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Pizarro y proyecto apoyo a clase media: “Aún hay espacio para mejorar el proyecto e ingresar grupos de trabajadores que quedan fuera”

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La sala del Senado despachó con voto unánime el proyecto que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media. De esta forma, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados.

Al respecto, el senador por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro, dio cuenta del proyecto en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, donde detalló los cambios introducidos al texto original, considerando ahora claramente un bono no reembolsable desde $500 mil para personas con ingresos entre 400 mil y 1.500.000 de pesos y un préstamo estatal solidario a una tasa de interés real de 0%.

Dentro de las modificaciones impulsadas por el titular de la Comisión de Hacienda, se espera ampliar el alcance a sectores de trabajadores que quedan fuera, flexibilizando el ingreso al beneficio. “Si no se establece un mecanismo de flexibilidad, a muchas familias no le va a llegar. Aún hay espacio para mejorar el proyecto en la Cámara e ingresar grupos de trabajadores que quedan fuera”.

“Todo el mundo piensa que le va a llegar un apoyo, y no es así. Acá sólo podrán postular quienes puedan mostrar registro de ingresos. El problema es que la clase media es muy heterogénea y hay sectores informales que quedarán fuera como los conductores, taxistas y transportistas, que no pueden demostrar ingresos», subrayó el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Jorge Pizarro.

El Gobierno propuso un esquema que la Comisión de Hacienda modificó con apoyo transversal de sus miembros ya que podía generar confusiones. El proyecto original del Ejecutivo consideraba un sistema de bono fiscal de $500.000 más un préstamo estatal en 4 cuotas, pero que la primera cuota era el bono.

Para una implementación y comunicación más certera se concordó separar estos beneficios y se acordó lo siguiente:

· Bono Fiscal de $500.000 no reembolsable y por una sola vez para las personas con ingresos promedios mensuales entre $400.000 a $1.500.000, decreciendo hasta los $2,0 millones mensuales (hasta bono de $100.000) y sobre ese tope no hay beneficio fiscal.

· Aumento de cobertura – desde los $400.000 de ingreso, tramo que estaba fuera del beneficio.

· Préstamo estatal con un máximo de 3 cuotas que cubrirá la caída de ingresos superiores al 30% producto de esta crisis con un tope de $650.000 que cubrirá el 70% de la caída de ingresos, que se reintegrará a partir del 2022 con tasa 0%

Texto del PROYECTO (Boletín N° 13.653-05)

I.- Protección de ingresos de la clase media

– Regula, con motivo de la propagación de la enfermedad denominada COVID-19, mecanismos transitorios orientados a la protección de los ingresos de las personas, a través de dos herramientas consistentes, la primera en un aporte, con cargo a recursos fiscales, sin la obligación de devolución, denominado el “Aporte Fiscal”, y la segunda, en un mecanismo de financiamiento y liquidez, denominado el “beneficio”, el que deberá restituirse en forma contingente al ingreso, esto es que solo se deberá restituir si el beneficiario obtiene ingresos en los años siguientes

– Personas beneficiadas: En general, tendrán derecho al financiamiento fiscal, en cualquiera de sus dos modalidades, las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos copulativos:

1) Que durante el año 2019 hayan percibido rentas mensuales cuyo promedio sea igual o superior a los $400.000, calculadas en la forma que se señala;

2) Que su Ingreso Mensual actual haya experimentado una disminución de, al menos, un 30%, respecto del Ingreso Promedio Mensual 2019, definiéndose lo que en cada caso se debe entender por cada uno de estos dos conceptos de Ingresos; y

3) Que durante el período en que se puede solicitar el Aporte Fiscal o el beneficio que se regulan, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

i) Que estén percibiendo prestaciones con cargo a los fondos del seguro de cesantía, o que habiendo percibido la totalidad de estas prestaciones, ya no las reciban por haberse agotado sus fondos, siempre que se mantengan cesantes; o

ii) Que hayan visto disminuidas sus sueldos como trabajadores dependientes, incluyendo cuando corresponda, a aquellos que reciben complementos de remuneración con cargo al seguro de cesantía por la aplicación de un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo conforme a la ley de protección del empleo (N° 21.227); o

iii) Que no estén sujetas al régimen de seguro de cesantía, por haber optado por no ingresar al sistema al momento de crearse el seguro, y que actualmente se encuentren cesantes; o

iv) Que estén organizadas como empresarios individuales, para efectos tributarios.

I.1.- “Aporte Fiscal”

– Establece en favor de las personas que cumplan con los requisitos generales para ser beneficiarias ya señalados, la posibilidad der solicitar por una sola vez y dentro del primer mes de vigencia de este proyecto como ley, un aporte con cargo a recursos fiscales sin la obligación de reintegrarlo, denominado el “Aporte Fiscal”, conforme a las siguientes reglas:

– El monto del Aporte Fiscal (AF) dependerá del tramo de ingreso promedio mensual (IPM) en el que se encuentre el solicitante, los que van desde los $400.000 hasta los $2.000.000 (sobre esta última cifra no se tendrá derecho a AF), según la siguiente escala:

a) AF de $ 500.000 para quienes tengan un IPM igual o mayor a $400.000 y $1.500.000;

b) AF de $400.000 para beneficiarios con IPM entre $1.500.000 y $1.600.000;

c) AF de $300.000 para beneficiarios con IPM entre $1.600.000 y $1.700.000;

d) AF de $200.000 para beneficiarios con IPM entre $1.700.000 y $1.800.000;

e) AF de $100.000 para beneficiarios con IPM entre $1.800.000 y $2.000.000;

– Regula la compatibilidad del AF con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) establecido en la ley N° 21.230, disponiendo que en este caso, de la cantidad del Aporte Fiscal que corresponda al solicitante se deberá descontar el monto total del IFE, en la forma que se determina.

I.2.- “Beneficio”

– Establece en favor de las personas que cumplan con los requisitos generales para ser beneficiarias ya señalados, un mecanismo de financiamiento y liquidez, denominado el “beneficio”, que consistirá en un monto en dinero mensual, reembolsable; que podrá ser solicitado por un máximo de 3 meses, continuos o discontinuos, durante un período de 5 meses a contar del 8 de agosto de 2020.

-Dispone que las personas que no sean beneficiarias del Aporte Fiscal o no lo soliciten, tendrán derecho a realizar una solicitud adicional del beneficio, el cual deberá ser solicitado dentro del primer mes de vigencia de este proyecto como ley

– El monto del beneficio se calculará mensualmente, restando del Ingreso Promedio Mensual, el Ingreso Mensual, de modo que el beneficio ascenderá al 70% del resultado positivo de esa diferencia, cantidad que no podrá exceder de un monto máximo mensual de $650.000.

– Regula el procedimiento de restitución del Beneficio, el cual deberá efectuarse en 4 cuotas anuales y sucesivas, sin multas ni intereses, reajustables según IPC y correspondiendo la primera de ellas al equivalente al 10% del monto correspondiente, y del 30% cada una de los tres restantes. Las cuotas anuales se pagarán en el proceso de declaración anual de impuesto a la renta, con un periodo de “gracia” el primer año, esto es que el primer pago se realizará en el año 2022.

– Dispone que, sin perjuicio de lo anterior y de la posibilidad de hacer pagos anticipados, quienes hayan obtenido el Beneficio, podrán pagar las cuotas anuales de devolución que establece este artículo en forma contingente a su ingreso, lo que implica que cada pago de cuota anual podrá acotarse a un monto máximo que no exceda de un 5% de las rentas que forman parte de la declaración anual de impuesto a la renta del beneficiario, estableciéndose que, si por la aplicación de este tope máximo, los beneficiarios mantengan un saldo del beneficio pendiente de devolución en forma posterior al pago de la cuarta cuota anual, dicho saldo será condonado.

Pedrito y el lobo

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera 

“Un buen Presidente debe comportarse como un buen padre de familia y preocuparse de todos sus hijos”, decía el Presidente Piñera al anunciar una más de la serie de medidas con que intentó frenar el retiro de fondos de pensiones. Es una imagen que los políticos chilenos suelen usar. El mismo Piñera dijo en 2016 que “urge fortalecer el principio del respeto y la autoridad. Respeto de los hijos a sus padres, de los alumnos a sus profesores, de los ciudadanos a sus autoridades”.

Ciudadanos infantilizados, reducidos a la obediencia hacia sus autoridades, que les reparten protección y correctivos.

Y a esos niños -creen algunos padres- a veces hay que contarles mentiras piadosas por su propio bien. Si no quiere comer, no sirve explicarle los beneficios de la alimentación saludable. Él no lo entenderá. Mejor decirle que si no deja limpio el plato, se lo llevará el viejo del saco. Tampoco basta con enfatizar cuántas horas de sueño necesita cada noche. Más efectivo es cantarle “Duérmete niño / duérmete ya / que viene el cuco / y te comerá”.

Los políticos chilenos tienen una larga tradición de apelar a cucos y viejos del saco cada vez que los niños se insubordinan. Si ganaba el No, “volveremos al 10 de septiembre de 1973” (general Pinochet, 1987). Si se despenalizaba la homosexualidad, nos caería “el castigo que Dios ha impuesto” (diputado García, 1995). Si no se construía HidroAysén, “estamos condenando a nuestro país a un apagón” (presidente Piñera, 2011). Si se aprobaba el aborto terapéutico, “se acabó la Teletón, se acabaron los niños con discapacidad” (diputado Hasbún, 2016).

Pese a todos estos ridículos históricos, en el proyecto del 10% la carta del cuco se usó otra vez a destajo, exagerando hasta el absurdo las legítimas preocupaciones y ocultando los posibles beneficios.

El 10% era una medida “suicida” (Pablo Echeverría) y “estúpida” (José Luis Daza), que “pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país” (carta de líderes empresariales) y “busca destruir el sistema previsional” (AFP Habitat).

Basta poner un poco de distancia para ver un escenario mucho más matizado.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que Australia, Estados Unidos y Perú ya han permitido retirar fondos de pensiones, sumándose a países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, México, Singapur o el Reino Unido, que permiten retiros permanentes en algunas circunstancias. El BID concluye que “corresponde a cada país ponderar el dilema”, con sus pros y contras.

La economista jefa del Banco Mundial opina que el retiro del 10% es “un debate pertinente”, y que “hay que discutir todas las opciones”. La Tercera entrevistó a cinco economistas extranjeros al respecto. Sus opiniones fueron diversas, desde “no es lo óptimo” y “está mal orientada”, hasta “es una medida razonable” y “a nivel político pareciera ser correcta”.

Un informe del Scotiabank prevé que la reforma significará un gigantesco impulso económico. Estima que U$10.000 millones se gastarán en consumo, lo que hará crecer la economía entre 1,5 y 5,3 puntos del PIB, reduciendo en cerca de la mitad la caída del producto por la pandemia en 2020, además de entregar miles de millones de dólares al Fisco por IVA.

Lejos de las estimaciones catastrofistas, este viernes la Bolsa de Santiago fue una de las pocas en el mundo que subió “ante expectativas de mayor consumo por retiro de fondos”, según destaca La Tercera.

Se dijo también que este proyecto era inaceptable por ser “regresivo” (ministro Briones) y “beneficiar a los más ricos” (diputado Melero). Es cierto que es regresivo, porque permite a personas de altos ingresos retirar hasta $4,3 millones sin pagar impuestos. Pero, ¿desde cuándo eso les importa tanto?

Chile es el país de la OCDE con mayor desequilibrio entre lo que recauda por IVA, un tributo regresivo que golpea más a los más pobres (41%), y por impuesto a la renta de los más ricos (10%). Sí, 41% versus 10%. El promedio de la OCDE es 20% contra 24%.

Los gobiernos de la Concertación subieron el IVA, de 16% a 18% con Aylwin, y luego a 19% con Lagos. Mientras, se negaban a establecer un royalty minero real (sólo tenemos un impuesto específico), lo que, según el economista Ramón López, significó regalar U$120 mil millones a las multinacionales que explotan el cobre, sólo entre 2005 y 2015.

Este mismo gobierno tuvo como su proyecto estrella una reforma tributaria que bajaba la tasa de los dueños de empresas, entregándoles un recorte de US$833 millones en sus impuestos personales.

Y ni hablar de los perdonazos tributarios, las empresas zombi o la compraventa bursátil libre de impuestos. ¿De verdad los que han construido todos esos gigantescos forados, ahora se escandalizan por el pequeño agujero que permite sacar $4,3 millones libres de impuestos?

El otro cuco es el riesgo para la democracia, que se subvirtió porque se legisló “bajo amenaza” (senadora Muñoz). Por cierto, las amenazas y los actos de violencia son delitos, y deben ser perseguidos y castigados como tales. Pero una democracia es más fuerte cuando los ciudadanos se involucran en el debate legislativo, hacen valer su opinión, y exigen explicaciones a sus representantes.

Esto no fue una “pataleta”, como dijo el exministro Velasco. Fue la reacción de una ciudadanía harta de ser infantilizada, que, como en el cuento, ya dejó de creerle a Pedrito cada vez que grita que viene el lobo.

Es una sociedad que cree en la democracia, y por eso hace saber a los políticos que ellos son nuestros mandatarios, no nuestros padres. Y que los ciudadanos somos sus mandantes, no sus hijos

Escuelas públicas: Principal soporte de alimentación en tiempos de pandemia

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Por Ricardo Rabanal Bustos

Magister en Educación
Profesor, Historiador y Cronista

La verdadera ayuda, la que se ha sostenido por si sola en los pilares de la ética y la corrección en el tiempo actual de pandemia y en la memoria histórica y colectiva que permanece anclada en generaciones y generaciones de estudiantes en una imagen nacional que ha traspasado la barrera del tiempo y la reminiscencia, es la alimentación que recibíamos en la escuela pública sin más trámite que nuestra propia niñez y la precariedad de niños y niñas de un Chile más humilde.

Para los cientos y cientos de educadores, en todo época y a lo largo del tiempo y del país, participar en la entrega de este beneficio, más que una obligación o responsabilidad, es un deber moral a cumplir y dar acción a un derecho de nuestros alumnos y alumnas, de sus apoderados y familias que por años lo han recibido con agradecimiento, de las manos de los maestros que son los llamados a cumplir éticamente con la entrega de este beneficio.

Hoy en día, este auxilio en víveres de primera necesidad entregados en los colegios de la nación, en esta calamidad mundial, ha pasado la prueba del día a día y las dificultades propias de cuarentenas, contagios y fundados temores de salud y durante meses a llegado silenciosa y verdadera a los más pobres entre los pobres, sin la parafernalia mediática de las cámaras de televisión, las notas de prensa gubernamentales y la marea interminable de chaquetas rojas tratando de aprovechar el minuto exacto en que estas cajas de alimento mitigan las necesidades alimenticias de los niños, niñas y ancianos más necesitados.

Son entonces las canastas familiares que licitadas por la JUNAEB, armadas y distribuidas por un equipo de personas de buen corazón y vocación por sus estudiantes, con un sentido humanista de la responsabilidad, entendiendo plenamente que esta labor hacen algo más que solo distribuir alimentos, Sino que dan dignidad a todos los alumnos que semana a semana desde el inicio de la pandemia se han acercado a la escuela pública chilena a recibir una caja de suministros, guías pedagógicas preparadas por sus profesores y textos escolares.

Allí en sus comedores y cocinas, las señoras manipuladoras de alimentos dependientes las varias empresas concesionarias de la JUNAEB, en forma valerosa, miles de mujeres vestidas de blanco de todo el país, a riesgo de sus vidas y en extensa horas de trabajo manual arman y preparan con amor y compromiso las cajas que en las próximas horas serán entregadas a los estudiantes y a sus familias en cada escuela pública del país cada quince días.

También para los educadores, asistentes de la educación y diversos profesionales de la enseñanza, no bastaría ser suficiente que desde los primeros días de la pandemia y por iniciativa propia primero, con sus oportunos medios y recursos hasta hoy, no abandonaron la formación y educación de sus alumnos. Logrando con éxito y poco reconocimiento, llegar a ellos por diferentes medios online, a sus padres y apoderados, a sus familias… en definitiva a sus hogares con las materias y contenidos que los estudiantes deben aprender para continuar con su educación. Pero y tal vez lo más importante, con una palabra de aliento, comprensión y apoyo emocional en los tiempos más difíciles y extraños que vive la educación chilena y mundial desde épocas inmemoriales.

A la hora del reparto de alimentos, cada maestro y maestra de Chile se arma de valor y vocación cada cierto tiempo y llega a su escuela para ser el servidor humilde y correcto que entregue las canastas familiares a las familias que vienen a retirarlas con ansias y necesidad verdadera en las zonas de mayor pobreza en el país. Silenciosos, austeros, íntegros, correctos….sin luces ni espectáculo alguno, cumplen su ética misión de educadores en beneficio de sus chiquillos.

Es hoy junto al hospital público y sus esforzados funcionarios cuya noble tarea está al borde de la abnegación y valentía. La escuela pública se alza como un segundo baluarte histórico y democrático de respeto a la dignidad de nuestros educandos. Pero a veces pareciera que el Ministerio de Educación buscara precisamente todo lo contrario al promediar el pago de la ya cuestionada, por décadas, subvención escolar por asistencia, a la asistencia promedio del mes de marzo del presente año, donde cientos de colegios y liceos permanecieron “tomados” a lo largo de todo el país productos del estallido social y donde cientos de padres y apoderado, por seguridad, decidieron no mandar a sus hijos a los colegios que seguían funcionando, por justificado temor a la inseguridad y posibles peligros, producto de las protestas callejeras que se desarrollan en sus inmediaciones.

Condena así el Ministerio de Educación a la enseñanza pública que dice tiene el deber constitucional de defender, a un desfinanciamiento evidente y sostenido, una vez más, ahora en tiempos de pandemia y calamidad pública. Carencia de recursos que se ira incrementado con el paso de los meses, sometiendo a los profesores, profesoras y personal administrativo y de servicios a un periodo de incertidumbre innecesario, maquiavélico y sin propósito aparente más que un concepto de dura ideología de “pago por servicios” que pretende debilitara y reducirla lo que más sea posible a la escuela pública de todos.

O será el motivo de esta negación de aportes deliberado, una especie de estrategia inconsciente y arriesgada para el bienestar de todos los funcionarios educacionales que pretende hacer trabajar a como dé lugar nuevamente a la escuela pública, en una nueva aparente normalidad que nos puede traer consecuencia de salud y de vida insospechadas para los alumnos, apoderados y funcionarios.

Finalmente, en este tiempo, cuando precisamente esta pandemia ha demostrado el valor de lo publico, lo colectivo, lo solidario y lo social que han sido valores fundamentales de la república en antaño, para mantener con vida y esperanza a la humanidad, se disminuye notablemente los presupuestos de una de las organizaciones más poderosas, reconocidas y valederas del estado para dar dignidad a todos los chilenos sin excepción, la Escuela Pública Chilena.//ELF

 

Querella de Jadue contra Piñera y Mañalich sigue su camino, pese a intento fallido de frenar su admisibilidad por parte de la defensa

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La defensa de los imputados Sebastiáb Piñera, Jaime Mañalich, Arturo Zuñiga y Paula Daza, compuesta por los abogados Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y Eduardo Riquelme, este último parte del Ministerio del Interior, presentaron un recurso de reposición en el marco de la querella interpuesta por Daniel Jadue contra autoridades de gobierno por las muertes por coronavirus.

Dicha acción buscaba dejar sin efecto la resolución que admitió a tramitación la acción penal. En la audiencia, donde se discutió por dos dias esta solicitud, la magistrada María Fernanda Sierra del 3 Juzgado de Garantía, rechazó el recurso y le dio la razón al alcalde de Recoleta representado por el abogado Ramón Sepúlveda, dando nuevamente luz verde a la querella.

“Creemos que lo que intentaron hacer las defensas era echar por tierra y obstruir una acción penal legítima y que busca esclarecer la verdad y la responsabilidades penales de autoridades que a nuestro juicio fueron negligentes en el manejo de la pandemia en chile y que ha terminado lamentablemente con miles de muertos en nuestro país. Quedamos conformes con la decisión del tribunal y esperamos que siga de rumbo la indagatoria del ministerio público. Siempre sostuvimos que la querella era admisible y que mis representados estaban legitimados para presentar esta acción, acá se buscó obstruir la participación de Daniel Jadue pero el tribunal nos dio la razón y la investigación sigue su curso en busca de justicia por las familias”, afirma el abogado Sepúlveda.

Junto con lo anterior se declararon también admisibles las querellas presentadas por las concejalas de Conchalí, Grace Arcos, y de Santiago Iraci Hassler. //ELF

Camila Avilés, vicepresidenta de la Mujer DC y promulgación de Ley Crianza Protegida: «Quedaron fuera madres con hijos con enfermedades graves y mujeres con prenatal»

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Ayer, el Presidente Sebastián Piñera promulgó a Ley Crianza Protegida. En concreto, esta normativa establece beneficios a los padres o madres que estén haciendo uso del permiso postnatal parental o que tengan el cuidado personal de niños nacidos a contar del año 2013.

Se trata una licencia de tipo preventiva para efectos del Covid-19, a la que podrán acceder los (las) trabajadores (as) que hicieron uso del permiso postnatal parental y cuya fecha de término haya sido a partir del 18 de marzo pasado y hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley.

Podrán acceder, los trabajadores dependientes, independientes y funcionarios públicos que hayan hecho uso del permiso postnatal parental.

Por consiguiente, este grupo tendrá derecho a un subsidio equivalente al monto diario del beneficio que recibió durante el permiso postnatal parental, el cual será pagado por las Isapres o Fonasa según sea el caso. Es importante precisar, que este permiso se extenderá por 30 días con opción de prórroga por dos periodos más, mientras el estado de catástrofe se mantenga.

Responde a una necesidad

Al respecto, la vicepresidenta de la Mujer DC, Camila Avilés, valoro la iniciativa En La Fontana, pero critica que se promulgara tardíamente.

«Si bien con esta promulgación de la Ley las madres trabajadoras van a tener una opción, lamentamos que después de más de cien días, recién hoy las madres tengan una posibilidad que les permita quedarse con sus hijos y no estar en la disyuntiva de protegerlos ante un posible contagio o tener que ir a trabajar», sostuvo.

Respecto lo anterior, profundizó: «Esto es una medida que viene a responder a una necesidad muy grande después de que el Presidente no quiso patrocinar el proyecto y ahora, al menos, se pueden quedar en casa estas mujeres en el cuidados de sus hijos y familia. Han quedado fuera madres con hijos con enfermedades graves, y no se dio cobertura al prenatal, por tanto, hay una moción del diputado Gabriel Silber (DC) para ir en respuestas de estas mujeres, y así ninguna mujer tenga que decidir entre trabajar y contagiarse o cuidar a sus hijos y no tener ingresos».

Diputado Alexis Sepúlveda (PR) En La Fontana: «El Gobierno no nos dejó otra alternativa que aprobar el 10% por esta tardanza y regateo constante»

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En La Fontana conversamos con el diputado, Alexis Sepúlveda, del Partido Radical (PR). El  ingeniero comercial y congresista por el distrito 17, Región del Maule, analizó la contingencia actual de la política en Chile. 

Se refirió, entre otros temas, a la aprobación del retiro del 10% en el Senado que se vota hoy en la Cámara de Diputados, en su tercer trámite legislativo.

«El Gobierno no nos dejó otra alternativa que aprobar el 10% por esta tardanza y regateo constante. La cobertura del plan del gobierno a la clase media es baja, además de existir un sinnúmero de requisitos, donde muchos no van a ser aceptados. En ese marco, el 10% deja una sensación de que en Chile no hay intocables. Las AFP han lucrado y tenido altas utilidades, todo este tiempo, a costa de la gente, pese a las grandes pérdidas que han tenido muchos cotizantes», parte diciendo el parlamentario.

Respecto de lo anterior, añade: «El sistema de AFP en Chile es un sistema previsional fracasado. No ha cumplido con sus objetivos y promesas que se dijo desde que fue creado. Por tanto, hay que salir ha realizar cambios estructurales al sistema de pensiones en Chile».

-¿Este retiro del 10% debe llegar a todos?

-Tiene que ser universal y sin colocar barreras, porque el dinero son de las personas. Unos pudieron ahorrar más, otros menos. El tema es que los fondos son de cada uno de los cotizantes. Y la derecha instala esto de que los ricos van a evitar pagar impuestos para dilatar el proyecto que consideran regresivo y así desligitimarlo. La gente quiere su 10% y no no está preocupada por cómo usarán esos recursos quienes tienen más ahorros, solo quieren tener liquidez para enfrentar estos momentos difíciles.

-¿Y la gente podría perfectamente escoger este beneficio o el que ofrece el Gobierno del bono de $500 mil y préstamo blando?

-Que la gente escoja si prefiere el retiro del 10% o del bono y préstamo blando del Gobierno, o ambas opciones. Lo importante es que le demos alternativas a las familias de sectores medios. No son opciones excluyentes. En todo caso, estas medidas del 10% y del bono no solucionan los problemas profundos que ha tenido la clase media y los más vulnerables.

Unidad de la oposición

-¿Esta pandemia ha unido a la oposición?

-La construcción de la unidad tiene que ser con objetivos de más largo aliento, que solo el retiro del 10%. Nos depara una responsabilidad que partió el 18-O con el estallido social. La gente pidió cambios sustanciales en Chile en esta rebelión. Pretender que esos cambios lo realice un Gobierno de derecha es iluso. Por eso, que la responsabilidad para responder a esos cambios la tiene la izquierda y la centroizquierda. Desde la DC al Frente Amplio y el PC; todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esos cambios y no dar escusas de que no pudimos llegar a los acuerdos necesarios para aquello. Por eso, la derecha nos ganó la elección presidencial y otras.

-¿Se puede llegar a acuerdos «entre las oposiciones»?

-Tenemos que ponernos de acuerdo como oposición en candidatos a alcaldes y gobernadores, con candidatos únicos, pero en primarias, de forma democrática, no con pactos electorales entre partidos. Hay que abrir las puertas de par en par y que la gente decida con su voto a las personas más idóneas para estos cargos públicos. Eso es lo que corresponde en democracia y está amparado por el Servel. Sería, entonces, una irresponsabilidad que como oposición no nos pusiéramos de acuerdo en unidad, para los desafíos electorales que se vienen.

-Por último, ¿La centroizquierda e izquierda pueden ser Gobierno?

-Los cambios estructurales van a venir cuando exista una nueva constitución.Tenemos que tener un nuevo Gobierno progresista, que acoja estas demandas ciudadanas para construir el nuevo Chile.  Si no nos unimos como oposición, la derecha va a seguir gobernando y no podremos realizar los cambios que el país y las personas piden. //ELF