• Saltar al contenido principal
  • Skip to secondary navigation

En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

  • Noticias
  • Política
    • Congreso
    • Ejecutivo
    • Municipio
    • Otros
  • Entrevistas
  • Opinión
    • Editorial
    • Columnas
  • Clipping Noticioso
  • Archivos con Historia
  • En La Fontana TV
  • Quienes Somos
  • Noticias
  • Política
    • Congreso
    • Ejecutivo
    • Municipio
    • Otros
  • Entrevistas
  • Opinión
    • Editorial
    • Columnas
  • Clipping Noticioso
  • Archivos con Historia
  • En La Fontana TV
  • Quienes Somos

Andrés Palma

Perspectivas económicas para las políticas públicas

octubre 16, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Exministro y economista del Foro Para el Desarrollo Justo y Sostenible

En estos días se están discutiendo dos proyectos de gran impacto macroeconómico: La ley de Presupuestos del Sector Público, y un cuarto retiro de fondos previsionales administrados por las AFP y las Compañías de Seguros de Vida.

La ley de Presupuestos del Sector Público es la que define la gestión del gobierno para el año siguiente a su promulgación, por eso dura desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Define la gestión del gobierno porque establece la estimación de ingresos que tendrá el sector público en el año siguiente, cuestión que no puede ser modificada durante la discusión del proyecto de ley, lo que significa en la práctica hacer un “acto de fe” al respecto, y fija el límite o la autorización máxima de gasto que el gobierno puede realizar en ese año.

El parlamento la discute, en la Comisión Mixta de Presupuestos integrada por 13 integrantes de cada Cámara, durante 60 días y el gobierno debe presentarla, a más tardar el 30 de septiembre, lo que este año hizo unos días antes de esa fecha. Por su parte, si el parlamento no despacha la ley en la fecha correspondiente, rige íntegramente el Proyecto de Ley enviado por el Presidente, por lo que el parlamento tendrá siempre el incentivo para despacharlo en el plazo.

Es importante destacar que la iniciativa de gasto radica exclusivamente en el Presidente de la República, por lo que las y los parlamentarios solo pueden reducir gastos y fijar condiciones para su ejecución.

En el proyecto en tramitación, el Gobierno ya ha propuesto una reducción significativa respecto a la ejecución presupuestaria de este año, un 27%, que según señala, corresponde al retiro de lo que se ha gastado en ayudas con motivo de la pandemia. Desde el punto de vista del presupuesto, esto corresponde a una normalización, pero desde el punto de vista macroeconómico significa el fin del estímulo reactivador.

Políticamente esto representa una situación crítica para el próximo gobierno, que se verá limitado para acoger las demandas ciudadanas en el momento relevante de su instalación y estará obligado a presentar una modificación a la Ley para poder atenderlas, pero en un contexto en que, dado el presupuesto propuesto por el gobierno, los primeros meses del nuevo gobierno, y mientras no se modifique la Ley, serán restrictivos

Para la macroeconomía, el que simultáneamente, el Banco Central, esté subiendo la tasa de interés, lo que también representa el fin del estímulo reactivador, significa que el conjunto de las políticas fiscal y monetaria impactan la demanda agregada de manera negativa, afectando el Consumo y la Inversión.

Pero, como por otra parte se estima que el precio del cobre se mantendrá alto, lo que hará que los ingresos del Fisco y de las exportaciones se mantendrán altos, y la Inversión Extranjera Directa está creciendo, pese a que el efecto de la ley de presupuestos será recesivo, se prevé una dinámica global positiva, por lo que se estima que la economía crecerá un 2% el próximo año.

Por su parte, el cuarto retiro de fondos previsionales administrados por las AFP y las Compañías de Seguros de Vida, si se aprueba, tendrá efectos menores que los retiros anteriores, tanto en volumen de recursos retirados como en su impacto en el gasto agregado.

El volumen de retiros será menor, porque hay mucho menos personas que pueden efectuarlos, pero los que pueden hacer retiros son personas que tuvieron o tienen altos ingresos y fondos, por lo que igualmente será alto. Como son personas que, en un número importante, no necesitan los recursos, el retiro se realiza para evitar el pago de impuestos en el futuro y serán reinvertidos en el mismo sistema (efecto Sichel), por lo que su impacto en la demanda agregada, y la inflación, será menor.

Será aún menor si se aprueba que estén afectos al Impuesto Global Complementario y si se excluye los retiros desde las Compañías de Seguros de Rentas Vitalicias, por lo que ello sería deseable, además de que, en lo tributario, justo.

Pero los retiros acumulados, y el cuarto según se apruebe, tienen impactos importantes en el sistema de pensiones, lo que es obvio, y en el Ahorro Nacional, lo que no se explicita mucho.

Los fondos retirados del sistema previsional, y no reinvertidos, como lo fueron la mayoría en los primeros tres retiros, motivados por la urgencia alimentaria y de habitabilidad ante la ausencia de un apoyo efectivo del Gobierno (no hay que olvidar que hasta ahora el mayor esfuerzo ha provenido de los ahorros personales), significan una disminución del Ahorro Nacional, y ello redunda en un mayor interés, que afecta los créditos y las deudas, disminuyendo el consumo de las familias, y al afectar los hipotecarios de largo plazo, también el acceso a la vivienda.

Las perspectivas para las políticas públicas y la urgente solución de los problemas sociales no son halagüeñas. La herencia del gobierno será la peor desde el retorno a la democracia, comparable a la que entregó la Dictadura. Inexplicable incompetencia.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Slider Etiquetado como: Andrés Palma, columna, Columnista, Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Política urbana y generación de empleo: Desafíos para el próximo gobierno y la Convención Constitucional

agosto 9, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Exministro, economista y militante DC

La realidad de los campamentos y de la creciente segregación urbana no puede ser resuelta sin un cambio institucional y de orientación de las políticas.

Hace una semana he planteado que una política urbana que considere su impacto en la creación de empleos decentes tiene que asumir tanto los temas de vivienda y urbanización, de infraestructura comunitaria y de servicio, los temas de transporte y urbanismo, la sostenibilidad ambiental y la realidad de los campamentos, y hemos sostenido que un programa para resolver la falta de viviendas no puede ser dirigido por las reglas del mercado inmobiliario, y requiere una política que abarque tanto las dimensiones de uso del suelo, como las relacionadas con transporte, infraestructura comunitaria y exigencias medioambientales.

Está dimensionado el costo social de continuar expandiendo las ciudades, y los beneficios sociales y humanos de grandes proyectos urbanos. Por esta razón la política a desarrollar debe considerar a) el poner límite a la expansión de las ciudades, privilegiando la densificación bajo un proceso de planificación del uso del suelo; b) que las viviendas y edificaciones que se construyan sean ambientalmente sustentables, para lo que se debe considerar en toda nueva construcción, al menos, tres elementos: instalación de paneles solares para generar energía, sistemas de reciclado del agua, diferenciando la eliminación de excretas del agua reutilizable, y sistemas de reducción por el desagüe de los materiales vegetales triturables; c) desarrollar sistemas públicos de transporte ambientalmente sustentables y eficientes en conectividad; y d) desarrollar localmente una infraestructura comunitaria que configure ciudad, como escuelas, parques, y servicios en general.

Cada uno de estos aspectos generará empleos de calidad, muchos de ellos calificados y por desarrollar: Que las viviendas y edificaciones que se construyan consten de paneles solares para generar energía requerirá personal técnico en un número que hoy no existe, así como la provisión o producción de los mismos paneles, así como las modificaciones legales que se requieran para la conexión de las viviendas con los sistemas de distribución. Lo mismo ocurre en relación a la instalación de sistemas de reciclado de agua y de trituración de vegetales, en cuanto a personal capacitado y producción de equipos.

Como se ha señalado, hay efectos correlacionados de importancia en la implementación de una política de esta magnitud, y se requiere la formación de técnicos de nivel intermedio y superior en los distintos aspectos en que se está proponiendo innovar: instaladores y mantenedores de paneles solares, también de nuevos sistemas de drenaje en los hogares y de los sistemas de trituración de vegetales (existente en Nueva York en 1991 y obligatorio en Taipei en 2001); instituciones de formación para esos mismos técnicos, entre otras.

Pero, de manera simbólica y relevante, será necesario poner término a los barrios cuyas soluciones habitacionales e infraestructura comunitaria son indignas, los “campamentos de ladrillo”, requerirá un esfuerzo superior. Esto significa rediseñar barrios enteros y rediseñarlos con calidad urbana, para lo que se debe desarrollar una política de desarrollo urbano y las capacidades técnicas para implementar proyectos como la Remodelación San Borja, o las Villas Portales y Frei en Santiago.

El tema de la vivienda y la renovación urbana ambientalmente sustentable deben ser una prioridad para el próximo gobierno, y las facultades para que esto pueda ser implementado por los gobiernos regionales, una prioridad para la Convención Constitucional//ELF.

Publicado en: Columnas, Politica Etiquetado como: Andrés Palma, columna, Columnista, empleo precario

Andrés Palma (DC), economista del Foro Para un Desarrollo Justo y Sostenible: «El tiempo del próximo gobierno será de mucho sacrificio. El desafío principal será distribuir adecuadamente los costos del sacrificio, y creo que la DC ha elaborado propuestas sólidas al respecto»

agosto 5, 2021 by Gabriel Angulo González Deja un comentario

Conversamos En La Fontana con el economista del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible y ex ministro, Andrés Palma (DC).

En esta ocasión, da a conocer su opinión acerca del actual escenario de la centroizquierda. Es decir, Unidad Constituyente (UC), que definirá su carta presidencial, en votación del sábado 21 de agosto, dos días antes del cierre del plazo de inscripción de candidatos presidenciales en el Servel.

Habrá tres nombres en la papeleta: la presidenta del Senado y demócrata cristiana, Yasna Provoste, la abanderada del Partido Socialista (PS), Paula Narváez y el presidente del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, considerando que el pacto de Unidad Constituyente está compuesto por el PS, PR, Partido Por la Democracia (PPD), Partido Demócrata Cristiano (DC), Ciudadanos y el Partido Progresista (PRO).

«Yasna Provoste es la candidata de mi partido y, por lo tanto, la mía. Creo que su desempeño como presidenta del Senado ha mostrado su capacidad de convocar, lo que será fundamental en el próximo gobierno», dice En La Fontana.

Consulta ciudadana de la Unidad Constituyente

-¿Qué le pareció el mecanismo de primarias para el 21 de agosto que define la carta presidencial de Unidad Constituyente?

-El mecanismo adoptado tiene tanto valor como el haber alcanzado un acuerdo sobre un único nombre.
De hecho, no hubo consulta ciudadana para que Muñoz y Vidal acordaran apoyar a Narváez, y el primero había sido elegido por miles. El alcanzar un acuerdo es tan democrático como el llegar a votar, claro que llegar a votar es un signo de no haber alcanzado un acuerdo, lo que dice mucho también.

-¿Yasna Provoste es la indicada para representar el sector de la centroizquierda?

-Yasna es la candidata de mi partido y, por lo tanto, la mía. Creo que su desempeño como presidenta del Senado ha mostrado su capacidad de convocar, lo que será fundamental en el próximo gobierno.

-¿Provoste puede canalizar votos del mundo del centro, independientes y de izquierda más dura para ganar en primera o segunda vuelta?

-Sí, pero hay que tener claridad que el espacio se vio perjudicado por las operaciones socialistas para vetar a Ximena Rincón y para realizar una primaria excluyendo a la DC, que fracasó por el rechazo de Boric y Jadue, y que impidió que hubiera una primaria legal de Unidad Constituyente. Ese escenario mostró que la unidad de Unidad Constituyente es frágil, como se aprecia también en la Convención Constitucional.

-¿Cómo deberían ser las relaciones de Unidad Constituyente con Boric y el Frente Amplio?, ¿Cercana o deben ir por carriles separados?

-Más importante que esas relaciones es saber si Unidad Constituyente existe realmente y si va a demostrarlo en un pacto programático y parlamentario, además de construir un discurso sin dobleces en estos días previos a la Consulta ciudadana (…) No auguraron un buen futuro algunas intervenciones de Maldonado y Narváez en el debate del lunes. Y tampoco se ha asumido las responsabilidades políticas que impidieron la participación en la primaria legal. ¿Por qué se vetó a Ximena Rincón? A quien no se le ha reconocido el gesto de su renuncia para mantener el proyecto de unidad social y política del pueblo, ella demostró entender que el país está antes que su proyecto personal. La dirección de la DC está al debe con ella. Actuó responsablemente Ximena. Ahora, al aceptar la conducción de la DC el veto, se puso en subordinación al PS, pero el PS y Narváez tenían otro proyecto, como dije, que excluía no solo a Ximena Rincón, sino a la DC toda, y también al PR (…) Ese proyecto, insisto, fracasó por el PC y CS, y dañó mortalmente a Unidad Constituyente. Los milagros existen, y UC puede salir adelante, pero los y las dirigentes que nos llevaron a esta situación debieran asumir sus responsabilidades, y no veo que quieran hacerlo. Ojala yo esté equivocado.

-¿Cómo ve el liderazgo de Provoste, en un Chile que se va recuperando de a poco de la crisis sanitaria, social y económica que ha dejado la pandemia?

–El tiempo del próximo gobierno será de mucho sacrificio. El desafío principal será distribuir adecuadamente los costos del sacrificio, y creo que la DC ha elaborado propuestas sólidas al respecto, sobre cómo abordar programas de inversión que permitan recuperar los casi dos millones de empleos perdidos desde el 2019, y cómo financiar ese esfuerzo. Y ese trabajo es como el de converger que lideró Yasna en torno a los mínimos comunes.

-Por último, ¿Usted cree que al proceso constituyente lo están desprestigiando o boicoteando por parte del oficialismo?

-La Convención se ha instalado bien, y lo que se crítica va a ser olvidado pronto.//ELF

Publicado en: Entrevista, Notas, Politica Etiquetado como: Andrés Palma, Camarada, DC, Democracia Cristiana, economista, Entrevista, militante DC

El voto: ¿Derecho o deber?

julio 8, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Economista DC y de Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Se vuelve a legislar la obligatoriedad del voto, es un compromiso con la igualdad, pero si no hay sanción, ¿será obligatorio?

En 2013 se aplicó por primera vez el voto voluntario y la inscripción automática. Ya en esa fecha fue posible medir su impacto en la composición del universo electoral.

Un informe del Estudio de Valores Sociales de la USACH nos dijo que, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines del 2013, la participación electoral fue muy diferenciada en función de, principalmente, dos variables: Edad y Nivel Socioeconómico. El informe señalaba que a mayor edad hubo mayor participación electoral, es decir los mayores votaron en mayor proporción que los más jóvenes, y a mayor nivel socioeconómico hubo mayor participación electoral, es decir los más ricos y educados votaron en una proporción mayor que los más pobres y con menor nivel de educación.

El mismo Estudio preguntó por la auto calificación en la escala social, y casi un 90% de los que se autodefinían como clase alta o media alta votaron en esa elección, cuando la participación global alcanzó a solo un 52% del padrón.

Un nivel de participación bajo en si no tendría por qué ser un problema. Muchos estudios dicen que hay sociedades desarrolladas y no tan desarrolladas en que la participación es baja. Pero es un problema si la participación electoral es segregada, como demostró el Estudio de Valores Sociales.

Posteriormente se modificó el sistema electoral instaurado por la dictadura por uno que permitiera una representación más amplia y que hiciera más igualitaria la representación, con el objeto de mejorar la participación, ya que con el sistema que prevalecía el voto de una persona en Maipú valía menos de la mitad que el voto de una persona en Melipilla, y menos de la cuarta parte que en Vallenar. Pero el problema de la baja participación se mantuvo, y se mantuvo la diferencia por edad y por nivel socioeconómico.

La expectativa del cambio constitucional elevó la participación en el plebiscito, y se modificó la legislación para que los independientes pudieran constituir listas con mayor facilidad, para incentivar la participación, pero esta cayó nuevamente papa la elección múltiple de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes, y se mantuvo la diferencia por edades y niveles socioeconómicos.

No funciona bien una sociedad donde los ricos y calificados participan y los demás no lo hacen. Por eso tiene sentido el que el voto sea obligatorio y que, como en otros aspectos sociales relevantes como el pago de impuestos o el correcto comportamiento en las calles, haya una sanción al que no cumple.

Hoy día se legisla para reponer el voto obligatorio, lo que es una buena noticia.

Pero aún hay quienes se oponen al voto obligatorio y lo hacen argumentando que la baja participación no es un problema, que los que no participan están conforme con la situación de la sociedad, pero eso sería contradictorio con que son los más privilegiados los que más participan. Ese planteamiento esconde dos realidades, una es obvio y corresponde a la defensa de lo actual que realizan esos privilegiados, pero otro es más difuso y corresponde a la idea ya dominante que el Estado y sus instituciones no son necesarias, incluida la democracia representativa y sus articuladores, los partidos, y que debe prevalecer la libertad sobre la comunidad.

Otros siendo partidarios del voto voluntario reconocen que hoy, asamblea constituyente mediante, no es posible mantener esa posición, y aceptan y apoyan el voto obligatorio, pero rechazan que deba haber una sanción a su incumplimiento, olvidando por ejemplo que ser vocal de mesa es obligatorio. Ello no resolverá la situación de diferencial de voto y, posiblemente, incrementará solo marginalmente la participación.

Nadie discute que el voto es un derecho, pero para algunos no debe ser una obligación o compromiso. Es el deterioro del sentido de comunidad en el sentido más amplio de la palabra.

Pero queda la esperanza que el parlamento renueve ese sentido perdido, y luego lo ratifique la nueva constitución

Publicado en: Columnas, Notas Etiquetado como: Andrés Palma, columna, Columnista, Foro, Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

La guerra de los cincuenta años (parte 1)

julio 2, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Economista DC del Foro para el Desarrollo Justo y Sustentable

Hace cincuenta años Nixon inició la guerra contra las drogas. Ha sido un completo fracaso, pero se insiste en ella. ¿Quiénes son los que la sostienen, quién gana en esta guerra?

El 17 de junio recién pasado, EMOL reproducía un artículo de El Universal de México con el siguiente título: “Guerra contra las drogas” de EE.UU. cumple 50 años: Los operativos y hechos violentos que han marcado a la región.” A continuación, subtitulaba: “En 1971 el presidente estadounidense Richard Nixon declaró el combate contra el narcotráfico. Desde entonces, han muerto miles de personas y, lejos de ceder, el alcance y la violencia han incrementado.”

Lo que a continuación señalaba el artículo no es nada nuevo: el fracaso de una estrategia reiterada como si fuera exitosa.

Einstein nos enseñó : si algo no funciona, por muchas veces que se repita no va a funcionar. Es el caso de esta guerra de cincuenta años. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué, si se sabe que se va a ser derrotado en esta guerra, como lo demuestran cincuenta años de lucha, se insiste en lo mismo?

En primer lugar, sin duda alguna, por visiones ideológicas obtusas que no permiten ver la realidad. La discusión sobre el tema adquiere caracteres de religiosa, ya que el debate científico sobre el efecto en las personas y en la sociedad de las drogas está abierto, hay visiones en pro y en contra de legalizar el consumo de unas drogas y de otras, y no hay un argumento determinante que resuelva la cuestión. Sin embargo, habiendo un consenso generalizado que, desde que se declaró la guerra “han muerto miles de personas y, lejos de ceder, el alcance y la violencia han incrementado”, resulta inexplicable la cerrazón a reconocer el fracaso.

El rostro antiguo de un fracaso repetido

Resulta igualmente paradojal que el país que declaró la guerra hace cincuenta años, y que nos embarcó en ella, no considerara su propia experiencia: declaró ilegal el consumo de alcohol, una droga que en exceso causa enormes daños sociales, para luego levantar esa disposición al comprobar que en lugar de disminuir los daños sociales estos se habían incrementado.

Entonces cabe preguntarse si, dado que es un buen negocio, ¿no habrá otros intereses detrás de mantener esta guerra, luego de cincuenta años de derrotas?

Está claro que, así como ha crecido el negocio del narcotráfico, ha crecido la demanda por seguridad, y respondiendo a ella la oferta de servicios de seguridad. Aunque la seguridad que otorguen sea incierta, ya que no tienen, ni pueden dar ninguna garantía de darla. Su aparente beneficio se construye con más fuerza en la medida que la inseguridad aumenta. Así las policías reclaman mayores recursos, que se incrementan año a año, y muchos expolicías instalan empresas que ofrecen aparente seguridad. Lo dramático de esta situación es que también lo hacen los narcos en los territorios sobre los que van adquiriendo dominio, extendiendo su poder y sus bases de apoyo.

No quiero que se distorsione mi reflexión. Debemos distinguir entre las personas, policías y expolicías, de la industria de la seguridad y su desarrollo. La industria tiene un comportamiento independiente de las personas.

Así como la industria de la seguridad, domiciliaria y personal, otra industria que se beneficia de la guerra es la de las cárceles, especialmente si son concesionadas, como promueve el país que declaró la guerra, y resulta inevitable para los países cuyos gobiernos disponen de menos recursos. Los que administran sistemas concesionados reciben recursos por el número de internos que ingresan a sus establecimientos. ¿Cuál es la proporción de personas recluidas por microtráfico en nuestro país?

También está el negocio de las armas. Es obvio, pero sin guerras no se necesitan armas. En esta guerra hay dos demandas por armamento. Por un lado, están las personas que son incentivadas a tener un arma en casa para su propia defensa ante el clima de inseguridad; pero por otra están los propios narcos que las necesitan para proteger a sus soldados y su negocio frente a otros narcos y a la policía.

En conclusión, se puede decir que hay diversos intereses detrás de esta guerra, económicos los más, pero también ideológicos, y estos son complicados porque reconocer el fracaso de lo afirmado por cincuenta años se transforma en algo difícil de asumir por instituciones, grupos y personas.

Pero, como se enseña en economía, a veces los incentivos son perversos, es decir, conducen a un resultado diferente del que se busca. Es el caso de las políticas de represión al narcotráfico. Con la represión se busca que el narcotráfico desaparezca, pero solo se consigue aumentar el riesgo de comprar y vender drogas. Se sabe que, al aumentar el riesgo en un negocio lo que ocurre es que, como cuesta más producir y acceder a la mercadería, se eleva el precio, pero como la demanda es estable el resultado es que el volumen de negocio aumenta, lo que le permite eliminar riesgos, crecer y corromper. Tal como ocurrió en Estados Unidos para la prohibición del alcohol.

Así ocurre con las drogas ilegales, se suman los intereses de uno y otro lado, aumenta el volumen del negocio, lo que lo hace más rentable y difícil de contener. //ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Andrés Palma, columinista, columna, Columnas

Poder constituyente y poder local: Construir una democracia participativa

junio 3, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

No tiene sentido ni lógica democrática que las elecciones de diferentes niveles de representación territorial se realicen descoordinadamente, como absurdamente ocurre en nuestro país, favoreciendo el centralismo.

Con motivo de la segunda vuelta en la elección de Gobernador para la región Metropolitana se han suscitado varios foros entre Claudio Orrego y Karina Oliva, respecto de las características de uno y otra en cuanto a su potencial desempeño en la Gobernación he emitido mi opinión en diversas redes sociales. Pero esos debates me han hecho reflexionar sobre algo que espero aborde la asamblea de la Convención Constitucional, y tengo una positiva expectativa, dada la composición de la asamblea.

La reflexión se refiere a la simultaneidad, o no, de los procesos electorales que inciden en todo o partes del territorio, y a la conformación de las candidaturas en esos procesos.

Hoy tenemos varios absurdos enredos, originados en diferentes decisiones tomadas por personas involucradas en los resultados de esas decisiones.

Para ser explícito, los Consejeros Regionales se eligen junto con el parlamento nacional y la presidencia de la República, es decir, un poder claramente regional se elige en conjunto con uno nacional. Si todas las elecciones fueran en un mismo día, para todos los niveles, esto no sería raro. Pero sí lo es debido a que la gobernación de las regiones no se elige junto con los Consejeros Regionales, sino con las alcaldías y concejalías.

Para agregar pelos a la sopa vale destacar que las circunscripciones en que se eligen los Consejeros Regionales son diferentes a las de los parlamentarios. En el caso de la Región Metropolitana esto se hizo para que no compitieran en el mismo territorio.

Esta mezcla de elecciones en diferentes niveles hace que también se mezclen los objetivos y, como he aprendido de la elección reciente, ello no es bueno por dos motivos principales.

El primero es que se confunden los cargos, las funciones y los objetivos. No es la misma función la de un gobernador o gobernadora que la de un alcalde o alcaldesa, ni la de las concejalas y concejales, y tampoco son los mismos sus territorios de desempeño. En suma son distintos sus objetivos. Esto vale también para las elecciones nacionales, de presidenta o presidente y del parlamento, que son simultáneas con los consejeros regionales, como ya lo he escrito.

Pero eso no es lo más complicado, porque si hubiera educación cívica se podría entender fácilmente. Lo más complicado es que la simultaneidad de elecciones en distintos niveles de territorios tiende a centralizar las decisiones y a politizarlas de manera centralista. Explico estas ideas. Centralizan las decisiones porque, en un país marcado por el centralismo contra las autonomías territoriales, va a prevalecer la visión desde el centro político y el espacio territorial más amplio respecto de la visión del territorio de menor densidad. Y las politiza de manera centralista porque serán, hoy legalmente esta establecido así, los acuerdos políticos centrales los que prevalecerán respecto de lo que podría darse en el nivel territorial de menor población o territorio. Y esto no tiene por qué ser así.

Le elección de los constituyentes mostró que era posible que organizaciones de base se unieran para tener representación con mayor vinculación al territorio, como es el caso de las listas de independientes, y eso es positivo para efectos de la representación en una instancia como la asamblea que elaborará una constitución. Pero la diversidad de las listas de independientes también demuestra que en distintos territorios las politizaciones o el tomar partido (aunque no les guste a algunos independientes, eso es lo que hacen al integrar una lista) puede ser diferente que la politización o el tomar partido a nivel nacional.

Las experiencias de primarias convencionales el Providencia y La Reina, acordadas por los todos los partidos de oposición y muchas organizaciones de base de esas comunas, que permitieron la presencia de una única candidata en cada una de esas comunas, en algunos casos contraviniendo las orientaciones e instrucciones de las direcciones nacionales y regionales de sus partidos, muestran que la politización en un territorio local puede ser diferente de la politización nacional. También es el caso de Renca, y es posible que de otros territorios respecto a los que no tengo antecedentes, y tal vez sea el caso de Atacama para la última elección senatorial.

Estos ejemplos sirven para demostrar que la democracia representativa no está agotada, sino que lo que está agotado es la politización centralista, o el centralismo democrático practicado por muchas fuerzas políticas.

Entonces bueno sería que la asamblea de la Convención Constitucional diera pasos para corregirlo. Yo creo que deben ser dos.

El primero, y más obvio, es que las elecciones de cada nivel sean separadas de las de los otros niveles: una elección para el nivel nacional sea que se mantenga el presidencialismo, se avance a un sistema semi presidencial o definitivamente a la democracia parlamentaria (de la que soy partidario); una elección regional, de la gobernación y de los consejeros regionales (que también debiera ser democracia parlamentaria); y una local de alcaldías y concejalías. Tres elecciones en cuatro años no son una dificultad, pero si se adopta el principio del parlamentarismo sería tres elecciones en lugar de cuatro, debido a las segundas vueltas. Hasta habría ahorros.

Pero el más importante sería el que los acuerdos o pactos para cada elección debieran adoptarse en los territorios involucrados y entre los actores de esos territorios, ejerciendo la democracia participativa. Así, en una comuna, como se ejemplificó, las fuerzas políticas y sociales de esa comuna se pondrán de acuerdo o de acuerdos en cómo enfrentar los desafíos de la comuna, y en cada comuna los acuerdos y desacuerdos, y las propuestas responderán a la realidad local más que a la nacional. De manera similar, para las elecciones regionales se podrá acordar pactos y programas de alcance regional, aún entre fuerzas políticas que no tengan la misma posición en el nivel nacional (sería interesante mirar la experiencia del País Vasco), debido a las particularidades que los territorios tienen y sus poblaciones demanden.

Por cierto, las elecciones nacionales son las elecciones políticas por excelencia, y allí si serán las estructuras políticas, los partidos, a nivel nacional las que construyan acuerdos y programas, como hasta ahora ha sido.

Volviendo a la elección de la Región Metropolitana, tal vez los resultados habrían cambiado, y los previsibles para el próximo fin de semana también, si se hubiera practicado ya esta forma de democracia.

Si cambiamos la forma de hacer política en los territorios locales y regionales, ampliando la democracia participativa, mejoraremos la convivencia, la eficiencia y la sapiencia de nuestro país.

Las y los constituyentes pueden hacerlo efectivo.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Andrés Palma, columna, Columnas, Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

  • « Ir a la página anterior
  • Página 1
  • Página 2
  • Página 3
  • Página 4
  • Página 5
  • Página 6
  • Páginas intermedias omitidas …
  • Página 9
  • Ir a la página siguiente »

Copyright © 2026 · Author Pro on Genesis Framework · WordPress · Acceder

Enviar WhatsApp