En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Juan Manuel Sepúlveda

Algunas notas sobre los sindicatos, los acuerdos de libre comercio y la integración

by Deja un comentario

Por Juan Manuel Sepúlveda

Exespecialista senior de la Organización Internacional del Trabajo; actualmente integrante del equipo de Trabajo de la candidata a la presidencia Yasna Provoste; del Frente de Trabajadores DC; miembro de las comisiones técnicas-políticas de trabajo e internacional de la DC.

Apuntes para sindicatos y acuerdos de libre comercio. 

• La integración no solo no destruye empleo ni deprime los salarios, sino que, por el contrario, refuerza el respeto a los derechos fundamentales, lo que constituye un elemento central de la estabilidad social y política y de la seguridad jurídica, necesarias para el aumento sostenido de la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo de calidad.

• La actuación de los sindicatos está, entre otros, fuertemente condicionada por los acuerdos de libre comercio (TLC) y por los procesos de integración que los obligan a ajustar sus propuestas y reivindicaciones a la marcha de esos acuerdos, empujándolos a reforzar sus intereses a escala supranacional.

• Los representantes de las organizaciones sindicales y sociales de nuestro país son, en general, favorables a los procesos de integración y al desarrollo de una dimensión social y laboral de los mismos y de los TLC, en especial la relacionada con el respeto a los derechos fundamentales del trabajo. Sin embargo, para el desarrollo de dichos procesos y de su dimensión socio-laboral la participación de los actores sociales es esencial.

• Ha sido importante el desarrollo normativo de los procesos de integración y en algunos acuerdos de libre comercio en lo relacionado con los derechos fundamentales en el trabajo, si bien requieren de un mayor desarrollo en nuestra legislación.

• Se debe tener presente que Chile es un Estado miembro de la OIT, por tanto tiene una obligación ante sí mismo y ante los compromisos adquiridos en tanto que Estado miembro de la organización de poner en práctica los principios generales que originan los derechos fundamentales del trabajo por cuanto éstos son expresión de unos valores que fueron aceptados al adherirse libremente a la Constitución de la OIT. Este es el mandato específico que fue especialmente confirmado en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998 de la OIT, instrumento que confirma y reafirma el consenso mundial iniciado en Copenhague.

Sin embargo, nuestro país mantiene limitaciones en materia de aplicación de dichas normas y compromisos, tanto por la no observancia de la ley, como por la existencia de amplios sectores ocupacionales no cubiertos por la legislación laboral. Los comentarios de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, CEACR, de la OIT, evidencian los problemas existentes en materia de aplicación de la 2 normativa laboral internacional. Basta ver las recomendaciones de la OIT por las sucesivas Resoluciones del gobierno para despojar a los trabajadores del derecho a huelga en decenas de empresas.

• También existe un consenso en que no se deben promover ni aceptar competitividades espurias basadas en el no respeto a los derechos fundamentales en el trabajo. Los acuerdos de integración y de libre comercio deberían ser claros y taxativos al respecto.

• Es indudable que Chile requiere mejorar el nivel de aplicación de las normas y compromisos laborales incorporados en los acuerdos de integración y, en algunos acuerdos de libre comercio, si se quiere que los mismos no se conviertan en una mera declaración de buenas intenciones. Para ello es necesario fortalecer a las administraciones de trabajo y a los sindicatos, agentes directos del proceso.

• No parece conveniente para la propia legitimidad social del proceso de integración en general, y para el TPP11 en particular, mantener los actuales bajos niveles de participación o la ausencia de los actores sindicales y sociales.

• Es fundamental considerar el traspaso de información y de experiencias como base del desarrollo nacional. Es necesario explorar estrategias que permitan un acceso igualitario a la buena información y a la difusión de buenas practicas laborales.

• Para mejorar la aplicación de las normas relativas a los derechos fundamentales en el trabajo se requiere no solo el fortalecimiento de las instituciones de inspección del trabajo y de justicia laboral, en general de toda la administración del trabajo sino también el desarrollo de campañas orientadas a fomentar una cultura de aceptación de que el respeto a esos derechos no es solo una obligación ética y social, sino también una exigencia para la estabilidad política y una buena inversión económica, al menos en el largo plazo.

• La mayor participación de los sindicatos y los actores sociales en las instancias y organismos de integración, así como en los procesos de negociación propiamente dicho, otorgará mayor dinamismo a los mismos y les proveerá del apoyo social del que en ocasiones carecen. En consecuencia, impulsar y facilitar esa mayor participación de los sindicatos y actores sociales debería ser una de las prioridades del programa de gobierno del Nuevo Pacto Social como una política integral de relaciones internacionales.

• Se deberían desarrollar con detalle y desde una perspectiva global proyectos de cooperación multilaterales y bilaterales que permitan 3 reforzar el objetivo de cumplimiento de los derecho fundamentales. Dichos proyectos deben buscar una verdadera efectividad, reflejar las necesidades y buscar formulas de trabajo que se adapten a las nuevas situaciones de cumplimiento de los principios en el contexto de la globalización.

• Finalmente y a efecto de lograr una aplicación efectiva de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, además de reforzar los mecanismos existentes, detectar y desarrollar medidas legales y políticas innovadoras capaces de incluir a las micro, pequeñas empresas y empresas de los sectores rurales es urgente.

La libertad sindical y la nueva constitución

by Deja un comentario

Por Juan Manuel Sepúlveda Malbrán

Asesor del Frente de Trabajadores de la DC

Nos encontramos en un proceso de cambio que está conduciendo a un nuevo periodo histórico. Se trata de un periodo que se abre y que empuja a todos los actores sociales y políticos a redefinir sus utopías, sus proyectos, sus objetivos, sus estrategias y sus acciones específicas. En este sentido las organizaciones sindicales no son una excepción.

Los cambios que se están produciendo en el mundo y que están afectando de manera particular a nuestro país son muy profundos. El escenario de esta nueva época es sustancialmente distinto del que existía hasta hace algunos años atrás.

Las relaciones laborales han cambiado. Las transformaciones en el escenario internacional y el predominio de políticas de corte neoliberal han acelerado la puesta en práctica de programas económicos de ajuste y flexibilización. De igual manera, los efectos de la globalización que han producido, tanto la reducción del papel del estado en la economía, como la desregulación jurídica de las relaciones de trabajo, han modificado los microcosmos donde se desarrollaban los contactos y acuerdos entre trabajadores/trabajadoras y empleadores/empleadoras.

El sindicalismo en Chile se asienta sobre un escenario particularmente adverso para el derecho de la libertad sindical. Chile ha sido sacudido por los mismos fenómenos –resultado de la globalización económica- que agravaron los desequilibrios sociales y económicos en todo el mundo. Los particulares procesos sociales y económicos agravaron las consecuencias negativas de la globalización económica y multiplicaron los niveles de precariedad. La economía informal creció en proporciones inimaginables e intolerables; la cobertura de las normas laborales y de la seguridad social disminuyó; y la reducción del Estado, promovida por las corrientes neoliberales, implicó un menor énfasis en la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Al amparo de las recetas proporcionadas por los organismos financieros internacionales se reeditó una muy antigua versión de la vida social y económica en la que sólo el mercado ordena y asigna los recursos.

El sindicalismo chileno no siempre ha podido afrontar con el éxito deseado los retos planteados por el nuevo escenario internacional y nacional, pero sus acciones y su persistencia, incluso en las condiciones más adversas, viene demostrado que las trasformaciones orientadas a la construcción de una sociedad justa y democrática es posible. Aún agobiadas por prácticas neoliberales y actos antisindicales, las organizaciones sindicales de nuestro país han aportado esfuerzos y vidas de generaciones hombres y mujeres trabajadoras para la construcción de la democracia. La dictadura fue abatida gracias a la acción organizada de los trabajadores y trabajadoras, que al luchar por la libertad sindical lucharon también por el respeto de todo el conjunto de libertades inherentes al ser humano; sin embargo, muchas políticas económicas orientadas a profundizar los desequilibrios impuestos por el mercado, han permanecido.

Aunque algunos resultados deben ser resaltados, la tarea para las organizaciones sindicales aún es ardua. Las doctrina neoliberal se mantiene a la ofensiva. Su impacto se deja sentir en la alarmante desigualad persistente en nuestro país; en los niveles de pobreza extrema que subsisten; en las tasas de desempleo y subempleo que resultan de su lógica de predominio absoluto del mercado; y en la grave situación de desprotección que afecta sobre todo a trabajadores jóvenes, trabajadoras mujeres y otros colectivos especialmente vulnerables. Todo lo anterior desnudado y agravado por la pandemia.

Hoy, cuando nos acercamos a cambiar la Constitución de nuestro país, el sindicalismo aparece como un actor clave para la construcción de una auténtica cultura democrática, en la que negociación colectiva y el diálogo social se conviertan en el mecanismo natural para la definición de las condiciones de empleo y las políticas económicas y sociales a nivel nacional. El sindicalismo está llamado a convertir al trabajo en el centro de las políticas económicas y consolidar procesos de integración con una marcada dimensión social.

El enorme valor de la libertad sindical y del sindicalismo chileno

Quizás, lo primero que haya que reafirmar en este contexto es el enorme valor de la libertad sindical.

La libertad sindical es uno de los derechos que de forma más decisiva realza y expresa la dignidad del hombre y la mujer. Por ello, forma parte del catálogo de valores indispensables para la convivencia social, contenido en todas las declaraciones de derechos humanos de ámbito mundial y regional y en los convenios internacionales de la OIT.

Hace ya más de 70 años el consenso de trabajadores, empleadores y gobiernos del mundo adoptó el convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Ambos convenios forman parte de un conjunto más numeroso de convenios y recomendaciones que desarrollan el derecho de libertad sindical. Estos convenios internacionales abrieron paso a otros instrumentos de igual relevancia.

La importancia de todos estos instrumentos normativos no es menor. Todos son expresión del tripartismo, lo que significa que contaron con el respaldo de las representaciones de gobiernos y los empresarios del mundo. Pero, sobre todo, los convenios de la OIT y toda la doctrina generada por sus órganos de control, han servido para perfilar la complejidad y riqueza del derecho de libertad sindical: han señalado que la titularidad del derecho corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna; han establecido un conjunto de libertades de organización y actuación que componen el derecho y cuya estrecha conexión determina que la libertad sindical sólo pueda ser efectiva si se respeta la totalidad de su contenido; han puesto de relieve la centralidad de la negociación colectiva para la regulación de las condiciones de empleo y la importancia de su fomento; y, han delimitado el rol de garantía y no intromisión que corresponde a los Estados y el respeto que el ejercicio del derecho debe merecer entre los empleadores.

Hace sólo 22 años, el tripartismo mundial, convocado otra vez en el seno de la OIT, reafirmó que la libertad sindical constituye un derecho fundamental en el trabajo, llamado a conformar la plataforma de impulso para el progreso económico y el desarrollo. Ciertamente, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) recordó la universalidad del derecho de libertad sindical y reafirmó la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los convenios 87 y 98 –denominados “convenios fundamentales”- a todas las personas en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico, y particularmente entre los grupos de trabajadores y trabajadoras con necesidades especiales. La inclusión de la libertad sindical como el primero de los derechos fundamentales en el trabajo reafirma su condición de valor esencial para la humanidad, pero además llama la atención sobre la urgencia de realizar esfuerzos para hacerla efectiva en este proceso de cambio que estamos viviendo y plasmarla en la Nueva Constitución.

Como corresponde a su condición de derecho humano, la libertad sindical ha desarrollado un rol preponderante para los trabajadores, hombres y mujeres, para el sistema productivo y para la democracia y la sociedad en su conjunto.

El derecho humano de libertad sindical ha permitido a millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo hacer sentir su voz cuando el mercantilismo salvaje olvidaba que la riqueza de las naciones la construyen los hombres y mujeres que trabajan y no los capitales. Como ningún otro derecho, la libertad sindical ha desmercantilizado el trabajo y ha devuelto centralidad a la persona en el proceso productivo, haciendo posible su participación en el escenario productivo y sociopolítico. En suma, la libertad sindical ha enseñado a los trabajadores de todo el mundo que el trabajo dignifica cuando convierte al hombre y la mujer en ciudadanos, dotado de voz y de derechos, esto es, cuando se trata de un trabajo decente.

Pero, además de ser consustancial a la dignidad humana, el derecho humano de libertad sindical ha contribuido y contribuye enormemente a la viabilidad de los sistemas productivos y al fortalecimiento de los sistemas democráticos.

La libertad sindical está en la base de toda la gama de derechos consagrados por las normas nacionales e internacionales en favor de los hombres y mujeres trabajadoras. Estas normas establecieron un conjunto de límites a las posibilidades de los empleadores de organizar el trabajo y la producción, y esos límites aseguraron la marcha óptima de los sistemas productivos. Hoy, superadas largamente las teorías económicas clásicas que atribuían a la sindicación efectos nocivos para la sociedad, la libertad sindical aparece como un factor clave para la sostenibilidad de los proyectos empresariales y como uno de los mecanismos más efectivos para incrementar la productividad y forjar el único modelo de competitividad admisible: aquel basado en el respeto de los derechos de hombre y mujeres trabajadoras. Aunque afirmar que la libertad sindical es un derecho humano debería ser suficiente para motivar su respeto irrestricto por parte de empleadores y gobiernos, hoy es posible afirmar también que la libertad sindical promueve la eficiencia de los sistemas productivos.

La libertad sindical también resulta sustancial para la construcción y consolidación de los sistemas democráticos. Como lo ha señalado la OIT, existe una relación estrecha entre la libertad sindical y la democracia: la democracia es esencial para el ejercicio pleno de la libertad sindical pero, también, la libertad sindical es esencial para la construcción y consolidación de un auténtico sistema democrático. Sólo donde hay libertad sindical hay democracia y, por ello, las violaciones de la libertad sindical en nuestro país habla claramente del aún claro predominio de una cultura autoritaria. Un regímen que viola o es testigo indolente de violaciones a los derechos sindicales evidencian su carácter autoritario, pues un atentado a la libertad sindical es, finalmente, un atentado contra la democracia.

En buena medida, la acción sindical ha contribuido a acrecentar el valor de la democracia. Junto con otros movimientos sociales, el sindicalismo ha mostrado al país que la caracterización de un régimen político como “democrático” carece de sentido y legitimidad si las prácticas sociales y económicas no son democráticas, esto es, si los ciudadanos carecen de libertad para organizarse, expresarse y participar en la vida política y social o si las oportunidades y la riqueza no se distribuyen equitativamente. La libertad de hombres y mujeres trabajadoras para organizarse y actuar sindicalmente es, en sí misma, una expresión acabada del respeto al pluralismo social y del reconocimiento de posturas y criterios diversos. Pero, por otro lado, la negociación colectiva y el diálogo social, son los mecanismos más justos y eficientes para la mejora de las condiciones de empleo y la distribución de las oportunidades y la riqueza generada por las empresas y el país. Ambos mecanismos, basados en el consenso, son especialmente efectivos para distribuir los efectos de los períodos de bienestar y de crisis, promoviendo de esta forma un modelo de desarrollo social y económico participativo y no excluyente, propio de una auténtica democracia.

Fuera de ello, la libertad sindical contribuye de diversas formas a consolidar la institucionalidad y garantizar la estabilidad social. El sindicato asume como uno de los roles principales la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales por parte de los empleadores y a través de esta acción contribuye a afirmar la institucionalidad laboral. Sin duda, los sindicatos desarrollan una vigilancia extendida y constante de la efectividad de las normas laborales, como ningún organismo estatal podría hacerlo. Es decir, los sindicatos deben actuar como fiscalizadores del cumplimiento y aplicación de la libertad sindical. Adicionalmente a ello, la libertad sindical es esencial para la cohesión social. Los hombres y mujeres trabajadoras se integran social y económicamente a través de las organizaciones sindicales, siendo éstas los canales apropiados para que sus aspiraciones e intereses conjuguen con las expectativas e intereses de otros colectivos sociales. Palabras como la “solidaridad” y la “justicia social” adquirieron un sentido material y universal gracias al sindicalismo y, de ser parte del lenguaje obrero, pasaron a integrar parte del catálogo de aspiraciones de la sociedad en su conjunto.

No debemos olvidar el enorme valor que la libertad sindical tiene para trabajadores, empleadores, gobiernos y sociedad en su conjunto. Nos indica que se trata de un derecho imprescindible para el sistema social y económico, y enormemente funcional para construir una sociedad moderna y un Estado auténticamente democrático. La unificación del sindicalismo chileno aparece como una oportunidad invalorable para revertir la situación adversa que la libertad sindical y el sindicalismo enfrentan y para reafirmar entre las mujeres y hombres trabajadores el enorme valor de la libertad sindical.

Reafirmar el valor de la libertad sindical en la Nueva Constitución es una labor urgente y el sindicalismo de nuestro país está llamado a desplegar un rol protagónico en este esfuerzo. //ELF

Juan Manuel Sepúlveda, asesor del Frente de Trabajadores DC: «En coyuntura de tensión social y falta de confianza en las instituciones es importante fortalecer mecanismos de dialogo social»

by Deja un comentario

En La Fontana conversamos con Juan Manuel Sepúlveda, demócrata cristiano desde su juventud, dirigente sindical metalúrgico, quien además compartió parte de su vida con Andrés Aylwin, durante la dictadura y luego en los gobiernos de la Concertación.

El 13 de enero de 1978 los tomaron detenidos y los enviaron al norte junto a otros democrátacristianos: fuer una víctima de la dictuadura represiva de Pinochet.

Hoy por hoy, asesora al Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana (FTDC). Justamente, para conocer su opinión sobre materias laborales respeto de la contingencia actual habló en profundidad con nuestro medio.

¿Cuál es su evaluación de la ministra del trabajo?

-Creo que la actual Ministra del Trabajo, Sra. María José Zaldívar, ha actuado en conformidad con lo que representa, ha cumplido su papel de garante de un sistema individualista, por lo tanto poco solidario, donde predomina el capital ante el trabajo, que restringe el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva. Donde se mantiene una legislación laboral influenciada por una visión económica y política heredada del plan laboral de la dictadura. No deja de ser preocupante que, luego de transcurridos 40 años desde su implementación a través de la dictación del DL No. 2.758, no se hayan podido aprobar las modificaciones que atentan contra la libertad sindical y la negociación colectiva que se opone tan directamente a las normas y principios de la OIT sobre la materia. Pero esto no es solo responsabilidad de la actual Ministra del Trabajo, sino que hay una corresponsabilidad compartida de las anteriores ministras y ministros del trabajo. Ahora la situación creo que se tornará más compleja con el nuevo gabinete.

-¿Cuáles son los desafíos laborales del próximo tiempo?

Aquí me detendré un poco más porque son varios y fundamentales, hay grandes desafíos para enfrentar los cambios que nos demanda el futuro del trabajo.

El primero de los primeros, voluntad y disposición amplia de los líderes sindicales para iniciar un proceso de dialogo intersindical y conducir a la redefinición del sindicalismo a fin de transformarlo en un actor de desarrollo y de profundización de la democracia. El objetivo es obvio, enfrentar un proceso conjunto de reposicionamiento del actor sindical en la sociedad civil, con fuerza de interlocución frente a los gobiernos y el empresariado, rescatando sus nuevas potencialidades para socializarlas y hacerlas parte integrante de una nueva conciencia de actor nacional. Esto significa promover la unidad de acción y programática como producto de una discusión profunda, pero con tolerancia y respeto, de cada tema y coyuntura que afecte los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Fortaleciendo la organización sindical en su base, orientando la lucha social por la defensa de los derechos y principios fundamentales del trabajo.

Otro es el que le acabo de mencionar, la derogación del DL No. 2758, para generar un nuevo Código del Trabajo que promueva y garantice efectivamente, a todos los trabajadores, el ejercicio pleno de los derechos y principios fundamentales del trabajo, especialmente el de la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga.

Una Constitución democrática que se funde en el valor del trabajo, y los derechos economicos y sociales. La vivienda, la salud, la educación, el sistema de justicia, el régimen de seguridad social y la protección de los más desvalidos, son desafíos pendientes de urgente realización, junto con los derechos humanos de segunda y tercera generación. Bregar por una sociedad de derechos y garantías explícitas en los campos de la protección social, la educación, la justicia y la salud, tengan un estatus reconocido e indiscutible dentro del Estado como promotor del Bien Común, en que estos alcancen una real jerarquía en nuestro ordenamiento institucional. Para que los valores de cooperación y solidaridad se impongan sobre los antivalores que sustentan el individualismo, el consumismo, el enriquecimiento y la mera satisfacción hedonista como motores del desarrollo.

Promover el tripartismo entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empresarios, para impulsar un proceso de dialogo social que conduzca a un nuevo acuerdo social entendido como la articulación democrática de los diferentes intereses presentes en nuestra sociedad. Ello supone, después del radical viraje impuesto por las políticas aplicadas durante las ultimas décadas, una reconstrucción del Estado y una resocialización de la vida nacional. Esta construcción de un nuevo Estado para todos los ciudadanos no puede basarse sino en un nuevo acuerdo social, el mismo que no puede ser construido sino a través del dialogo social. Es en este sentido que el dialogo social alcanza su verdadera dimensión como vía y como método para el procesamiento de los diferentes intereses sociales para alcanzar consensos básicos sobre como construir ese Estado que demandan los ciudadanos. Aun a riesgo de parecer extremo, no habrá Estado al servicio de todos los ciudadanos sino se establece un nuevo acuerdo social. Y no habrá un nuevo acuerdo, y por tanto un nuevo Estado y una nueva sociedad, sino es fruto del dialogo social, dialogo que no será posible sin la activa participación en el mismo de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales.

Cambio del sistema económico imperante en Chile porque ha favorecido la concentración del poder económico, el monopolio y los acuerdos transversales de empresas, con lo que se ha afectado la transparencia del mercado y ha dejado entregado a esas voluntades la distribución de los beneficios del trabajo y del capital. Una de las formas más duras del capitalismo tomó forma en Chile, tras una campaña sostenida por décadas en contra del papel del Estado en los procesos económicos. La distribución inequitativa del ingreso nacional, la tributación inadecuada, la falta de incentivos reales a la pequeña y mediana empresa, son algunos de los aspectos que han deteriorado el nivel de vida de la clases medias y de los trabajadores. El valor del trabajo como generador de riqueza y conceptos tales como la justicia, la equidad y la solidaridad, han pasado a segundos y terceros planos, sustituidos por la competitividad y la eficacia de los rendimientos macro económicos y de las grandes empresas. Si las políticas energéticas, agrícolas, mineras, industriales, por nombrar las más relevantes, continúan al margen del rol social de la empresa y del Estado mismo, solo apegadas a los criterios de mercado, entonces los beneficios efectivos seguirán orientados hacia quienes hoy controlan la riqueza, pagan bajas remuneraciones y mantienen bajos niveles de ingreso en los sectores medios y bajos.

Comprometerse e involucrarse en la discusión de demandas que han emergido en la sociedad del siglo XXI y que están siendo expresadas como malestar social sin hallar solución. La demanda de los pueblos originarios por el reconocimiento de su cultura y tradiciones, debe dejar de ser tratada como si fueran acciones terroristas, desplegadas en contra del Estado y de la sociedad chilena. El Convenio 169 de la OIT y ratificado por Chile, debe ser aplicado rigurosamente.

La demanda de protección del medio ambiente entraña un compromiso con la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la economía del cambio climático debe ser abordada desde la solidaridad entre las generaciones actuales y las futuras. La mirada de Chile como un pueblo en desarrollo inmerso en América Latina, exige la formulación de políticas de largo plazo que armonicen con el desarrollo integral y equitativo de la sociedad. La familia, considerada como base de la sociedad, es una institución que experimenta cambios en el mundo actual y no puede soslayarse con meras consignas. Sus distintos tipos de conformación deben ser reconocidos en la ley y validados en la conducta de los chilenos.

La cultura entendida no solo como los valores que imperan en la sociedad, sino como el conjunto de los bienes que una sociedad genera desde si misma y que la reflejan en su ser mas intimo, no puede ser patrimonio de minorías. El acceso a los bienes culturales, el desarrollo del pensamiento propio y de la creatividad, la expresión del ser de las personas en sus variadas expresiones, tales como las formas diversas de arte, el pluralismo en los medios de comunicación y el sentido compartido de la historia, son parte clave del desarrollo pleno de una sociedad. La educación, no es solo un asunto de asignación de recursos económicos, sino que determina las posibilidades reales de crecimiento de las personas, de las comunidades y de la sociedad en su conjunto.

-¿La situación laboral en tiempos de pandemia como se enfrenta la gran cesantía?

Creo que el dialogo social tripartito entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores y empleadores es un instrumento fundamental para elaborar y aplicar medidas reparadoras sostenibles, a nivel de las distintas regiones y a nivel nacional. Ello requiere organizaciones de interlocutores sociales sólidas, independientes y democráticas. El fomento de la confianza por medio del dialogo es fundamental para que las medidas políticas resulten eficaces. En una coyuntura de mayor tensión social y de falta de confianza en las instituciones, es especialmente importante fortalecer los mecanismos de dialogo social y la confianza en los mismos, a fin de sentar unas bases sólidas que propicien una estrecha colaboración entre empleadores, trabajadores y gobierno. El diálogo social a nivel empresarial es también primordial.

Creo también que las Normas internacionales del trabajo proporcionan una base sólida para actuar a nivel político, habida cuenta de la función primordial que desempeña el trabajo decente para propiciar una recuperación sostenida y equitativa. Debe haber una respuesta a nivel político que haga hincapié en dos objetivos a corto plazo: la protección de la salud y el apoyo económico, tanto con respecto a la demanda como a la oferta.

-¿Cómo aprecia la actual situación del frente de trabajadores del PDC y qué desafíos tiene por delante?

He sido testigo de los esfuerzos y penurias de la actual directiva del FTDC para revertir la actual situación por la que están atravesando y que se torna aún más compleja hoy día. Sin recursos, sin el apoyo institucional del PDC han logrado llevar adelante un ciclo de encuentros con los trabajadores invitando a destacadas personalidades para producir un dialogo alrededor de temas de común interés. Públicamente han establecido posiciones frente a los diferentes temas nacionales. Han intervenido ante los parlamentarios DC para obtener el apoyo a las demandas de los trabajadores, aunque la mayoría de las veces sin éxito. Han presentado denuncias en los organismos internacionales por las violaciones a los derechos fundamentales. Han sido uno de los precursores y sostenedores de la Coordinadora de los Frentes Sindicales de los Partidos de Oposición.

Sin embargo, es un hecho, ampliamente constatado que el FTDC ha venido perdiendo peso como actor dentro del PDC, la composición de los últimos Consejos Nacionales así lo demuestran. Se asiste un debilitamiento institucional o incluso desinstitucionalización del Frente, no se le respeta como institución dentro del partido, no son escuchados ni considerados. Podría ser también por el hecho de que el propio movimiento sindical ha perdido peso dentro del sistema de relaciones laborales del país. Sin duda que la crisis generalizada ha golpeado fuertemente al FTDC. Es inquietante su actual situación, cada vez son menos los trabajadores y dirigentes sindicales que militan en el PDC, no alcanzan al 2% del total de dirigentes sindicales del país. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que los trabajadores/as y sus organizaciones no son parte sustantiva de la actual política del partido. Estas falencias inciden en las dificultades de incorporación de nuevos cuadros de dirigentes, así como en su reemplazo. Un partido de y para los y las trabajadoras se está quedando sin sus trabajadores y trabajadoras.

Confío en los actuales dirigentes sindicales DC que a través de su convicción, perseverancia, compromiso y voluntad lograran que el FTDC al menos recupere el sitial que ocupaba en el partido hace algunas décadas atrás, con liderazgos respetados y representativos. Un FTDC poderoso, que concentre las labores de capacitación, de difusión, de diagnósticos, de recepción de sugerencias y demandas. Una gran instancia que elabore propuestas, que interactúe, a través de los dirigentes sindicales demócratas cristianos, con las autoridades nacionales, que enfrente los problemas nacionales. Una instancia que multiplique y potencie los aportes de cada uno de sus dirigentes y trabajadores militantes y pueda apoyar a los sindicatos. Es un camino largo de recorrer, nadie lo niega, tendrá avances y retrocesos, como los ha tenido la historia sindical de nuestro país, pero por eso mismo, hay que comenzarlo hoy día, cuando se han acumulado más y mejores experiencias, y no dejarlo para mañana. Es una utopía, una meta. Pero también es un norte, un camino, un horizonte, que este trabajo, -por muchos que sean sus errores y limitaciones- se lo comience a mostrar como posible.

-¿Cómo ha visto el rol del PDC en materias laborales y qué espera de esta colectividad?

-Hubo una buena iniciativa algunos años atrás al crear la Comisión Laboral con el objeto de apoyar al partido en estas materias. Esta Comisión estaba integrada por dirigentes sindicales, parlamentarios, expertos en derecho laboral, economistas, pero que ha dejado de funcionar por lo que señalaba, el trabajo no está dentro de las prioridades de la actual directiva.

La experiencia de estos últimos años indica la necesidad de establecer un estrecho vínculo entre el trabajo parlamentario y el trabajo sindical, en particular cuando se trata de temas laborales.
Sin duda que esta situación debe cambiar, ya es hora.

-¿El 10% abrió la posibilidad para que se cree un nuevo sistema previsional?

Creo que si, pero aún falta mucho por hacer, ha sido un primer paso para continuar avanzando en la derogación del DL No. 3.500 que creó el actual sistema de pensiones.

Tengo esperanza que el plebiscito para aprobar una nueva Constitución nos dará una enorme oportunidad para sustituir un régimen económico que ha sido inmoral y deshumanizante, además de ineficiente en la solución de los grandes problemas de la sociedad chilena y en particular de los trabajadores y trabajadoras. //ELF