En la Fontana

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Rescate financiero a Municipios, una prioridad

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Por Jorge Pizarro 

Senador DC 

Se proyecta a fin de 2020 un hoyo financiero de 800 mil millones de pesos. Ese es el panorama de la mayoría de los municipios del país. Así me lo plantearon alcaldes de nuestra región, demanda que llevamos al Gobierno a través de Hacienda, Dipres y Subdere, pero no han recogido el guante. Las arcas de las municipalidades rurales más que nunca están sufriendo la falta de ingreso, así como las comunas de la conurbación. La necesidad es también nacional, como nos hizo saber la Asociación de Municipios. E insisto… todavía no hay respuesta del Ejecutivo.

Los ediles solicitaron un rescate financiero, ya sea a través de partidas del próximo Erario, adelantando recursos del Fondo Común Municipal (donde ha habido retraso), o bien se les entreguen créditos que pudieran ser reintegrados una vez se recuperen de la crisis financiera. Sin embargo, persiste la excusa que el Fisco ha dejado de percibir 7mil millones de dólares. Aquello es una situación conocida como consecuencia de esta pandemia, pero la capacidad de reacción del Estado debe abarcar por sobre todo el bienestar de la comunidad. Esto es una prioridad.

Los municipios tienen la tarea y responsabilidad de apoyar de manera más directa a las personas: la atención primaria de salud, servicios básicos como retiro de basura y alumbrado público, entre otros. Este deterioro significa recorte de programas de desarrollo local, despido de personal, incluso incumplimiento en el pago de deudas previsionales e impedimentos para mantener servicios a las comunidades más vulnerables. Algunos municipios estarán en corto tiempo al borde la insolvencia.

Por ello es fundamental este rescate luego de ver disminuidos sus ingresos con menores pagos en permisos de circulación, patentes, y la merma en pago de licencias de conducir. No es un asunto de voluntad política, es una demanda transversal y cuyos efectos no son acotados, sino a toda la comunidad. Y el gobierno, aún no se manifiesta. //ELF

Falso positivo

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Por Sergio Velasco

Presidente del centro de estudios Pensar Chile en San Antonio.

Dicen los que saben, que todo tiempo pasado fue mejor, parece que en el caso nuestro no ha sido así. Sufrimos de plagas, terremotos, tsunamis, incendios feroces, sequías larguísimas, las que estoicamente hemos superamos entre todos.

La madre naturaleza nos pega fuerte, sin piedad alguna, ahora como si fuera poco la letal pandemia que cubre al mundo entero, nos ataca donde más fallamos, como si conociera nuestra debilidad: la salud pública.

En consecuencia, hoy en día creo que gran parte de la población se ha familiarizado con una jerga médica que antes de covid 19, no utilizábamos, ni intentábamos entenderla.

Poníamos poco interés en ello, retirándonos a espacios de mayor comodidad, o simplemente vivíamos en el pequeño círculo de la ignorancia.

Entregamos el control total a los expertos en el manejo de las complejas situaciones y causas que afectaban a la comunidad en temas sanitarios.

No somos la excepción y al igual que en el resto del planeta, comenzaron a aparecer una cantidad inusitada de epidemiólogos, con una variedad de hipótesis que desean imponerlas como verdaderas y resultan que no son más que falsos positivos.

Crean confusión, desorientación, y alarma, en vez del desesperado alivio que se requiere en estas aciagas horas.

Especialmente para los sectores a quienes les han robado la posibilidad de mantener la esperanza en un día futuro, en que puedan encontrar la vacuna salvadora que definitivamente erradique la mortal enfermedad.

No es una misión imposible si se deja a un lado el espíritu mercantilista del proceso de elaboración de la misma.

Permítanos que sea la humanidad toda quien cruce la meta final y no un grupo exclusivo que está compitiendo por ver quien logra en llegar primero, asegurándose la mayor tajada del pastel del negocio de los medicamentos en el mudo de hoy.

Hay quienes acaparan para sí, poder, fama y fortuna, quizás un merecido Premio Nobel, fruto de sus denodados esfuerzos, en el ámbito en que atraviesa la comunidad internacional, tambaleándose todo el entramado de su enorme poderío bélico, económico y científico, ante un virus imbatible.

Al que hasta el momento no han podido vencer.

En medio de esta pandemia, a un año del estallido social del 18-O, nos encontramos con otro desafío, como es ganar con el APRUEBO el 25 de octubre será tan grande como el histórico triunfo del NO, donde chilenos y chilenas, van a conquistar su independencia de una constitución que solo representa los intereses y beneficios individuales de unos pocos

La espuria carta magna del 80 impuesta por la fuerza de las armas, sobre una ciudadanía indefensa de sus mínimos derechos y garantías, tenemos que cambiarla: Eduardo Frei Montalva, como lo señalara en el Caupolicán, es la ilegitimidad del texto en su totalidad, representando unitariamente a toda la oposición a la dictadura cívico-militar.

Fue un acto heroico para el ex-presidente vilmente asesinado en su lecho de enfermo, como también para todos los que estuvimos presente y fuimos parte de la rebelión pacifica, ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Una lección de unidad en los propósitos y los objetivos que iban más allá de los personalismos o caudillismos los que empaña la política y decepcionan a la juventud.

Violentistas de ambos extremos, no caben en esta sociedad cansada de ser víctima de los apetitos de unos pocos, ante una mayoría que desea un país inclusivo, para vivir en paz.

Por ello debemos estar vigilantes que sectores ajenos al proceso intenten empañar el acto plebiscitario. Estableciendo a priori la paridad de género en los convencionales electos

El falso positivo es hacer creer a los y las ciudadanas, que la nueva constitución “per se” resolverá en forma inmediata todos los problemas que arrastramos por décadas.

Lo que si abra será una mayor participación en el destino del país.

A no olvidar que el poder por si mismo no consigue ser efectivo si no se convierte en virtud, y si este no se pone al servicio del pueblo, sin excluir a nadie, buscando como horizonte primario la reconciliación nacional.

Chile está compuesto de hombres y mujeres libres que hemos alcanzado la madurez política para reconocer al de enfrente como igual a mí y que sus garantías estarán protegidas en ese acuerdo nacional que será la nueva Constitución Política de la República: “al margen de ella nada, por encima de ella nadie”.

Columna de Daniel Matamala: La democracia enferma

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile 

Para el cientista político Francis Fukuyama, “una medida básica de la salud de una democracia moderna es su capacidad para extraer legítimamente impuestos de sus élites”. Bajo ese parámetro, nuestra democracia está enferma. Y hay quienes pretenden subirle aún más la fiebre.

Hoy Chile recolecta apenas el 21,1% de su PIB en impuestos; cuando los países de la OCDE tenían nuestro mismo nivel de desarrollo, recaudaban en promedio el 34%. Es una brecha insostenible, que obligará a subir impuestos para financiar los gastos que vienen en pensiones, programas sociales y el endeudamiento por la pandemia.

La pregunta es quién pagará esa cuenta. Desde el CEP y Horizontal se plantea una respuesta: aumentar el IVA. Ministros y algunos parlamentarios la valoran, y la idea crece como bola de nieve.

Eso sería cargarles de nuevo la mano a los más vulnerables, e impedir que la discusión tributaria se centre en los impuestos que paga (o, mejor dicho, no paga) la élite que concentra el poder económico y político.

Porque ese chancho está muy mal pelado en Chile.

Veamos: el IVA castiga más a las familias más pobres, que deben consumir todo lo que ganan (o más, vía endeudamiento). Según el SII, el 10% más pobre de Chile gasta un cuarto de sus escasos ingresos en pagar IVA: el 25,4%. Los hogares más acomodados, en cambio, pueden ahorrar o invertir buena parte de sus ingresos: el 10% más rico sólo destina el 7,2% a IVA.

Según el doctor en Derecho y experto en tributación Francisco Saffie, el sistema tributario chileno “está diseñado para privilegiar a unos pocos, así de simple”. Es cosa de compararlo con los países de la OCDE para ver su anomalía.

Chile recauda por IVA el 41,6% de sus impuestos. En la OCDE es menos de la mitad: 20,2% en promedio. En cambio, el impuesto a la renta que pagan los sueldos más altos recauda el 23,9% en la OCDE y apenas el 9,7% en Chile. Sí, en algo sí somos líderes en la OCDE: en impuestos que castigan más a los que menos tienen, y apenas tocan a los que están arriba de la pirámide económica.

Como dice el ex director del SII Javier Etcheberry, en materia tributaria “a la élite le gusta mantener sus privilegios”. Y estos son enormes.

En Chile, si usted compra un kilo de pan o arroz, debe pagar religiosamente el 19% de IVA. Si compra un pasaje aéreo a Miami o al Caribe, en cambio, está exento: paga cero. Ahora piense: ¿a quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

En Chile, un ciudadano común debe pagar completo el impuesto específico a los combustibles. Excepto que sea dueño de camiones, en cuyo caso, vía menor impuesto al diésel y devolución de lo gastado, puede terminar pagando la vigésima parte (sí 1/20) de lo que pagó usted. Ahora, si es dueño de una minera o una industria, la cosa es aun más simple: no paga un solo peso. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

En Chile, si usted gana un sueldo de $ 700 mil por su trabajo, debe pagar impuesto a la renta. En cambio, si un inversionista se embolsa millones especulando en la Bolsa, no paga un peso, gracias a una exención concordada por el gobierno de Lagos y el gran empresariado. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

El SII tiene dientes de león para perseguir a los ciudadanos que mienten para recibir el bono de clase media (lo que está muy bien), pero no ha sido más que un gatito ronroneador en gigantescos esquemas elusivos como las empresas zombie (US$ 1.453 millones). Según cálculos del propio SII, el 1% más rico del país evade unos US$ 9.300 millones al año sólo en impuesto a la renta. Países desarrollados lo combaten con severas normas antielusión y el levantamiento del secreto bancario. Todo ello ha sido bloqueado en Chile. Cuando se destaparon Penta y SQM, el poder político intervino al SII para que volviera a lo suyo: clausurar almacenes por vender dulces sin boleta y fiscalizar rifas de colegios, mientras Délano y Lavín pagaban con clases de ética tras evadir, cada uno, $ 857.084.267.

La consecuencia de estas evasiones, elusiones y privilegios, sumada a la ineficiencia del Estado, es clara. Mientras los países de la OCDE reducen su desigualdad en 0,15 puntos después de cobrar impuestos y hacer transferencias a sus ciudadanos, en Chile esa baja es de apenas 0,03 puntos.

No es un misterio cómo hacer más justo el sistema tributario: atacar en serio la evasión y la elusión; acabar con exenciones injustas (lo que, en una buena noticia, el gobierno está estudiando); aplicar impuestos verdes; gravar las estructuras piramidales (como lo hace Estados Unidos), y cobrar por la concentración de los mercados. Pero todo ello significa enfrentar una tupida barrera de intereses.

Los gobiernos de Aylwin y Lagos ya subieron el IVA, tras negociaciones con el empresariado, de 16% a 18%, y luego de 18% a 19%. Ahora, se propone una tercera alza, disfrazada bajo nombres ingeniosos (“cotización a través del consumo”) y fines nobles (“mejorar las pensiones”).

Pero aunque lo vistan de seda, IVA queda. Subirlo otra vez significa hacer pagar de nuevo la cuenta a las familias que ganan el mínimo: que un jubilado pague más impuestos por sus remedios; o que un cesante deba gastar más al comprar comida para su familia. Claro, ellos no tienen poderosos lobistas, bufetes de abogados ni “expertos” complacientes de su lado.

Sólo tienen a la democracia para defenderlos. Y este debate entre los privilegios de unos pocos y los intereses de la gran mayoría, será un termómetro de si ese paciente es un enfermo terminal, o si tiene esperanzas de recuperarse.//ELF

Seguridad en comunidad

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Por Tamara Mora

Candidata a concejal en San Miguel, prevencionista de riesgos y Diplomada en Participación Política de la Mujer.

Recurrentemente reaparece en los medios la preocupación por la seguridad ciudadana. Mas allá de la atención de las cámaras de televisión y la explotación de la temática con fines comerciales o políticos, no podemos negar que es una preocupación real de nuestra ciudadanía, los vecinos y vecinas de las distintas comunas del país tienen la legitima preocupación de verse expuestos a actos de violencia y delincuencia, y en muchos lugares el narcotráfico simplemente ha secuestrado la tranquilidad de miles de chilenos.

Hasta hoy la receta para enfrentar esta preocupación es fortalecer la acción policial, endurecer las penas, tener mas recursos técnicos, mas motos, mas vehículos, mas cámaras, siguiendo una lógica basada en “enfrentar” el fenómeno de la delincuencia como a un enemigo en una hipótesis de guerra. Esta lógica no solo ha fracasado rotundamente en nuestras comunas, sino que además le asigna a la comunidad un rol secundario y pasivo en la solución del problema.

En este diseño profusamente apoyado por los medios de comunicación, la comunidad organizada es un aporte, pero no el protagonista de la estrategia, en esta lógica se habla de “intervenir” barrios o comunas completas, se habla de “operativos” de las fuerzas policiales, pero siempre “desde afuera”, se habla de apropiación de espacios públicos, de denuncia y otros conceptos, pero nunca se habla de comunidad… En esta lógica de represión las fuerzas policiales son enviadas a intervenir, deben concurrir desde algún otro lugar son agentes externos que llegan casi siempre “ex post” y que ven a los vecinos como objetos de protección y fuente de información, pero no como un aliados en la estrategia.

Quienes hemos trabajado en el tejido social de nuestras comunas, que vivimos empapados de la realidad de nuestros barrios, entendemos que la seguridad ciudadana es un desafío que solo se puede enfrentar en comunidad, asumiendo una estrategia basada en la confianza, la solidaridad y el conocimiento, en la que el protagonismo es de la comunidad organizada en conjunto con una policía partícipe de esa comunidad y no ajena o foránea.

Mas allá de slogans o modelos importados, debemos ser capaces de construir un modelo funcional a nuestra realidad como país, y especialmente adaptable a la de cada comuna y barrio, lo que necesariamente significa que debe dar cuenta de la realidad local y eso solo se puede lograr cuando las definiciones son comunitarias, no solo escuchando o involucrando a los ciudadanos, sino realmente haciéndolos parte esencial y definitoria de la estrategia.

En este modelo comunitario, el rol de la policía, es tan profundamente distinto al que hoy cumple Carabineros, que no parece viable que esa institución, tal como la conocemos hoy, pueda cumplirlo adecuadamente, su carácter militar potencia la lógica del enfrentamiento contra un enemigo, pone el acento en sus procedimientos mas que en la función que se requiere que cumpla y termina por volverlo un interventor ajeno a la realidad que debe enfrentar, con un acercamiento a los Derechos fundamentales y la relación con la comunidad incompatibles con esta estrategia, en términos simples, necesitamos otra policía, que, aunque uniformada, tenga un carácter civil y totalmente inmersa en la comunidad con la que trabajará, que sea capaz de establecer una relación de confianza y colaboración real, guardando las distancias necesarias para con la autoridad, pero que sea capaz de establece un dialogo franco con los vecinos de un barrio o comuna.

El modelo que imaginamos considera, mas que grandes comisarías alejadas unas de otras, una distribución as homogénea de las unidades policiales en los barrios, mas pequeñas y funcionales, que además sirvan a la comunidad en la que se inserten como un espacio de encuentro, en las que pueden funcionar, en coordinación con el municipio y otras reparticiones publicas, defensorías de Derechos y, por ejemplo, un potente programa de resolución de conflictos vecinales, es decir, la unidad policial sería vista como el espacio en que los vecinos van a resolver sus problemas.

La comunidad organizada, en esta lógica, es corresponsable de las definiciones de la estrategia y protagonista de su implementación en conjunto con otros actores, como el municipio y la policía, por tanto, nuestro desafío es construir un tejido social capaz de abordar ese desafío, desde las organizaciones sociales y las instancias de representación como el concejo municipal, necesitamos un férreo compromiso, y como ciudadanos, asumir nuestra responsabilidad como tales.//ELF