Por Daniel Matamala
El sentido común es abrumador y se traduce en una agenda clara: frenar las violaciones a los derechos humanos; restablecer el orden público enfocando la represión en vándalos y saqueadores; dar respuestas rápidas a las demandas sociales; parar los abusos de la élite, y echar a andar, ahora ya, el proceso para una nueva Constitución.
Basta un breve paseo por el ring histérico de las redes sociales o por el circo de algunos matinales para convencerse de que Chile es un país polarizado. ¿Cómo no pensarlo, si los hashtags que llaman a la revolución o a la dictadura se disputan los primeros lugares? ¿Cómo no verlo, en el desfile televisivo de extremistas y hasta negacionistas de los crímenes de la dictadura?
Afortunadamente, ese es un espejismo. Pese a ese show de confrontación, nuestra democracia tiene un activo invaluable: el sentido común de los chilenos. En palabras de Jack Trout, “una facultad que posee la generalidad de las personas para juzgar razonablemente las cosas”.
Veamos cómo se demuestra.
La inmensa mayoría rechaza los saqueos y robos (96% en Cadem), y al mismo tiempo está de acuerdo con el movimiento social (85,8% según Desoc/Coes); con una nueva Constitución (85% según Cadem; 83,9% según Desoc/Coes) y con convocar a un plebiscito (83% en Cadem); además, cree que Carabineros ha abusado de su poder (69%, Cadem).
Cito, por cierto, encuestas que buscan ser representativas, no sondeos por redes sociales que, por su metodología, apenas representan a ciertas burbujas y no a la sociedad chilena.
En medio del desplome de la política, solo se salvan los dirigentes capaces de conectar con ese sentido común, dialogar y llegar a acuerdos. Los únicos políticos al alza en los rankings de evaluación son Mario Desbordes (44%, Cadem) y el ministro Ignacio Briones (41%, Cadem).
Caen estrepitosamente, en cambio, los que han evadido asumir su rol de liderazgo (Lavín, -16%; Sánchez, -15%), o los de discurso confrontacional (Insulza, -22%; Matthei, -18%; Allamand, -15%). Enterrados en el sótano de la lista aparecen los extremos: J.A. Kast, Teillier y Van Rysselberghe, junto al Presidente Piñera y su constante discurso sobre el combate contra “enemigos”.
Sí a los acuerdos, no al extremismo. De sentido común.
La élite siempre ha despreciado el sentir de la sociedad. Atenderlo, repiten, es “populista”. Pero la historia reciente deja muy mal parada esa pretendida superioridad.
Ya en 1990, según la encuesta CEP, había una mayoría a favor de una ley de divorcio. En 1995, el 74% de los chilenos la apoyaba. Pero, ante la resistencia de la élite supuestamente ilustrada, esta ley recién se aprobó ¡en 2004! El entonces diputado Alberto Cardemil dijo que la ley sería un “golpe mortal a una acción civilizadora de siglos”.
Mismos argumentos tremendistas hubo para retrasar otras reformas que la inmensa mayoría respaldaba, como el fin de la censura, la descriminalización de la homosexualidad (“algo que es ilícito se convierte en lícito”, decía el entonces senador Chadwick), o el fin de los niños “ilegítimos” (“no responde a un criterio realista intentar que la ley iguale lo que la naturaleza ha hecho diferente”, decía el entonces senador Hernán Larraín).
Lo mismo ocurrió con el aborto, donde en 2009 (Flacso) entre el 64% y el 66,7% de la población ya apoyaba la despenalización en tres causales.
Y qué decir del masivo rechazo ciudadano a las AFP y la desigualdad. Apenas al 7% le da tranquilidad que las AFP administren los ahorros (Comisión Presidencial, 2015); y 92,5% cree que las diferencias de ingresos en Chile son demasiado grandes (Coes, 2014).
¿Qué hizo el sistema político al respecto? Todo lo contrario: hasta el 18 de octubre, los dos proyectos estrella del gobierno eran bajar los impuestos a los dueños de empresas y dejar intocadas a las AFP en la reforma previsional.
Mientras, en estas semanas los abusos siguen campeando.
Laurence Golborne facilitó facturas falsas por más de $ 300 millones para recibir pagos de una decena de empresas en su campaña de 2013. Un acuerdo con la fiscalía lo liberó de condena a cambio de pagar módicos $ 11.440.000.
Su excolega de gabinete Gabriel Ruiz-Tagle (sí, el mismo de la colusión del confort) hizo una “pasada” de $ 353 millones usando información privilegiada con acciones de Colo-Colo. Ruiz-Tagle atribuyó su acción a “un error”, “producto de mi ignorancia de las normas”. La multa apenas lo obliga a devolver una fracción de lo ganado: $ 211 millones.
Más “errores”: en el juicio por el caso Corpesca, Roberto Angelini calificó los sobornos que su gerente general confesó haber pagado a parlamentarios como “errores de administración”.
Los abogados al servicio del poder ensayan sofisticadas explicaciones para esta impunidad, pero no engañan al sentido común: el 95% de los chilenos cree que “existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales ya sea por su apellido o estatus social” (UC, 2016).
El sentido común es abrumador y se traduce en una agenda clara: frenar las violaciones a los derechos humanos; restablecer el orden público enfocando la represión en vándalos y saqueadores; dar respuestas rápidas a las demandas sociales; parar los abusos de la élite, y echar a andar, ahora ya, el proceso para una nueva Constitución.
En este momento crítico, la clase política debiera entender que llegar a acuerdos en beneficio de Chile es también popular y conveniente para ellos. Los chilenos ya lo entendieron. Es cosa de sentido común.