Por Andrés Palma

Exministro, economista y militante DC

La realidad de los campamentos y de la creciente segregación urbana no puede ser resuelta sin un cambio institucional y de orientación de las políticas.

Hace una semana he planteado que una política urbana que considere su impacto en la creación de empleos decentes tiene que asumir tanto los temas de vivienda y urbanización, de infraestructura comunitaria y de servicio, los temas de transporte y urbanismo, la sostenibilidad ambiental y la realidad de los campamentos, y hemos sostenido que un programa para resolver la falta de viviendas no puede ser dirigido por las reglas del mercado inmobiliario, y requiere una política que abarque tanto las dimensiones de uso del suelo, como las relacionadas con transporte, infraestructura comunitaria y exigencias medioambientales.

Está dimensionado el costo social de continuar expandiendo las ciudades, y los beneficios sociales y humanos de grandes proyectos urbanos. Por esta razón la política a desarrollar debe considerar a) el poner límite a la expansión de las ciudades, privilegiando la densificación bajo un proceso de planificación del uso del suelo; b) que las viviendas y edificaciones que se construyan sean ambientalmente sustentables, para lo que se debe considerar en toda nueva construcción, al menos, tres elementos: instalación de paneles solares para generar energía, sistemas de reciclado del agua, diferenciando la eliminación de excretas del agua reutilizable, y sistemas de reducción por el desagüe de los materiales vegetales triturables; c) desarrollar sistemas públicos de transporte ambientalmente sustentables y eficientes en conectividad; y d) desarrollar localmente una infraestructura comunitaria que configure ciudad, como escuelas, parques, y servicios en general.

Cada uno de estos aspectos generará empleos de calidad, muchos de ellos calificados y por desarrollar: Que las viviendas y edificaciones que se construyan consten de paneles solares para generar energía requerirá personal técnico en un número que hoy no existe, así como la provisión o producción de los mismos paneles, así como las modificaciones legales que se requieran para la conexión de las viviendas con los sistemas de distribución. Lo mismo ocurre en relación a la instalación de sistemas de reciclado de agua y de trituración de vegetales, en cuanto a personal capacitado y producción de equipos.

Como se ha señalado, hay efectos correlacionados de importancia en la implementación de una política de esta magnitud, y se requiere la formación de técnicos de nivel intermedio y superior en los distintos aspectos en que se está proponiendo innovar: instaladores y mantenedores de paneles solares, también de nuevos sistemas de drenaje en los hogares y de los sistemas de trituración de vegetales (existente en Nueva York en 1991 y obligatorio en Taipei en 2001); instituciones de formación para esos mismos técnicos, entre otras.

Pero, de manera simbólica y relevante, será necesario poner término a los barrios cuyas soluciones habitacionales e infraestructura comunitaria son indignas, los “campamentos de ladrillo”, requerirá un esfuerzo superior. Esto significa rediseñar barrios enteros y rediseñarlos con calidad urbana, para lo que se debe desarrollar una política de desarrollo urbano y las capacidades técnicas para implementar proyectos como la Remodelación San Borja, o las Villas Portales y Frei en Santiago.

El tema de la vivienda y la renovación urbana ambientalmente sustentable deben ser una prioridad para el próximo gobierno, y las facultades para que esto pueda ser implementado por los gobiernos regionales, una prioridad para la Convención Constitucional//ELF.