En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Andrés Palma

Carta de economistas por el Apruebo

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Las personas abajo firmantes, queremos contribuir a la reflexión de chilenas y chilenos convocados a decidir sobre la propuesta presentada por la Convención Constitucional. Lo hacemos desde nuestra formación económica, entendiendo que la relación entre la economía, la política y las instituciones que las regulan, y que se definen en todo texto constitucional, es indisoluble.

«Todas las constituciones contienen un modelo económico de manera implícita en sus principios y definiciones conceptuales, y una forma de gestión económica de manera explícita en su articulado. Esto es así tanto en la constitución de 1980 como en la de 2022.

Al examinar los contenidos explícitos e implícitos de ambos textos, consideramos que la propuesta de la Convención Constitucional responde tanto a las necesidades que el país requiere para su desarrollo, como a la correspondiente buena gestión de la economía y, en su conjunto es claramente superior a lo establecido por la constitución vigente. La Nueva Constitución (NC) es también el mejor punto de partida para abordar determinados ajustes o precisiones que no hayan quedado bien resueltas en el corto lapso en que debió funcionar la Convención Constitucional.

Por ello, manifestamos nuestro apoyo a la opción Apruebo, en base a que la NC, recoge acertadamente las principales tendencias del debate internacional sobre crecimiento económico y desarrollo:

1. Se compromete con un Estado social de derecho, eje clave para promover una sociedad inclusiva donde la educación, la salud, la vivienda y pensiones dignas se establecen como derechos. Más allá del componente de justicia social que esto involucra, el que cada residente tenga acceso a salud y educación de calidad favorece el dinamismo económico, al mejorar el capital humano y ello también ha de reflejarse en un mayor producto potencial. Los derechos sociales así estipulados mejoran el entorno del crecimiento y favorecen una mejor distribución del ingreso y de las oportunidades.

2. Promueve la defensa del medio ambiente y el combate al cambio climático, probablemente los principales desafíos que hoy enfrenta la humanidad. Promueve, por tanto, un crecimiento verde, sostenible, preocupado de preservar la naturaleza para nuestros hijos y nietos. La NC en este tema es señera y está indicando el camino por el que deberán transitar el resto de las economías del mundo.

3. Se compromete con una economía del cuidado, asegurando mejores condiciones de vida a infantes, personas mayores y personas con salud deteriorada, generando de paso un motor nuevo de actividad económica que también impulsará el empleo y el crecimiento.

4. Reconoce el valor de los territorios y promueve una efectiva descentralización, avanzando en igualdad de oportunidades para chilenas y chilenos, con independencia del lugar en que nacen o viven. El ordenamiento territorial y la planificación del uso de los suelos facilitará la conformación de cadenas de valor locales, contribuyendo a la diversificación productiva.

5. Defiende los derechos laborales, la titularidad sindical y el derecho a huelga efectivo, lo que contribuirá a equilibrar la cancha entre capital y trabajo, estimulando de paso a que las ganancias empresariales provengan más de la innovación y la productividad y menos de imponer bajas remuneraciones a los trabajadores.

6. Se compromete con la paridad de género en todos los órganos del estado, en tanto la legislación deberá propender a asegurar la igualdad de género y la paridad en las instancias públicas y promoverlas en las privadas. Este histórico avance nos conducirá, sin duda, a una sociedad más democrática, más justa y más amable, con mayor vínculo con la realidad de nuestros barrios y comunas. Promueve el trabajo femenino y el igual pago por igual trabajo, lo que operará como un nuevo factor de crecimiento, al aumentar la fuerza de trabajo. Esto elevará el ingreso potencial.

7. Estimulará la competencia en los mercados al combatir la concentración económica. Economías demasiado concentradas como la nuestra tienen pocos estímulos para innovar, toda vez que la renta de los recursos naturales o el carácter poco competitivo de nuestros mercados asegura ganancias elevadas. Con mayor presión competitiva, las empresas deberán invertir más en innovación e incrementos de productividad.

8. Tiene un sólido compromiso con la cultura y la innovación, en todas sus manifestaciones, y esto no sólo es bueno para la salud de la sociedad. También puede ser un estímulo a la innovación juvenil, abriendo paso a que la “economía naranja” no sea patrimonio de la elite, sino que jóvenes de regiones y de nuestras poblaciones puedan crear, jugando con los softwares y las nuevas tecnologías. Masificar la innovación y los servicios digitales, a través de la futura masificación de las redes 5G no sólo nos permitiría sacar a muchos jóvenes de la droga, sino que nos permitiría incorporarlos a programas municipales de digitalización y emprendimiento.

Todo lo anterior refleja el cambio de modelo implícito en la propuesta constitucional que llamamos a aprobar. Es un cambio en la comprensión de la economía y la sociedad que se expresa en el concepto de “Estado Social y Democrático de Derecho” que se establece en el artículo 1 del texto a plebiscitar, y que sustituye la concepción neoliberal del Estado, establecida en la Constitución de 1980 y que no ha podido ser reemplazada, pese a los importantes cambios que se le han realizado. Así, como señala el artículo 182: “El Estado participa en la economía para cumplir sus fines constitucionales, de acuerdo con los principios y objetivos económicos de solidaridad, pluralismo económico, diversificación productiva y economía social y solidaria”.

Con esto, el Estado en Chile recupera su iniciativa para desarrollar actividades económicas (Art. 182/2), tal como sucede en las economías desarrolladas. Al hacerlo, la NC exige que esas tareas se realicen con probidad, transparencia y rendición de cuenta en todas las instancias (165), respetando estrictamente el derecho de propiedad (78/1 al 6), definiendo mecanismos de modernización en sus procesos y organización (178), fomentando la innovación, los mercados locales y la economía circular (182/4), promoviendo el accionar de las cooperativas (Art. 73/1), la libertad de emprendimiento (Art.80), la protección efectiva al consumidor (Art. 81/1,2) y previniendo y sancionando los abusos en los mercados, la colusión entre empresas, los abusos de posición dominante y la concentración excesiva en los mercados (182/5).

Lo anterior se desarrollará manteniendo los principios de una sana gestión de la macroeconomía, ratificada por la disposición 183 del texto constitucional que señala: “Las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles”. Más adelante, se indica que el Banco Central es un órgano autónomo al que le corresponde velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, teniendo en consideración la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medioambiente y del patrimonio natural, y al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno (357-358).

Todo lo anterior nos permite afirmar que las normas constitucionales propuestas configuran una economía de mercado con una adecuada regulación de la gestión económica del gobierno y del Estado.

Si además consideramos que: i) la propuesta constitucional reafirma el valor de la democracia al permitir que gobierne la mayoría, ii) con mecanismos precisos que aseguran la alternancia en el ejercicio del poder, iii) que la NC cuenta con mecanismos democráticos que permiten sus reformas, iv) que las leyes en que se plasmará esta NC se definirán en el actual Congreso y v) que eventuales ajustes o precisiones que se requieran también serán abordadas por el actual Congreso, todo ello nos conduce a señalar que la NC está sentando las bases en la construcción de una economía de mercado, social, solidaria e inclusiva que es nuestra aspiración y la de millones de chilenos y chilenas y habitantes de este territorio.

*Con certezas y esperanza, invitamos a votar Apruebo el 4 de septiembre.

Adhieren:

1. Roberto Zahler
2. Ricardo Ffrench-Davis
3. Nicolás Eyzaguirre Guzmán
4. Álvaro García Hurtado
5. Carlos Ominami
6. Andres Palma Irarrázaval
7. Osvaldo Rosales
8. Sergio Bitar
9. Jacqueline Saintard Vera
10. Gonzalo Martner
11. Ana Maria Correa López
12. Jorge Leiva Lavalle
13. Andras Uthoff
14. Andrés Solimano
15. Reinaldo Ruiz Valdés
16. Lysette Henriquez Amestoy
17. Eugenio Rivera
18. Gloria Fanta de la Vega
19. Gustavo Rivera Urrutia
20. Julián Goñi Melias
21. Eugenio Correa
22. Luis Eduardo Escobar F.
23. Graciela Moguillansky
24. Patricio Herrera González
25. Myriam Fliman
26. Mónica Ruiz Soto
27. Rodrigo Ketterer Y.
28. Sergio Arancibia Valenzuela
29. Álvaro Gallegos
30. Victor Barrueto
31. Ingeborg Block Guerrero
32. Alejandro Diez Palma
33. Fernando Martínez De La Cruz
34. Luis Rojas Aguirre
35. Alberto Zerega Ponce
36. José Pedro Labbé Jara
37. Francisco Lagos Sepúlveda
38. Jorge Parra Navarrete
39. Rubens Francois
40. Diego Portales
41. Pamela Salvo Lomboy
42. Cecilia Pallamar Ruz
43. Pedro Davis
44. Horacio Gutiérrez
45. Fránex Vera Hermosilla
46. Jorge Pérez Etchegaray
47. Juan Carlos Manosalva Rojas
48. Adela Cerón
49. Víctor Zúñiga Rodríguez
50. Verónica Pardo
51. Gonzalo Villarino Herrería
52. Jaime Enrique Pardo Gonzalez
53. Jorge Scherman Filer
54. Alberto Vásquez M.
55. Luis Rosales U.
56. José Patricio Huepe García
57. Moisés Scherman Filer
58. Ramón Castillo Corral
59. Roberto Cerri
60. María Angélica Vega Maldonado
61. Jaime Lorca
62. Oscar Ubilla Araya
63. Claudio Sepúlveda
64. Ulises Retamal Casanova
65. Gloria Andrea Maira Vargas
66. Omar Cid Maureira
67. Pablo Reyes
68. Francisca Schulz
69. Jorge Tagle
70. Sergio Bravo Pavez
71. Daniel Del Río Brombley
72. Enrique Román González
73. Mariana Veloz Contreras
74. María Cecilia García Monge
75. Ximena Miranda Muñoz
76. Viviana Arieth Sáez Ruiz
77. Max Ringele Pérez
78. Bastián Castro Nofal
79. Álvaro García Monge
80. Luís Sepulveda Cuevas
81. Maite Azúa
82. Cristina Carrasco Bengoa
83. Aurelio Del Rio
84. Rafael Urriola
85. Oscar Figueroa
86. Enrique Ceppi Di Lecco Lazo
87. Arnaldo Chibbaro
88. Máximo Aguilera
89. Bárbara Navarrete Antinao
90. Valentina Corvalan Perez
91. Susana Coper Wolkowiska
92. Victor Jacques Parraguez
93. Elena Davet Pavlov
94. Arturo Palma Vasquez
95. Paola Machuca
96. Cristián Candia Rodríguez
97. Ismael Toloza Bravo
98. Rodrigo Cuadra Valenzuela
99. Gonzalo Herrera Jiménez
100. Eduardo Arenas Valverde

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Los trece no son los 13

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Por Andrés Palma 

Tres militantes de larga trayectoria han compartido una declaración cuyo título de archivo es “13 y constitución”, lo que da a entender que declaran en representación de los firmantes de la histórica declaración a que hacen alusión en el primer párrafo del texto que distribuyen.

No podemos saber qué posición adoptaría cada uno de los firmantes en aquel 13 de septiembre de 1973 ya fallecidos.

Sabemos, eso si, que ese testimonio permitió que muchos y muchas jóvenes, se inspiraran en el para adherir a la Democracia Cristiana.

Los tres camaradas que firman la reciente declaración no pueden atribuirse la representación de los originales. Ellos destacan a tres.
Por supuesto, nadie puede saber qué habría dicho mi padre, o don Bernardo o don Renán, pero si puedo recordar que con don Eduardo rechazaron la Constitución por la que los tres optan, al anunciar su voto de rechazo en el Plebiscito de Salida.

Lo hacen con argumentos que son rebatibles, y que han sido utilizados por los sectores refractarios a los cambios con gran apoyo comunicacional.
No es efectivo que la propuesta constitucional ponga en riesgo la democracia, ni la separación de poderes, ni la responsabilidad fiscal, como afirman.

La actual normativa en cambio, con todos sus candados y pese a todas las modificaciones, aún impide el gobierno de la mayoría, que junto con la alternancia en el poder son los principios fundamentales de la democracia.

Tampoco dan razón, los tres, de por qué al optar por mantener el sistema vigente, están dispuestos a que el poder de cambiar la institucionalidad siga en manos de la derecha, que no ha estado disponible para hacerlo y que en su reciente convocatoria al rechazo, a la que se suman, no manifiesta disposición a modificar el modelo social y económico que la actual constitución impuso.
Lamento, especialmente por el afecto que les tengo, que los tres asuman esta posición.

Estoy triste además porque creo que estos tres, a diferencia de entonces, no convocarán nuevas generaciones a la Democracia Cristiana. //ELF

Un verdadero legado

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Por Andrés Palma

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Como Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible hemos propuesto un cambio de enfoque económico, para transitar hacia una economía verde y con empleos de calidad, como una forma de abordar los dos grandes desafíos que tenemos como país para que todas y todos alcancemos un nivel de vida digno.

Ello requiere un importante cambio de mirada en lo que ha sido tradicional del sector privado y del gobierno, lo que, como es lógico, tarda tiempo y demanda recursos.

Es necesario ese cambio de mirada porque, para ser exitoso, ese tránsito debe ser colaborativo, con un liderazgo claro desde las políticas públicas y con un fuerte compromiso de mediano y largo plazo. En otras palabras, se requiere que ese cambio provenga de un compromiso nacional, no sectario.

El Foro afirma que «la estrategia de desarrollo seguida en las últimas décadas sustentada en la explotación de recursos naturales hasta alcanzar, y en ocasiones superar, sus límites materiales, si bien permitió un alto dinamismo agregado no generó las condiciones para continuar ampliando la generación de empleos de alta productividad», y por eso se propone y se necesita un cambio de enfoque.

Dicho cambio debe provenir del impulso en tres líneas principales: un fuerte incremento en los recursos disponibles para apoyar a las empresa e instituciones innovadoras, lo que en la jerga económica se denomina I+D; un cambio sustantivo en el enfoque y uso de los recursos de capacitación laboral, para que se adecúe a las condiciones de empleabilidad y a los empleos que vienen y que serán distintos a lo que conocemos; y un conjunto de programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la explotación de los recursos naturales que posibiliten incrementar su productividad y empleabilidad en base a la difusión de los avances tecnológicos.

Estas iniciativas no pueden esperar, aunque su resultado tarde en observarse.

Pero, mientras tanto, el país debe ocuparse de ciertas urgencias: el incremento de las pensiones que ya se tramita en el Congreso; reducir sustancialmente -porque terminar con ellas no es posible- las listas de espera en los sistemas de salud; recuperar lo perdido por el sistema educacional a causa del Covid-19; y terminar con los campamentos que hoy existen a lo largo y ancho del país.

El proyecto de pensiones que se tramita en el Congreso contribuye parcialmente a dar solución a la demanda de gran parte de la población, especialmente a quienes les subirá la pensión en $185 mil, pero enfrenta el problema de su financiamiento. Este año, y tal vez otro más, habrá recursos disponibles siempre y cuando la pandemia se mantenga bajo control, pero de manera permanente requiere recursos por un monto cercano a los US$ 2.500 millones (casi un 1% del PIB).

No son pocos tampoco los recursos que se requieren para reducir sustancialmente las listas de espera. Si se pudiera ejecutar un programa de solución inmediata su costo sería del orden de los US$ 1.100 millones, pero eso no es posible por las limitaciones de capacidades del sector público y por la demanda nueva que cada año se genera. Por eso resulta necesario aprovechar la capacidad del sector público y del privado, tal como se aplicó ante la emergencia del Covid-19 y entendiendo que las listas de espera también son una emergencia sanitaria y social. Ello tal vez podría disminuir las listas entre un cuarto y un tercio anualmente.

Recuperar lo perdido en educación tiene un costo incalculable, pero se puede realizar una inversión para que, aprovechando las nuevas tecnologías, todos los estudiantes puedan acceder a un sistema de apoyo al aprendizaje en línea, utilizando un teléfono celular, tal como lo utilizan establecimientos particulares pagados y algunos subvencionados privados y públicos con buenos resultados. El costo de una política de estas características no superaría los U$100 millones al año, más la inversión en equipos y capacitaciones.

Mucho mayor es el costo de terminar con los campamentos. Sin considerar los «campamentos de ladrillo», es decir aquellas viviendas construidas principalmente después del terremoto de 1985 y hasta 1995, que no se corresponden al nivel que hoy demandamos, resolver los campamentos actuales demanda recursos por entre US$ 2.200 millones, si se les sigue radicando en los arrabales, y US$ 2.900 millones si se les radica en terrenos ya urbanizados. Lógicamente esta inversión se realiza por una vez y en un período de tres a cinco años.

Sumadas estas demandas urgentes, representan del orden de 1,5% del PIB anualmente, unos US$ 4.000 millones anuales. Si a ellas agregamos la necesidad del esfuerzo en I+D, capacitación y productividad en las pequeñas y medianas empresas, ya mencionados, que en conjunto alcanzarían un esfuerzo fiscal adicional de por lo menos un 1% del PIB, tendremos una necesidad de recursos adicionales por alrededor de un 2,5% del PIB, es decir, unos US$ 6.750 anuales.

Hay que tener claridad que en estos montos no se consideran otros gastos en los que, normalmente, es necesario incurrir, asociados al crecimiento de la población, deudas históricas, emergencias, otras iniciativas de desarrollo como créditos agrícolas, inversión en infraestructura digital y física, ni otros compromisos tan importantes como los relacionados a la seguridad de las personas o el control de la inflación.

Pero, situada la demanda urgente e imprescindible en estos montos, la pregunta es si se tiene los recursos para financiarla sin endeudarnos más ni empobrecernos más. Con motivo del proyecto de mejoramiento de pensiones, el Gobierno ha enviado un proyecto de cambios en la recaudación tributaria que generaría del orden de 0,25% del PIB, en promedio los próximos cuatro años, y 0,35% en adelante. Faltaría recaudar 2,15% del PIB cada año entre 2022 y 2025.

¿Será posible un acuerdo de la sociedad civil para comprometerse a este mínimo esfuerzo? El Presidente electo Boric ha manifestado su intención de impulsar una reforma tributaria que recaude un 5% adicional del PIB hacia fines de su mandato. La iniciativa en esta materia la tiene el gobierno, pero el actual está terminando. Entregar un incremento por este 2,15% como herencia del actual gobierno sería un verdadero legado.

Financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Una oportunidad para Chile?

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Por Andrés Palma

Economista y militante DC

Hay oportunidades que a veces no se repiten. Una unanimidad inesperada en el parlamento puede serlo.

La discusión sobre el financiamiento del mayor gasto público que representa el proyecto de Pensión Garantizada Universal(PGU) no es banal, refleja el estado de los compromisos que el actual gobierno entregará al próximo.

Está claro que lo que propuso originalmente no alcanza para cubrir el gasto que la PGU representa. El gasto en pensiones es necesario y justo, pero es lo que en economía se denomina gasto corriente o gasto del gobierno. Si lo llevamos a la economía doméstica es un gasto en consumo, es decir uno que no genera beneficios adicionales. Además, el gasto en pensiones – por ejemplo, a diferencia del IFE – constituye un compromiso permanente para el Estado, es decir, hay que pagar las pensiones mes a mes y año a año, y para ello hay que tener recursos suficientes… mes a mes y año a año.

El principio básico de la economía doméstica es que no se puede gastar lo que no se tiene, eso en la economía del gobierno se traduce en el aforismo que los gastos permanentes se deben financiar con ingresos permanentes, así, como las pensiones son permanentes se deben financiar con ingresos permanentes.

Ello no ocurre con la propuesta del gobierno, tal como lo ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, organismo que no es de oposición.

Al igual que en la economía doméstica, si los gastos permanentes son mayores que los ingresos, para financiarlos hay que endeudarse, pero no por una vez, sino de manera permanente, y todos sabemos qué consecuencias tiene eso: cuando las deudas suben mucho ya no hay como pagarlas y hay que vender algo o irse preso. Los países no se van presos, pero pueden verse obligados a vender algo. Esa fue la propuesta del llamado Consenso de Washington que estableció como regla las políticas neoliberales en todos los países pobres o de ingresos medios.

Durante años Chile ha sido responsable en el manejo de su economía pública, lo que permitió generar ahorros para enfrentar situaciones como la pandemia, pero este gobierno no lo está siendo a fines de su mandato dejando una pesada herencia a su sucesor.

Todos queremos que mejoren las pensiones, pero hay que hacerlo responsablemente.

Dado que el gobierno ha hecho una mala propuesta han surgido otras alternativas. Algunos proponen reducir el tamaño del Estado, pero no dicen en qué área realizarlo, demostrando que ese es un discurso más ideológico que resolutivo.

En el parlamento se ha propuesto establecer un impuesto a los más ricos, lo que es una buena propuesta, pero tal vez insuficiente. Se habla de fijar un royalty, lo que no sería adecuado dado que este tipo de obligación debe destinarse a recuperar las capacidades disminuidas por la explotación de los recursos naturales.

Aparentemente el país se enfrenta a una situación imposible: Subir las pensiones sin generar mayores deudas.

Si a esto agregamos las listas de espera en salud y la pérdida de años escolares, especialmente en la educación pública y particular subvencionada gratuita, más los problemas de vivienda y la necesidad de impulsar la inversión, la situación parece imposible.

Una vez Alejandro Foxley fue invitado con otros economistas latinoamericanos, a Ecuador, a una reunión con líderes políticos de diferentes tendencias para ayudarles a encontrar soluciones a los problemas de ese país. El relato posterior de Foxley fue dramático: “todos sabían lo que había que hacer, pero nadie estaba dispuesto a pagar los costos de hacerlo”, se ratificó así que la situación que parecía imposible lo fuera.

Muy distinto a lo que ocurrió en las reuniones de Mont Fleur que dieron origen al fin del Apartheid en Sudáfrica. Allí los líderes de las distintas comunidades se reunieron para imaginar nuevos escenarios a partir del fin de la política de dominación de los blancos sobre las comunidades mayoritarias, asumiendo que era necesario entenderse y que los blancos debían renunciar a su poder para construir una comunidad democrática.

¿Se podrá aprovechar esta coyuntura en que una solución parece imposible para encontrar un entendimiento en que los poderosos entiendan que deben ceder poder para que todos estemos mejor? ¿O terminaremos repitiendo las soluciones que no resuelven el problema y enriquecen más a los poderosos?

Este verano puede ser la oportunidad de un gran acuerdo nacional por la equidad. El proyecto en discusión está abriendo puertas. //ELF

¿Otra vez hay negociados?

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Por Andrés Palma

Economista y militante DC

El comportamiento histórico de ciertos actores económicos hace dudar respecto de decisiones recientes que les involucran.

En 1997 se produjo un gran negociado en que los controladores de un grupo empresarial, los llamados “chisperos”, vendieron su participación en las empresas que controlaban a un valor más de 200 veces superior al que pagaron a los accionistas minoritarios.

El caso “Chispas” debió marcar un antes y un después en materia de adquisiciones y fusiones empresariales, dado que el escándalo originó varias reformas legales. Pero aún antes de dichas modificaciones se estableció que hubo irregularidades y los “chisperos” debieron pagar multas cuantiosas, pero nunca tan cuantiosas como la renta que obtuvieron en el negociado.

Vale la pena traer a colación ese caso por dos razones. La primera es que hoy se discute un caso similar, el denominado “LATAM”, vinculado a las pérdidas patrimoniales y al pago favorecido de compromisos a un grupo específico de deudores. La segunda es que, en ambos casos, además de la relación entre distintos tipos de accionistas, aparece involucrada una familia que entra en las categorías de “alto patrimonio” y de “políticamente expuesta” que utiliza el SII.

En el caso Chispas hubo un accionista minoritario que obtuvo el mismo precio que los controladores, pese a no ser parte de ese grupo, es decir, a todos los accionistas no controladores se les pagó un precio más de 200 veces inferior que a los controladores, menos a uno que a la época era Senador de la República e hizo uso de ese cargo para presionar a los compradores, la española Endesa, para recibir un trato preferente, Sebastián Piñera.

Entonces explicando un “trato preferente”

Es un hecho que, una vez denunciado el negociado, el senador Piñera también dio una conferencia de prensa sumándose a la denuncia, pero el objetivo de su interés no era el negociado, sino ser parte de este. Como se le escuchara entonces, estaba dispuesto a perder mucho dinero a cambio de que no lo estafaran como ocurría a los accionistas no controladores. Y lo consiguió, negociando en privado y haciendo uso de la palabra en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados cuando concurrieron los ejecutivos de la empresa compradora, haciendo manifiesto su evidente conflicto de interés.

Es interesante también recordar que la operación de las Chispas tardó más de dos años, ya que los compradores se negaron a realizar parte de ella en un paraíso tributario, como pedían los vendedores, dado el alto monto involucrado.

En el caso LATAM confluyen también inversionistas controladores, accionistas minoritarios, operaciones en terceros países (¿las habrá en paraísos tributarios?) y operaciones de pago privilegiado. Algo que recién comienza a discutirse públicamente y que, al igual que en el caso Chispas, es difícil de desentramar sin la colaboración de los involucrados.

Perfeccionar las normas que faciliten la colaboración es un asunto aún pendiente. En el caso anterior, los chisperos se negaron a concurrir a la Comisión de la Cámara de Diputados que estudió el caso y propuso normas para evitar su repetición.

En paralelo, también otra operación debe llamarnos la atención: entre gallos y medianoche, más exactamente entre noviembre y enero, se está vendiendo el derecho a explotación de reservas de litio por 30 años. Con los antecedentes conocidos, también se puede dudar de la transparencia de ese proceso.

No son treinta años son treinta pesos

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Por Andrés Palma

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Hay distintas maneras de medir los “pesos” y de valorar los “años”, habitualmente se mide más con la emoción que con la razón. Así se hace la política y se estructura la sociedad.

Este martes se cumplieron 33 años desde el triunfo del NO en el plebiscito convocado por la dictadura cívico-militar que rigió en Chile desde 1973 hasta 1990, para ratificar o no, la continuidad del mando de su líder, Pinochet, por ocho años más.

Hace tres años, con motivo del 30 aniversario de ese momento decisivo para nuestra patria, convocamos a un acto público en Santiago. La convocatoria resultó masiva, pero el proceso de convocar fue dificultoso, unos queríamos celebrar y otros solamente conmemorar.

La discusión no era semántica, sino tenía un trasfondo de gran profundidad, tal como se reflejó en el acto mismo y, con mucha mayor energía en los acontecimientos que el país vivió a partir del octubre siguiente. El tema era si los treinta años siguientes al plebiscito habían sido positivos para el país o si habían sido frustrantes.

Tal vez, si analizamos con un intento de objetividad, ambas posiciones tienen razón, pero una de ellas niega la otra.

Me explico, se puede afirmar que los treinta años transcurridos desde el fin de la dictadura han sido positivos para el país, lo que se refleja en múltiples indicadores políticos, sociales y económicos, pero al mismo tiempo reconocer que simultáneamente hay cosas que no se hicieron y que se cometieron errores.

Pero si afirmo, apelando a las frustraciones, que “no son 30 pesos son 30 años”, estoy negando los avances e, implícitamente, asimilando la democracia a la dictadura, lo que no es real.

Porque no es lo mismo que todas las autoridades nacionales, locales y regionales sean designadas por un autócrata, que poder elegirlas.

No es lo mismo privilegiar con impunidad y cargos públicos a los violadores de derechos humanos, que someterlos a juicio y encarcelarlos.

Porque hay una ley de medio ambiente y una legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas, cuando antes no las había.

Porque la pobreza se redujo de ser la condición de vida de más de un 60% de las familias a menos de una sexta parte, antes de la crisis de la pandemia.

También es un cambio que hermanos de otros países de América quieran venir a nuestro país, cuando en la dictadura éramos nosotros los que emigrábamos.

Pero, al mismo tiempo hay grandes frustraciones, algunas que tienen explicación en las expectativas no cumplidas, y otras que son producto de los mismos avances.

Las pensiones entregadas por un sistema que concentra la riqueza, las AFP, no corresponden a lo prometido y los cambios en el sistema no han sido suficientes para resolverlo.

El acceso, inimaginable en su volumen, a la educación superior no tiene relación con los limitados campos ocupacionales ni con las expectativas de mejoras de remuneraciones.

Aunque ya no hay que llevar sábanas para hospitalizarse, no se resuelven las listas de espera y sigue habiendo proporcionalmente más recursos para la salud privada que para la pública.

Puede que no se haya cambiado lo suficiente, porque sigue existiendo más de un país en este mismo territorio, un país en que muchos se acostumbraron a la segregación y a no respetar al otro. En que sigue siendo mejor saltarse la fila acudiendo a un amigo, adelantar por la berma en la carretera o no pagando el pasaje de la locomoción colectiva, porque hay gente que lo hace y le va bien, o no tiene sanción.

Entonces cabe la pregunta, ¿son 30 pesos o son 30 años?

De alguna manera son 30 pesos.

Son los pesos que acumulan los hiper ricos, aún en período de pandemia, pérdidas de empleo y recesión.

Son los pesos asociados a los casos Penta, Soquimich y Dominga. Y a las municipalidades de Coquimbo, Vitacura, San Ramón y varias otras.

Son el peso de los Milico gate y Paco gate, el abuso en el uso de recursos por un ex director de la PDI y los contratos de obra con los hermanos del exintendente.

Son los pesos que te cobran por atrasarte un día en tus pagos, asociados a amenazas de embargos y cárcel.

Son el peso de la arbitrariedad con que cualquiera se siente tratado por quienes detentan algún grado de autoridad, desde carabineros hasta jueces, pasando por periodistas y opinólogos.

Son el ser discriminado.

Son treinta pesos y no treinta años porque en muchos aspectos la alegría sí llegó, pero también son treinta años y no treinta pesos porque sigue siendo cierto el que “basta ya de abusos, es el tiempo de cambiar”.

Pero son treinta pesos porque, a fin de cuentas, hay democracia, y la democracia es el espacio para el cambio permanente.

Y lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana.// ELF