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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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columinista

Del cumplimiento al comportamiento ambiental. La hora de empujar los límites

abril 13, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Jorge Cash

Abogado, Jefe del Area de Medioambiente de Elias Abogado

El cumplimiento ambiental en Chile, se encuentra asociado a etapas de nuestro desarrollo institucional. La primera, situada en el periodo 1997-2012, comienza con la entrada en operación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuyo origen proviene del Principio 17 de la Cumbre de Río de 1992, que previno a los Estados parte, acerca de la necesidad de evaluar los impactos ambientales en base a un instrumento nacional.

Luego, el año 2005, en la Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile ante la OCDE, se recomendó a nuestro país, la creación de un órgano de inspección ambiental. Al efecto, en el marco de la Ley Nº 20.417 del año 2010, se creó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), responsable, en lo que interesa, de desplegar un intenso régimen de fiscalización y sanción de las medidas contenidas en las resoluciones de calificación ambiental otorgadas en el marco del SEIA.

La segunda etapa, asociada al nacimiento de la justicia especializada el año 2012 a través de la Ley Nº 20.600, que creó los Tribunales Ambientales, permitió recién a la SMA, ejercer en propiedad sus competencias de fiscalización y sanción, hasta esa fecha condicionadas por el acuerdo político que precedió la reforma institucional del año 2010, que prescribió, que ciertas medidas y actuaciones de la SMA, requerían ser revisadas y controladas por los nuevos tribunales.

Así, el desarrollo institucional descrito, que explica el marco general en materia de cumplimiento, no ha sido fruto de una decisión serena y voluntaria de nuestro país. Por el contrario, surge de obligaciones y condiciones implementadas contra el tiempo y a regañadientes, endureciendo, irreflexivamente, el modelo de Comando y Control sobre la inversión, constriñendo su aporte al progreso institucional, al mero cumplimiento normativo, soslayando, los virtuosos efectos que surgen naturalmente de la promoción y fomento del buen comportamiento ambiental de la empresa.

Dicha desatención, probablemente explica, la proliferación de proyectos de ley que tipifican con cárcel ciertas conductas que debiesen formar parte de la cultura natural de la organización. Entre otras, la presentación de información falsa o incompleta a la autoridad, que hoy, sin ir más lejos, compromete gravemente la reputación de una importante empresa de la industria acuícola.

Así, la etapa que comienza, cuyo inicio puede situarse en octubre de 2022, con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, – aprobado, nuevamente, sin convicción de Estado-, aconseja que sean los titulares y empresas, quienes empujen, sobre la base de la transparencia, la información, el diálogo y la participación, los límites de una institucionalidad que avanza vertiginosamente hacia el castigo, incorporando el buen comportamiento ambiental como objetivo estratégico de primer orden, más allá del cumplimiento normativo. //ELF

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Sobre el orden público y la legislación de matinal

abril 5, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Gonzalo Martner 

El número de denuncias de delitos de mayor connotación social por cada 100 mil habitantes cayó en un 42,4% entre 2012 y 2022, según los datos recopilados por la consultora Unholster. Esto quiere decir que no hay un desborde de la delincuencia, por doloroso e inquietante que sea cada caso producido para las víctimas y sus entornos. En cambio, el número de homicidios pasó de 824 en el año 2004 a 2.795 casos en 2020 y bajó a 2.427 en el año 2021, de acuerdo a los datos del Ministerio Público. La información de la Subsecretaría de Prevención del Delito indica 934 casos para 2022 y que la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes pasó de 2,8 en 2012 a 4,7 el año pasado.

 

Este significativo incremento de las muertes violentas es en parte atribuible a una nueva situación, la que ha corroído a otros países de América Latina: los ajustes de cuentas entre mafias organizadas que pugnan de manera sangrienta por controlar los territorios y circuitos del narcotráfico y la economía ilegal y sus ganancias. Aunque Chile no sea un productor ni exportador significativo de drogas, esta nueva situación debe atacarse adecuando a las policías sobre nuevas bases tecnológicas y de inteligencia. Esto es indispensable para avanzar en el objetivo de desmantelar la gran amenaza que es el crimen organizado, que requiere de una mucho mayor eficiencia y contundencia policial. El actual Gobierno está ayudando a incrementarla, lo que ya se observa en mejores resultados en diversos casos, sin olvidar que su complemento indispensable es la policía de proximidad, la que interactúa con los vecinos, los municipios y las entidades públicas de distinta índole para aumentar la seguridad humana en todos los rincones del territorio.

 

Esto no tiene nada que ver con introducir impunidad en el uso indebido de armas de servicio, como ha sido la respuesta de aquella parte del sistema mediático y político propenso al alarmismo y al uso político y electoral de la delincuencia. Las policías no deben ceder a cantos de sirena y cumplir su tarea siempre en el marco de la legalidad, lo que implica mantener un uso reglamentado y proporcional de las armas de fuego que la ciudadanía pone a su disposición, incluyendo el que se despliega para su legítima defensa en situaciones críticas. No se debe ceder ante el populismo penal impulsado por los matinales de televisión en busca de audiencia ni ante la presión por desresponsabilizar a los agentes públicos en el uso de armas de fuego. Esto tiene como horizonte la conformación de un Estado militar-policial violento y descontrolado, un remedio mucho peor que la enfermedad.

 

No deben olvidarse algunas situaciones de fondo en materia de seguridad. Carabineros, que es una institución con 60 mil miembros dotada de armamento suficiente y con un alto presupuesto, mantiene un aprecio colectivo por su rol de protección y ayuda a la población en todo el territorio y por su función auxiliar de la justicia. Pero enfrenta dos serios problemas frente a la sociedad.

 

El primero de ellos es que en Carabineros –y en alguna medida en la PDI– se realizó por largo tiempo un desfalco sistemático de recursos públicos organizado por altos oficiales, hoy perseguidos por la justicia, que es el de mayor envergadura en la historia de Chile. Esto no hace de este cuerpo una institución ejemplar en la materia en el pasado reciente. Para recuperar su pleno prestigio ante la ciudadanía y su rol en el orden democrático, debe terminar con una cierta cultura interna de no responder ante nadie por sus actos, incluyendo en algunos casos, como se ha visto, ilegalidades. Debe, en cambio, ampliarse una cultura de mayor convivencia con la rendición de cuentas ante la sociedad, la superioridad civil y los órganos contralores y de administración de justicia. Carabineros debe reformar en profundidad sus métodos de gestión y el control del uso de los recursos presupuestarios puestos a su disposición por la ciudadanía, además de acentuar la equidad de la distribución de sus recursos humanos y materiales en el territorio. La aguda demanda social de lucha inmediata contra la delincuencia no debe ser una excusa para dilatar o no realizar estas reformas indispensables.

 

El segundo problema es el de las violencias policiales (y militares, en su caso). Estas fueron generalizadas en el proceso de la rebelión social de 2019 y meses y años siguientes, con centenares de lesionados por la fuerza pública. Esto se tradujo en un maltrato generalizado a los miles de detenidos, incluyendo agresiones a mujeres, y la grave situación de daño a personas que terminaron con lesiones oculares irreparables por disparos de balines de goma y disparos horizontales de bombas lacrimógenas al rostro realizados por oficiales (lo que pude observar personalmente en la calle).

 

Se trata de delitos cometidos por quienes tienen el deber de proteger a los ciudadanos, incluso cuando se manifiestan, y no de perseguirlos, agredirlos o lastimarlos gravemente. Las policías (y los militares en los Estados de Excepción) deben ser un factor de control y no de ampliación de los desórdenes públicos. Las fuerzas del orden deben actuar a tiempo, lo que no siempre hacen, y simultáneamente autocontenerse. Si responden con violencia indebida, su rol pierde la legitimidad que requiere el control de las destrucciones de bienes públicos y de personas. Deben modificarse los conceptos que presiden la acción del personal de resguardo del orden público, sin olvidar nunca que el derecho a manifestarse es una garantía constitucional.

 

Por su parte, la retórica de violencia contra Carabineros, cuyo emblema es el «perro matapacos», es inapropiada, indefendible y nunca debe ser aceptada por ninguna fuerza política responsable. Los que la adoptaron frívolamente en algún momento debieran, como ha instado el Presidente Boric, revisar su sentido democrático y humanitario. Manifestarse y/o condenar las violencias policiales es una cosa, insinuar simpatías por matar a miembros de una institución pública es otra muy distinta. Se trata de personas que deben gozar del mismo derecho a la integridad y dignidad que cualquier otra. Y menos debe tolerarse bajo ninguna circunstancia la violencia delincuencial contra las fuerzas del orden público y los asesinatos de uniformados. Tampoco debe tolerarse de modo alguno que el derecho a manifestarse se transforme en sinónimo de agresiones a personas con o sin uniforme y destrucciones violentas de bienes comunes.

 

Así, el cambio de enfoque de Carabineros en la contención de los desórdenes públicos y la presión social de los que legítimamente se manifiestan sobre los que realizan destrucciones y violencias con el pretexto de manifestarse, se pueden combinar de manera virtuosa y cambiar la degradación de la situación en las calles desde 2019, lo que en alguna medida ya viene ocurriendo.

 

Los problemas descritos deben abordarse con la urgencia requerida. Pero nunca se debe abandonar el trabajo sistémico sobre las causas de la delincuencia. Estas son económico-sociales (ausencia de oportunidades laborales decentes y de inserción creativa en la vida activa, con 428 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni están ocupados en febrero de 2023, según el INE) y psicoculturales (individualismo negativo, degradación del respeto a las normas de convivencia, culto del matonaje y de la violencia, desvalorización del trabajo honesto como medio de vida y su mejoría como horizonte de cambio individual y social). Actuar sobre ellas en todos los ámbitos de la sociedad y por todos sus actores es lo que al final de cuentas logrará hacer retroceder la delincuencia, junto a una actuación policial y judicial apropiada.

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«Salud para todos» en el Día Mundial de la Salud

marzo 31, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Osvaldo Artaza
Por Osvaldo Artaza

Exministro de Salud

El Día Mundial de la Salud, que se celebra todos los años el 7 de abril, se centra cada año en un tema de salud pública específico. El tema de este 2023 es “Salud para Todos”, en el contexto de que OMS celebrará su nuevo aniversario bajo el lema “75 años mejorando la salud pública”.

En 1948, los países del mundo se unieron y fundaron la OMS para promover la salud, preservar la seguridad del mundo y servir a los vulnerables, de modo que todas las personas, en todas partes, pudieran alcanzar el más alto grado de salud y bienestar. Este año tenemos la oportunidad de celebrar éxitos evidentes de la salud pública, que han mejorado la calidad de vida de millones de seres humanos, y de reflexionar sobre los cambios en la estructura, gobernanza y herramientas que la OMS requiere para poder cumplir cabalmente el rol de autoridad sanitaria global.

La pandemia de COVID-19, señaló grandes debilidades para conducir la mayor emergencia sanitaria de los tiempos actuales. Los países actuaron de manera egoísta, se acapararon vacunas e insumos esenciales, los países más pobres más que nada fuimos objeto de experimentación y de limosna. Claramente, la institucionalidad de OMS no dio el ancho. Esta dura realidad no permite complacencia. Es el momento de sacar lecciones y desde allí, desde la evidencia, plantear reformas profundas.

Por otra parte, que lejos estamos de “Salud para Todos”, un lema surgido hace ya más de 40 años por los líderes del mundo en Alma Ata. Es cosa de ver las grandes e injustas diferencias en el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad. La salud en nuestro país aún no es un derecho para la gran mayoría de chilenos, por ello aún no es para todos.

En estos días se ha estado debatiendo sobre las isapres y las consecuencias financieras que un fallo de la Corte Suprema ha colocado sobre la sostenibilidad de dicho negocio. Es curioso, que en un país donde el 82% de la población tiene grandes dificultades para un acceso digno (es cosa de ver las listas de espera), el debate esté centrado en la suerte de una industria que vende seguros para el 18% restante. Quizás esto explica las dificultades para reformar la salud en Chile, ya que la única preocupación real está en lo que les suceda a las élites. Así jamás lograremos “Salud para Todos”.//ELF

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El siniestro camino del horror

marzo 21, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Pedro Vera Castillo

Académico Universidad de Concepción. Expresidente Federación Gremial de Académicos UdeC. Y expresidente Asamblea de la Civilidad Concepción

Han transcurrido casi 50 años del golpe militar que puso término al gobierno constitucional del presidente Allende y que terminó ese mismo fatídico día con su vida.

Luego vino la represión que terminó con miles de víctimas y con las más graves violaciones a los derechos humanos – por definición ejercidas por agentes del Estado – que registra nuestra historia republicana.

Hoy resulta imposible olvidar que esta dictadura se implementó como un gobierno cívico-militar cuestión que los propios actores civiles – aún hoy – pretenden olvidar o intentan negar su responsabilidad. Más bien aplauden la implementación de un modelo económico neoliberal que permitió la acumulación de grandes fortunas privadas y que generó índices históricos de pobreza con una cesantía desconocida y graves efectos sociales. Respecto de lo primero, las violaciones a los derechos humanos, dicen desconocer su existencia y no haber tenido información o la atribuyen a la violencia de “grupos armados” que intentaron resistir al gobierno. ¡Cuando no, a la campaña de desinformación implementada a nivel mundial por medios de comunicación controlados por la izquierda!

Aún hoy en día, estos civiles ocupan tribuna en el parlamento, en los medios de comunicación de la derecha (la gran mayoría por supuesto), en las redes sociales y pontifican respecto del desarrollo del país, de una nueva constitución, de los errores y “la incapacidad” del actual gobierno, conducidos todas y todos por un ex y reciente candidato presidencial, el primero en rendir honores al gobierno militar y a Pinochet.

Como siempre nos inspiramos en la buena fe, quisiera salir al encuentro de esas opiniones que denigran a quienes las emiten, y contribuir a refrescar la memoria de los lectores.

Pensando en estos 50 años, me resulta imposible aceptar la hipótesis de que las fuerzas armadas, contrariando sus deseos, se vieron forzadas a intervenir en una decisión tomada pocos días antes como producto de un acuerdo del Congreso Nacional, que debe evaluarse en función de sus consecuencias históricas, y basadas en su amor a Chile.

Viendo la magnitud de las atrocidades y violaciones a los derechos humanos cometidas de manera inédita en la sociedad chilena, resulta imposible pensar que el “lavado de cabeza” y “la siembra del odio” que llevó a miles de conscriptos jóvenes a aceptar, a participar y a guardar silencio – en la mayoría de los casos hasta ahora – frente a esas conductas inhumanas, haya sido cuestión de pocos días.

¿Qué contestarán esos civiles que aún hoy en día niegan esta evidencia? Que siguen sosteniendo que nuestras fuerzas armadas eran distintas a las de los países hermanos y que entregarían el poder rápidamente.

Como joven columnista, ya en esos años, escribí unas 3 semanas antes del golpe una columna denominada “La advertencia viene de Uruguay” en la que justamente señalé que el camino sería el mismo que el adoptado en ese país por el golpe militar: restricción absoluta a la libertad y persecución implacable de toda disidencia.

¿Cómo se puede hoy, desde la impunidad, seguir defendiendo y valorando un gobierno que llegó al poder gracias a un golpe militar y con una siniestra planificación del horror que desataría paso a paso sin vacilaciones?

Recordemos para refrescar la memoria de esos civiles – orgullosos de su gobierno – algunas de las víctimas y su investidura – ya que fueron ciudadanos ejemplares, con grandes servicios al país, y a los que no se les podía asociar de manera alguna con la participación en grupos armados (reales o inventados). Esta persecución y asesinato se llevó a cabo tanto en el país como en el extranjero.

Este fatídico proceso habría cobrado su primera víctima tan sólo 12 días después del golpe de estado, cuando nuestro poeta y Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda falleció en la Clínica Santa María de Santiago, supuestamente envenenado, según afirman sus familiares luego de conocer el último informe de los peritos entregado a la Jueza que lleva la causa abierta hace ya 12 años.

Pero en los casos que siguen no existe ninguna duda.

El 30 de septiembre de 1974, Carlos Prats González, exComandante en jefe del Ejército y ministro de Estado del presidente Allende, fue asesinado junto a su esposa, en un atentado explosivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El 6 de octubre de 1975, Bernardo Leigthon Guzmán, en la ciudad de Roma, Italia, sufrió junto a su esposa un atentado a balazos, que no les costó la vida pero que dejó a ambos con graves lesiones permanentes. Hay que recordar que Leighton fue parlamentario y ministro de Estado y que, por su capacidad de entendimiento y de buscar acuerdos, era conocido y respetado como “el hermano Bernardo” tanto por sus camaradas como por sus adversarios políticos.

El 21 de octubre de 1976, Orlando Letelier del Solar, exembajador extraordinario y plenipotenciario del gobierno del presidente Allende ante el gobierno de los Estados Unidos, fue asesinado junto con su secretaria por un atentado explosivo mientras se desplazaba en automóvil por la capital norteamericana, Washington D.C.

El 22 de enero de 1982, Eduardo Frei Montalva, expresidente de la República, falleció en la Clínica Santa María en la ciudad de Santiago, a la que ingresó en diciembre de 1981 para una operación de hernia al hiato de la cual nunca pudo recuperarse gracias a la intervención de los agentes del régimen que provocaron su muerte.

El 25 de febrero de 1982, Tucapel Jiménez Alfaro, líder sindical de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, es secuestrado mientras conducía su taxi y en un camino periférico de la capital del país, asesinado con balazos en la cabeza y posterior degollamiento.

El 30 de marzo de 1985, el país se estremeció con el triple homicidio por degollamiento de los militantes comunistas: Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada Maluenda y Manuel Guerrero Ceballos, encontrados en la comuna de Quilicura.

Casos que permiten ilustrar nuestra argumentación y que de ninguna manera son exhaustivos ni excluyentes. En todos ellos, los procedimientos judiciales han probado la actuación de los organismos de inteligencia de la dictadura.

¡Claramente, esto no se organizó ni se planificó en pocos días!

Necesitamos dejar atrás este horror, pero para ello se requiere una declaración solemne de las Fuerzas Armadas en su conjunto que le pida perdón al país, a las víctimas y a sus familiares, y que declare que este periodo deshonra el papel que el país le asignó y constituye una mancha inaceptable en su historia. Porque no, además, entregar toda información que los llamados “pactos de silencio” aún hayan impedido conocer para avanzar en “verdad y justicia”.

Sería una contribución ejemplar al reencuentro de nuestras mejores tradiciones democráticas y republicanas, al reconocimiento de su subordinación a la sociedad civil, y contribuiría a aislar y a dejar sin relato a los civiles que colaboraron y que aún defienden esa dictadura cívico-militar.

Es hora ya de exigirles a estos civiles un mínimo de decoro y que abandonen discretamente la vida pública para vivir la mentira de sus insensatos recuerdos. //ELF

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Por una democracia feminista (siempre por hacer)

marzo 8, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Fuente: Nuso.org (https://www.nuso.org/articulo/por-una-democracia-feminista/)

¿Qué herramientas nos proporciona el feminismo para profundizar la democracia? El feminismo de base del movimiento autónomo entiende la democracia como algo que se está haciendo continuamente, es decir que necesita de una sociedad organizada fuerte que empuje en forma constante por la redistribución del poder y los recursos. Su sujeto político es configurado por una suma de luchas en marcha.

Por una democracia feminista (siempre por hacer) La pregunta por el contenido de la democracia estuvo en primer plano en el ciclo anterior de protestas que se desencadenó como respuesta a la crisis de 2008 y a determinados contextos locales.

De Tahrir a la Puerta del Sol, de Syntagma a Plaça Catalunya o Zuccotti Park en Nueva York, los manifestantes invocábamos una y otra vez el significante «democracia». Pero ¿qué democracia? No era la de los partidos, la de las cámaras de diputados clausuradas para las necesidades y voluntad de las mayorías; era una «verdadera», que construiría poder ciudadano contra la dictadura financiera, los intereses particulares y los políticos profesionales. Allí se impugnaba un sistema de representación que no alcanzaba; una reivindicación que hoy parece aparcada ante necesidades más urgentes: frenar el cambio climático –problema que está ahí y cuyas soluciones parecen muy lejanas, pero que lo modifica todo– o el ascenso de las extremas derechas y los posfascismos, que en algunos lugares identificamos como la mayor amenaza a estas democracias imperfectas que ayer desafiábamos.

Entonces estábamos frente a un punto de bifurcación: si no se lograba frenar la salida antisocial a la crisis, y si en lugar de la profundización democrática arraigaba el miedo, llegarían los «hombres blancos cabreados» (angry white man) y una parte de la población los seguiría. Pero en ese entonces no lo sabíamos.

No sabíamos que elementos como Donald Trump o Jair Bolsonaro acabarían gobernando sus países. En esos días, el problema era entender que, más que un conjunto de instituciones –elecciones, partidos, Parlamento–, la democracia por la que luchábamos estaba definida como la distribución-disolución social de toda forma de poder, la igualdad radical en la participación política y en la distribución de la riqueza y el reconocimiento del poder constituyente como la fuente raíz de esta democracia, como explica Emmanuel Rodríguez1.

Hoy en Europa ya no hablamos de esto, sino de «cordones sanitarios» o «democráticos», es decir, grandes coaliciones que dejen fuera a la ultraderecha, «frentes populares» y «votos útiles para frenar al fascismo». Nada de ello profundiza la democracia, nada de ello sirve para redistribuir más poder o recursos, más bien todo lo contrario: es funcional a la hipótesis conformista del mal menor. De pronto, abrimos una puerta y al otro lado solo había un muro.

Encontramos así dos líneas de fuerza. Una primera que dice que la democracia es siempre imperfecta y que necesita estar continuamente haciéndose –de ahí la necesidad de proteger con extremo cuidado el derecho a la protesta y la contestación, a pesar de las tensiones que pueda generar en el propio sistema–. Esta es una política que se construye como creación, como acto de autoinstitución social, y que determina que la única Constitución democrática es la que experimenta «una innovación continua», en palabras de Antonio Negri2.

Otra línea, en un sentido opuesto, asegura que la democracia debe ser protegida como un niño frágil de la amenaza de la ultraderecha, incluso a veces socavando sus propios principios –con determinadas restricciones al habla pública, con nuevos delitos de odio, con nuevas limitaciones a la protesta–, cuyo objetivo declarado es reducir la capacidad de influencia social de estos nuevos ultras y dirigir toda la energía política a frenar su ascenso. Se nos presentan como dos líneas divergentes: «si queréis democracia, conformaros con lo existente y no pidáis más».

En este sentido, la emergencia de los posfascismos está siendo instrumentalizada por algunos partidos para intentar revertir la crisis de legitimidad de la política institucional, del propio proyecto neoliberal y de sus comparsas, incluidas la fuerzas socialdemócratas en sus vertientes social-liberales. Sin embargo, el verdadero «frente antifascista», el único que quizás sí tenga posibilidad de recuperar la democracia, es el que se propone ampliarla, el que trata de dar respuestas a la crisis de representación imaginando y dando lugar a formas políticas que mantengan vivo el vínculo entre el poder distribuido en el cuerpo social y las instituciones que lo sostienen, apostando por las luchas que pueden dar lugar a una redistribución del poder y los recursos.

Un temblor morado

En los últimos años se activó otro ciclo de movilizaciones con carácter global y potencial democratizador, que tuvo su epicentro en América Latina y los países del sur europeo, con sus propias declinaciones o temblores en el resto del mundo: el grito feminista. Si la propuesta de los posfascismos está articulada a partir de los ejes de género, raza y nación, las luchas de las mujeres son un lugar privilegiado para confrontarlos.

La agenda antigénero tiene un papel relevante en el ascenso o la presencia pública de estas opciones ultras y forma parte de una clara estrategia para conseguir poder –institucional, mediático o social– que en Europa central y oriental y América Latina es utilizado claramente para socavar la democracia liberal. Para explicar su éxito, sin embargo, tendremos que retroceder algo más, hasta el surgimiento del neoliberalismo y lo que han supuesto estos 40 años de dominio, lo que han dejado sus formas de gobierno sobre el planeta y nuestras subjetividades.

Como explica Wendy Brown, estas derechas se han alimentado de los modos de subjetivación y de la destrucción de los mundos comunes que ha impuesto la regulación neoliberal desde finales de los años 703. Este aspecto micropolítico es clave en la estrategia de generar una cultura antidemocrática desde abajo. Si sus discursos que se basan en la libertad y la moral para justificar sus exclusiones y ataques a la democracia, a la igualdad racial, de género y sexual, a la educación pública y a la esfera pública, son las privatizaciones masivas, el ataque a los derechos sociales, pero también el asalto a la misma idea de lo social y la sociedad los que han preparado el terreno para su emergencia.

Por tanto, defender la democracia contra los posfascismos implica en realidad acudir a su raíz, recuperar su sustancia cuando esta se despoja de su corsé liberal. Una sociedad es democrática únicamente cuando reconoce que la libertad solo puede remitir a la igualdad. En palabras de Emmanuel Rodríguez, y dicho en términos clásicos: «Solo los iguales pueden ser libres, y solo los libres pueden ser iguales.

La república de los iguales es aquella que reconoce y hace efectiva para todos la libertad política fundamental: la participación en toda forma de poder explícito. Y tal condición exige la supresión de todo privilegio».

Los feminismos tienen mucho que aportar a esta propuesta. Pero ¿qué feminismo? Si nos hemos preguntado por el contenido de la democracia, no podemos continuar sin hacerlo por el de los feminismos. Es indudable que hoy existe un movimiento diverso con diferentes propuestas y visiones que están relacionadas también con distintos intereses de clase.

La cuestión de cómo se concibe la igualdad dibuja la principal demarcación. Simplificando mucho, una de las líneas de fractura más evidente es la que divide entre quienes concebimos el feminismo como una herramienta de transformación del sistema, que necesariamente tiene que estar vinculada con otros procesos de contestación en marcha –no es solo un posicionamiento teórico, es una práctica política–, y aquellas cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres dentro de los marcos de lo existente: su 50% del infierno.

Este feminismo liberal concibe la igualdad con los hombres dentro de cada estrato social pero manteniendo la jerarquización social intacta. Y esto es así porque la entiende como igualdad formal, de oportunidades, no como igualdad real, material, de condiciones y posibilidades de vida. Por ello, las medidas que propone son políticas muy centradas en superar el «techo de cristal», pensadas para que algunas mujeres lleguen a los lugares de poder social.

De hecho, esta posición liberal coincide con lo que hasta hace poco han sido las líneas fundamentales del feminismo institucional mainstream. Como explica Susan Watkins, el enorme empuje del ciclo feminista de luchas de las décadas de 1960 y 1970 quedó institucionalizado internacionalmente en un proyecto político que consistía en incorporar a las mujeres a los estratos empresariales y profesionales del orden existente4.

El discurso del «empoderamiento» de las mujeres desde esta perspectiva liberal es, desde hace mucho tiempo, un mantra del establishment global y una línea fundamental del feminismo de las organizaciones internacionales –Organización de las Naciones Unidas (onu), Banco Mundial, etc.–. Un proyecto vinculado a las políticas oficiales de desarrollo que fomentaban el sector privado y promovían la incorporación masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo –como mano de obra barata–; o su inclusión en la economía formal mediante el emprendimiento a través de la economía de la deuda y el sistema financiero –como lo hizo el programa de promoción de microcréditos a mujeres pobres–.

Así, dice Watkins, la agenda feminista global sirvió para impulsar las nuevas doctrinas y prácticas neoliberales. Sus principales consecuencias han sido que los avances en la igualdad de género, que indudablemente se han producido a escala global, hayan ido acompañados de un aumento de la desigualdad económica y del empeoramiento de las condiciones de vida en todo el planeta, también en muchos de aquellos países incorporados al «desarrollo».

«Igualdad en el colapso» podría ser su lema. Feminismo del desborde El nuevo ciclo de movilizaciones feministas de los últimos años ha desbordado completamente la agenda de paridad liberal –o neoliberal– que había devaluado la potencia de los feminismos como movimiento social después de la ola de los años 60 y 70, según explica Raquel Gutiérrez Aguilar sobre la experiencia latinoamericana5.

Algo que también podemos aplicar a los feminismos de base europeos con un fuerte acento anticapitalista –y más presencia en el sur–. Sorprende la fuerza del feminismo latinoamericano que ha estado presente en las revueltas chilenas que han dado lugar a una Convención Constitucional; la «marea verde» que ha inundado las calles hasta conseguir el derecho al aborto en Argentina; las feministas bolivianas que se organizaron en la Asamblea de las Mujeres para frenar el golpe mientras declaraban su independencia de todo gobierno. Mientras tanto, en México, la brutalidad de los feminicidios ha desatado multitudinarias manifestaciones y disturbios protagonizados por mujeres. Estas nuevas rebeliones que han desbaratado la lógica del feminismo liberal se han levantado sobre la urgencia de las vidas perdidas, los feminicidios –#NiUnaMenos–, las violencias sexuales, pero también sobre las muertes por abortos precarios y la imposibilidad, incluso después de décadas de lucha, de decidir sobre la propia maternidad –la agenda de derechos sexuales y reproductivos–.

El desborde se ha producido, según Gutiérrez, por una renovación de las claves feministas –la ampliación de sus sujetos de lucha, sus demandas y sus debates–, donde las movilizaciones de carácter radicalmente autónomo han tenido un fuerte componente de feminismos comunitarios, decoloniales y populares. Estos feminismos renovados han sabido «superar» la cuestión sexual –o no quedar atrapados en el pánico moral y la victimización, y la posición de demandante de protección estatal que esta implica–. Es decir, han conseguido conectar la lucha contra las violencias machistas con el resto de las violencias estructurales e institucionales –de los Estados, entre ellas las policiales– y las que se derivan de ser pobres o de estar en prisión, además de aquellas producidas por la explotación de la naturaleza, el extractivismo y la explotación neocolonial de los territorios.

Las luchas feministas latinoamericanas han puesto el cuerpo en todas estas luchas que nos recuerdan cuál es la relación entre el proceso de globalización capitalista, el nuevo proceso de acumulación por desposesión y la escalada de violencia contra las mujeres, líneas feministas que vienen de autoras como Silvia Federici6 o Maria Mies. Para Mies, «el capitalismo no puede funcionar sin el patriarcado, ya que el objetivo de este sistema, es decir, el proceso de acumulación continua de capital, no puede lograrse a menos que se mantengan o se recreen las relaciones hombre-mujer» y lo justifica precisamente en la necesidad que este proceso tiene del trabajo de cuidados no remunerado7, es decir, de la reproducción gratuita o semigratuita de la mano de obra.

De esta reflexión que hace la economía feminista sobre el trabajo proviene la aportación política más potente y con mayor capacidad de devolver su sentido a la palabra democracia: la de reorganizar la sociedad a partir de la preservación y la defensa de la vida –vidas vividas en condiciones, vidas que se abren a la potencia del ser y no de la acumulación de beneficios–. Muchas de las luchas más importantes de la época tienen una vertiente reproductiva: por el derecho a la salud o la educación, a la vivienda y otros servicios públicos, por la seguridad alimentaria, contra la contaminación provocada por el agronegocio, contra el cambio climático, por un cuidado digno en la vejez y buenas condiciones para el trabajo doméstico o por la renta básica universal… El feminismo de los últimos años las encarna, las atraviesa o se compone con ellas.

Armar alianzas de iguales

La tarea de organizar la fuerza colectiva que encarne ese proyecto solo puede partir de feminismos que no funcionen como identidad, sino que sumen a los hombres y a las personas que no encajen en este esquema binario en la lucha contra el sexismo y en la reivindicación de una democracia de iguales: un proyecto de cambio que se construya colectivamente y de forma antiautoritaria.

Para hacer esto, se han tejido alianzas prácticas en conflictos concretos. Precisamente, una de las virtudes del feminismo latinoamericano, dice Gutiérrez Aguilar, es que está teniendo capacidad para conectar las luchas, por ejemplo, entre el movimiento indígena y el movimiento feminista. Según Verónica Gago, «hoy una revuelta, un paro, una ocupación popular, indígena, comunitaria, al mismo tiempo tiene en su interior perspectiva feminista»8. Lo mismo sucede en Europa, donde las alianzas más prometedoras son aquellas en las que el feminismo se compone con la movilización de las personas migrantes o racializadas en su lucha contra las leyes de extranjería, contra el racismo o por los derechos laborales de los sectores donde abunda esta mano de obra y se dan condiciones de hiperexplotación: trabajadoras domésticas, sector agrícola, trabajo sexual, etc… Un nuevo sindicalismo feminista está naciendo.

En Estados Unidos, el feminismo también ha tenido un papel destacado en las movilizaciones más importantes que se han producido en este país desde la década de 1970: las de Black Lives Matter [Las vidas negras importan], que han puesto el foco en las violencias institucionales racistas y sexistas desde una perspectiva antipunitiva. No en vano en este movimiento ha estado muy presente la demanda de abolir las prisiones y «desfinanciar» a la policía para, en su lugar, llevar educación y servicios a los barrios pobres de mayoría afroestadounidense.

Desde allí nos llegan ejemplos de movilizaciones que trascienden los debates abstractos o mediáticos sobre el «sujeto del feminismo» y generan alianzas prácticas como las que se produjeron en Nueva York o Hollywood, donde miles de personas marcharon bajo el lema «Las vidas trans negras importan». La capacidad del feminismo para «hacer democracia» radica pues en la posibilidad de tejer frentes amplios, en la posibilidad de manifestarse y atravesar los conflictos concretos que muchas veces no se identifican como luchas «de mujeres», sino «de todos». Por ejemplo, en algunos lugares donde las opciones de extrema derecha han llegado al poder –Brasil, Polonia, etc.–, las manifestaciones feministas y el propio movimiento han sido percibidos como un lugar fundamental, a veces el principal, de oposición a los gobiernos ultras.

En Polonia, por ejemplo, en las manifestaciones por la defensa del derecho al aborto llegaron a movilizarse sectores sociales de todo tipo: transportistas, taxistas, en defensa de la libertad de prensa, etc… Además, la plataforma feminista polaca All-Poland Women’s Strike [Huelga de mujeres de toda Polonia] amplió sus demandas más allá de las reivindicaciones lgtbi+ y de las mujeres y acabó incluyendo otros reclamos: derechos laborales, separación entre Iglesia y Estado e independencia total del Poder Legislativo, como explica Magda Grabowska9.

En todas partes, las luchas feministas con capacidad de ampliar la democracia están junto a todos aquellos y aquellas que defienden las libertades conquistadas que nos permiten dar batalla con más capacidad.

¿Una nueva fase de institucionalización?

El feminismo se está articulando con otras luchas alrededor del mundo y forma parte de un impulso democratizador que pone en el centro la cuestión de la igualdad. Sin embargo, en muchos países, sobre todo aquellos que han atravesado con más intensidad las revueltas de valores del 68, se ha convertido también en un amplio consenso que forma parte del sistema que se quiere cuestionar. Hoy probablemente nos estemos enfrentando a un nuevo proceso de institucionalización de la actual ola feminista que avanza con intensidades diferentes según las regiones.

Las grandes movilizaciones de los últimos años han aumentado en gran medida el capital político de mostrarse públicamente como feminista –y no solo para la izquierda, aunque sí en especial–. Presidentas del Fondo Monetario Internacional (fmi) o de grandes bancos se han declarado feministas e incluso algunas líderes de partidos de extrema derecha europeos10. Evidentemente, esto no sucede en todas partes, en muchos países hay guerras muy virulentas en marcha y mostrarse como feminista tiene costos políticos y vitales importantes. Sin embargo, en otros, el feminismo –liberal– distingue y «tiene premio» dentro del juego de los discursos políticos de la democracia representativa.

En países europeos como España, este feminismo se ha convertido en ideología «oficial» –parte del mainstream– y por ello las extremas derechas pueden presentarse como «antisistema» cuando lo confrontan. Con estas dificultades se encuentra el feminismo de base: los ataques de los fundamentalismos cristianos y las extremas derechas y el hecho de que sea fuente de legitimidad y distinción para la izquierda –y buena parte de la derecha–. El feminismo institucional –más allá de las políticas públicas más tradicionales– se identifica de manera abrumadora con la cuestión de la paridad.

Este es el discurso de la presencia de mujeres en posiciones de poder, o en posiciones de prestigio social –nadie demanda paridad en los campos italianos o españoles donde se hiperexplota a inmigrantes, ni en el sector de la construcción sino, como mucho, igualdad de salario y de derechos–. Se sobreentiende falsamente que más mujeres implica más políticas feministas.

La pregunta es: ¿qué cambia esta presencia de mujeres en lugares de poder, más allá de las cuestiones simbólicas? ¿A quiénes representan estas mujeres que llegan, si no a las de su propia clase? Desde los feminismos de base respondemos que el poder que necesitamos no es el poder de «representar» a las mujeres en los escalones más altos de la estructura social, sino el que emana de los proyectos colectivos, la única posibilidad real de mejorar la vida de todas las mujeres, sobre todo de las que están más abajo. Como decíamos, el feminismo puede ser un discurso que distingue, que permite la integración de determinadas mujeres en los circuitos del poder con mayúsculas –ya sean socialdemócratas o neoliberales–. El problema al que nos enfrentamos aquí es el de la representación: determinadas mujeres se convierten en supuestas mediadoras entre el movimiento y las instituciones, y por tanto, en «traductoras» en políticas públicas de la enorme potencia desplegada por los movimientos de base. De ahí también la obsesión por el «sujeto» del feminismo –quién puede formar parte y quién no, sobre todo en referencia a la discusión sobre la inclusión de las personas trans–. Muchas de las que se erigen en vigilantes de las fronteras del feminismo son aquellas que pretenden representar a «las mujeres» en estas instancias estatales. Así ha sucedido por ejemplo en España. Para este feminismo oficial, desestabilizar la categoría «mujer» pone en peligro las políticas de afirmación positiva o de protección de las mujeres –entendidas en gran medida como víctimas–. Este feminismo transexcluyente asegura luchar contra el género pero en realidad lo reafirma, porque lo ha convertido en eje de sus demandas de inserción en las políticas estatales.

Profundizando un poco, descubrimos los hilos que permiten entender este debate como destinado en gran medida a confrontar a ese feminismo de base de carácter más transformador, que ha sido mayoritario en el impulso de las movilizaciones de esta última ola y mucho más cercano al «transfeminismo». Es decir, a un feminismo que identifica las luchas lgtbi+ como propias, que es inclusivo con las personas trans –y las trabajadoras sexuales– y para el que son centrales las alianzas con otros movimientos por la transformación social. Aquí nos enfrentamos otra vez con el significado profundo de la democracia. Según Gutiérrez Aguilar, el problema con la concepción liberal de la política no es la representación en sí, sino cómo esta se organiza a partir de mecanismos delegativos que separan a los gobernantes de los gobernados.

Esta delegación ha reforzado el gobierno neoliberal del mundo a través de una democracia que, como hemos dicho, cada vez más se identifica con su forma procedimental, que está estructurada a través de partidos y ultrarreglamentada, «en la cual la representación va a ser siempre una representación en ausencia, donde los representados están ausentes y están callados»12. Para esta pensadora mexicana, precisamente una «política en femenino» es una política no estadocéntrica, en tanto lo que busca es la «producción de lo común», identificada con la reproducción en conjunto de la propia vida.

El marco es esta impugnación de la política liberal que sitúa a los individuos solos y aislados frente al Estado, mientras que la política de lo común se establece a partir de la construcción de un «nosotras» colectivo que se gesta en los lugares de encuentro, en el hacer juntas13. Profundizar la democracia desde el feminismo supone pues la existencia de movimientos y movilizaciones autónomas. Formas de componernos que no ignoren la importancia del Estado, sino que establezcan y afirmen la posibilidad de que haya política más allá de él. No implica desconocer los derechos alcanzados, ni dejar de pensar en cómo usar nuestra fuerza para conseguir otros, sino afirmar que los derechos inscritos en el Estado son totalmente insuficientes para nosotras –e incluso que pueden debilitar los componentes emancipatorios de las luchas–.

Esto sucede por ejemplo en un tema esencial para el feminismo: el de recuperar la autonomía corporal frente a las agresiones. No queremos ser reducidas a víctimas necesitadas de protección estatal, y de hecho, no todos los cuerpos feminizados pueden recibir esta protección –para muchos de ellos el Estado no solo no protege, sino que es una de las principales fuentes de la violencia y opresión que sufren, ya sean migrantes sin papeles, prostitutas o trans–. A veces parece que olvidamos que el Estado sigue siendo una máquina de dominación y que los derechos convergen siempre con poderes de estratificación social y líneas de demarcación social en modos que a veces amplían y otras veces atenúan esas mismas dominaciones y fronteras sociales. Volviendo a Wendy Brown, no hay que olvidar que los derechos surgieron como un medio de protección frente a los abusos arbitrarios del soberano y del poder social; pero también como un modo de asegurar y naturalizar los poderes dominantes de clase, género, etc.14.

Aunque los discursos se han transformado profundamente desde el feminismo de la década de 1970 –que todavía hablaba el lenguaje de la liberación y que acompañaba la oleada revolucionaria del 68– y hoy se codifican cada vez más las demandas de los movimientos en términos de derechos, el horizonte sigue siendo la emancipación de todo poder, no la protección estatal. La verdadera democracia se realiza en la exigencia de compartir ese poder, no en regularlo para protegerse, recuerda Brown. Es en las luchas por la vida, en los espacios de autonomía de lo social, donde podemos reconocer otras formas de política no liberales –de democracia directa–, ya sean indígenas, feministas, del sindicalismo social, por los bienes comunes, espacios de apoyo mutuo, cooperativas u organizaciones políticas de base. Es decir, que no están organizadas a través de mecanismos de delegación. Un movimiento de base fuerte tiene además la capacidad de reconstruir la ruptura del lazo social impulsada por el neoliberalismo que, como decíamos, ha posibilitado el arraigo de las ideas posfascistas.

La organización por abajo, la que hace continuamente la democracia, es la mejor barrera para frenar su avance. Por tanto, no necesitamos que hablen por nosotras y no todas las revueltas son traducibles en términos legislativos, sino que sus experiencias producen experiencias «no representables»: espacios de autosostenimiento de la vida que generan alternativas sin esperar la sanción estatal; espacios y prácticas que abren caminos posibles para imaginar y llevar a cabo salidas a la crisis ecológica o social; lugares donde elaborar sentidos y lenguajes comunes necesarios para transformar la sociedad y la cultura.

En las luchas feministas de los últimos tiempos, vislumbramos esta exigencia de ir más allá de la democracia representativa, de hacerla «real». //ELF

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La corrupción de las Isapres: ¡Es un escándalo!

enero 27, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma 

Economista, exministro y militante DC

En agosto de 2010 se publicó un fallo del Tribunal Constitucional estableciendo la inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la ley de ISAPRES.

Dicho artículo permitía a las ISAPRES cobros diferenciados por sexo y edad, por lo que, al decretar la inconstitucionalidad y derogar la norma, las ISAPRES no podían continuar aplicando Tablas de Factores diferenciadas.

La mayoría de las ISAPRES abiertas (es necesario aclara que no todas) a las que cualquier persona puede afiliarse, hicieron caso omiso de dicha resolución, manteniendo la vigencia de las Tablas discriminadoras establecidas en cada uno de los contratos individuales.

Esta decisión de las más grandes ISAPRES motivó cientos de miles de juicios iniciados por particulares en contra de dicho comportamiento, juicios que uno a uno fueron perdiendo. Pero ello no modificó su comportamiento, ya que sólo modificaban los contratos en cada caso fallado, pero mantenían las Tablas discriminadoras para la mayor parte de sus cotizantes.

El año pasado, la Corte Suprema estableció definitivamente que, entre agosto del 2010 y el presente, las ISAPRES habían estado incumpliendo la ley al continuar discriminando por sexo y edad en base a los contratos vigentes, y que debían ajustar sus cotizaciones a la Tabla de Factores fijada por la Superintendencia y devolver a cada cotizante lo cobrado en exceso.

No se cuál es el término técnico para referirse a lo cobrado en exceso, tal vez es apropiación indebida, dinero mal habido o puede haber expresiones más fuertes, lo cierto es que las ISAPRES, pero más bien sus Directores y Gerentes, con el silencio de la Superintendencia, o los Superintendentes, sabían que obtenían sus utilidades con dinero que no les correspondía recibir, y por un monto no menor, más de 200 mil millones de pesos anuales que, al multiplicarlo por el número de años en que se materializó este sobreprecio da una cifra en billones de pesos (un billón es un millón de millones).

Claro que la Corte ha establecido que no todo lo apropiado indebidamente debe ser devuelto, sino sólo lo obtenido a partir de abril de 2020. Pero las ISAPRES afectadas tendrán que ajustarse a la Tabla de Factores y dejar de discriminar, lo que significará una merma de similar magnitud en sus ingresos, teniendo un efecto catastrófico en sus resultados finales: de tener un resultado operacional por un 13% de sus ingresos y utilidades por un 2%, pasarán a tener un resultado operacional por un 6% de las cotizaciones y una pérdida por el 6% de ellas (unos 150 mil millones de pesos anuales).

Sumando y restando, las utilidades de estas ISAPRES que no se ajustaron a la Tabla de Factores y siguieron discriminando por sexo y edad se deben exclusivamente a dichas discriminaciones y a la omisión en cumplir la ley. Nadie podrá sostener que esto fue por un error o que no hubo voluntariedad en el incumplimiento de la normativa. Se dejó de cumplir la ley porque eso garantizaba las utilidades a estas empresas.

Entonces cabe preguntarse, si ahora tendrán pérdidas, ¿cómo van a devolver lo que les ha mandatado la Corte Suprema?

Un conjunto de exsuperintendentes, que incluye a dos que ejercieron el cargo en el período en que las ISAPRES incumplieron la ley, han planteado que se debe modificar el precio base para que el resultado de las ISAPRES, de ahora en adelante, sea el mismo que les permitió tener utilidades, es decir, plantean que se debe salvar a estas empresas, tal vez para que tengan los ingresos para devolver lo que deben.

Pero no lo dicen de esa forma y, aunque fuera esa la intención, es claro que sin ajustes de una magnitud difícil de cumplir, estas ISAPRES no tendrían derecho a retirar utilidades durante un período de unos 30 años. Hay que buscar una solución a este problema, pero no se puede hacer como si nada hubiera ocurrido.

Por cierto, si se salva al sistema ISAPRES, que queda demostrado no es económicamente eficiente y en parte se mantiene por la escandalosa corrupción que ha quedado a la vista, no pueden continuar los mismos gestores y propietarios responsables del ilícito. Los responsables deben asumirlo. Así también quienes no fiscalizaron correctamente si tenían las facultades para ello. //ELF

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