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Nolberto Díaz (DC) En La Fontana y reajuste de 0% al sueldo mínimo: «El monto es vergonzoso y esperamos que los parlamentarios le exijan al gobierno una oferta decente»

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El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó que para la propuesta de reajuste del salario mínimo del Gobierno para el período entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, se considerará una variación nominal de 0,4% y de 0% real, por lo que quedará en $322.000.

El secretario de Estado explicó que es el reflejo de varios factores, como la caída de la actividad económica, situación que se equivalente a la que existía en el país hace tres años, cuando el salario mínimo era de $291.426.

Briones destacó el Ingreso Mínimo Garantizado, iniciativa que impulsó el Gobierno para ayudar a combatir la pandemia de Covid-19 en el país, donde trabajadores con ingresos entre $301.000 y $384.363 pudieron optar a un aporte estatal máximo de $59.200.

Reacción

En La Fontana consultamos su opinión sobre el tema, al secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz (DC), quien criticó la mezquindad del titular de Hacienda.

«Rechazamos la propuesta de $0 pesos de aumento de salario mínimo que ha propuesto el Gobierno de Piñera. Esta crisis ya la hemos pagado los trabajadores con los fondos de cesantía, los previsionales, y ahora con la legítima expectativa de mejorar en algo las remuneraciones. Conversamos muchas veces con el Ministro Briones, pero siempre nuestras posiciones estuvieron lejanas. Valoramos la intención del Ministro de dialogar con la CUT, pero creemos que el monto propuesto es vergonzoso y esperamos que los parlamentarios le exijan al gobierno una oferta decente», comentó Díaz.

*Ver video de Díaz comentando el asunto➕:

Oposición presenta plan de gradualidad para el retorno presencial en la educación inicial

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Diputados de oposición de la Comisión de Educación plantean establecer un plan y gradualidad en el retorno a clases presenciales. Además, un reglamento sanitario para los diferentes niveles que se deberá elaborar en conjunto con la comunidad educativa.

Los diputados de oposición miembros de la Comisión de Educación Cristina Girardi (PPD), Camila Rojas (Comunes), Juan Santana (PS), Rodrigo González (PPD), Camila Vallejo (PS), Gonzalo Winter (CS) y Mario Venegas (DC), presentaron un proyecto de ley que apunta a establecer normas para el retorno seguro y de forma gradual en la Educación Inicial.

La iniciativa legal tiene como finalidad establecer normas para el retorno seguro de niños, niñas y lactantes entre 3 meses y 6 años que asisten a salas cunas, jardines infantiles y Niveles de Transición 1, Niveles de Transición 2 en todos los establecimientos de educación parvularia en el contexto de la pandemia Covid-19.

El mismo se fundamenta en cuatro artículos, instaurando el retorno a las actividades educativas presenciales, gradualidad en el retorno, plan de acciones educativas presenciales y un reglamento interno de seguridad sanitaria, la que deberá ser elaborada en conjunto con la comunidad educativa.

La diputada Cristina Girardi puntualizó que “la situación de los niños pequeños es muy distinta. Hablamos desde sala cuna a educación parvularia, quienes requieren una atención especial. La gradualidad que planteamos apunta a que primero deben volver los jóvenes, los de educación media. Ellos tienen mayor conciencia y entienden la situación por la que pasamos, no así los más pequeños”.

“Los más pequeños precisamente son los que dependen mucho más de los adultos y no necesariamente entenderán que no puede acercarse a un parque, a jugar, por lo que se deben garantizar las condiciones. Creemos que los cuidados de este retorno deben ir en función de los distintos grupos etarios, no se pueden aplicar las mismas medidas a todos”, agregó la parlamentaria y una de las autoras del proyecto.

El diputado Juan Santana, en tanto, indicó que “este proyecto considera las particularidades de la educación inicial, y reafirma nuestra opinión de que no hay posibilidades de un retorno a clases para este año. Si el Gobierno no quiere entender y persiste, es legítimo que lo fijemos mediante un proyecto de ley».

Mientras, la diputada Camila Rojas indicó que “ante la insistencia del Gobierno y del ministro de Educación por volver a clases presenciales, pese a los altos niveles de contagios y los riesgos de rebrote, es importante abrir el debate y oír las distintas posiciones. Medidas como estas no pueden tomarse entre pocos. Además, para el proceso mismo proponemos que sean las comunidades de cada establecimiento las que aprueben un plan de retorno, una vez que determinen que se cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias”.

Para el diputado Rodrigo González, el proyecto busca ampliar una moción presentada con anterioridad, extendiendo la normativa a los niveles iniciales de la educación. «Buscamos complementar un proyecto que ya presentamos para que se permita un regreso a clases de los niveles iniciales resguardando especialmente la salud de los niños y de que existan las condiciones sanitarias, y que la comunidad de los establecimientos sea el factor principal de decisión, no se puede reiniciar clases sin consultar a los apoderados y la comunidad escolar».

«El trabajo educativo debe contemplar el bienestar de los niños, la participación de la comunidad, la convivencia escolar, la contención, el desarrollo emocional y su protección, toda la primera etapa que estamos planteando hay que permitirles que se reintegren adecuadamente a los jardines infantiles y toda la educación parvularia», finalizó el parlamentario.

Bancada PPD pidió a Bachelet enviar observadores de DD.HH a La Araucanía

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Junto con ello, instaron a la Alta Comisionada de la ONUa instaurar una mesa de diálogo en la zona.

La bancada de diputadas y diputados del PPD solicitó a Michelle Bachelet, como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, enviar observadores a la zona de conflicto en la Región de La Araucanía, y llamar a la constitución de una mesa de diálogo.

“El Gobierno no está garantizando el diálogo y el respeto a los derechos humanos en la Araucanía, más bien está permitiendo la autotutela y el enfrentamiento entre chilenos. Ante eso solo queda solicitar ayuda internacional, y que sea la alta comisionada quien envíe veedores a la zona, y promueva el diálogo necesario para una salida política”, señaló el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.

En tanto, la diputada y representante de la provincia de Malleco, Andrea Parra, sostuvo que “este clima de inseguridad en la Araucanía no puede seguir, si el Gobierno no quiere asumir el rol al que está obligado por mandato constitucional, resguardando el orden y garantizando el derecho a manifestarse pacíficamente, nos vemos obligados a recurrir a instancias superiores. Acudiremos a la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, como una forma de presionar a un gobierno que se rehúsa a cumplir sus funciones”.

Por su parte, el diputado y ex intendente de La Araucanía, Ricardo Celis, indicó que “la paz y la convivencia en la región vive un momento de gran fragilidad. La inacción y la falta de respuesta del Estado al mayor problema político que tiene con los Pueblos originarios, hoy pasan la cuenta. Espero que la presencia de observadores internacionales abra caminos de diálogo y soluciones. Las propuestas y recomendaciones que están contenidas en documentos de Estado como Verdad Histórica y Nuevo trato, y las comisiones presidenciales del primer gobierno de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet deben llevarse adelante con urgencia”.

El diputado y miembro de la Comisión de DD.HH., Tucapel Jiménez, manifestó que “la situación que hoy se está presentando en la región de La Araucanía, podría desembocar en el escalamiento de los conflictos y en un recrudecimiento de la violencia y de las manifestaciones. Esperamos que se haga efectiva la presencia de observadores internacionales que ayuden a la instalación de una mesa de diálogo y a la paz social”.

Por último, la diputada Cristina Girardi, señaló que “la función de la Conadi claramente no se está cumpliendo. Las protestas, muchas veces con violencia, son la acumulación del dolor por el abandono, el no reconocimiento respecto a las comunidades y la etnia mapuche. Lamento lo que ha ocurrido en la Región de La Araucanía, lamento el enfrentamiento entre civiles, la acción y la inacción de Carabineros, porque cuando se trata de matar si están, pero cuando se trata de defender a las comunidades indígenas, no están”.

“No podemos confiar en este gobierno ni el Estado de Chile en lo que tiene que ver con el problema étnico que estamos viviendo en La Araucanía. Esto tiene que ser visto por otros, no somos confiables como país, como Estado y menos este gobierno”, concluyó la diputada PPD.

Oposición critica cuenta pública por «cero autocrítica» de Piñera y «falta de anuncios más sustantivos»

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Las reacciones desde la oposición tras la Cuenta Pública del Presidente Piñera no tardaron. Los anuncios del Mandatario no dejaron con un buen sabor de boca a los parlamentarios.

La diputada Maya Fernández (PS) sostuvo que Piñera «debió haber empezado la Cuenta Pública con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia». Asimismo, destacó la «cero autocrítica» del Mandatario durante su intervención.

El presidente de la DC, Fuad Chahin, le advirtió al jefe de Estado que le «cobrarán la palabra para acordar un sistema mixto de pensiones con verdadera seguridad social. Espero no sea como tantos anuncios que luego se diluyen en la letra chica o los intereses de los pocos de siempre».

A juicio del presidente del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, esto fue una Cuenta Pública «sin mayor novedad, sin ningún anuncio relevante para el país. Con los habituales llamados a la unidad, concordia y acuerdos, que lamentablemente nunca se han reflejado en la actitud del Gobierno».

El senador Carlos Montes (PS) admitió que «esperábamos algo más sustantivo». «Esperábamos que asumiera que el Chile se está viviendo una realidad nueva. No se ve una reflexión a la altura de esos desafíos, no hay orientaciones para la nueva etapa de Chile».

Por su parte, la diputada Maya Fernández (PS) sostuvo que Piñera «debió haber empezado la Cuenta Pública con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia». Asimismo, destacó la «cero autocrítica» del Mandatario durante su intervención.

El diputado DC, Gabriel Ascencio, sostuvo que en el discurso no hubo «ningún anuncio sustantivo que responda a la magnitud de la crisis que no entiende».

«Carece de visión de estadista y sigue hablando como candidato en campaña sin comprender que los próximos meses pueden ser peores y que se necesita un estado y un gobierno más activo», agregó el parlamentario DC.

Por su parte, la diputada comunista Karol Cariola, criticó una de las frases dichas por el Presidente respecto a los derechos de la mujer. «En Chile siguen matando, golpeando y violando mujeres todos los días y Piñera dice que cambiando la sociedad conyugal y eliminando la restricción de 2das nupcias a las mujeres: “vamos haber eliminado toda discriminación contra la mujer en nuestras leyes”.Reír o llorar?», publicó.

Su par de la misma colectividad, Camila Vallejo, arremetió férreamente contra el contenido del discurso presidencial. «Acabamos de ver un discurso de Campaña Presidencial, promesas grandilocuentes para lograr el desarrollo primermundista, cuando es su tercer año de Gobierno».

En tanto, el diputado Matías Walker (DC), le advirtió al Presidente que «si las respuestas que la gente necesita no llegan oportunamente del Gobierno, tienen que venir del Congreso Nacional, por supuesto por los caminos que la propia Constitución establece como usted dice».

Desde la Cámara Alta, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) insistió en que la administración Piñera defiende a las AFP.

«Las AFP pueden estar tranquilas con Piñera, no serán tocadas en lo q queda de su gobierno. Llamado a seguir cuidando el negocio, la capitalización individual y el mercado de capitales con fondo de pensiones de trabajadores», escribió el parlamentario frenteamplista.

Respecto a la Cuenta Pública, Latorre sostuvo que fue «un discurso marcado por la irrelevancia y lugares comunes. Me queda claro que los súper ricos seguirán enriqueciéndose y los trabajadores seguirán pagando los costos de esta crisis. Encuentro nefasto que no haya hecho ninguna mención a la violación de los derechos humanos ocurridos en estallido social».

Diputados y Colegio de Profesores rayan la cancha al Mineduc con proyecto para retorno seguro a clases presenciales

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Los diputados de la Comisión de Educación, Rodrigo González, Camila Rojas, Camila Vallejo y Cristina Girardi, en compañía del Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dieron a conocer detalles de la moción parlamentaria que establece normas, criterios y condiciones para facilitar el regreso a clases presencial de los estudiantes de la educación pre básica, básica y media en el contexto de la pandemia por Covid-19.

El proyecto establece un retorno presencial a clases sólo cuando la autoridad sanitaria constate que existen las condiciones de salubridad necesarias para evitar el riesgo de contagio y sea concordado de acuerdo a un plan de retorno a clases entre cada establecimiento y las autoridades educacionales correspondientes, retorno que debe ser gradual; a su vez, el sostenedor, junto al equipo directivo docente de cada establecimiento, elaborarán un plan de retorno a clases y lo propondrán a las instancias de participación de la comunidad escolar diferenciado para la enseñanza pre-básica, básica y media.

Según el diputado PPD, Rodrigo González, es justamente en base a la participación que se quieren generar las condiciones adecuadas para el retorno seguro “queremos legislar en conjunto con la comunidad, recoger todas las experiencias y ver lo que es posible, recomendable y aceptable, y con el consentimiento de los padres que son los principales responsables de sus hijos, y de los actores educacionales que pueden resultar perjudicados por medidas que generen contagios en la comunidad escolar, en los profesores y sus respectivas familias. Resulta absurdo en estas circunstancias extraordinarias hablar de asistencia obligatoria, es grotesco lo que dice el Ministro en su instructivo y eso es lo que queremos regular. Nuestras autoridades creen que pueden imponer el regreso a clases y los padres no están dispuestos a aceptarlo.”

El Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó la decisión del Ministerio sobre la obligatoriedad de la asistencia a los establecimientos educacionales y respaldó la iniciativa parlamentaria “establecer la asistencia obligatoria es una aberración, los colegios cuando hay situaciones especiales flexibilizan la asistencia, es parte de sus facultades, del equipo directivo, y hoy día como país estamos viviendo una situación completamente anormal y especial, y por eso en ese hipotético retorno a clases que nosotros creemos que no es factible en el corto plazo ni en los próximos meses, de querer forzar un retorno cuando no hay condiciones sanitaria de seguridad es francamente aberrante”.

Esta realidad para la Presidenta de la Comisión de Educación, Camila Rojas, es porque desde el Ministerio no se consideran las opiniones de otros actores educativos y llamó a que no sea una decisión centralizada “Sabemos que las clases presenciales son relevantes, que las escuelas no solo entregan contenido educativo sino que hay un rol social muy importante, sin embargo no se puede volver a ellas mientras no se aseguren condiciones sanitarias y epidemiológicas, pero además condiciones en las propias escuelas. Hay una demanda importante de las organizaciones de profesoras y profesores, asistentes de la educación, apoderados y apoderadas por hacerse parte de este proceso y que esta no sea una decisión que se tome en el nivel central, en Santiago, en el Ministerio, y que no se consideren las realidades de las diferentes comunidades escolares, lo que está pasando efectivamente en las escuelas”.

La diputada Cristina Girardi enfatizó en las dificultades técnicas que representa el retorno a clases, y en la necesidad de que las autoridades de salud se involucren. “Luego de conversaciones con los Servicios de Educación Pública de Barrancas me plantearon varios temas. Uno es de infraestructura. Ninguna o gran parte de las escuelas no están en condiciones del retorno a clases; segundo es que el gobierno planteó que se van a comprar 3.5 millones de mascarillas y que las escuelas deberán comprar con cargo a la SEP, sacará dineros que son para temas pedagógicos; tercer tema es la doble jornada, no hay personal ni financiamiento para ello. Con estos tres elementos, no tiene sentido la vuelta a clases y revista un peligro. Además, sería importante tener una reunión con el Ministro de Salud. Enrique Paris conoce bien la condición de los hospitales, pero no la de las escuelas, la deficiencia que tienen en Chile. Deberíamos acércanos a él para discutir el tema ya que es él quien debe determinar si están las condiciones de salud para el retorno a clases y, de paso dar a conocer nuestra postura al respecto”.

Las medidas para un retorno seguro a las aulas que se recogen en el proyecto, se basan en propuestas de diversas instituciones como el Colegio de Profesores de Chile, la Mesa Amplia por la Educación, la Mesa Social 3B COVID-19, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación de Chile y el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva.

Bancada PPD lamenta que gobierno confirme veto a ley sobre servicios básicos

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La bancada de diputados del PPD lamentó que el Gobierno haya confirmado durante esta jornada que se presentará en los próximos días un veto a la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia.

“Le pedimos al Presidente (Sebastián) Piñera y al Gobierno reconsiderar la decisión de enviar un veto a este proyecto de ley, porque la gente no puede seguir esperando”, señaló el jefe de bancada, Raúl Soto.

El parlamentario agregó que esta “iniciativa fue aprobada de manera transversal en el Congreso, y se encuentra sobre el escritorio del Presidente Piñera para su firma y promulgación. Emplazamos al Ejecutivo a ponerse del lado de los ciudadanos, de los vulnerables, de la clase media, de las pymes, y no de las grandes empresas de servicios básicos. Creemos que es necesario entregar un alivio para liberar a las familias chilenas de un gasto mensual importante a través de esta ley”.

Por su parte, la subjefa de bancada del PPD, Loreto Carvajal, sostuvo que “es impresentable que el Gobierno aún con todo este retardo, con toda la necesidad en esta pandemia, siga utilizando estos subterfugios para entorpecer la tramitación de ley”.

“El mecanismo de los vetos ha sido usado y abusado por el Gobierno y ya es hora que el Gobierno se haga cargo de dar respuestas efectivas y por supuesto, dejar de vetar y dedicarse a gobernar con sentido de urgencia y, sobre todo, con las demandas tan necesarias y urgentes como es impedir el corte de los servicios básicos de cualquier familia que ahora están resguardada en sus hogares, donde la mano del Estado no alcanza”, concluyó la diputada Carvajal.