. Las fuerzas del orden deben actuar a tiempo, lo que no siempre hacen, y simultáneamente autocontenerse. Si responden con violencia indebida, su rol pierde la legitimidad que requiere el control de las destrucciones de bienes públicos y de personas. Deben modificarse los conceptos que presiden la acción del personal de resguardo del orden público, sin olvidar nunca que el derecho a manifestarse es una garantía constitucional.

 

Por su parte, la retórica de violencia contra Carabineros, cuyo emblema es el «perro matapacos», es inapropiada, indefendible y nunca debe ser aceptada por ninguna fuerza política responsable. Los que la adoptaron frívolamente en algún momento debieran, como ha instado el Presidente Boric, revisar su sentido democrático y humanitario. Manifestarse y/o condenar las violencias policiales es una cosa, insinuar simpatías por matar a miembros de una institución pública es otra muy distinta. Se trata de personas que deben gozar del mismo derecho a la integridad y dignidad que cualquier otra. Y menos debe tolerarse bajo ninguna circunstancia la violencia delincuencial contra las fuerzas del orden público y los asesinatos de uniformados. Tampoco debe tolerarse de modo alguno que el derecho a manifestarse se transforme en sinónimo de agresiones a personas con o sin uniforme y destrucciones violentas de bienes comunes.

 

Así, el cambio de enfoque de Carabineros en la contención de los desórdenes públicos y la presión social de los que legítimamente se manifiestan sobre los que realizan destrucciones y violencias con el pretexto de manifestarse, se pueden combinar de manera virtuosa y cambiar la degradación de la situación en las calles desde 2019, lo que en alguna medida ya viene ocurriendo.

 

Los problemas descritos deben abordarse con la urgencia requerida. Pero nunca se debe abandonar el trabajo sistémico sobre las causas de la delincuencia. Estas son económico-sociales (ausencia de oportunidades laborales decentes y de inserción creativa en la vida activa, con 428 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni están ocupados en febrero de 2023, según el INE) y psicoculturales (individualismo negativo, degradación del respeto a las normas de convivencia, culto del matonaje y de la violencia, desvalorización del trabajo honesto como medio de vida y su mejoría como horizonte de cambio individual y social). Actuar sobre ellas en todos los ámbitos de la sociedad y por todos sus actores es lo que al final de cuentas logrará hacer retroceder la delincuencia, junto a una actuación policial y judicial apropiada.

La política monetaria y el orden social

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Por Gonzalo Martner

El problema con el enfoque ortodoxo de política monetaria es que crea una dificultad persistente: no permitir un crecimiento razonable de la producción y del empleo, es decir, sustentado en las capacidades productivas y de importación existentes y en el estímulo de la inversión sostenible, en nombre de luchar contra la inflación externa.

El Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central (BC) de junio señala: «La principal causa del aumento de la inflación en nuestro país sigue siendo el excesivo aumento del gasto en 2021, lo que provocó una fuerte presión sobre los precios de los bienes y servicios». Esto es simplemente absurdo, pues los propios datos del BC muestran que, en términos desestacionalizados, tanto el consumo de los hogares (-0,3%) como la inversión (-5,9%) han bajado en el primer trimestre. Seguirán haciéndolo por el triple efecto del fin de los retiros y de las transferencias de emergencia, la caída de los salarios reales y el propio aumento excesivo de tasas de interés por el Banco Central.

Las presiones futuras de demanda interna no son tales y menos en el horizonte de 24 meses con el que debe operar la meta de 3% de inflación del Banco Central (una de 4% sería más pertinente en un contexto de mayor inflación externa, dicho sea de paso, ver).

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subió recientemente por segunda vez, frente a las presiones inflacionarias, la tasa de interés de refinanciamiento. Con este ajuste, quedó fijada en un rango de entre 1,50% y 1,75%. El Banco Central de Chile aumentó la tasa de interés de política monetaria sucesivamente desde 0,5% en junio de 2021 a 9,0% en junio de 2022. Se podrá notar la diferencia de magnitud. En un caso, moderación para evitar una recesión. En el otro, precipitación para provocar, según su voluntad declarada, una recesión. Dos opciones, dos políticas.

Es impresionante ver que las autoridades de un Banco Central declaren que la inflación importada debe combatirse mediante una recesión que dure hasta el año próximo. Rosanna Costa declaró que “es absolutamente necesario el ajuste de la economía que vamos a tener el 2023 para que (…) converja la inflación”. El BC prevé -0,5% de PIB en 2023 y le parece muy bien, sin ninguna consideración sobre el empleo y el sufrimiento económico y psíquico de las familias afectadas directamente y de los asalariados que temerán perder su empleo.

Más aún, se permite señalar por escrito en su informe que «reducir la inflación es una tarea prioritaria para el país». La misión del Banco Central es mantener bajo control la inflación en un horizonte de dos años, no en cada coyuntura. Y punto. Ciertamente no le corresponde declarar qué es o no prioritario para el país, por mucho que contener la inflación lo sea, pero siempre en un contexto de problemas públicos diversos, entre ellos, el del desempleo, los que deben ser arbitrados por las autoridades democráticamente electas y por nadie más.

Por su parte, el ministro de Hacienda y expresidente del BC, Mario Marcel, comentó hace algunos días que las próximas alzas de tasas «es algo que el Banco Central tiene que calibrar con cuidado, porque hoy en día, como bien se señala en el IPoM, todas las presiones adicionales en el margen, todas las sorpresas de inflación que hemos tenido, son todas derivadas de los aumentos de precios internacionales, entonces eso el Banco Central no lo va a cambiar mucho con política monetaria». Este es el enfoque que debieran tener los responsables de la política monetaria.

Más ampliamente, los que creen que la inflación externa se puede impedir deprimiendo la economía, que los impuestos deben mantenerse bajos y pagados por los que menos tienen (IVA) y que el gasto social debe ser mínimo, son los mismos que luego se quejan del incremento del comercio ilegal en nuestras ciudades, y, más grave aún, de los saqueos y violencias urbanas, en un trasfondo de reclutamiento creciente de contingentes de jóvenes por el narcotráfico. Se debe evitar que se transformen en situaciones endémicas mediante una amplia batería de políticas y no en medio de una economía deprimida.

Más aún, el problema con el enfoque ortodoxo de política monetaria es que crea una dificultad persistente: no permitir un crecimiento razonable de la producción y del empleo, es decir, sustentado en las capacidades productivas y de importación existentes y en el estímulo de la inversión sostenible, en nombre de luchar contra una inflación externa que será más amplia por un período relativamente prolongado. Los miembros adicionales del Consejo del Banco Central y los nuevos aspectos que debe considerar en su política monetaria previstos en la nueva Constitución, debieran ayudar a corregir esta anomalía peligrosa.

Los que solo piden orden, pero sin crear las condiciones sociales y económicas para que ese orden se produzca, no están siendo responsables con el devenir de la sociedad chilena. Es que, al parecer, consideran que no es su tema, sino simplemente el de mantener sus privilegios. De lo demás, que se encarguen el Gobierno, la policía y los militares y que se las arreglen como puedan. Pero sin modificar las causas estructurales del malestar social chileno, que son primordialmente la desigualdad y los abusos de poder. //ELF

Reflexiones sobre lo esencial de una nueva constitución

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Por Gonzalo Martner

Ex PS

Ahora que se acerca la decisión de tener o no una nueva constitución, y en días en que celebramos el nacimiento de la república que consagró la emancipación nacional de la corona española, vale la pena discutir ampliamente sobre qué debe representar una constitución en el siglo XXI.

Pero primero cabe hacer un pequeño paréntesis sobre nuestra historia, en la que las cosas parecen que son pero no son, o lo son mucho después de lo que se supone. La independencia se produjo en realidad no el 18 de septiembre de 1810 sino el 12 de febrero de 1818. En efecto, el 18 de septiembre de 1810 la junta de gobierno se pronunció sobre lo siguiente: «¿Jura usted defender la patria hasta derramar la última gota de sangre, para conservarla ilesa hasta depositarla en manos del señor don Fernando VII, nuestro soberano, o de su legítimo sucesor; conservar y guardar nuestra religión y leyes; hacer justicia y reconocer al supremo Consejero de Regencia como representante de la majestad Real?». Nada muy revolucionario, en verdad, sino muy legitimista frente a la invasión napoleónica de España.

En cambio, el preámbulo del decreto de independencia de 1818 (cuya fecha y lugar son hasta hoy materia de controversia, pues fue firmado una vez en Concepción, otra vez en Chillán y solemnizado en Santiago, con la correspondiente reivindicación local) señala: «Si están cortadas las relaciones de este estado con la antigua metrópoli, si están rotas las ignominiosas cadenas que nos sujetan a ella, y si, para decirlo de una vez, está declarada de hecho por el voto general la independencia política de este estado, parece infundado diferir esta solemne declaración, sin la cual nuestros sacrificios no tendrán el carácter de esfuerzos hechos por hombres libres, y acaso serán confundidos con las pretensiones en que suelen entrar los esclavos para arrancar un partido ventajoso a sus amos. Sin esta declaración, no ocuparemos el rango debido en el cuadro de las naciones, no obtendremos de ellas la protección a que es acreedora la justicia de nuestra causa». La teoría nacional del «de a poco vamos arando», sin que se sepa muy claramente para sembrar exactamente qué, encontró finalmente su cauce.

Volvamos a nuestro tema: el debate sobre la nueva constitución es en realidad el debate sobre una nueva república y debemos hacerlo con la mayor amplitud posible en los próximos meses. Este no es un tema de especialistas en derecho constitucional (quien escribe esto no lo es, desde luego) sino de la sociedad y de todos sus componentes.
Partamos por lo negativo, obligados por un necesario rechazo a lo que tenemos. Para que nunca más se considere legítima una norma impuesta a sangre y fuego, debemos solemnemente dejar atrás una constitución redactada por una dictadura para consagrar la restauración oligárquica en Chile. Aunque fue reformada en 1989 para dar paso a la transición (su proceso está descrito en http://www.memoriachilena.gob.cl/archi…/pdfs/MC0042474.pdf) y luego en democracia múltiples veces, ha mantenido la inaceptable impronta del poder de veto de una minoría que representa los intereses de las oligarquías económicamente dominantes.

La actual constitución es en esencia una máquina de impedir que se gobierne de acuerdo a las decisiones de la mayoría. Se trata del insólito concepto de «democracia protegida» enunciado por Jaime Guzmán, es decir protegida de su principio básico, el de que las opciones mayoritarias prevalezcan en la vida social por sobre privilegios de cualquier índole, lo que no impide respetar el derecho de las minorías a expresarse libremente y a procurar transformarse en mayoría. Subyace a esa concepción de Guzmán la idea elitista de una jerarquía social natural, de un supuestamente necesario dominio de hecho de unos pocos sobre los muchos, que la propia constitución, y si es necesaria la fuerza, no deben permitir sea cuestionado.

El resultado es que ha quedado marcada la idea en la sociedad de que la constitución manda gobernar en función de determinados intereses minoritarios y que ahora debe hacerse lo propio, pero en función de intereses mayoritarios.
En mi opinión (seguramente, como casi siempre, muy minoritaria, qué se le va a hacer), ese no es un enfoque adecuado. Una nueva constitución no debe ser un programa para gobernar, es decir para desarrollar políticas desde el Estado. Debe ser el marco para gobernar, ya sea que las políticas sean de un tipo u otro tipo o bien representen visiones o intereses alternativos.

La acción de gobierno es la que se propone satisfacer las necesidades individuales y colectivas de las personas viviendo en sociedad. Variará según las visiones, intereses, objetivos, prioridades y énfasis de los/las que reciban el mandato de gobernar, que la ciudadanía está llamada a validar o reemplazar periódicamente al elegir a los gobernantes y legisladores. Lo propio ocurre con las competencias regionales (ordenamiento territorial, infraestructura regional, fomento productivo, coordinación de los servicios sociales), ahora que elegiremos gobernadores regionales además de consejeros, y las competencias locales (múltiples tareas de servicio directo y cotidiano a la comunidad) a cargo de alcaldes y concejales con toda la diversidad de la sociedad y de sus territorios.
¿Cuáles deben ser, entonces, las definiciones básicas a establecer en una nueva constitución, ya que no programas de gobierno?

Primero, la definición según la cual Chile es una República, cuya soberanía reside en el pueblo y solo en el pueblo.
Segundo, la definición de que la chilena es una república democrática regida por un Estado de derecho, en la que la soberanía se expresa a través de representantes electos periódicamente por la ciudadanía y de referendums. El Estado de derecho provee los marcos para la toma de decisiones públicas sujetas al gobierno de las reglas y no a la voluntad arbitraria de las personas que ejercen el poder político y para que estas decisiones no puedan violentar derechos de la ciudadanía sino hacerlos efectivos.

Una república democrática en la que prevalece el Estado de derecho no consagra el control de los gobernados por los gobernantes, como en la visión autoritaria y oligárquica, sino al revés, es decir el control de los gobernantes por los gobernados, junto con establecer mecanismos de protección de los derechos de los gobernados. Por ello, los gobiernos siempre son de turno (ojalá deje de usarse la expresión «gobierno de turno» de modo despectivo, pues por definición en democracia los gobiernos lo son: si no fuera así estaríamos en presencia de una dictadura).

El Estado de derecho es indispensable para la cautela de derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas. La nueva constitución debe hacer suya la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”.

Para consagrar su estabilidad, esta parte de la constitución no debe poder ser modificada por la mayoría (nunca con quórums que consagren un poder de veto de la minoría, pues se trata de un principio antidemocrático) sin el pronunciamiento en el mismo sentido de dos legislaturas sucesivas.

Tercero, la definición se debe completar consagrando que la república es un Estado democrático y también social de derecho. El Estado social reconoce derechos colectivos y el derecho legítimo no solo de los individuos sino también de grupos sociales y sus representaciones (sindicatos, juntas de vecinos y territoriales, colegios profesionales, agrupaciones empresariales o de actividad) de incidir en las decisiones públicas, en el marco de la prevalencia del interés general a cargo de los órganos de representación de la soberanía popular.

El individuo es necesariamente miembro de diversas comunidades a las que deben reconocerse derechos fundamentales, cuya violación constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la persona al hacer ilusoria su libertad. Estos derechos colectivos son indispensables para que los individuos alcancen su autodeterminación.

Cuarto, el Estado democrático y social de derecho chileno debe ser uno que reconozca, fruto de la historia, su carácter plurinacional, es decir un Estado construido como expresión de una nación de naciones, en la que los pueblos-naciones originarios tienen derechos colectivos en el marco de un Estado de derecho común. No olvidemos lo escrito solemnemente por Bernardo O’higgins el 12 de marzo de 1819: «Araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: ya no os habla un Presidente que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada; os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran Carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros Estados».

Quinto, la definición de que el Estado es unitario (las leyes rigen para todo el territorio), pero al mismo tiempo es desconcentrado para ejercer determinadas responsabilidades (la aplicación de la ley y de las políticas gubernamentales se puede transferir a órganos con grados de autonomía en el territorio, aunque sujetos a instrucciones jerárquicas) y es descentralizado para ejercer determinadas competencias (las regiones y comunas pueden establecer normas propias para sus funciones y atribuciones exclusivas, y sus autoridades elegidas están sujetas a la ley pero no a instrucciones jerárquicas).

La ley, democráticamente establecida y modificada en su caso de acuerdo a las preferencias de los ciudadanos expresadas por sus representantes en deliberaciones periódicas o directamente mediante referendum o iniciativa popular de ley, es la llamada a concretar estos principios básicos de la república. Corresponde en primerísimo lugar a la constitución enunciarlos formalmente, junto a los derechos fundamentales y a la organización de los poderes del estado y su control, los que derivan de estos principios, incluyendo la organización de los poderes estatales, su separación y mecanismos de control mutuo y los mecanismos de participación de los gobernados en las decisiones públicas.//ELF

Una ley insuficiente frente a un horizonte oscuro

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Por Gonzalo Martner

Académico Usach y miembro Fundación Chile 21

La ley aprobada el 31 de marzo se denomina de “protección del empleo”, pero hace muy poco para protegerlo y mantenerlo. Los empleadores que suspendan el empleo a sus trabajadores los derivarán a una remuneración de 70% en el primer mes, 55% en el segundo, 45% en el tercero y montos decrecientes hasta completar siete meses (con apoyo del fondo solidario de cesantía si los fondos acumulados no alcanzan) o extinción del saldo acumulado, utilizando la mecánica y los recursos del fondo del seguro de cesantía creado en 2002 en caso de pérdida o cambio de empleo.

Se consumirá primero el fondo individual acumulado antes que activar de inmediato el fondo solidario de cesantía con financiamiento fiscal. Solo se exceptuarán de esta escala de disminución de ingreso los que reciben menos de 500 mil pesos, que podrán mantener el 70% del salario por tres meses. Se autorizó también reducir la jornada laboral hasta por diez meses, con compensación parcial del salario pleno por el seguro de cesantía.

Es lo que la oposición ha obtenido del Gobierno en el Parlamento, donde sin embargo tiene mayoría. En suma, no hay oposición en Chile. Este tipo de relación gobierno-oposición en un régimen presidencial cuando el jefe de Estado no tiene mayoría en una o varias cámaras contrasta con lo que la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en Estados Unidos obtuvo del gobierno ultraderechista de Trump, con un plan de apoyo a la salud y a la economía que alcanza el 10% del PIB. Descontando los descalces de pagos, el plan de Piñera-Briones no es muy superior al 1% del PIB. Muchísimo menos que el plan de 2009 frente a la gran recesión, año en el que se pasó de un superávit fiscal de 4% a un déficit de -4% del PIB.

El despido por “necesidades de la empresa” no sufrió cambio alguno. Recuérdese que en muchos países con economías competitivas se requiere al menos de planes de reinserción a cargo de la empresa y con apoyo público cuando se trata de despidos colectivos. Ya desde marzo muchas empresas en Chile han despedido personas ante el desplome o caída parcial de sus ventas. Al producirse muchos despidos que debieran al menos retrasarse, salvo casos muy justificados, y no mantenerse al menos por un trimestre la remuneración de los trabajadores despedidos, con jornada parcial o con suspensión de actividades –la que debiera ser subsidiada total o parcialmente por el Gobierno usando su capacidad de endeudamiento– caerá gravemente la demanda de consumo de los hogares. Por tanto, aumentará aún más el desempleo, en una espiral recesiva que el Gobierno no logrará detener mientras permanezca prisionero de su ideología. Aunque el país se caiga a pedazos.

La rápida y adecuada disminución de la tasa de interés de política monetaria decidida por el Banco Central no ha impedido que los bancos estén restringiendo el crédito a las empresas cuyos riesgos de impagos han aumentado, es decir, muchas. Esta ausencia de regulación del funcionamiento del sistema bancario en situaciones de crisis –no basta con suspender por un año la aplicación de las nuevas “normas de Basilea” de manejo de riesgos– empujará a muchas empresas a la quiebra.

La banca debiera ser obligada a aumentar su crédito a las empresas que lo requieran, de modo de impedir su cese definitivo de actividades, con un subsidio fiscal temporal al pago de salarios y de los costos fijos de operación. Este se podrá recuperar una vez pasada la emergencia sanitaria que paraliza a la economía. No otra cosa se está haciendo en Estados Unidos y diversos países de Europa.

El Gobierno no está impulsando nada de esto. El ministro de Salud declara, como guinda de la torta, “inconstitucional”, sin considerar las facultades que le otorga el estado de emergencia, fijar los precios de los planes de Isapres. Y así sucesivamente. La pérdida de ingresos de la mayoría de las familias y el colapso del sustento para varios millones de personas que viven al día provocará su sufrimiento y una marginalizacion adicional, como si no se hubiera producido recientemente una gran rebelión social en el país.

La pandemia y la inacción gubernamental llevarán a la ampliación de la fractura social en Chile. Ojalá uno se equivoque, pero no hay ningún elemento en el escenario o en los actores de la esfera pública que indique lo contrario.

Los trabajadores una vez más desprotegidos por el gobierno: Es la hora del parlamento

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Por Gonzalo Martner

Economista y político

Ex militante PS

Académico de la Usach

El dictamen de la Dirección del Trabajo -que establece la continuidad del vínculo laboral pero no de las remuneraciones en caso de cuarentena y toque de queda- plantea de lleno el tema de la protección de los trabajadores en esta crisis. Los que prestan servicios a personas bajo cuarentena no podrán ir al trabajo y no recibirán remuneración, salvo que el empleador acceda a hacerlo. Solución: legislar a la brevedad la obligación del contratante de servicios personales de mantener la remuneración mientras dure una cuarentena que impida asistir al trabajo.

En el caso de las empresas que han disminuido total o parcialmente su actividad y sus ventas, insisto en que el parlamento legisle y lleve al gobierno a aprobar mantener el pago de salarios financiado en la proporción de la disminución de las ventas por el fondo solidario del seguro de cesantía por tres meses, sin disminución de las remuneraciones. Ejemplo: si las ventas caen a la mitad, se debiera pagar la mitad del salario por el fondo solidario de cesantía y la otra mitad por la empresa. Y que cabe subsidiar aquellos costos fijos empresariales que ayuden a evitar las quiebras y la explosión del desempleo.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia y los sin contrato, cabe un subsidio por tres meses equivalente al ingreso mínimo y no los 50 mil pesos por una vez que plantea el gobierno. Esto cuesta mucho menos que la suspensión del pago del PPM a las grandes empresas que no están siendo afectadas (supermercados y sectores exportadores, por ejemplo). Es un tema de justicia social y también de buena gestión macroeconómica.

Es hora que la oposición en el parlamento haga su trabajo y no acepte las medidas del gobierno que protegen a la gran empresa no afectada y oriente los recursos hacia la mantencion de las remuneraciones y asegurar la continuidad del funcionamiento económico y del empleo. Chile puede hacer otra cosa que lo de siempre: favorecer a la gran empresa a costa de los trabajadores y precipitar crisis económicas y explosiones de cesantía por incompetencia y dogmatismo de las autoridades económicas. Ah, y los que se niegan a tomar medidas como las mencionadas por favor que después no se quejen sorprendidos por las rebeliones sociales que se produzcan por la inacción pública y/o por gobernar para los privilegiados y dejar en el abandono a la mayoría social. Es lo menos que se les puede pedir.

Para salir de la crisis

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Por Gonzalo Martner

El gobierno y el ministro del Interior Blumel se querellan contra personas que emiten opiniones de extrema izquierda, pero no por la compra de AK 47 por gente de derecha.

¿Dónde quedó en este caso la condena de la violencia? Elocuente silencio de la derecha, que emplaza a medio mundo todo el día exigiendo esa condena cuando se trata de destrucciones urbanas y piedrazos a la policía por pequeños grupos, desgraciadamente a la deriva y sin proyecto, a los que se quiere asimilar la legítima protesta popular masiva, que es otra cosa muy distinta.

En eso está Chile, avanzando día a día a un Estado policial con una jerarquía de Carabineros que no se concentra en controlar como corresponde a los que delinquen, trafican o saquean sino en reprimir manifestaciones de protesta, empujada por autoridades divididas e incompetentes que sólo se cohesionan en su temor al movimiento social.

Y con una mayoría en la derecha que no quiere una Constitución que exprese la soberanía popular y con una minoría de este sector dispuesta a discutir una nueva Constitución (para eso dispone, en todo caso, del candado de los dos tercios) que apenas se expresa por imposición de la derecha dura y unos ministros que insólitamente no pueden hablar del tema.

El país tiene que volver a ser gobernado. En abril, es fundamental una gran movilización por el Apruebo. Luego, el gobierno debe asumir de una vez la voluntad popular y llamar a discutir con amplitud y de inmediato un nuevo pacto social de largo plazo como sustrato de la nueva Constitución.

Si no está dispuesto a hacerlo y su único proyecto de país sigue siendo mantener el dominio oligárquico del 1%, no le quedará sino adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para que el país salga de la crisis democráticamente con autoridades que gocen de una nueva legitimidad.