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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Andrés Palma

Tengo confianza en la Convención Constitucional

mayo 27, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Las personas electas a la Convención Constitucional reflejan la diversidad territorial, social y cultural del país al que aman, son la representación democrática de la sociedad y eso da confianza en su trabajo

Hay momentos en las historias de los pueblos en que un grupo o una parte de ellos intenta imponer su visión y su proyecto de sociedad a los demás. Ese grupo puede ser una mayoría o una minoría. Para imponer su visión rompe el espacio del diálogo, la estructura democrática, si la había, y establece o intenta establecer una dictadura.

En Chile lo vivimos. Con el argumento que otros querían establecer una, se impuso una dictadura que estableció el orden en el que el resto de los chilenos y chilenas debía acatar.

Durante treinta años ese orden se fue modificando, pero solamente en lo que aceptaba esa minoría que lo había impuesto, lo que permitió un avance en la convivencia, pero un avance limitado.

La decisión de los partidos políticos de abrir un cauce institucional para generar un orden nuevo, a raíz del estallido social, permitió que en un plebiscito se definiéramos abrumadoramente que queríamos una nueva Constitución elaborada por personas electas específicamente para ello, y se definió que fuera con paridad de género, en algo que es histórico, y con representación de los pueblos originarios.

Hace unos días se produjo la elección de la asamblea que conformará la Convención Constitucional. Ha habido muchos análisis sobre su composición y se han presentado reseñas biográficas de sus integrantes, poniendo énfasis en quienes fueron electos en listas de independientes.

Debo decir, si a alguien le importa mi opinión, que de ver esas reseñas y analizar los planteamientos de los candidatos y candidatas independientes electos a la Convención Constitucional, así como de los que representan a los partidos políticos, me ha sobrevenido una gran tranquilidad.

Entre los y las independientes veo personas comprometidas con el país, con representación amplia de sus realidades y con gran convergencia en sus planteamientos centrales: quieren una mejor democracia y una más justa convivencia. Podría haber votado por muchas de esas personas.

Una segunda razón para tener esa tranquilidad es que ninguna lista, ni posible agrupación natural de listas, obtuvo más de un tercio de la Convención, lo que es muy bueno porque ya no hay posibilidad de que un grupo minoritario vete el trabajo de la mayoría y necesariamente tendremos un resultado de alto consenso. Esto es muy importante dado que hubo quienes se oponían al cambio institucional y ansiaban la obtención de un tercio para poder, finalmente, impedir que hubiera acuerdo si, como ocurría hasta ahora, las propuestas no les satisfacían.

Como es lógico, cada constituyente intentará que su visión prevalezca, pero ninguno lo logrará en plenitud. Habrá que dialogar, proponer alternativas y escucharse, evaluar las propuestas y negociar. Y en este punto entrará a tallar algo que se ha venido perdiendo en nuestra sociedad: la amistad cívica.

Al decir de Aristóteles “la amistad también parece mantener unidas las ciudades”. En mi experiencia, la amistad cívica consiste en tener confianza en la honestidad y veracidad del otro, aunque tengamos diferentes propuestas e intereses, y por eso la considero fundamental en el proceso de redacción del nuevo orden constitucional. Tal vez Humberto Maturana nos diría que es necesario que los constituyentes se sientan prójimos, los unos de los otros, pero que se logre producir, además del reconocimiento que el otro es y debe seguir siendo, y tal vez a partir de ese reconocimiento, un espacio en el que se construya amistad cívica.

He dicho “mi experiencia” porque lo he vivido en mi trayectoria política, en mi militancia, mi trabajo en el parlamento y en el gobierno, en la academia y en múltiples instancias. Pero no es fácil, porque si la amistad cívica consiste en tener confianza en la honestidad y veracidad del otro, aunque tengamos diferentes propuestas e intereses, la confianza se puede perder fácilmente. El comportamiento de algunos dirigentes políticos, incluidos de partidos y de independientes, en los últimos días ha permeado la construcción de amistad cívica.

Espero que sea otro el clima de la asamblea que elaborará la nueva constitución, y que lo que han sido la gran mayoría de las expresiones de los constituyentes: amor a Chile y al prójimo, ansia de justicia, compromiso con los débiles, salvación del planeta, orden emanado de la colaboración y la participación, se pueda concretar.

La paridad en su diseño y la composición que mandató la ciudadanía me hacen ser optimista.//ELF

Publicado en: Notas, Politica Etiquetado como: Andrés Palma

Pensar el futuro escuchando a tres mujeres

abril 24, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Militante DC y economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Ingrid Robeyns, Kate Raworth y Mariana Mazzucato son tres economistas que están renovando el pensamiento económico, vale la pena seguirlas y estudiarlas.

En estos días en que se ha estado discutiendo la idea de imponer un impuesto al patrimonio de los super ricos, idea respaldada internacionalmente por el Secretario General de Naciones Unidas y el jefe de estudios del Fondo Monetario Internacional.

La discusión se ha centrado en si es conveniente o no para la inversión, si recaudaría lo que se dice, si hay mejores alternativas o si es el momento adecuado. Al parecer nadie se opondría salvo por razones técnicas. Es que defender la acumulación de riqueza en pocas manos no es una causa popular.

Desde distintas perspectivas se puede analizar la acumulación de la riqueza y pareciera ser el momento para acercarse al pensamiento de Ingrid Robeyns. Ella lidera la reflexión sobre el limitarismo, es decir, poner límite a la riqueza que pueda acumular una persona, debido a la ineficiencia que representan las concentraciones de mercados, a la injusta forma (en general) como se generó esa acumulación, y al peligro que ello genera para la convivencia democrática.

En su texto “Tener demasiado”, junto con recordar que hay una larga historia de argumentos de que las grandes desigualdades en ingresos y riqueza socavan el valor de la democracia y el ideal de igualdad política en particular, señala que “los ricos pueden traducir su poder financiero en poder político a través de una variedad de mecanismos”, como que “los ricos pueden financiar partidos políticos e individuos”, tal como se ha visto en los aportes a las campañas a la convención constituyente, gobernaciones, alcaldes y concejales; también que utilizan el dinero en “influencias para establecer la agenda para la toma de decisiones colectivas”, como ocurrió hace algunos meses, cuando el actual presidente de los empresarios retiró el avisaje a un canal de televisión porque no se compartía su línea editorial, o como han determinado los Tribunales actuó la empresa Corpesca; y, por último, porque “la gente rica puede comprar medios de comunicación, que pueden utilizar para controlar tanto la difusión de información como los argumentos que se intercambian en debate público”, lo que también sabemos ha ocurrido en Chile con la compra de Chilevisión por Sebastián Piñera, el canal de la Universidad Católica por Andrónico Luksic y La Tercera por Álvaro Saieh, entre otros. Cabe señalar que estos tres inversionistas en medios de comunicación serían afectados por un impuesto al patrimonio como el que se ha propuesto.

Pero Robeyns también va más allá en su análisis. Destaca que, “en la medida en que los ricos tengan su riqueza concentrada en empresas, pueden socavar los objetivos elegidos democráticamente mediante el uso de su poder económico. Esto convierte el poder de capitalistas en una restricción de viabilidad para la formulación de políticas democráticas. Por ejemplo, si los ciudadanos tienen decidió democráticamente que quieren menos emisiones de gases de efecto invernadero en su país, luego las grandes empresas pueden amenazar con trasladar la producción contaminante a otros países si el gobierno electo impondría una regulación más estricta de las emisiones ecológicas”, lo que es un discurso que conocemos bien en Chile y, además, nos lleva a preguntarnos por el uso de los fondos de las AFP.

Sin embargo, en el fondo, poner un límite a la riqueza que se puede tener o acumular, o fijar un procedimiento que establezca un ingreso máximo admisible por la sociedad, así como existe un ingreso mínimo, plantea un tema que es también económico y social.

El limitarismo, platea Robeyns, “como doctrina no solo moral sino también política es radical”, ya que implica que el estado debería reformar las instituciones sociales y económicas de tal manera que nadie obtenga ningún excedente de dinero que no le corresponda, es decir propone la eliminación de las rentas económicas (aquello que se obtiene sin haberlo creado o producido, por ejemplo, los minerales, los peces o la energía del agua). Esto da sentido a la existencia de una forma generalizada de royalty sobre el uso de los recursos naturales, y obliga a distinguir lo que es ganancia por el correcto uso del capital de lo que es apropiarse de una renta que pertenece a toda una comunidad, inclusive a la comunidad planetaria, y debe ser administrada por esa comunidad, y no ser privatizada en manos de unos pocos.

La ausencia de limite a la acumulación trae consigo diferencias sociales sustantivas. En la última década los ingresos de los ricos se han incrementado mucho más que el promedio de las sociedades, aún en pandemia como lo acaba de informar la revista Forbes. Esta creciente diferencia lleva a una creciente alienación de los más ricos, a un desconocimiento de la realidad de sus próximos y a un uso de sus recursos como si nada tuviera límites. Pero los límites existen, aún para el crecimiento.

Diversos estudios señalan que año a año, con la destrucción de bosques y el uso intensivo de combustibles fósiles, estamos superando nuestro techo ecológico, y lo hacemos también a costa de nuestro fundamento social, lo que ha dado origen a la pregunta de Kate Raworth de si se debe poner límite al crecimiento o, más bien, si se debe poner límite a este crecimiento que nos ha llevado a tan alta concentración de la riqueza y, simultáneamente y posiblemente como consecuencia de ello, a tan grave deterioro de nuestra naturaleza y, agrego, convivencia como especie.

Raworth, que ha desarrollado la llamada teoría del donut, pone énfasis en que el crecimiento de la economía tiene como límite el que deba conservar el capital natural del planeta, lo que llama el “techo medioambiental”, que superamos en las llamadas zonas de sacrificio, usando combustibles fósiles, y de tantas formas que suponemos son recursos ilimitados, pero no lo son. Lo estamos viendo en lugares donde la sobre explotación ha ido disminuyendo los acuíferos y en cómo las pestes que afectan los cultivos acuícolas se reproducen como si fuera una nueva cepa del COVID 19. Pero el crecimiento también tiene el límite de la base social, ya que debe garantizar que todas las personas tengan los recursos que necesitan –alimentos, agua, atención sanitaria y energía– para que sus derechos humanos sean efectivos.

En su análisis, Raworth, destaca que “en la actualidad la principal presión sobre los límites planetarios la ejerce el consumo excesivo de recursos por parte de aproximadamente el 10 por ciento más rico de la población mundial, así como los patrones de producción de las empresas que proporcionan los bienes y servicios que este porcentaje de personas más ricas adquiere”, dando pie también a que se ponga un límite a la riqueza, y proponiendo que el crecimiento sea inclusivo ya que “los datos disponibles apuntan a que todas las personas que viven en la actualidad podrían situarse dentro de la base social con una utilización de recursos adicionales sorprendentemente escasa”, si los recursos se distribuyeran mejor.

Esto debe realizarse con un enfoque que tome distancia del mercado, ya que tratar de “reducir la presión sobre los límites planetarios utilizando mecanismos de mercado que no están regulados adecuadamente y que tratan de la misma forma a los poderosos actores internacionales y a las comunidades locales, cuyos derechos sobre la tierra, el agua y la participación política son profundamente frágiles”, termina concentrando los recursos en las personas de altos ingresos y empobreciendo a los más débiles.

La solución está en que el Estado asuma el rol que le compete, tanto para asegurar la base social, como para inhibir la superación del límite ambiental. Mariana Mazzucato, la economista sobre la que el Papa Francisco ha dicho: “Creo que ayuda a pensar el futuro”, señala en su último libro (Economía de la Misión, un disparo a la Luna para transformar el capitalismo) que “solo el gobierno tiene la capacidad de producir una transformación a escala como es necesario” que consiste en “reestructurar el negocio para que los beneficios privados se reinviertan en economía en lugar de utilizarse para ganancias financieras a corto plazo”.

No es una tarea fácil, ya que los intereses en juego son múltiples, pero también porque es necesario que tanto los gobiernos como los empresarios asuman una mirada global. “El argumento a favor de un cambio radical es abrumador -sostiene Mazzucato– Pero para impulsar este cambio tenemos que ver el problema a través de una lente en particular, concentrándonos en repensar el gobierno para estimular mejoras en la economía.”

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Limitar intereses por mora no perjudica al sistema financiero

diciembre 2, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

 

Por Andrés Palma

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Las últimas semanas, desde la industria financiera, se ha hablado mucho sobre «retrocesos en inclusión financiera», a raíz de indicaciones aprobadas por la Cámara a un proyecto de ley que está en discusión en el Senado. Se ha afirmado que de aprobarse dichas disposiciones se produciría una desbancarización y se las ha calificado como “buenas intenciones con malos resultados”, entre otras alusiones.

Las reformas, que han sido propuestas por parlamentarios de diversos sectores políticos, apuntan a fortalecer, transparentar, hacer más justo y alinear los incentivos en el sistema de créditos en Chile.

Una de ellas tiene por fin regular o limitar los intereses que pueden ser cobrados en caso de mora del deudor; otra, con la posibilidad de crear un sistema en tiempo real y automático de consulta de seguros que les permita a los titulares de los mismos conocer efectivamente aquellos seguros que tienen vigentes, ya sea para hacer uso de ellos o para no incurrir en una nueva e innecesaria contratación sin tener conocimiento, como suele ocurrir.

Regular o limitar los intereses por mora no significa perjuicio para el sistema financiero, ya que no impide que este sea mayor al interés corriente, sino sólo consiste en terminar con una práctica que se origina en una relación desigual entre el deudor y el acreedor, al igual como ocurre cuando existe más de un seguro para cubrir un mismo eventual siniestro, dando origen a un “sobre aseguramiento” que no tiene efecto práctico.

Ambas son prácticas abusivas que contribuyen a dar origen al malestar ciudadano que prevalece en nuestra sociedad, y su corrección no afectará el funcionamiento del sistema financiero y mejoraría la convivencia social.

La norma que ha generado mayores controversias propone que las entidades financieras paguen igual parte de la prima de los seguros que deben contratarse.

Esta norma es del todo justa, ya que el beneficio de los seguros favorece tanto a la parte deudora como a la acreedora, los bancos e instituciones financieras (disminuyendo el riesgo del préstamo y recibiendo prestaciones directas en caso de siniestro), y no tiene otra razón que la desigual relación, para que la parte más débil deba correr, como hasta ahora, con la totalidad del costo.

Por otra parte, la norma intenta alinear los incentivos en el sistema financiero, al establecer que no debe haber premios por la contratación de seguros, que normalmente constituyen un requisito para otorgar un crédito y no tiene sentido un premio si ese requisito no existe.

Lo anterior no es solo deseable y justo tomando en cuenta que, además, hay vínculos de propiedad entre las compañías de seguros y las entidades financieras, por lo que adoptar estas disposiciones contribuye a que el sistema financiero completo se vuelva más transparente, robusto y estable, y que sus utilidades se generen por la legítima gestión eficiente de su negocio.

Se señala, para contraargumentar, que de aprobarse estas disposiciones las entidades financieras traspasarán todos los costos a tasas de interés.

Esto puede ocurrir, pero tiene dos límites claros, por una parte la competencia y transparencia que se logra limita dicha posibilidad y por otra, al transparentar todas las condiciones por la vía del sistema centralizado de registro de seguros, y eliminar las comisiones por venta de seguros, habrá una rebaja efectiva de costos.

Adicionalmente, y por lo antes expresado, ninguna de estas medidas disminuiría el acceso al sistema financiero, y posiblemente lo aumente.

Coautor Francisco Meneses, Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Católica de Chile; Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile; Master en Economía Agricultural y Aplicada, University of Wisconsin-Madison, USA y Master en Políticas Públicas, Harvard University, USA.

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¿Es la actual Constitución neoliberal?

octubre 13, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma 

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Lucía Santa Cruz publicó una columna sobre si la Constitución puede ser catalogada de neoliberal. Creo que hay un par de aspectos que permiten afirmarlo, y ya los señalaré, pero antes quiero referirme a dos afirmaciones que me parecen discutibles.

La primera es que esta es la Constitución de Lagos y no la de Pinochet. Es cierto que Jorge Burgos propuso, y el Congreso aceptó, introducir una norma por la que se cambió la firma en el texto constitucional, pero eso fue un importante hecho simbólico.

Sin embargo, si uno busca el texto en la página Ley Chile, sigue apareciendo la firma de Pinochet. Esto no es banal. El hecho cierto es que la Constitución ha tenido muchas reformas, pero solo aquellas que los partidarios de Pinochet han tolerado, así, su inspiración y contenidos fundamentales son los que la dictadura impuso, y está bien usado este término: impuso.

Lo segundo es que, por las normas contenidas en la Constitución, la mayoría electoral y política no tuvo la mayoría institucional debido a los senadores designados, y hasta ahora por las Leyes Orgánicas Constitucionales y el control preventivo del Tribunal Constitucional, que lo transforma en un tercer órgano legislativo, no electo democráticamente, como los otros dos. Y esas son normas constitucionales.

Estas normas no son neoliberales, pero restringen la democracia y facilitaron la imposición, y facilitan la mantención, del modelo neoliberal.

Ahora, ¿es neoliberal? Visto que no permite que algunas normas se modifiquen por la regla de la mayoría, esencial en una democracia, y que dichas normas sostienen una visión de la sociedad que puede catalogarse como neoliberal, podría decirse que, si no es explícita en lo neoliberal, al menos sostiene no democráticamente esa visión.

Pero hay normas que están en la Constitución que también permiten sostener esa afirmación.

En el video que grabé para la franja del Apruebo dije, “la actual Constitución no ampara el derecho a la educación”. Esto lo dije porque en la Constitución hay un desequilibrio muy explícito en relación a la educación, y Santa Cruz no lo señala; consiste en que establece tres derechos: el derecho a la educación, el derecho de los padres y madres a escoger el establecimiento de sus hijos e hijas (la Constitución no dice esto así porque está escrita en masculino), y el derecho a crear establecimientos educacionales, que es una extensión del derecho de propiedad.

Sólo estos dos últimos pueden ser recurridos de protección o amparo en los tribunales, no así el derecho a la educación. De esta forma, el derecho a la educación es meramente declarativo, pero no son así los derechos asociados a la propiedad.

Decir que un 91% de los estudiantes acude a establecimientos financiados por el Estado, o que el currículo es fijado por el Estado, no altera el hecho sustancial.

Algo similar ocurre con la protección social en pensiones y salud. La Constitución establece que debe haber previsión pública y privada, salud pública y privada. En si esto no sería problema, pero al fijar contribuciones obligatorias, en la práctica impuestos, que recaudan y administran los privados, está creando un Estado privatizado, no democrático.

Hay otras disposiciones, pero no quiero alargarme.

Los neoliberales discuten que la Constitución lo sea, y es lógico, no pueden reconocer que si lo es, porque estarían reconociendo que no es plenamente democrática, y eso suena feo, como que lo es.//ELF

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Lo que quiero en la nueva Constitución

octubre 10, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma Irarrázaval

Exministro y economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Hay mayorías electorales, institucionales, políticas, sociales y no siempre coinciden. Una mayoría electoral es la que efectivamente otorga un mandato ciudadano en las urnas, una mayoría institucional es la que se refleja en la composición de las diferentes estructuras del Estado que tienen su origen en la voluntad popular, una mayoría política se alcanza por acuerdos entre las partes representadas y una mayoría social corresponde al sentir ciudadano que se expresa en organizaciones, medios de comunicación y opinión pública. ¿Hay una solución para que se siga la lógica democrática y gobierne la mayoría? Las hay de diferentes formas, y una de ellas debiera contener nuestra nueva Constitución.

La democracia se ha definido como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, pero no es exactamente así, ya que no es el pueblo el que gobierna, sino personas elegidas por el pueblo para que cumplan esa función. Así, si todo funciona bien, los elegidos gobiernan por el pueblo y para el pueblo.

También se ha dicho que la democracia no es perfecta y que, con sus limitaciones, es “la peor forma de gobierno si exceptuamos todas las demás” y, por lo tanto, es perfectible.

La clave de su funcionamiento es que, respetando a todas y todos, gobierne una mayoría. Y es el que gobierne la mayoría, con respeto a todas y todos, lo que quiero en una nueva Constitución. Pero ¿qué es una mayoría? La respuesta obvia es que es la mayoría la que saca más votos. Esto no es tan obvio y es lo que deseo exponer.

La Cámara de Diputadas y Diputados se elegiría cada cuatro años, por votación popular en proporción a la población de las regiones, con criterios de paridad de género y mediante un sistema proporcional, en tanto que la persona que ejerza la Presidencia de la República también sería electa por votación popular, pero cada siete años, para que su mandato no coincida con el de la Cámara. El Senado se renovaría después de la elección presidencial, para que asuman en las mismas fechas y sus mandatos coincidan plenamente.
Hay mayorías electorales, institucionales, políticas, sociales y no siempre coinciden. Una mayoría electoral es la que efectivamente otorga un mandato ciudadano en las urnas, una mayoría institucional es la que se refleja en la composición de las diferentes estructuras del Estado que tienen su origen en la voluntad popular, una mayoría política se alcanza por acuerdos entre las partes representadas y una mayoría social corresponde al sentir ciudadano que se expresa en organizaciones, medios de comunicación y opinión pública.

Como demuestra la historia, incluida nuestra historia de Chile, no siempre las mayorías coinciden y, cuando no lo hacen, suele haber conflictos que afectan el desarrollo de los pueblos y comunidades. Por ejemplo, el Presidente Piñera obtuvo una mayoría electoral en la segunda vuelta presidencial, pero esa mayoría no tuvo un correlato en el Congreso, por lo que no fue una mayoría institucional y tampoco logró construir una mayoría política y menos social. El resultado es el que vivimos a partir del 18 de octubre.

Las sociedades pueden vivir con gobiernos de minorías, pero siempre que esos gobiernos logren construir acuerdos políticos para gobernar. Eso es lo que ocurrió en los gobiernos durante la vigencia de la Constitución de 1925, en que todos, incluido el de Frei Montalva que fue electo por una mayoría absoluta, fueron de minoría y para gobernar tuvieron que buscar acuerdos, pero eso no genera estabilidad a los procesos, como el que Chile necesita para dar bienestar a todas y todos sus habitantes.

También pueden vivir con gobiernos de mayoría, pero bloqueados por las instituciones, de manera que parezcan de minoría, como lo que ocurrió en los gobiernos de la Concertación, debido a las trabas institucionales contenidas en la Constitución de la dictadura: senadores institucionales, distritos y circunscripciones desproporcionadas y leyes Orgánicas Constitucionales inamovibles. En estos casos, también se pudo gobernar sobre la base de acuerdos, pero sujetos a vetos de las minorías.

Entonces, ¿hay una solución para que se siga la lógica democrática y gobierne la mayoría? Las hay de diferentes formas, y una de ellas debiera contener nuestra nueva Constitución.

La propuesta es que establezcamos un mecanismo para garantizar que los gobiernos sean de mayoría electoral e institucional, lo que asumirá que serán también de mayoría política y, probablemente, social. Ese mecanismo es que tengamos un régimen parlamentario: que gobierne el o la que logre construir una mayoría en el órgano representativo de la ciudadanía, nuestra Cámara de Diputadas y Diputados, bajo la figura de canciller, jefe o jefa de Gobierno o primera ministra o primer ministro.

Es un cambio institucional relevante, profundo y necesario.

Pero siendo Chile un país cargado con la tradición presidencial y bicameral, no es posible dejar de lado dichas figuras. Entonces, complementando el cambio, propongo que la persona que ejerza la Presidencia de la República represente al Estado, separando los roles de jefatura de Estado y jefatura de Gobierno. Esta última tendrá todas las facultades inherentes a dicha función, incluidos el mando de las Fuerzas Armadas y de las policías y las relaciones exteriores, en tanto la Presidencia tendrá las facultades de proponer al Jefe de Gobierno, promulgar las leyes y decretos, designar con consulta a las altas magistraturas y autoridades de los poderes del Estado diferentes del Gobierno, y representar ante el Gobierno las inquietudes ciudadanas.

El Presidente o Presidenta de la República sería aconsejado por el Senado, que hará las veces de Consejo de Estado y sería elegido de manera indirecta, por todas las personas que ocupen cargos de representación popular: diputados y diputadas, gobernadoras y gobernadores, consejeros y consejeras regionales, alcaldesas y alcaldes y concejales. En la misma proporción que la Cámara de Diputadas y Diputados. El Senado no tendría una función permanente, sino sería convocado por el Presidente en el ejercicio de sus facultades, evitando así un choque de representaciones con la Cámara.

La Cámara de Diputadas y Diputados se elegiría cada cuatro años, por votación popular en proporción a la población de las regiones, con criterios de paridad de género y mediante un sistema proporcional, en tanto que la persona que ejerza la Presidencia de la República también sería electa por votación popular, pero cada siete años, para que su mandato no coincida con el de la Cámara. El Senado se renovaría después de la elección presidencial, para que asuman en las mismas fechas y sus mandatos coincidan plenamente.

Al conformarse el Gobierno por un acuerdo mayoritario de la Cámara y siendo esta representativa del pueblo que la elige, estaríamos creando una forma de hacer efectivo el gobierno de mayorías que el país necesita para su desarrollo pleno.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: #NuevaConstitucionParaChile, Andrés Palma, columna, Columnista, Plebiscito constituyente

¡Feliz 5 de octubre!

octubre 5, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Exministro y economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Hoy es 5 de octubre. Para los que tenemos más de 50 años es un día muy especial.  Hace 32 años tuvimos la oportunidad de comenzar a cambiar la historia de Chile, nuestra historia.

Lo hicimos con incertidumbre respecto de lo que vendría y cómo sería el después, pero con mucha fe y paz, sin violencia, sin odio, con unidad de propósito.

Recuerdo el día anterior, 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Era el cumpleaños de mi hermano mayor, que había fallecido un año y medio antes, y pasé a saludar a mi madre por recordar a mi hermano. Ella me preguntó si tenía la certeza de que triunfaríamos, y yo le dije que sí. Entonces me contó una historia. Se trataba de un tiempo de sequía y una comunidad había pedido que se celebrara una misa para invocar por lluvia. El cura en su prédica, ante el asombro de todos, habría dicho que la invocación no daría resultado … porque nadie llevó paraguas.

De inmediato fui a comprar champaña para celebrar.
El día 5 todos cumplimos, votamos y triunfó el inicio del cambio.
El 6 y el 7 todos celebramos en calles y plazas, en orden y con banderas de unidad. Nos abrazamos con conocidos y desconocidos, era la alegría de iniciar un camino. Era estar en marcha nuevamente como un país.

Han pasado 32 años. En la sociedad el recuerdo se diluye, y en ese diluir fuimos perdiendo cohesión, fuimos olvidando nuestra historia, fuimos negando los triunfos y las derrotas, y fuimos distanciándonos.
Hasta que vino otro octubre que nos encontró nuevamente en las calles y plazas pidiendo retomar la marcha para terminar ese camino y empezar uno nuevo.

El 25 de octubre debe ser inolvidable para los y las menores de 45 años.
Ojalá podamos, los y las mayores, transmitirles la confianza que tuvimos hace 32 años y retomemos los caminos de compromiso con avanzar democráticamente en la construcción de una mejor sociedad. Esa construcción democrática requiere acuerdos, y el primer gran acuerdo es tener una Constitución que convoque, que una, que permita construir un país más justo y un planeta en que podamos seguir viviendo.

En recuerdo de las que lucharon y de los que aportaron, de los que se entregaron y las que compartieron, de los que mostraron el camino y de las que nos lo anuncian, por un triunfo que nos vuelva a reunir el 25 como hace 32 años:
Feliz 5 de octubre.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: 5 de octubre, Andrés Palma, Columnista, digamos NO, Plebiscito constituyente, regreso a la democracia

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