Por David Pellizzari Ossa

Los bancos, las compañías de seguros, las multitiendas y las empresas privadas en general tienen mesones de “atención” al cliente, y, en Chile, el Estado también.

ChileAtiende es un programa gubernamental que busca centralizar la información sobre beneficios y otros programas estatales para la ciudadanía, en el papel, muy buena idea, sin embargo, su nombre, no es solo una mala elección de palabras que hoy suenan “poco adecuadas”, refleja una concepción social y del rol del Estado anacrónica, indolente y fracasada.

Una interpretación neoliberal y dogmática del Principio de Subsidiaridad contenido en la Constitución vigente, así como, el reinado de la falacia de la especialización, han hecho de nuestro Estado un triste remedo de sí mismo.

Compartimentado en estancos de intervención que no “conversan” entre sí, celosos de la información que obtienen de la ciudadanía lo que redunda en ineficiencia y absurdos trámites que cada chileno ha debido enfrentar como un calvario en que recorre diversas oficinas publicas que le exigen datos y certificados que paradójicamente el propio Estado debe entregar, sin una mirada integral de las políticas publicas y su efecto en la comunidad, su especialización y división extrema ha fallado rotundamente.

Espectador privilegiado del quehacer social y económico nuestro Estado descansa en la “autorregulación” y el supuesto funcionamiento del mercado, la competencia y sus instituciones, como defensa natural contra los abusos, sin embargo, esta quimera idealizada ha fracasado por completo, tenemos superintendencias cuyo “cliente” son las empresas teóricamente reguladas y no los ciudadanos que deben ser protegidos, una ambigua y limitada Ley de Derechos del Consumidor, en perfecta armonía con un SERNAC “desdentado” e impotente. En cada repartición Estatal que observemos con detenimiento, sus falencias, en cuanto a regulación y fiscalización, son tan evidentes que no pueden ser entendidas como una casualidad, sino como el resultado de un diseño preciso, una verdadera deconstrucción del concepto y función del Estado.

El dogma neoliberal es tan omnipresente en este diseño que no sorprende que haya permeado a la administración pública en su conjunto, no solo en su estructura, sino en su cultura organizacional y funcional también, lo que explica las décadas de una brutal dictadura de la DIPRES (Dirección de Presupuesto), que tiene la última palabra en todo proyecto gubernamental, sometiendo a los programas e iniciativas a cuestionables criterios economicistas, que buscan mantener a cualquier costo los sacrosantos equilibrios macroeconómicos, dejando en un muy lejano segundo plano las necesidades y Derechos de la ciudadanía.

En este modelo, que el Estado “atienda” a sus ciudadanos es perfectamente coherente, o, al menos lo era.

Así, a partir de la llamada revolución de la dignidad, muchos han despertado a la realidad, y, la normalidad que vivían antes del estallido social, ya no parece tan normal...

Los chilenos no necesitan un Estado que los “atienda”, sino mas bien, uno que asuma un rol de garante de sus Derechos, uno que en sus decisiones tenga en vista, en un muy claro primer lugar, a la persona humana, su dignidad, Derechos y necesidades, un Estado que entienda a la economía como un instrumento al servicio de sus funciones y responsabilidades, y no como una suerte de religión fundamentalista e incuestionable, necesitan un Estado que redefina su presupuesto y la forma de invertir sus recursos, donde los números adquieran sentido a la luz de los objetivos... y no al revés, necesitan los chilenos un nuevo pacto social, político y económico que dé cuenta de este nuevo estado de conciencia social y colectiva.

En concreto, y sin menospreciar la utilidad de una herramienta estatal que concentre la información para la población, Chile necesita un “ChileDefiende”, que más allá de slgans o frases hechas, que cambie el rostro de nuestro Estado, desde la ausente figura paterna irresponsable que abandona a sus hijos a su suerte, como buen corolario del modelo patriarcal que nos rige opresivo, a una cercana y diligente, que le devuelva la confianza de la ciudadanía.

Como programa podría estar construido a partir de las, hoy limitadas, Corporaciones de Asistencia Judicial, y todos los programas y Servicios públicos teóricamente orientados a la defensa de los Derechos de las personas en sus distintas dimensiones, que hoy hacen intervenciones parciales, descoordinadas y hasta superpuestas, para que, con una mirada integral, apoyen a los ciudadanos, los respalden y defiendan en sus Derechos contra quien intente abusar de ellos. //ELF