En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Columnas

Las caras del apruebo

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Por José Valencia Castañeda
Periodista, diseñador y dibujante

La campaña por la opción Apruebo, se ha desarrollado con las dificultades propias de un proceso marcado por las condicionantes que imponen el confinamiento y las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.

Pero esto no ha sido impedimento para desatar la imaginación en las mentes de los creativos que apoyan esta opción.
A pesar del tiempo y de los cambios tecnológicos, la propaganda desplegada tiene muchas similitudes con las imágenes que pudimos observar en 1988, cuando la opción NO dio origen a un sinnúmero de ideas partidarias y de organizaciones sociales para expresar su referencia.

Es en este sentido, que la inventiva de profesionales y aficionados al diseño han quedado plasmadas en versión digital e impresa para comunicar su preferencia por el Apruebo y la Convención Constitucional. Las coincidencias con la gesta electoral que permitió terminar con la dictadura cívico-militar, tienen su punto de encuentro en la necesidad de cambio y principalmente en una diversidad tan amplia, que no puede ser contenida solamente por un mensaje visual, porque las vertientes ideológicas, sociales y etarias son muchas y disímiles.

El amplio abanico que cobija a esta preferencia tiene eco en todos los partidos políticos de oposición, en las organizaciones sociales y también en los clubes de fútbol. Es así, que también los equipos del balompié nacional adaptaron su insignia o crearon un diseño propio para sumarse a la contienda electoral y convocar a las respectivas hinchadas para que asistan a las urnas el 25 de octubre.

Otro aspecto interesante de este fenómeno, es que se trata de un referéndum cuyo origen surge tras un acuerdo político producto el estallido social, este es otro factor para que las iniciativas ciudadanas tengan muchos rostros y adquieran mayor protagonismo. De este modo, la estética de los volantes y afiches contienen un mismo mensaje, que es esgrimido de manera diferente, independiente y espontánea, por las personas y organizaciones que se manifiestan por el cambio constitucional, produciendo una amplia gama de creaciones individuales, que desde su propia perspectiva expresan su opción con los recursos e ideas que poseen.

Las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre, además convirtieron en héroes a muchos de los principales actores de la agitación callejera, transformándolos en íconos de la propaganda, reemplazando los símbolos partidarios que normalmente se utilizaron en la gráfica electoral chilena, interpretando a las multitudes que se auto convocaron en las calles de las ciudades, como augurando que la transformación social será profunda y que la dignidad llegará para quedarse.//ELF

*Columna publicada en: www.fortinmapocho.cl

La libertad sindical y la nueva constitución

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Por Juan Manuel Sepúlveda Malbrán

Asesor del Frente de Trabajadores de la DC

Nos encontramos en un proceso de cambio que está conduciendo a un nuevo periodo histórico. Se trata de un periodo que se abre y que empuja a todos los actores sociales y políticos a redefinir sus utopías, sus proyectos, sus objetivos, sus estrategias y sus acciones específicas. En este sentido las organizaciones sindicales no son una excepción.

Los cambios que se están produciendo en el mundo y que están afectando de manera particular a nuestro país son muy profundos. El escenario de esta nueva época es sustancialmente distinto del que existía hasta hace algunos años atrás.

Las relaciones laborales han cambiado. Las transformaciones en el escenario internacional y el predominio de políticas de corte neoliberal han acelerado la puesta en práctica de programas económicos de ajuste y flexibilización. De igual manera, los efectos de la globalización que han producido, tanto la reducción del papel del estado en la economía, como la desregulación jurídica de las relaciones de trabajo, han modificado los microcosmos donde se desarrollaban los contactos y acuerdos entre trabajadores/trabajadoras y empleadores/empleadoras.

El sindicalismo en Chile se asienta sobre un escenario particularmente adverso para el derecho de la libertad sindical. Chile ha sido sacudido por los mismos fenómenos –resultado de la globalización económica- que agravaron los desequilibrios sociales y económicos en todo el mundo. Los particulares procesos sociales y económicos agravaron las consecuencias negativas de la globalización económica y multiplicaron los niveles de precariedad. La economía informal creció en proporciones inimaginables e intolerables; la cobertura de las normas laborales y de la seguridad social disminuyó; y la reducción del Estado, promovida por las corrientes neoliberales, implicó un menor énfasis en la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Al amparo de las recetas proporcionadas por los organismos financieros internacionales se reeditó una muy antigua versión de la vida social y económica en la que sólo el mercado ordena y asigna los recursos.

El sindicalismo chileno no siempre ha podido afrontar con el éxito deseado los retos planteados por el nuevo escenario internacional y nacional, pero sus acciones y su persistencia, incluso en las condiciones más adversas, viene demostrado que las trasformaciones orientadas a la construcción de una sociedad justa y democrática es posible. Aún agobiadas por prácticas neoliberales y actos antisindicales, las organizaciones sindicales de nuestro país han aportado esfuerzos y vidas de generaciones hombres y mujeres trabajadoras para la construcción de la democracia. La dictadura fue abatida gracias a la acción organizada de los trabajadores y trabajadoras, que al luchar por la libertad sindical lucharon también por el respeto de todo el conjunto de libertades inherentes al ser humano; sin embargo, muchas políticas económicas orientadas a profundizar los desequilibrios impuestos por el mercado, han permanecido.

Aunque algunos resultados deben ser resaltados, la tarea para las organizaciones sindicales aún es ardua. Las doctrina neoliberal se mantiene a la ofensiva. Su impacto se deja sentir en la alarmante desigualad persistente en nuestro país; en los niveles de pobreza extrema que subsisten; en las tasas de desempleo y subempleo que resultan de su lógica de predominio absoluto del mercado; y en la grave situación de desprotección que afecta sobre todo a trabajadores jóvenes, trabajadoras mujeres y otros colectivos especialmente vulnerables. Todo lo anterior desnudado y agravado por la pandemia.

Hoy, cuando nos acercamos a cambiar la Constitución de nuestro país, el sindicalismo aparece como un actor clave para la construcción de una auténtica cultura democrática, en la que negociación colectiva y el diálogo social se conviertan en el mecanismo natural para la definición de las condiciones de empleo y las políticas económicas y sociales a nivel nacional. El sindicalismo está llamado a convertir al trabajo en el centro de las políticas económicas y consolidar procesos de integración con una marcada dimensión social.

El enorme valor de la libertad sindical y del sindicalismo chileno

Quizás, lo primero que haya que reafirmar en este contexto es el enorme valor de la libertad sindical.

La libertad sindical es uno de los derechos que de forma más decisiva realza y expresa la dignidad del hombre y la mujer. Por ello, forma parte del catálogo de valores indispensables para la convivencia social, contenido en todas las declaraciones de derechos humanos de ámbito mundial y regional y en los convenios internacionales de la OIT.

Hace ya más de 70 años el consenso de trabajadores, empleadores y gobiernos del mundo adoptó el convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Ambos convenios forman parte de un conjunto más numeroso de convenios y recomendaciones que desarrollan el derecho de libertad sindical. Estos convenios internacionales abrieron paso a otros instrumentos de igual relevancia.

La importancia de todos estos instrumentos normativos no es menor. Todos son expresión del tripartismo, lo que significa que contaron con el respaldo de las representaciones de gobiernos y los empresarios del mundo. Pero, sobre todo, los convenios de la OIT y toda la doctrina generada por sus órganos de control, han servido para perfilar la complejidad y riqueza del derecho de libertad sindical: han señalado que la titularidad del derecho corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna; han establecido un conjunto de libertades de organización y actuación que componen el derecho y cuya estrecha conexión determina que la libertad sindical sólo pueda ser efectiva si se respeta la totalidad de su contenido; han puesto de relieve la centralidad de la negociación colectiva para la regulación de las condiciones de empleo y la importancia de su fomento; y, han delimitado el rol de garantía y no intromisión que corresponde a los Estados y el respeto que el ejercicio del derecho debe merecer entre los empleadores.

Hace sólo 22 años, el tripartismo mundial, convocado otra vez en el seno de la OIT, reafirmó que la libertad sindical constituye un derecho fundamental en el trabajo, llamado a conformar la plataforma de impulso para el progreso económico y el desarrollo. Ciertamente, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) recordó la universalidad del derecho de libertad sindical y reafirmó la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los convenios 87 y 98 –denominados “convenios fundamentales”- a todas las personas en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico, y particularmente entre los grupos de trabajadores y trabajadoras con necesidades especiales. La inclusión de la libertad sindical como el primero de los derechos fundamentales en el trabajo reafirma su condición de valor esencial para la humanidad, pero además llama la atención sobre la urgencia de realizar esfuerzos para hacerla efectiva en este proceso de cambio que estamos viviendo y plasmarla en la Nueva Constitución.

Como corresponde a su condición de derecho humano, la libertad sindical ha desarrollado un rol preponderante para los trabajadores, hombres y mujeres, para el sistema productivo y para la democracia y la sociedad en su conjunto.

El derecho humano de libertad sindical ha permitido a millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo hacer sentir su voz cuando el mercantilismo salvaje olvidaba que la riqueza de las naciones la construyen los hombres y mujeres que trabajan y no los capitales. Como ningún otro derecho, la libertad sindical ha desmercantilizado el trabajo y ha devuelto centralidad a la persona en el proceso productivo, haciendo posible su participación en el escenario productivo y sociopolítico. En suma, la libertad sindical ha enseñado a los trabajadores de todo el mundo que el trabajo dignifica cuando convierte al hombre y la mujer en ciudadanos, dotado de voz y de derechos, esto es, cuando se trata de un trabajo decente.

Pero, además de ser consustancial a la dignidad humana, el derecho humano de libertad sindical ha contribuido y contribuye enormemente a la viabilidad de los sistemas productivos y al fortalecimiento de los sistemas democráticos.

La libertad sindical está en la base de toda la gama de derechos consagrados por las normas nacionales e internacionales en favor de los hombres y mujeres trabajadoras. Estas normas establecieron un conjunto de límites a las posibilidades de los empleadores de organizar el trabajo y la producción, y esos límites aseguraron la marcha óptima de los sistemas productivos. Hoy, superadas largamente las teorías económicas clásicas que atribuían a la sindicación efectos nocivos para la sociedad, la libertad sindical aparece como un factor clave para la sostenibilidad de los proyectos empresariales y como uno de los mecanismos más efectivos para incrementar la productividad y forjar el único modelo de competitividad admisible: aquel basado en el respeto de los derechos de hombre y mujeres trabajadoras. Aunque afirmar que la libertad sindical es un derecho humano debería ser suficiente para motivar su respeto irrestricto por parte de empleadores y gobiernos, hoy es posible afirmar también que la libertad sindical promueve la eficiencia de los sistemas productivos.

La libertad sindical también resulta sustancial para la construcción y consolidación de los sistemas democráticos. Como lo ha señalado la OIT, existe una relación estrecha entre la libertad sindical y la democracia: la democracia es esencial para el ejercicio pleno de la libertad sindical pero, también, la libertad sindical es esencial para la construcción y consolidación de un auténtico sistema democrático. Sólo donde hay libertad sindical hay democracia y, por ello, las violaciones de la libertad sindical en nuestro país habla claramente del aún claro predominio de una cultura autoritaria. Un regímen que viola o es testigo indolente de violaciones a los derechos sindicales evidencian su carácter autoritario, pues un atentado a la libertad sindical es, finalmente, un atentado contra la democracia.

En buena medida, la acción sindical ha contribuido a acrecentar el valor de la democracia. Junto con otros movimientos sociales, el sindicalismo ha mostrado al país que la caracterización de un régimen político como “democrático” carece de sentido y legitimidad si las prácticas sociales y económicas no son democráticas, esto es, si los ciudadanos carecen de libertad para organizarse, expresarse y participar en la vida política y social o si las oportunidades y la riqueza no se distribuyen equitativamente. La libertad de hombres y mujeres trabajadoras para organizarse y actuar sindicalmente es, en sí misma, una expresión acabada del respeto al pluralismo social y del reconocimiento de posturas y criterios diversos. Pero, por otro lado, la negociación colectiva y el diálogo social, son los mecanismos más justos y eficientes para la mejora de las condiciones de empleo y la distribución de las oportunidades y la riqueza generada por las empresas y el país. Ambos mecanismos, basados en el consenso, son especialmente efectivos para distribuir los efectos de los períodos de bienestar y de crisis, promoviendo de esta forma un modelo de desarrollo social y económico participativo y no excluyente, propio de una auténtica democracia.

Fuera de ello, la libertad sindical contribuye de diversas formas a consolidar la institucionalidad y garantizar la estabilidad social. El sindicato asume como uno de los roles principales la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales por parte de los empleadores y a través de esta acción contribuye a afirmar la institucionalidad laboral. Sin duda, los sindicatos desarrollan una vigilancia extendida y constante de la efectividad de las normas laborales, como ningún organismo estatal podría hacerlo. Es decir, los sindicatos deben actuar como fiscalizadores del cumplimiento y aplicación de la libertad sindical. Adicionalmente a ello, la libertad sindical es esencial para la cohesión social. Los hombres y mujeres trabajadoras se integran social y económicamente a través de las organizaciones sindicales, siendo éstas los canales apropiados para que sus aspiraciones e intereses conjuguen con las expectativas e intereses de otros colectivos sociales. Palabras como la “solidaridad” y la “justicia social” adquirieron un sentido material y universal gracias al sindicalismo y, de ser parte del lenguaje obrero, pasaron a integrar parte del catálogo de aspiraciones de la sociedad en su conjunto.

No debemos olvidar el enorme valor que la libertad sindical tiene para trabajadores, empleadores, gobiernos y sociedad en su conjunto. Nos indica que se trata de un derecho imprescindible para el sistema social y económico, y enormemente funcional para construir una sociedad moderna y un Estado auténticamente democrático. La unificación del sindicalismo chileno aparece como una oportunidad invalorable para revertir la situación adversa que la libertad sindical y el sindicalismo enfrentan y para reafirmar entre las mujeres y hombres trabajadores el enorme valor de la libertad sindical.

Reafirmar el valor de la libertad sindical en la Nueva Constitución es una labor urgente y el sindicalismo de nuestro país está llamado a desplegar un rol protagónico en este esfuerzo. //ELF

Las preocupaciones de Andrónico

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Por Humberto Burotto

Vicepresidente nacional de la DC

En el contexto actual, donde formas de hacer política, de carácter oligárquica y de mirarse a sí mismo, se confunden con toda la actividad política; y donde a aquellos miembros de partidos políticos que han caído en acciones corruptas se les confunde con “todos los políticos”, es normal reproducir el viejo estribillo que proviene de los tiempos de la dictadura, y que cada cierto tiempo aterriza en la arena pública bajo la forma de una desconfianza hacia el mundo político y hacia la política en general.

No se realiza el ejercicio serio y responsable de hacer la diferencia entre aquellos ciudadanos que se dedican a la política de manera noble y austera para lograr el bien común, de un conjunto de políticos(as) que desde hace años ocupan la puerta giratoria que va del Gobierno a los directorios de empresas y desde estos nuevamente al Gobierno.

A quien nunca ha militado en un partido político, percibir de esta manera la relación entre el mundo de la política y la actividad empresarial, lo único que le interesa es alejarse lo más posible de este tipo actividad. A lo más, le interesa acercarse a este mundo solo como espectador de aquellas series y películas que Netflix muestra semanalmente. Por otra parte, es justamente lo que muestran los medios de comunicación cotidianamente: la perversa relación entre la política y los negocios.

Pero en la vida cotidiana, en el mundo de la realidad, el rol del militante y del simpatizante tiene muchos matices y en la mayoría de ellos es diametralmente opuesto a la lógica del dinero. Las más de las veces, la acción es desinteresada, más ahora donde la fragilidad y vulnerabilidad que ha generado la pandemia del COVID-19 es de tal magnitud que solo la comunidad y acción colectiva de independientes, militantes y simpatizantes ha permitido enfrentar la soledad en que este Estado ausente y neoliberal los ha dejado. De esta manera se organizan ollas comunes para que los desamparados se sientan cobijados como personas, más allá de la caja de mercadería que hipotéticamente les ha llegado. Es el mundo del dirigente vecinal y sindical, que puja por beneficios para sus compañeros de trabajo y del barrio, que se expone públicamente ante la autoridad municipal y empresarial para defender derechos.

Ese relato, el de la lógica del mercado y del dinero, hace invisible el sacrificio, la lealtad y el tiempo que estos voluntarios –muchos de ellos militantes– ocupan en actividades de bien común, bajo una concepción comunitaria de la existencia, que enriquece la vida social en la base, en el sindicato, en el barrio, en el gremio, en las universidades y en las poblaciones de Chile. Invisibiliza también el motivo de su acción, que es contribuir para que Chile sea un país mejor. Esa actividad también es profundamente política.

Por esta razón es que nos llama poderosamente la atención el mensaje desde los principales conglomerados empresariales del país, de colocar a todos quienes se manifiestan por poner freno a los abusos y privilegios; por insistir en regular la acción del mercado, y se trate a todos ellos como políticos corruptos. Esta rutina pinochetista de confundir el todo con una parte, tiene algo de simplismo, injusticia y mucho de manipulación.

En efecto, es simple porque deposita la responsabilidad exclusiva del devenir de Chile solo en los ciudadanos dedicados a la política. Es injusta, porque todos los problemas de Chile se adscriben al desempeño de los políticos, sin identificar a los responsables, aquella casta política corrupta en contubernio con la oligarquía empresarial. Y es manipuladora, pues sostiene que mientras que a los políticos no les está permitido involucrarse en negocios –y eso está muy bien–, pareciera no haber problemas con que los empresarios intervengan en política.

Pero la ciudadanía ya se dio cuenta de esta realidad. Después del 18-O, los estándares de representación, legitimidad y liderazgo han cambiado radicalmente. Un síntoma de ello es la ley que forzó a la reelección acotada y no eterna de representantes. Falta aún que la ciudadanía tome conciencia de que es impropio que los empresarios –en vez de hacer su trabajo (generar empleos, crecimiento, competir para satisfacer a los consumidores y no coludirse para perjudicarlos)–, se transformen en actores políticos, sin medirse en elecciones populares y sin tener cargos en el Gobierno. Sin embargo, como es de derecho, la libertad de expresión es un bien sagrado en los países civilizados, por lo cual es legítimo que todos, incluidos los multimillonarios, tengan la posibilidad de expresarse. Es el caso del señor Andrónico Luksic.

El empresario ha instalado tres temas, dos de los cuales son motivo de discusión. Compartimos su mirada sobre la representación de los pueblos originarios y creemos que el Gobierno debería actuar de modo prolijo y oportuno para resolver esto cuanto antes. Este tema es claramente de resolución política. Sin embargo, nos asombran los otros dos temas.

El primero es la propiedad privada. En una columna publicada el 14 de septiembre en otro medio de circulación nacional, levanta los fantasmas de siempre asociados al miedo de que Chile reviva sus traumas. El sentido histórico de su afirmación es prístina: se refiere al Golpe de Estado de 1973 y allí está su primer error. Esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría. ¡La URSS ya no existe! Nadie está por los sóviets y la economía planificada. Lo que sucedió el 18-O no fue un estallido social que sale de la nada, algo mágico o misterioso. Ni siquiera fue un estallido: esto fue una primavera plebeya, la instancia que permitió que los chilenos se reconocieran más allá del individualismo neoliberal y salieran a pedir un cambio colectivo, porque los problemas eran de casi todos y estaban unidos por el abuso.

Fue una declaración colectiva a favor de la dignidad. La ciudadanía se constituyó en la marcha, en la protesta, en el tuit. Constató que los problemas propios eran los problemas del otro y avizoró un sentido de comunidad, que la política económica y cultural de los últimos años sistemáticamente negó. Es un llamado general a modificar nuestras reglas de convivencia. Es un llamado a terminar con los abusos. Nadie pide la expropiación de nada. Nadie está por abolir la propiedad privada. Y si la Constitución es minimalista, no queda la menor duda que los mínimos nos harán dormir a todos muy tranquilos, pues –de nuevo– el mundo político de los ciudadanos dedicados a la política no pondrá en tela de juicio la autonomía del Banco Central, la libertad de enseñanza o culto, la libertad de expresión o la separación de poderes del Estado.

La nueva Constitución no castigará a los emprendedores, a las pymes o a los innovadores que generan negocios intensivos en tecnología. La nueva Constitución deberá generar reglas para desarrollar los mercados y en especial modernizar el mercado de capitales. Pero, sin duda, diseñará una mejor distribución del poder, para que en Chile, todos sus hijos tengan las mismas oportunidades. Es de esperar que fije obstáculos a la concentración económica, pues, como todos saben, eso impide el crecimiento económico sostenido. La historia así lo muestra en el caso de Roma, cuyo declive comienza en el siglo I; Venecia en el siglo XIV, la Unión Soviética en 1970 y Chile en la actualidad.

El segundo tema apunta a las reglas del plebiscito. El señor Luksic está preocupado por los independientes, ya que considera que si no se cautela la representación de ellos, los 155 constituyentes serán simpatizantes o militantes de partidos políticos. ¿Por qué el señor Luksic define esto como una preocupación? Por las razones que expusimos al iniciar esta columna: porque también es un portavoz del estribillo pinochetista de la tentación autoritaria. Pero, respecto de su preocupación creemos que este es un falso problema.

En primer lugar, porque han sido los propios partidos los que han optado por abrir las listas a los independientes. En segundo lugar, porque todos los candidatos tienen intereses políticos y seguramente poseen una concepción de la política y una historia de preferencias e ideales políticos bien definidos a pesar de no militar en partidos políticos. Y eso está bien. Porque el ideal democrático también se reproduce sanamente cuando personas sin militancia política están preocupadas y ocupadas en los asuntos públicos. De modo que la futura convención tendrá muchos independientes, aunque ninguno será neutral, porque eso no existe.

El plebiscito y la futura convención constitucional representan la esperanza de un Chile inclusivo, más democrático y más digno. Es claro que no resolverá los problemas sociales y económicos del país, pero impedirá que se sigan ahondando. Es un mecanismo no solo civilizatorio, sino también de supervivencia. Los únicos riesgos para la democracia es que no dialoguemos de forma franca y sin segundas intenciones. El señor Luksic manifiesta muchas preocupaciones y dudas sobre el plebiscito, pero se guarda de expresar su opinión sobre el mundo empresarial, que en rigor es el mundo que le compete. Como se ha dicho, el señor Luksic tiene derecho a expresar su opinión. Este país no pertenece solo al 99% de los chilenos. El 1% de la población es parte también de Chile y, por la riqueza y el poder que ostentan, su rol es protagónico en este cambio histórico. Entonces, para iniciar la conversación:

¿Qué le parece la concentración económica? ¿Está usted a favor de que los mercados sean menos opacos y más competitivos para que los consumidores se beneficien y no paguen los costos de la colusión? ¿Está por cambiar el rol de los bancos privados y ampliar el crédito a la pyme? ¿Le parece que los grandes conglomerados hagan alianzas con el sector público para desarrollar las industrias del futuro? ¿Está a favor de liberar las manos atadas del Estado y sus empresas para desarrollar las industrias estratégicas de Chile? ¿Qué opina de incentivar la I&D en las empresas chilenas? ¿Qué opina del impuesto al patrimonio de los multimillonarios? ¿Una sola vez o cada 5 años? ¿Cuál es el mecanismo para que las empresas que desarrollan actividades económicas subsidiadas o apoyadas por el Estado no tengan sede en paraísos fiscales? ¿Cómo combatir la evasión tributaria? ¿Cómo castigar la corrupción de las empresas, el espionaje industrial y la competencia desleal? ¿Cómo enfrentar la robotización, la digitalización y el rol de la inteligencia artificial en el mercado del trabajo y esforzarse para que los costos no los pague el trabajador? ¿Habrá que pensar, como ya han expresado distinguidos economistas, que Chile está preparado para algún tipo de Renta Básica Universal?

Una conversación con altura de miras sobre el futuro del país incluye todos estos temas y varios otros más. Entonces, señor Luksic, ¿Cuáles son sus preocupaciones sobre estas materias que atañen al mundo de la economía y los negocios? Su turno.//ELF

Monos porfiados

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera 

“Aun año del estallido, Chile ha recuperado su normalidad”, se felicita un documento firmado por el canciller, remitido a las 87 legaciones diplomáticas de Chile en el mundo, y apoyado por un video del ministro y coloridas diapositivas subidas a la web.

Hace un año, el 17 de octubre de 2019, el Presidente celebraba a Chile en el Financial Times como “el oasis de América Latina”, una frase que había repetido como mantra en los días previos. Los ministros mandaban a los ciudadanos a madrugar y comprar flores, y el expresidente del Metro sentenciaba que “la gente está en otra” y les decía a los “cabros” que “esto no prendió”.

Un año después, en la clase dirigente poco ha cambiado. Las voces que escuchan son las mismas que tan groseramente se equivocaron. Muchos dogmas permanecen incólumes. Como monos porfiados, aunque sean golpeados una y otra vez por la realidad, aunque la fuerza de los hechos los haga inclinarse y rebotar, siempre tratan de volver a su posición original.

Imperturbables. Porque entienden que, más allá del oleaje inquieto, ese mar de fondo que es la pesada historia de Chile no cambia.

Parte del problema sigue siendo una radical ignorancia sobre el país en que viven. Un estudio encargado a Unholster por el Círculo de Directores, con apoyo de la Universidad de los Andes, pone ese abismo en números. Doscientos 39 líderes de opinión, teóricamente las personas mejor informadas del país, 70% de ellos del mundo empresarial, contestaron cómo creen que es Chile.

Para ellos, sólo el 25% de los chilenos vive con menos de $ 160.000 per cápita. En realidad, el 77% de sus compatriotas está en ese tramo de ingreso. También calculan que el 18% de las personas recibe más de $ 800.000 al mes. En verdad ese grupo es apenas el 3%.

La élite estima que las viviendas de comunas de estratos populares valen 1/8 del precio de aquellas de comunas acomodadas. La verdadera diferencia es muchísimo mayor: 1 a 30. También calcula que el 39% de la clase media y el 18% de la clase baja están afiliados a isapres. Las respuestas correctas son 8% y 0%, respectivamente.

Ven un Chile imaginado. Un país que nunca existió.

Al menos algunos discursos han cambiado. El presidente del Círculo de Directores, Alfredo Enrione, admite que “nuestros prejuicios y percepciones son poco precisos. Nuestra clase media es mucho más pobre y frágil que la que percibimos desde la élite”. “No podemos seguir engañándonos”, complementa el gerente general de Unholster, Antonio Díaz-Araujo. Falta “empatía, oír más”, reconoce el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. “Debemos hacer un mea culpa. No conocemos el sentir de nuestra gente”, coincide el timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura. También hay señales esperanzadoras, como la iniciativa de Friosur de compartir el 20% de la propiedad con sus trabajadores.

Pero cuando se entra al área chica, esa apertura a “compartir nuestros privilegios”, como advertía hace un año en aquel inolvidable audio Cecilia Morel, comienza a diluirse.

Ocurre con la corrupción político-empresarial. Un caso grosero es el de Julio Ponce, condenado a pagar US$ 3 millones tras acreditarse que se había embolsado US$ 128 millones con el esquema de las Cascadas. El silencio ante este escándalo se ha vuelto ensordecedor. Ni comisiones investigadoras, ni acusaciones constitucionales, ni reformas legales: el “portonazo” de Ponce, como lo llamó el exfiscal Carlos Gajardo, ha sido ignorado por la clase política, beneficiada por los generosos donativos ilegales de SQM. Tampoco la clase empresarial ha sacado la voz ante este atentado contra los mercados y pequeños accionistas que tanto dicen defender.

También ocurre con los impuestos. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional recomendó “aumentar los impuestos progresivos sobre los ciudadanos más ricos”, incluyendo “aumentos de tasas para los de mayores ingresos, a las propiedades más caras, a las ganancias de capital, y a la riqueza”, para financiar el costo social de la pandemia.

Pero ni siquiera esta advertencia del FMI mueve el debate en Chile. Los lobbistas del poder económico descartan impuestos a la concentración económica y, en cambio, piden aumentar el IVA.

Y agregan otra joya: el problema de Chile, concluye Libertad y Desarrollo, es que “el tramo exento de impuesto a la renta es muy amplio”: el 77% no paga. Claro, pero ese 77% es gente que gana $ 650.000 o menos. ¿La forma de hacer más justo nuestro sistema tributario es cobrarles a ellos más impuestos?

No sólo es defender medidas opuestas a las que propone el FMI, el guardián de la ortodoxia capitalista. Además, es no entender nada de la crisis actual. ¿En verdad creen que, un año después de un estallido gatillado por 30 pesos de alza en el transporte, es una idea brillante subir los impuestos al pan, la leche y los remedios?

Chile necesita reformas estructurales para desconcentrar el poder, pero también que la élite aprenda a perder y conceda algunos triunfos simbólicos. Los dos mejores ejemplos son el acuerdo para el plebiscito constitucional y el retiro del 10%. Ambos momentos fueron celebrados por buena parte de la ciudadanía, y ayudaron a bajar la presión que viene explotando desde octubre.

Son esas medidas -simbólicas y de fondo- las que se necesitan para permitir a la ciudadanía comprobar que el equilibrio de poder está cambiando. Mientras la clase dirigente no lo entienda, esta diatriba sobre un Chile que “ha recuperado su normalidad” no será más que el autoengaño de un mono porfiado.

Rescate financiero a Municipios, una prioridad

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Por Jorge Pizarro 

Senador DC 

Se proyecta a fin de 2020 un hoyo financiero de 800 mil millones de pesos. Ese es el panorama de la mayoría de los municipios del país. Así me lo plantearon alcaldes de nuestra región, demanda que llevamos al Gobierno a través de Hacienda, Dipres y Subdere, pero no han recogido el guante. Las arcas de las municipalidades rurales más que nunca están sufriendo la falta de ingreso, así como las comunas de la conurbación. La necesidad es también nacional, como nos hizo saber la Asociación de Municipios. E insisto… todavía no hay respuesta del Ejecutivo.

Los ediles solicitaron un rescate financiero, ya sea a través de partidas del próximo Erario, adelantando recursos del Fondo Común Municipal (donde ha habido retraso), o bien se les entreguen créditos que pudieran ser reintegrados una vez se recuperen de la crisis financiera. Sin embargo, persiste la excusa que el Fisco ha dejado de percibir 7mil millones de dólares. Aquello es una situación conocida como consecuencia de esta pandemia, pero la capacidad de reacción del Estado debe abarcar por sobre todo el bienestar de la comunidad. Esto es una prioridad.

Los municipios tienen la tarea y responsabilidad de apoyar de manera más directa a las personas: la atención primaria de salud, servicios básicos como retiro de basura y alumbrado público, entre otros. Este deterioro significa recorte de programas de desarrollo local, despido de personal, incluso incumplimiento en el pago de deudas previsionales e impedimentos para mantener servicios a las comunidades más vulnerables. Algunos municipios estarán en corto tiempo al borde la insolvencia.

Por ello es fundamental este rescate luego de ver disminuidos sus ingresos con menores pagos en permisos de circulación, patentes, y la merma en pago de licencias de conducir. No es un asunto de voluntad política, es una demanda transversal y cuyos efectos no son acotados, sino a toda la comunidad. Y el gobierno, aún no se manifiesta. //ELF

Presidenta del Senado dura con violadores de Derechos Humanos: «Es inaceptable que en democracia haya represión y violación a personas que legítimamente se movilizan»

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La presidenta del Senado, Adriana Muñoz anunció que la mesa del Senado y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta iniciaron un trabajo en conjunto «con el propósito de contribuir a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violación de los derechos humanos» durante el estallido social.

«Es inaceptable el silencio del Estado, es inaceptable que en una democracia ocurra esta represión y violación a personas que legítimamente se movilizan en la protesta social», criticó Muñoz.

Es debido a esto que la líder del Senado aseguró que «queremos hacernos cargos de recoger en una memoria histórica, en un texto, todo los testimonios que como Comisión de Derechos Humanos recibimos el año pasado en todas las múltiples sesiones organizadas».

Según la parlamentaria, con este trabajo se busca «entregar al país este testimonio, hacernos cargo también de medidas de reparación, contribuyendo de cara a la Ley de Presupuesto 2021 a tener los recursos necesarios para que el programa Prais se haga cargo de atender a las personas que sufrieron mutilaciones graves en su situación física y también psicológica».

«Queremos hacer una ley general de reparación con el propósito de que esto nunca más se repita. Aquí no podemos seguir soportando una cultura que no respeta los derechos humanos», puntualizó.

Finalmente comentó que «esa será nuestra contribución: queremos un relato de toda nuestra sociedad que se haga cargo que nunca más en Chile puedan suceder este tipo de violaciones a los Derechos Humanos, menos aún en una democracia que nos costó tanto conquistar y reconstruir».