Por Andrés Palma

Exministro y economista del Foro Para el Desarrollo Justo y Sostenible

En estos días se están discutiendo dos proyectos de gran impacto macroeconómico: La ley de Presupuestos del Sector Público, y un cuarto retiro de fondos previsionales administrados por las AFP y las Compañías de Seguros de Vida.

La ley de Presupuestos del Sector Público es la que define la gestión del gobierno para el año siguiente a su promulgación, por eso dura desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Define la gestión del gobierno porque establece la estimación de ingresos que tendrá el sector público en el año siguiente, cuestión que no puede ser modificada durante la discusión del proyecto de ley, lo que significa en la práctica hacer un “acto de fe” al respecto, y fija el límite o la autorización máxima de gasto que el gobierno puede realizar en ese año.

El parlamento la discute, en la Comisión Mixta de Presupuestos integrada por 13 integrantes de cada Cámara, durante 60 días y el gobierno debe presentarla, a más tardar el 30 de septiembre, lo que este año hizo unos días antes de esa fecha. Por su parte, si el parlamento no despacha la ley en la fecha correspondiente, rige íntegramente el Proyecto de Ley enviado por el Presidente, por lo que el parlamento tendrá siempre el incentivo para despacharlo en el plazo.

Es importante destacar que la iniciativa de gasto radica exclusivamente en el Presidente de la República, por lo que las y los parlamentarios solo pueden reducir gastos y fijar condiciones para su ejecución.

En el proyecto en tramitación, el Gobierno ya ha propuesto una reducción significativa respecto a la ejecución presupuestaria de este año, un 27%, que según señala, corresponde al retiro de lo que se ha gastado en ayudas con motivo de la pandemia. Desde el punto de vista del presupuesto, esto corresponde a una normalización, pero desde el punto de vista macroeconómico significa el fin del estímulo reactivador.

Políticamente esto representa una situación crítica para el próximo gobierno, que se verá limitado para acoger las demandas ciudadanas en el momento relevante de su instalación y estará obligado a presentar una modificación a la Ley para poder atenderlas, pero en un contexto en que, dado el presupuesto propuesto por el gobierno, los primeros meses del nuevo gobierno, y mientras no se modifique la Ley, serán restrictivos

Para la macroeconomía, el que simultáneamente, el Banco Central, esté subiendo la tasa de interés, lo que también representa el fin del estímulo reactivador, significa que el conjunto de las políticas fiscal y monetaria impactan la demanda agregada de manera negativa, afectando el Consumo y la Inversión.

Pero, como por otra parte se estima que el precio del cobre se mantendrá alto, lo que hará que los ingresos del Fisco y de las exportaciones se mantendrán altos, y la Inversión Extranjera Directa está creciendo, pese a que el efecto de la ley de presupuestos será recesivo, se prevé una dinámica global positiva, por lo que se estima que la economía crecerá un 2% el próximo año.

Por su parte, el cuarto retiro de fondos previsionales administrados por las AFP y las Compañías de Seguros de Vida, si se aprueba, tendrá efectos menores que los retiros anteriores, tanto en volumen de recursos retirados como en su impacto en el gasto agregado.

El volumen de retiros será menor, porque hay mucho menos personas que pueden efectuarlos, pero los que pueden hacer retiros son personas que tuvieron o tienen altos ingresos y fondos, por lo que igualmente será alto. Como son personas que, en un número importante, no necesitan los recursos, el retiro se realiza para evitar el pago de impuestos en el futuro y serán reinvertidos en el mismo sistema (efecto Sichel), por lo que su impacto en la demanda agregada, y la inflación, será menor.

Será aún menor si se aprueba que estén afectos al Impuesto Global Complementario y si se excluye los retiros desde las Compañías de Seguros de Rentas Vitalicias, por lo que ello sería deseable, además de que, en lo tributario, justo.

Pero los retiros acumulados, y el cuarto según se apruebe, tienen impactos importantes en el sistema de pensiones, lo que es obvio, y en el Ahorro Nacional, lo que no se explicita mucho.

Los fondos retirados del sistema previsional, y no reinvertidos, como lo fueron la mayoría en los primeros tres retiros, motivados por la urgencia alimentaria y de habitabilidad ante la ausencia de un apoyo efectivo del Gobierno (no hay que olvidar que hasta ahora el mayor esfuerzo ha provenido de los ahorros personales), significan una disminución del Ahorro Nacional, y ello redunda en un mayor interés, que afecta los créditos y las deudas, disminuyendo el consumo de las familias, y al afectar los hipotecarios de largo plazo, también el acceso a la vivienda.

Las perspectivas para las políticas públicas y la urgente solución de los problemas sociales no son halagüeñas. La herencia del gobierno será la peor desde el retorno a la democracia, comparable a la que entregó la Dictadura. Inexplicable incompetencia.//ELF