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Columnas

Una constitución escrita por todas y todos

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Por Cozut Vásquez González

Ex Presidente Regional de la DC Los Lagos

El próximo domingo 25 de octubre, iniciaremos un proceso constituyente sin precedentes en la historia de Chile.
La inmensa mayoría aspiramos a que la próxima constitución sea el resultado de un proceso inclusivo de discusión y deliberación entre distintas visiones de la sociedad. Que exprese la pluralidad de la sociedad civil del Chile del presente, por lo que no da lo mismo el mecanismo con el que se lleve adelante el proceso de elaboración de la nueva constitución.

En mi opinión, la mejor fórmula o mecanismo, es la Convención Constitucional. Porque consta de un mandato constituyente especial, la que será elegida exclusivamente para decidir sobre una nueva carta fundamental y, una vez cumplido el objetivo, ésta se disuelve.

Se elegirá por una sola vez, porque quienes participen de esta Convención Constitucional quedan inhabilitados para presentarse como candidatos en la primera elección parlamentaria posterior.

Como cuerpo colegiado distinto al Congreso Nacional, contribuirá a relegitimar la representación, la que no se consigue si está ligado a un órgano que hoy no cuenta con el respaldo ciudadano.

Será unicameral y las reglas de integración aseguran representación a grupos que tradicionalmente han estado marginados de las decisiones políticas en nuestro país.

Estará compuesto de igual número de mujeres que de hombres; tendrá escaños reservados para representantes de nuestros pueblos indígenas, quienes no existen para la actual Constitución y contempla la participación de los independientes.

Es la mejor garantía que la constitución será genuinamente de todas y todos, y no de unos sobre otros, como ocurrió con la Constitución de 1980 que hoy nos rige. Una nueva constitución no reescribe la historia ni mucho menos, es un ejercicio refundacional. No lo fue en el pasado, mucho menos lo será ahora.

Ésta debe recoger la evolución histórica y constitucional de Chile y su hilo conductor debe ser siempre la profundización y perfeccionamiento de las instituciones políticas que dan cuenta de una república que se precie de democrática.

A diferencia de lo que algunos sectores han querido establecer, el mecanismo sometido a plebiscito este 25 de octubre, no tiene nada de revolucionario ni rupturista. Lo que busca es garantizar legítimos intereses de las minorías y evitar decisiones atolondradas, sino, preguntémosle a los habitantes del Reino Unido y el Brexit.
Lo que busca es promover los acuerdos que evitarán que alguien caiga en la tentación de llevarse la pelota para la casa.

Quienes se oponen a una nueva constitución elaborada por una Convención Constitucional, argumentan que cualquier proceso constituyente va a derivar en situaciones como las que viven Venezuela, Bolivia o Ecuador, argumento con el que se busca generar temor, pero que desconoce la realidad de nuestro país.
Chile tiene una tradición republicana mucho más sólida que la de los Estados Bolivarianos. Si es por experiencias constitucionales, existen ejemplos de países cuyos procesos constitucionales se parecen más al nuestro, como España, Colombia e Islandia.

Muchas de las instituciones que hoy existen en nuestro país, como el Banco Central y su autonomía, la Contraloría General de la República o el Servicio de Impuestos Internos, fueron creadas en distintas etapas de la historia política nacional y nunca se buscó hacerlas desaparecer. Por el contrario, el régimen democrático las hizo suyas.
Una nueva constitución generará una nueva estructura del proceso político. El pueblo debe dotarse de un sistema institucional que garantice a las y los chilenos, DIGNIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHO.//ELF

La teoría del todo

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Por David Pellizzari Ossa

Ad portas de vivir un proceso constituyente, como no hay registros en nuestra historia republicana, resulta pertinente preguntarnos, qué esperamos de una nueva Constitución, qué expectativas tenemos puestas en ella, qué necesitamos que esta regule.

En este contexto, y en concordancia con nuestra surrealista pretensión de que la Ley, o la Constitución, puede y debe resolverlo todo, se acumulan a diario definiciones, temáticas, instituciones y un interminable listado de Derechos individuales y colectivos que, en opinión de algún personaje político, o grupo de interés, debe estar en la nueva carta Magna que construiremos en los próximos años.

Si bien es cierto, la neutralidad constitucional no existe mas allá de las discusiones académicas, la experiencia de las democracias estables demuestra que las Cartas Fundamentales mas exitosas son aquellas que fijan un marco institucional y valórico para el desarrollo de las corrientes políticas que inspiren sucesivos gobiernos que no necesiten refundar todo en cada elección, evitando así casarse con definiciones pétreas que traben el debate político y lo constitucionalicen innecesariamente.

La formalmente vigente Constitución de 1980 está en las antípodas de ese ideal, pues es un texto profundamente militante, y confesional, estrictamente apegado al dogma del credo neoliberal impuesto por la dictadura cívico militar y, además, fiel a la tradición nacional, intenta abordar la mayor cantidad de materias posible; regula las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, Organos autónomos y hasta el sistema electoral, en un coherente intento de consagrar en un texto constitucional, la refundación del país que impulsó el régimen dictatorial.

La reacción, casi natural, a esta realidad, es intentar construir una constitución que sea un opuesto completo a la actual, es decir, una Constitución también militante, pero de una ideología que sea un verdadero negativo de la actualmente impuesta, y que, consecuentemente, incorpore la mayor cantidad de materias posibles a objeto de refundar las bases de la institucionalidad completa y grabar a fuego un modelo de desarrollo específico… un error a mi juicio.

Chile lleva décadas entrampado en una eterna discusión constitucional que, crisis social mediante, desemboca finalmente en un proceso constituyente y, al margen del obvio cuestionamiento a la legitimidad de origen de la actual constitución, el debate político en nuestro país ha estado constitucionalizado precisamente porque nos rige, al menos en el papel ahora, una carta fundamental que intenta resolverlo todo y francamente no parece razonable que se cometa el mismo error para perpetuar la discusión constitucional por otras 4 décadas mas.

La tentación de querer regular y resolver todo en la Constitución es atractiva, permitiría aceptar las peticiones de un sinnúmero de grupos organizados, o no, que desean incluir sus definiciones en la Carta Fundamental, así, animalistas, ecologistas, agrupaciones de diversidad sexual, organizaciones civiles de múltiples áreas, además por cierto de los actores políticos tradicionales, esperan incluir en la nueva Constitución un interminable listado de definiciones y regular casi todo el ámbito de desarrollo humano y medioambiental, y considerando que nuestra política se ha limitado los últimos años a ser una especie de vocera de la calle, parece probable que se termine cediendo a esas presiones (legítimas por cierto), y acabemos con una Constitución llena de declaraciones de principios, Derechos consagrados y, en definitiva, un texto aspiracional y que terminará siendo la semilla de nuevas divisiones e inestabilidades institucionales.

¿Qué hacer entonces?

La opción alternativa es pensar en una Constitución que regule los aspectos esenciales de nuestra institucionalidad, nuestro sistema de gobierno y la organización del Estado, pero que no abarque mas allá de lo estrictamente indispensable, que no se case con un sistema o modelo económico en particular, que no intente agotar todas las discusiones y fijar por décadas un modelo determinado de desarrollo, sino que sea un marco institucional moderno y flexible que deje espacio para el desarrollo del proceso político natural de una democracia, que enriquezca esa democracia y la fortalezca, no con normas innumatables, sino con principios generales e inspiradores.

Chile necesita oxigenar su sistema político, y para ello debemos ser capaces de construir una estructura institucional acorde al siglo XXI y los desafíos de la democracia moderna, y para ello debemos evitar cometer los mismos errores del pasado y abandonar las falsas tradiciones que nos tienen atrapados en la teoría del todo… del todo o nada.//ELF

Falso positivo

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Por Sergio Velasco

Presidente del centro de estudios Pensar Chile en San Antonio.

Dicen los que saben, que todo tiempo pasado fue mejor, parece que en el caso nuestro no ha sido así. Sufrimos de plagas, terremotos, tsunamis, incendios feroces, sequías larguísimas, las que estoicamente hemos superamos entre todos.

La madre naturaleza nos pega fuerte, sin piedad alguna, ahora como si fuera poco la letal pandemia que cubre al mundo entero, nos ataca donde más fallamos, como si conociera nuestra debilidad: la salud pública.

En consecuencia, hoy en día creo que gran parte de la población se ha familiarizado con una jerga médica que antes de covid 19, no utilizábamos, ni intentábamos entenderla.

Poníamos poco interés en ello, retirándonos a espacios de mayor comodidad, o simplemente vivíamos en el pequeño círculo de la ignorancia.

Entregamos el control total a los expertos en el manejo de las complejas situaciones y causas que afectaban a la comunidad en temas sanitarios.

No somos la excepción y al igual que en el resto del planeta, comenzaron a aparecer una cantidad inusitada de epidemiólogos, con una variedad de hipótesis que desean imponerlas como verdaderas y resultan que no son más que falsos positivos.

Crean confusión, desorientación, y alarma, en vez del desesperado alivio que se requiere en estas aciagas horas.

Especialmente para los sectores a quienes les han robado la posibilidad de mantener la esperanza en un día futuro, en que puedan encontrar la vacuna salvadora que definitivamente erradique la mortal enfermedad.

No es una misión imposible si se deja a un lado el espíritu mercantilista del proceso de elaboración de la misma.

Permítanos que sea la humanidad toda quien cruce la meta final y no un grupo exclusivo que está compitiendo por ver quien logra en llegar primero, asegurándose la mayor tajada del pastel del negocio de los medicamentos en el mudo de hoy.

Hay quienes acaparan para sí, poder, fama y fortuna, quizás un merecido Premio Nobel, fruto de sus denodados esfuerzos, en el ámbito en que atraviesa la comunidad internacional, tambaleándose todo el entramado de su enorme poderío bélico, económico y científico, ante un virus imbatible.

Al que hasta el momento no han podido vencer.

En medio de esta pandemia, a un año del estallido social del 18-O, nos encontramos con otro desafío, como es ganar con el APRUEBO el 25 de octubre será tan grande como el histórico triunfo del NO, donde chilenos y chilenas, van a conquistar su independencia de una constitución que solo representa los intereses y beneficios individuales de unos pocos

La espuria carta magna del 80 impuesta por la fuerza de las armas, sobre una ciudadanía indefensa de sus mínimos derechos y garantías, tenemos que cambiarla: Eduardo Frei Montalva, como lo señalara en el Caupolicán, es la ilegitimidad del texto en su totalidad, representando unitariamente a toda la oposición a la dictadura cívico-militar.

Fue un acto heroico para el ex-presidente vilmente asesinado en su lecho de enfermo, como también para todos los que estuvimos presente y fuimos parte de la rebelión pacifica, ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Una lección de unidad en los propósitos y los objetivos que iban más allá de los personalismos o caudillismos los que empaña la política y decepcionan a la juventud.

Violentistas de ambos extremos, no caben en esta sociedad cansada de ser víctima de los apetitos de unos pocos, ante una mayoría que desea un país inclusivo, para vivir en paz.

Por ello debemos estar vigilantes que sectores ajenos al proceso intenten empañar el acto plebiscitario. Estableciendo a priori la paridad de género en los convencionales electos

El falso positivo es hacer creer a los y las ciudadanas, que la nueva constitución “per se” resolverá en forma inmediata todos los problemas que arrastramos por décadas.

Lo que si abra será una mayor participación en el destino del país.

A no olvidar que el poder por si mismo no consigue ser efectivo si no se convierte en virtud, y si este no se pone al servicio del pueblo, sin excluir a nadie, buscando como horizonte primario la reconciliación nacional.

Chile está compuesto de hombres y mujeres libres que hemos alcanzado la madurez política para reconocer al de enfrente como igual a mí y que sus garantías estarán protegidas en ese acuerdo nacional que será la nueva Constitución Política de la República: “al margen de ella nada, por encima de ella nadie”.

¿Es la actual Constitución neoliberal?

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Por Andrés Palma 

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Lucía Santa Cruz publicó una columna sobre si la Constitución puede ser catalogada de neoliberal. Creo que hay un par de aspectos que permiten afirmarlo, y ya los señalaré, pero antes quiero referirme a dos afirmaciones que me parecen discutibles.

La primera es que esta es la Constitución de Lagos y no la de Pinochet. Es cierto que Jorge Burgos propuso, y el Congreso aceptó, introducir una norma por la que se cambió la firma en el texto constitucional, pero eso fue un importante hecho simbólico.

Sin embargo, si uno busca el texto en la página Ley Chile, sigue apareciendo la firma de Pinochet. Esto no es banal. El hecho cierto es que la Constitución ha tenido muchas reformas, pero solo aquellas que los partidarios de Pinochet han tolerado, así, su inspiración y contenidos fundamentales son los que la dictadura impuso, y está bien usado este término: impuso.

Lo segundo es que, por las normas contenidas en la Constitución, la mayoría electoral y política no tuvo la mayoría institucional debido a los senadores designados, y hasta ahora por las Leyes Orgánicas Constitucionales y el control preventivo del Tribunal Constitucional, que lo transforma en un tercer órgano legislativo, no electo democráticamente, como los otros dos. Y esas son normas constitucionales.

Estas normas no son neoliberales, pero restringen la democracia y facilitaron la imposición, y facilitan la mantención, del modelo neoliberal.

Ahora, ¿es neoliberal? Visto que no permite que algunas normas se modifiquen por la regla de la mayoría, esencial en una democracia, y que dichas normas sostienen una visión de la sociedad que puede catalogarse como neoliberal, podría decirse que, si no es explícita en lo neoliberal, al menos sostiene no democráticamente esa visión.

Pero hay normas que están en la Constitución que también permiten sostener esa afirmación.

En el video que grabé para la franja del Apruebo dije, “la actual Constitución no ampara el derecho a la educación”. Esto lo dije porque en la Constitución hay un desequilibrio muy explícito en relación a la educación, y Santa Cruz no lo señala; consiste en que establece tres derechos: el derecho a la educación, el derecho de los padres y madres a escoger el establecimiento de sus hijos e hijas (la Constitución no dice esto así porque está escrita en masculino), y el derecho a crear establecimientos educacionales, que es una extensión del derecho de propiedad.

Sólo estos dos últimos pueden ser recurridos de protección o amparo en los tribunales, no así el derecho a la educación. De esta forma, el derecho a la educación es meramente declarativo, pero no son así los derechos asociados a la propiedad.

Decir que un 91% de los estudiantes acude a establecimientos financiados por el Estado, o que el currículo es fijado por el Estado, no altera el hecho sustancial.

Algo similar ocurre con la protección social en pensiones y salud. La Constitución establece que debe haber previsión pública y privada, salud pública y privada. En si esto no sería problema, pero al fijar contribuciones obligatorias, en la práctica impuestos, que recaudan y administran los privados, está creando un Estado privatizado, no democrático.

Hay otras disposiciones, pero no quiero alargarme.

Los neoliberales discuten que la Constitución lo sea, y es lógico, no pueden reconocer que si lo es, porque estarían reconociendo que no es plenamente democrática, y eso suena feo, como que lo es.//ELF

Columna de Daniel Matamala: La democracia enferma

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile 

Para el cientista político Francis Fukuyama, “una medida básica de la salud de una democracia moderna es su capacidad para extraer legítimamente impuestos de sus élites”. Bajo ese parámetro, nuestra democracia está enferma. Y hay quienes pretenden subirle aún más la fiebre.

Hoy Chile recolecta apenas el 21,1% de su PIB en impuestos; cuando los países de la OCDE tenían nuestro mismo nivel de desarrollo, recaudaban en promedio el 34%. Es una brecha insostenible, que obligará a subir impuestos para financiar los gastos que vienen en pensiones, programas sociales y el endeudamiento por la pandemia.

La pregunta es quién pagará esa cuenta. Desde el CEP y Horizontal se plantea una respuesta: aumentar el IVA. Ministros y algunos parlamentarios la valoran, y la idea crece como bola de nieve.

Eso sería cargarles de nuevo la mano a los más vulnerables, e impedir que la discusión tributaria se centre en los impuestos que paga (o, mejor dicho, no paga) la élite que concentra el poder económico y político.

Porque ese chancho está muy mal pelado en Chile.

Veamos: el IVA castiga más a las familias más pobres, que deben consumir todo lo que ganan (o más, vía endeudamiento). Según el SII, el 10% más pobre de Chile gasta un cuarto de sus escasos ingresos en pagar IVA: el 25,4%. Los hogares más acomodados, en cambio, pueden ahorrar o invertir buena parte de sus ingresos: el 10% más rico sólo destina el 7,2% a IVA.

Según el doctor en Derecho y experto en tributación Francisco Saffie, el sistema tributario chileno “está diseñado para privilegiar a unos pocos, así de simple”. Es cosa de compararlo con los países de la OCDE para ver su anomalía.

Chile recauda por IVA el 41,6% de sus impuestos. En la OCDE es menos de la mitad: 20,2% en promedio. En cambio, el impuesto a la renta que pagan los sueldos más altos recauda el 23,9% en la OCDE y apenas el 9,7% en Chile. Sí, en algo sí somos líderes en la OCDE: en impuestos que castigan más a los que menos tienen, y apenas tocan a los que están arriba de la pirámide económica.

Como dice el ex director del SII Javier Etcheberry, en materia tributaria “a la élite le gusta mantener sus privilegios”. Y estos son enormes.

En Chile, si usted compra un kilo de pan o arroz, debe pagar religiosamente el 19% de IVA. Si compra un pasaje aéreo a Miami o al Caribe, en cambio, está exento: paga cero. Ahora piense: ¿a quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

En Chile, un ciudadano común debe pagar completo el impuesto específico a los combustibles. Excepto que sea dueño de camiones, en cuyo caso, vía menor impuesto al diésel y devolución de lo gastado, puede terminar pagando la vigésima parte (sí 1/20) de lo que pagó usted. Ahora, si es dueño de una minera o una industria, la cosa es aun más simple: no paga un solo peso. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

En Chile, si usted gana un sueldo de $ 700 mil por su trabajo, debe pagar impuesto a la renta. En cambio, si un inversionista se embolsa millones especulando en la Bolsa, no paga un peso, gracias a una exención concordada por el gobierno de Lagos y el gran empresariado. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

El SII tiene dientes de león para perseguir a los ciudadanos que mienten para recibir el bono de clase media (lo que está muy bien), pero no ha sido más que un gatito ronroneador en gigantescos esquemas elusivos como las empresas zombie (US$ 1.453 millones). Según cálculos del propio SII, el 1% más rico del país evade unos US$ 9.300 millones al año sólo en impuesto a la renta. Países desarrollados lo combaten con severas normas antielusión y el levantamiento del secreto bancario. Todo ello ha sido bloqueado en Chile. Cuando se destaparon Penta y SQM, el poder político intervino al SII para que volviera a lo suyo: clausurar almacenes por vender dulces sin boleta y fiscalizar rifas de colegios, mientras Délano y Lavín pagaban con clases de ética tras evadir, cada uno, $ 857.084.267.

La consecuencia de estas evasiones, elusiones y privilegios, sumada a la ineficiencia del Estado, es clara. Mientras los países de la OCDE reducen su desigualdad en 0,15 puntos después de cobrar impuestos y hacer transferencias a sus ciudadanos, en Chile esa baja es de apenas 0,03 puntos.

No es un misterio cómo hacer más justo el sistema tributario: atacar en serio la evasión y la elusión; acabar con exenciones injustas (lo que, en una buena noticia, el gobierno está estudiando); aplicar impuestos verdes; gravar las estructuras piramidales (como lo hace Estados Unidos), y cobrar por la concentración de los mercados. Pero todo ello significa enfrentar una tupida barrera de intereses.

Los gobiernos de Aylwin y Lagos ya subieron el IVA, tras negociaciones con el empresariado, de 16% a 18%, y luego de 18% a 19%. Ahora, se propone una tercera alza, disfrazada bajo nombres ingeniosos (“cotización a través del consumo”) y fines nobles (“mejorar las pensiones”).

Pero aunque lo vistan de seda, IVA queda. Subirlo otra vez significa hacer pagar de nuevo la cuenta a las familias que ganan el mínimo: que un jubilado pague más impuestos por sus remedios; o que un cesante deba gastar más al comprar comida para su familia. Claro, ellos no tienen poderosos lobistas, bufetes de abogados ni “expertos” complacientes de su lado.

Sólo tienen a la democracia para defenderlos. Y este debate entre los privilegios de unos pocos y los intereses de la gran mayoría, será un termómetro de si ese paciente es un enfermo terminal, o si tiene esperanzas de recuperarse.//ELF

Lo que quiero en la nueva Constitución

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Por Andrés Palma Irarrázaval

Exministro y economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Hay mayorías electorales, institucionales, políticas, sociales y no siempre coinciden. Una mayoría electoral es la que efectivamente otorga un mandato ciudadano en las urnas, una mayoría institucional es la que se refleja en la composición de las diferentes estructuras del Estado que tienen su origen en la voluntad popular, una mayoría política se alcanza por acuerdos entre las partes representadas y una mayoría social corresponde al sentir ciudadano que se expresa en organizaciones, medios de comunicación y opinión pública. ¿Hay una solución para que se siga la lógica democrática y gobierne la mayoría? Las hay de diferentes formas, y una de ellas debiera contener nuestra nueva Constitución.

La democracia se ha definido como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, pero no es exactamente así, ya que no es el pueblo el que gobierna, sino personas elegidas por el pueblo para que cumplan esa función. Así, si todo funciona bien, los elegidos gobiernan por el pueblo y para el pueblo.

También se ha dicho que la democracia no es perfecta y que, con sus limitaciones, es “la peor forma de gobierno si exceptuamos todas las demás” y, por lo tanto, es perfectible.

La clave de su funcionamiento es que, respetando a todas y todos, gobierne una mayoría. Y es el que gobierne la mayoría, con respeto a todas y todos, lo que quiero en una nueva Constitución. Pero ¿qué es una mayoría? La respuesta obvia es que es la mayoría la que saca más votos. Esto no es tan obvio y es lo que deseo exponer.

La Cámara de Diputadas y Diputados se elegiría cada cuatro años, por votación popular en proporción a la población de las regiones, con criterios de paridad de género y mediante un sistema proporcional, en tanto que la persona que ejerza la Presidencia de la República también sería electa por votación popular, pero cada siete años, para que su mandato no coincida con el de la Cámara. El Senado se renovaría después de la elección presidencial, para que asuman en las mismas fechas y sus mandatos coincidan plenamente.
Hay mayorías electorales, institucionales, políticas, sociales y no siempre coinciden. Una mayoría electoral es la que efectivamente otorga un mandato ciudadano en las urnas, una mayoría institucional es la que se refleja en la composición de las diferentes estructuras del Estado que tienen su origen en la voluntad popular, una mayoría política se alcanza por acuerdos entre las partes representadas y una mayoría social corresponde al sentir ciudadano que se expresa en organizaciones, medios de comunicación y opinión pública.

Como demuestra la historia, incluida nuestra historia de Chile, no siempre las mayorías coinciden y, cuando no lo hacen, suele haber conflictos que afectan el desarrollo de los pueblos y comunidades. Por ejemplo, el Presidente Piñera obtuvo una mayoría electoral en la segunda vuelta presidencial, pero esa mayoría no tuvo un correlato en el Congreso, por lo que no fue una mayoría institucional y tampoco logró construir una mayoría política y menos social. El resultado es el que vivimos a partir del 18 de octubre.

Las sociedades pueden vivir con gobiernos de minorías, pero siempre que esos gobiernos logren construir acuerdos políticos para gobernar. Eso es lo que ocurrió en los gobiernos durante la vigencia de la Constitución de 1925, en que todos, incluido el de Frei Montalva que fue electo por una mayoría absoluta, fueron de minoría y para gobernar tuvieron que buscar acuerdos, pero eso no genera estabilidad a los procesos, como el que Chile necesita para dar bienestar a todas y todos sus habitantes.

También pueden vivir con gobiernos de mayoría, pero bloqueados por las instituciones, de manera que parezcan de minoría, como lo que ocurrió en los gobiernos de la Concertación, debido a las trabas institucionales contenidas en la Constitución de la dictadura: senadores institucionales, distritos y circunscripciones desproporcionadas y leyes Orgánicas Constitucionales inamovibles. En estos casos, también se pudo gobernar sobre la base de acuerdos, pero sujetos a vetos de las minorías.

Entonces, ¿hay una solución para que se siga la lógica democrática y gobierne la mayoría? Las hay de diferentes formas, y una de ellas debiera contener nuestra nueva Constitución.

La propuesta es que establezcamos un mecanismo para garantizar que los gobiernos sean de mayoría electoral e institucional, lo que asumirá que serán también de mayoría política y, probablemente, social. Ese mecanismo es que tengamos un régimen parlamentario: que gobierne el o la que logre construir una mayoría en el órgano representativo de la ciudadanía, nuestra Cámara de Diputadas y Diputados, bajo la figura de canciller, jefe o jefa de Gobierno o primera ministra o primer ministro.

Es un cambio institucional relevante, profundo y necesario.

Pero siendo Chile un país cargado con la tradición presidencial y bicameral, no es posible dejar de lado dichas figuras. Entonces, complementando el cambio, propongo que la persona que ejerza la Presidencia de la República represente al Estado, separando los roles de jefatura de Estado y jefatura de Gobierno. Esta última tendrá todas las facultades inherentes a dicha función, incluidos el mando de las Fuerzas Armadas y de las policías y las relaciones exteriores, en tanto la Presidencia tendrá las facultades de proponer al Jefe de Gobierno, promulgar las leyes y decretos, designar con consulta a las altas magistraturas y autoridades de los poderes del Estado diferentes del Gobierno, y representar ante el Gobierno las inquietudes ciudadanas.

El Presidente o Presidenta de la República sería aconsejado por el Senado, que hará las veces de Consejo de Estado y sería elegido de manera indirecta, por todas las personas que ocupen cargos de representación popular: diputados y diputadas, gobernadoras y gobernadores, consejeros y consejeras regionales, alcaldesas y alcaldes y concejales. En la misma proporción que la Cámara de Diputadas y Diputados. El Senado no tendría una función permanente, sino sería convocado por el Presidente en el ejercicio de sus facultades, evitando así un choque de representaciones con la Cámara.

La Cámara de Diputadas y Diputados se elegiría cada cuatro años, por votación popular en proporción a la población de las regiones, con criterios de paridad de género y mediante un sistema proporcional, en tanto que la persona que ejerza la Presidencia de la República también sería electa por votación popular, pero cada siete años, para que su mandato no coincida con el de la Cámara. El Senado se renovaría después de la elección presidencial, para que asuman en las mismas fechas y sus mandatos coincidan plenamente.

Al conformarse el Gobierno por un acuerdo mayoritario de la Cámara y siendo esta representativa del pueblo que la elige, estaríamos creando una forma de hacer efectivo el gobierno de mayorías que el país necesita para su desarrollo pleno.//ELF