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A reconstruir la centroizquierda

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columna

El sentido común y la nueva Constitución

mayo 20, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ernesto Moreno

Doctor en Sociología

Es precisamente en la perspectiva de este desafío que debemos resaltar y compartir que los contenidos gruesos y fundamentales de lo que se ha conocido oficialmente como “Propuesta de borrador constitucional”, es un tremendo y esperanzador paso, como un marco que ayuda a encauzar las expectativas de la inmensa mayoría de los chilenos de construir una sociedad más justa, participativa y solidaria. Pudiendo tener más o menos reservas sobre lo obrado, no hay duda que subyace al conjunto de nuevas normas un relato que se aleja definitivamente del predominante en el texto jurídico anterior, cuya génesis se remonta al Gobierno de Pinochet, junto a la derecha política y económica.

Una nueva forma de Estado que deja atrás su distorsionado rol subsidiario, una democracia representativa y participativa, un Estado plurinacional y laico, una mayor regionalización, el reconocimiento de los pueblos originarios y los componentes centrales de la parte dogmático-doctrinaria, entre otros, son ilustración de ello.

Se llega al fin de una etapa en el difícil pero fascinante camino recorrido por la Convención Constitucional, cuya meta es la redacción de nuestro nuevo “Contrato Social”.

Durante un tiempo no despreciable de este proceso, y más allá de las legítimas dudas y controversias, el país ha estado saturado de reportes distorsionados, aseveraciones fuera de contexto y versiones reñidas con la verdad, lo que ha dado lugar a una fatídica fórmula, según la cual, a mayor cantidad de información tergiversada y dispersa, mayor desatención y falta de reflexión serena acerca de lo que formal y realmente ha sido aprobado por el plenario de dicho organismo.

Sectores por todos conocidos, han logrado difundir e instalar una versión de “lo que va a ser” la nueva Carta constitucional, lo que, digámoslo con franqueza, ha terminado erosionando y degradando a lo largo del país, de manera desproporcionada, su verdadero contenido.

En medio de esta controversia, el llamado “sentido común” ha pasado a ser un componente fundamental en la argumentación de muchos de los opositores al trabajo constituyente. Su tesis es que toda Constitución tiene que representar, por sobre todo, el sentido común y, por el contrario, la que no cumpla con este requisito, que sería el caso del nuevo proyecto, deviene en un documento excluyente y deficiente. Todo ello, bajo el entendido de que para estos interpeladores, y tal cual lo expresa la antropóloga Kate Crehan, el sentido común es en sí mismo una verdad, sin complicaciones para comprender y que no exige ni requiere pruebas o evidencias para su aceptación.

Sin embargo, la cuestión es algo más compleja y debatible. Es así como, desde la filosofía griega hasta nuestros tiempos, el sentido común ha tenido diferentes aplicaciones y significados. Baste recordar que Aristóteles lo asociaba con un sexto sentido que le daba una suerte de estructuración a los otros cinco y, además, era clave para comprender el mundo.

Más contemporáneamente, el sociólogo Alfred Schütz, inspirado en Husserl, apunta a cierta espontaneidad cognitiva, a partir de la experiencia, la que permite que las personas adquieran diferentes conductas y actitudes para desenvolverse en la vida cotidiana.

Lo cierto es que el sentido común ha sido y es diverso, suele ser manipulado, muta con el tiempo y pueden coexistir diferentes expresiones de él, lo que lo vincula necesariamente a las inevitables y a veces necesarias controversias acerca de los modelos de sociedad y sus respectivos fundamentos valórico-ideológicos.

De aquí que el sentido común, más que una especie de argumentación y/o creencia que no requiere discusión por su obviedad, siempre implica, de una u otra forma, concepciones y visiones acerca de cómo se cree que debe funcionar la sociedad y el mundo. Si logras socializar, convencer o imponer esta o aquella opción del sentido común en la mayoría de los ciudadanos, entonces fortaleces y/o adquieres un mayor poder político. En este sentido, toda democracia, que siempre debe aspirar a la mayor legitimidad de quienes gobiernan, requiere de una cierta concordancia y entendimiento (no consenso) en torno al sentido común, el que debe ser elaborado con significativa participación ciudadana.

En la sociedad chilena de las últimas dos décadas, se terminó por plasmar y desplegar, a través de diferentes instancias, algún tipo de sentido común, una de cuyas expresiones o sentencias más clásica era aquella que daba como “natural” que, si no te iba bien dentro del sistema económico-social imperante, era porque eras un flojo o evidenciabas una cierta ineptitud que no te permitía acceder a los múltiples beneficios que ofrecía dicho sistema. La sociedad y sus diferentes instancias nada tendrían que decir o hacer al respecto.

Esta versión y creencia en relación con el sentido común, junto a varias otras, particularmente la “obviedad” de que las relaciones entre nosotros estaban orientadas por el individualismo, la competitividad a cualquier costo, la necesidad del crecimiento económico sin mayores condiciones y la sacralización de la propiedad privada, se amalgamaron y dieron lugar a un marco cultural cuya hegemonía ha funcionado y se ha desplegado muy diestramente, convirtiéndose en uno de los pivotes más férreos del neoliberalismo y de las tendencias restauradoras últimamente emergentes en nuestro país.

Dado que, tal cual lo hemos sostenido en diferentes publicaciones desde hace ya un buen tiempo, la deseada transformación de la sociedad chilena requiere y exige también un cambio cultural, surge como imprescindible crear y socializar comunitariamente un nuevo sentido común que lleve a proyectar un futuro cualitativamente distinto a la realidad actual.

Es precisamente en la perspectiva de este desafío que debemos resaltar y compartir que los contenidos gruesos y fundamentales de lo que se ha conocido oficialmente como “Propuesta de borrador constitucional”, es un tremendo y esperanzador paso, como un marco que ayuda a encauzar las expectativas de la inmensa mayoría de los chilenos de construir una sociedad más justa, participativa y solidaria

Pudiendo tener más o menos reservas sobre lo obrado, no hay duda que subyace al conjunto de nuevas normas un relato que se aleja definitivamente del predominante en el texto jurídico anterior, cuya génesis se remonta al Gobierno de Pinochet, junto a la derecha política y económica. Una nueva forma de Estado que deja atrás su distorsionado rol subsidiario, una democracia representativa y participativa, un Estado plurinacional y laico, una mayor regionalización, el reconocimiento de los pueblos originarios y los componentes centrales de la parte dogmático-doctrinaria, entre otros, son ilustración de ello.

Se trata de un relato que nos dice que ya no se puede seguir esperando hasta que “las condiciones lo hagan viable”, a la vez que se aleja de los anuncios apocalípticos frente a cualquier intento de cambio social y cultural. Es un relato que, a pesar de los pesares y sin olvidar que la nueva Constitución es una obra humana, expresa un encuentro intergeneracional, es una invitación a construir horizontes de esperanza, haciendo sentirse a cada chileno como un protagonista de este inédito hecho de nuestra historia.

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El cierre de las Isapres

mayo 19, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Marcos Vergara I.
Ph.D. Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Adscrito al Programa de Políticas y Gestión de la Escuela de Salud Pública.

Sobre la propuesta para instalar en la Constitución futura el Derecho a la Salud, hay una cuestión que resulta sumamente clara de los planteamientos que se expresan a propósito de la creación de un Sistema Nacional de Salud: las Isapres cierran sus puertas.

De este modo se pone fin al pecado original que significó la segmentación del sistema de seguridad social de la salud hace 40 años, según lo cual se establecieron dos mundos previsionales a partir de la determinación estatal de que los ciudadanos con renta conocida habrían de destinar una porción de aquella —un 7%— a conseguir una protección frente a los eventos de enfermedad, unos en el sector público, en Fonasa, y otros en el sector privado, en las Isapres, asunto que la Constitución de la época pretendió refrendar con la idea de que las personas podrían elegir el sistema al cual adscribirse.

Los primeros, los adscritos al sector público, requirentes de subsidio estatal, y los segundos, los adscritos al sector privado, libres de tal requerimiento gracias a sus ingresos. Dado que el componente privado de esta protección social instaló tarifas de las primas en función de los riesgos, el sistema segmentó también en función de aquellos, produciéndose una participación relativa mayor de personas con mayor riesgo de enfermar dentro del componente público del conspicuo sistema. Como es posible apreciar, la supuesta libertad de elección de las personas estaba constreñida por los ingresos y por los riesgos de enfermar de las mismas.

Así las cosas, las Isapres vivieron sus años más saludables y libres de cuestión hasta mediados de la década de los 90. En efecto, a comienzos de 1996, el miércoles 3 de enero, El Mercurio editorializa expresando su preocupación por los planteamientos realizados por el ministro de Salud de la época, el economista Carlos Massad, quien había señalado que el tiempo de reformar el sistema de seguridad social de la salud —es decir, a las Isapres— ya había llegado. Y en efecto, el Ministerio de Salud había echado a andar una máquina de trabajo orientada a producir esa transformación, a través de la realización de numerosos estudios —entre otros, el primer estudio de Carga de Enfermedad— y reuniones con stakeholders de la materia, entre ellos, la propia Asociación de Isapres de la época, con quienes se realizaban reuniones en el desaparecido restaurante Carroussel, en Los Conquistadores, a pasos de Pedro de Valdivia Norte. Es decir, se avanzaba, hasta que el ministro fue convocado a dirigir el Banco Central.

Preciso es registrar acá que los técnicos del Ministerio de Salud que presentaron sus renuncias con la salida del ministro Massad, continuaron trabajando con la Asociación de Isapres en la idea de reformar el sistema, con la sensata participación de René Merino y Favio Valdés, de la Asociación. Luego vino la reforma del Presidente Lagos y nuevos equipos técnicos, donde no se logró tocar el 7% de las Isapre como se había planteado de entrada, entre un 3 y un 4% de aquel para Fonasa. Después de la materialización del GES con un incremento del IVA a falta de cotizaciones, vinieron comisiones en los gobiernos de Piñera, el primero, y de Bachelet, el segundo, donde se volvió a la idea de reformas del sistema Isapre, con la propuesta de “tarifas únicas o planas” y “fondo de compensación de riesgos”. Sin embargo, recordaremos todos, las Isapres nunca se sintieron entusiasmadas con dejar de hacer el negocio al que estaban habituadas y nunca sintieron de verdad el “aliento del tigre” hasta hoy. En la comisión Piñera fueron parte de la propuesta de minoría, que se resistía a los cambios, y en la de Bachelet vimos renunciar con bombos y platillos a quienes participaban en la comisión a nombre de las Isapres. Tal es que la posibilidad de cambiar su naturaleza, para incorporarse a un sistema de seguridad social renovado, nunca fue tomada en consideración por la industria.

Y henos aquí, a punto de que se ponga en marcha un proceso a través del cual las Isapres irán a dar al mercado de los seguros complementarios, mientras los robustos montos que se destinaban al pago de las primas provenientes del 7% de las rentas conocidas de las personas se destinarán al Fonasa, beneficiarios incluidos. Esto fue advertido en más de una columna de opinión escrita a propósito del tema. La sentencia era algo así como: la paciencia se ha colmado. Francamente, soy de los que creí durante mucho tiempo que la posibilidad de un seguro único con tarifas planas y fondo de compensación de riesgos al que concurrieran las “ex Isapre” era factible. Había, según yo, una oportunidad de transformación para la industria que habría permitido a Chile dar un verdadero salto en seguridad social moderno y promisorio que habría permitido consolidar el sistema mixto de salud bajo una perspectiva pública. Por cierto, ahora veo que tal vez era factible técnicamente, pero no políticamente. Las Isapres siempre prefirieron seguir siendo lo que eran. Todo o nada. Pues, nada.

Lo que viene, sin embargo, no es trivial. No solo por las resistencias intrínsecas que habrán de adquirir formas variadas, algunas más evidentes y directas que otras, sino porque el proyecto, en la perspectiva de la “evaluación social de proyectos”, tiene beneficios que son quizás muy evidentes para aquellos a cuyo nombre se impulsa, pero tiene también una serie de efectos o externalidades sobre determinados grupos de población, como son la clase media acomodada —que es el público de las Isapres— y los profesionales médicos, cuya renta se ha desprendido del voluminoso negocio que el componente privado de la seguridad social –esto es, las Isapres– representa.

Lo anterior nos permite presumir que estamos frente a una reforma cuyo buen éxito supone que ha de conducirse de manera cauta y prudente, pasito a pasito, controlando bien la diversidad de sus impactos, para evitar fallas y reducir los costos de implementación. Por lo pronto, entendemos que el Gobierno tendrá plazo de dos años para presentar un diseño, en formato de proyecto de ley, que pueda ser discutido en el Parlamento.

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La DC y la tercera papeleta

mayo 16, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Jorge A. Cash Sáez

Para nadie es un misterio y no es motivo de controversia, que el trabajo de la Convención Constitucional va culminando de mala manera y, lo más complejo, en el marco de una creciente polarización nacional en torno al apruebo y al rechazo.

En este contexto, se ha ido instalando, desde los extremos, un chantaje que busca amedrentar la libertad de aquellos que, disientan, de una u otra posición. Estos sectores se han propuesto situar al mundo del “apruebo” en el lado chavista de la historia, y al mundo del rechazo, en el lado del statu quo y de Pinochet.

En este marco, de creciente y aguda división entre chilenas y chilenos, surge la necesidad de materializar con urgencia lo que muchos han esbozado como “tercera vía”, cuya traducción, en términos prácticos, implica ofrecer una alternativa concreta para el día del plebiscito, a quienes comparten la necesidad de una Nueva Constitución, pero no se sienten interpretados por el trabajo y conclusiones de la Convención Constitucional. En ese arco, hay un significativo grupo de chilenas y chilenos que votaron apruebo, pero no dieron un cheque en blanco. En ese espacio, con toda seguridad, se encuentra la mayoría de la militancia demócrata cristiana.

Dicho camino, que precisa de una urgente reforma constitucional que haga posible una tercera vía, debe ser precedido de un amplio “acuerdo político” en torno a una tercera papeleta para el día del plebiscito, cuyo contenido debe recaer en las alternativas para una salida política al posible rechazo.

Tal acuerdo, debe impulsarse desde el Ejecutivo, con el apoyo de la DC y debiese congregar a lo menos, a las fuerzas políticas que hicieron posible el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, del cual, el presidente de la República fue activo protagonista.

Cualquier solución política que se proponga una vez producido el rechazo, carecerá de la legitimidad social necesaria para transformarse en una auténtica alternativa democrática para acordar un nuevo texto constitucional, situando al país en un clima de profunda división y sin salidas institucionales disponibles. //ELF

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Responsables en las decisiones futuras

mayo 16, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Esteban Contador

Miembro de la JDC

Los años que estamos viviendo en Chile ya son objeto de análisis por las ciencias sociales. Correrá bastante tinta con los hitos sociales y políticos del último tiempo. El “Chile despierto” del estallido social es sin duda uno de ellos, pues, aunque se puedan rastrear momentos similares al estallido social, tanto en nuestra propia historia como en la historia del resto del mundo, lo cierto es que este fenómeno no se da todos los días.

Como ciudadanos reaccionamos ante distintas injusticias, injusticias reales, existentes, problemas no resueltos sobre los cuales estamos en todo el derecho a manifestarnos. Sin embargo, este clamor no era uniforme, era tan múltiple como las necesidades y las visiones del pueblo que levantó la voz.

Pasó octubre, llegó noviembre, tratando de traducir el clamor ciudadano se firmó un “acuerdo por la paz social y la nueva constitución”, lo que abrió las puertas a un proceso constituyente que está por finalizar. Pero además llegó una inesperada pandemia, que trajo muertes y problemas de salud crónicos para muchos, que vino a sobrecargar un sistema de salud ya bastante complicado por las listas de espera y la falta de especialistas. Por si fuera poco, esta pandemia trajo efectos en nuestra economía, siendo necesario palear los efectos adversos mediante medidas como el ingreso familiar de emergencia y los retiros de fondos de pensiones.

Todo ello sumado a fenómenos globales, los que, en una economía abierta, encarecieron el costo de la vida para un país que, además, está estancado. Es en este contexto en el que lo quiero situar para hacer una advertencia. Es esta, a grandes rasgos, la historia reciente y la situación actual. Es esto lo que deben enfrentar los gobernantes, pero también es la realidad que debe enfrentar el pueblo en su conjunto.

Respecto de nuestros gobernantes, sabemos por la noción de república democrática que ellos pueden recibir sanciones en el evento infringir las leyes que a todos nos rigen, en virtud del principio de responsabilidad, lo que podemos entender como una responsabilidad del tipo político-jurídica. Pero también están expuestos a una responsabilidad política especial, ya que la democracia da la oportunidad a los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, lo que se hace en elecciones periódicas, en virtud del principio de temporalidad (que también se deduce de nuestro carácter de república).

Ello se tradujo en que el pueblo decidiera desechar lo viejo y apostar por lo nuevo en la composición del órgano político que redactará la nueva constitución del país. La pregunta que cabe hacerse es ¿Qué tan bien hicimos valer esa responsabilidad política en las elecciones del último tiempo? ¿Son mejores los nuevos representantes electos en la convención, en el parlamento, en las alcaldías, en los consejos y concejalías? ¿Son acaso más representativos?
En muchos casos, por el tiempo en el cargo de las autoridades, la respuesta está aún por verse.

Pero hay casos públicos en que hemos notado lo falible que puede ser la elección ciudadana cuando atiende a criterios erróneos, sobre todo con un dialogo político tan deteriorado y la nueva arremetida de liderazgos populistas. Desatender lo público, inmersos en el contexto que señalé al inicio, es sumamente peligroso. También lo es ser cómplices del deterioro del dialogo público sobre los asuntos que a todos nos atañen, puesto que irremediablemente ello elevará las probabilidades de malas elecciones, tanto de nuestros representantes pero también, y pido especialmente atención en esto, de las causas que exijamos que nuestros representantes abracen.

Hemos convertido nuestro dialogo público en un coliseo romano. Especialmente en redes sociales estamos expuestos todo el tiempo a un espectáculo en que van y vienen vítores pidiendo el deceso del otro. Hemos simplificado los problemas sociales y su complejidad, generando categorías de enemigos, asumiendo que si los sacamos del espacio público se acaban nuestros problemas.

Las caricaturas del otro han llegado a tal punto, que bastaría con generar un listado de características, relacionadas a ciertas identidades, que haría presumir de qué lado está cada quién y qué debería opinar respecto a determinados temas. Lo peor es que también asumimos que ese “otro” no es digno de ser escuchado, ni requiero siquiera entender sus motivos o analizar con mayor detalle alguno de sus puntos: simplemente lo relegamos asumiendo en él ignorancia o maldad.

Aunque usted no lo advierta, este deterioro tiene consecuencias. El costo es que nuestro debate sobre los problemas sociales termina alimentándose de la falacia del hombre de paja, disputando en dicho dialogo público con posiciones que ese “otro” jamás ha planteado, aprovechándose de esa caricatura ya generada para asumir conclusiones. Así se hace sencillo tener una postura más “bondadosa” que el contendor, pero se hace imposible entrar en materia de las problemáticas y dificultades que realmente tienen las posturas políticas sobre nuestros problemas comunes.

Y no sólo se trata de caricaturas y hombres de paja, también de información falsa que se suele propagar a velocidades impensadas en antaño. Cuando se trata de desacreditar al enemigo, no hay miramiento alguno al crear falsedades o poner en duda hechos verificables. No es inédita ni nueva la desinformación, pero lo es la amplitud que tiene gracias a la voluntad de los propios ciudadanos que usan las redes, pues ya estén con buena o mala intención replicando, contribuyen en la extensión del problema.

Los ingredientes antes mencionados que deterioran el dialogo público se dan, además, en un país en donde, según la prueba PIACC organizada por la OCDE, el 50% es analfabeto funcional. Para que entendamos la gravedad del asunto, se ha conceptualizado ello como “persona que ante una información (o conocimiento en codificación alfabética) es incapaz de operativizarla en acciones consecuentes y, en este sentido, diremos que no posee la habilidad de procesar dicha información de una forma esperada por la sociedad a la que pertenece”. Sí, estamos hablando de personas que pueden leer textos pero que podrían ser incapaces de procesar correctamente dicha información, establecer relaciones o inferir consecuencias de ella.

No es mi intención que en usted surja el pesimismo o la desesperanza. Pero sí le pido que comencemos a tomarnos en serio la calidad de nuestro dialogo público, pensando especialmente en el contexto difícil que enfrentamos. Ante la avanzada de nuevos liderazgos populistas de diversos colores, será nuestro deber como ciudadanos inmiscuirnos y participar cada vez más, así como generar instancias en todos los niveles que permitan un intercambio de ideas sano y con altura de miras.

Debemos despojarnos de la idea del otro como enemigo al discutir nuestros problemas, o nos será imposible enriquecernos con la mirada del otro. También debemos pensar en las consecuencias negativas que puede tener abrazar causas que sólo miren el interés individual, evitando aprovechar coyunturas para obtener decisiones públicas con consecuencias negativas y más difíciles de superar en el tiempo.

Las decisiones que tomemos en lo próximo tiempo serán cruciales para el futuro. Y no dependerá sólo de nuestros gobernantes. Debemos asumir de una vez por todas que como pueblo también somos responsables. //ELF

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Todo comenzó con el Hermano Bernardo 

mayo 9, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Eduardo Reveco

El estallido social abrió el camino a cambios estructurales en Chile que nos permitió avanzar a un proceso constituyente que está abriendo paso a un nuevo Chile y nuevos desafíos para los partidos políticos, los cuales deberán realizar esfuerzos para evolucionar y renovarse siendo permeables a las necesidades de la ciudadanía.

El PDC no está exento de este desafío y al tenor de esta dinámica se abren o deberían abrirse los espacios de reflexión comunitaria reconociéndonos en nuestras raíces y los caminos que llevaron al nacimiento de la falange y luego el PDC.

Reconocernos desde nuestra historia, desde el fundador de la Falange y cofundador del partido como lo es Bernardo Leighton, es un ejercicio necesario para entendernos en lo esencial de ser demócratas cristianos. Por ende, lograr una proyección exitosa de nuestra comunidad partidaria. Este joven hizo su tesis, La propiedad rústica y los gremios agrícolas, para optar al título de abogado, la que versa sobre la propiedad de la tierra y la justicia social, a la luz de los fundamentos de la encíclica Rerum Novarum.

Esta enfatiza con fuerza la dignidad de las personas que trabajan el campo, en una época en que Chile era eminentemente agrícola. Una tesis revolucionaria que años más tarde se hace carne en el gobierno de la Revolución en Libertad. Bernardo parte predicando con el ejemplo: traspasa su fundo a sus trabajadores, muchísimo años antes que la reforma agraria. Un adelantado a su época, por cierto. En 1931 participa de las movilizaciones lideradas por el movimiento estudiantil opositor a la dictadura del general Carlos Ibañez del Campo, que culminaron con el derrocamiento de su régimen. Algo extraordinario ocurrió el mismo año, como fue su intervención conciliadora en la sublevación de la Escuadra en donde logró persuadir a los rebeldes, evitando un inminente derramamiento de sangre, Bernardo solo tenía 22 años.

Fue un férreo opositor a la ley maldita que persiguió a los comunistas en 1948 e impuso su liderazgo en la firma de la declaración de rechazo al golpe militar, en 1973, que lideró junto a otros doce camaradas. La dictadura, en 1975, atentó contra su vida y la de su esposa el que los dejó con severas secuelas de por vida. Bernardo Leighton el hombre de claras y firmes convicciones que le permitió reunir a un grupo de jóvenes con los cuales fundaron la falange nacional.

Hoy cuando los demócratas cristianos nos encontramos en estado de reflexión es necesario reconocernos en estas convicciones para comenzar el camino de transformación y evolución. Esta no es solo estructural sino desde cada uno de nosotros, entendiendo que la fraternidad es el cemento que nos permite existir como comunidad partidaria. En consecuencia, cada uno de nosotros debe ser protagonista en la transformación recordando que tu camarada es tu hermano, como lo planteaba Bernardo; que tus dolores son los míos y que en esta comunidad construimos permanentemente el bien común y la solidaridad, definiciones fundacionales de la Democracia Cristiana.

Esta reflexión debemos canalizarla a través de retomar el suspendido congreso Ideológico, incluyendo a todos y todas como lo haría el hermano Bernardo. Que este trabajo comunitario sea vinculante y trace la línea estratégica del Partido Demócrata Cristiano de los próximos veinte a treinta años. Es necesario que este proceso se dé desde una visión comunitaria y con sentido de urgencia, de volver a tener opinión fundada desde la participación democrática de las y los militantes.

El contexto de esta retoma del Congreso es distinto al contexto con el que comenzó, hoy tenemos una convención constituyente en curso, sin nuestra participación (solo tenemos uno de ciento cincuenta y cinco) y un nuevo gobierno en el cual no participamos; además, con un debilitamiento estructural como país en que nos dejó la pandemia. El contexto es distinto y debe verse reflejado en el diseño de este recomenzar. Es muy complejo el escenario por lo que amerita unidad y generosidad de todos y todas para llevar adelante un debate constructivo, sin estas no podremos salir de la crisis en que nos encontramos. Desde este Congreso vinculante debemos volver a crear organización y comunidad con disciplina, entendida esta última desde la disciplina personal que lleva de la mano la causa común con el compromiso y el testimonio. No olvidemos que cada una y uno de nosotros es el espejo del partido en nuestras comunidades.

Siempre nos va a hacer bien el reconocernos en los testimonios de quienes antes que nosotros construyeron el camino para dar al país una opción democrática, cristiana, liberadora y de justicia social como es la democracia cristiana y debemos ser leales a ese testimonio comprometiéndonos con esta transformación del partido a través de completar el Congreso Ideológico. // ELF

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¿Qué diferencia hace Escazú?

mayo 9, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Victoria Trapp Moreira

Militante de la JDC

Inexplicable fue la marcha atrás del gobierno de Sebastián Piñera respecto al Acuerdo de Escazú. Un acuerdo liderado por Chile, que, inmerso en la actual crisis climática tendría de toda lógica impulsar en la región, pero que, sin embargo, en su periodo de firma finalizado en septiembre de 2020 no contó con la de Chile.

En la actualidad existe consenso de que los temores que llevaron a tal decisión eran injustificados y es por eso, que, el presidente Boric decidió en los primeros días de gobierno firmar Escazú, iniciando la tramitación para que el actual congreso lo apruebe.

Pero, ¿Qué importancia puede traer este acuerdo?, ¿Qué diferencia puede hacer este respecto a otros acuerdos en la materia?, ¿Es un verdadero avance en materia medio ambiental en la región?

Después de conocer los últimos informes del IPCC o sencillamente ver la realidad socioambiental de los países alrededor del mundo, donde las advertencias de años poco a poco se van manifestando, es imposible desconocer la importancia de la cooperación y acuerdos internacionales con el fin de frenar la tragedia que afecta a nuestra casa común.

En ese sentido, el acuerdo de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Escazú, sí marca una diferencia y este se encuentra en su propio enfoque, ya que no es solo un acuerdo ambiental más nacido de las grandes cumbres, sino que a su vez es un tratado de derechos humanos.

Cuando nos referimos a derechos humanos, estamos hablando de esos tres puntos que le otorgan el nombre: “participación, información y justicia”, que si bien en repúblicas democráticas son conceptos que se dan por sentado, debemos reconocer que en materia medioambiental no se han encontrado fuera de la polémica, siendo palpable la asimetría que existe para los ciudadanos y sus comunidades el participar en la toma de decisiones, informarse y acceder a la justicia.

El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si´ señalaba: “La política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos mundiales. En este sentido se puede decir que, mientras la humanidad del periodo post-industrial quizás sea recordada como una de las mas irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades”.

Es precisamente en este sentido en donde Escazú se plantea como herramienta. Ha quedado de manifiesto las dificultades de los acuerdos políticos globales para llegar a soluciones eficaces que abarquen la profundidad del problema, elevándose como alternativa la acción política y social local, donde las comunidades y la ciudadanía han asumido responsabilidad en esta crisis, participando y tratando de proponer soluciones en la medida de sus posibilidades. Este esfuerzo regional como lo es Escazú, profundiza lo establecido en el principio 10 de la declaración de Rio, potenciando y resguardando esas acciones locales, acciones comunitarias, acciones del ciudadano común preocupado por el presente y futuro del ambiente donde vive.

Actualmente ya fue aprobado en las comisiones de medio ambiente, futuro, ciencias, tecnología, conocimiento e innovación de la Cámara, esperamos que corra la misma suerte en la votación de sala y después en el Senado, ya que, la aprobación de Escazú, aunque tardía, es un paso correcto y necesario en la grave crisis climática, social y ambiental a la que nos estamos enfrentando, resguardando, además, nuestros derechos en la búsqueda de soluciones para cuidar y salvar nuestra casa en llamas. //ELF

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