En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Diputados

Presentan proyecto de Ley que obliga a las aseguradoras a instalar de manera gratuita dispositivos GPS en vehículos

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Actualmente, dichas empresas sólo tienen la obligación de entregar, sin costo alguno, el dispositivo GPS, siendo los clientes los responsables de su instalación y activación.

El diputado independiente y miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Bianchi, presentó un proyecto de ley que busca perfeccionar la “Ley Antiportonazos”, vigente desde julio del 2019.

Actualmente dicha legislación establece, entre varios aspectos, que las empresas aseguradoras deben entregar en forma gratuita un dispositivo GPS a los consumidores cuando contratan un seguro automotriz, trasladando toda responsabilidad a los clientes de la instalación y activación del mismo.

“Aquí estamos pidiendo con fuerza que realmente se respeten los derechos de los consumidores y se garantice su seguridad. De hecho, nos preocupa que ciertas compañías de seguros no están cumpliendo con la entrega de los dispositivos GPS, lo que ha llevado al Sernac a presentar demandas colectivas en contra de dichas empresas”, explicó el diputado Bianchi.

Asimismo, el parlamentario manifestó que «al quedar los clientes a cargo de la instalación de los GPS, los vehículos que provengan de concesionarias (sean nuevos o semi-nuevos), pierden la garantía que éstas entregan, ya que el servicio técnico respectivo se negará a recibir el automóvil, al haber sido manipulado por un servicio técnico extraño al instalar el GPS”.

«Frente a estos inconvenientes que sufren los consumidores, hemos presentado este proyecto de ley que establece que en toda contratación de pólizas de seguro para vehículos motorizados, las aseguradoras incluirán, sin cobro adicional, no sólo la entrega, sino que también la instalación de dispositivos GPS”, indicó Carlos Bianchi.

En la propuesta legal se señala además que “ la instalación del dispositivo GPS deberá realizarse por parte de la aseguradora dentro de los 15 días siguientes a la celebración del contrato de seguro. En el caso de que la contratación de pólizas de seguro sea para asegurar vehículos nuevos o usados con garantía del vendedor, las compañías de seguros deberán realizar la instalación del dispositivo GPS en el servicio técnico autorizado por la concesionaria de origen ”.

Por su parte, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, indicó que “esta iniciativa busca perfeccionar la ley antiportonazo, ya que se garantiza la entrega en un plazo determinado y la instalación del GPS, que es un elemento muy importante ya que emite la localización del automóvil en todo momento, y en el caso de robo facilitaría la labor de las policías acortando los tiempos de búsqueda».

«Estamos hablando de garantizar realmente la seguridad de las personas, ya que tal como está actualmente la ley, no se cumple plenamente con esa función”, concluyó el diputado Araya.

También firmaron la iniciativa los(as) diputados(as) independientes Mónica Arce, Marta González, Camila Musante, Cristián Tapia y Héctor Ulloa; además de los(as) diputados(as) PPD Carolina Marzán, Helia Molina y Raúl Soto.

Diputados exhiben inquietud antes de votar renovación del Estado de Excepción

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Este miércoles, el Congreso tendrá una sesión excepcional para votar la prórroga del Estado de Excepción que rige en las provincias de Biobío, Arauco (Región del Biobío), Malleco y Cautín (La Araucanía).

La medida permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a los procedimientos policiales y fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera a mediados de octubre, argumentando las graves alteraciones al orden público que ocurren en el territorio denominado Macrozona Sur.

En caso de aprobarse, el régimen constitucional se ampliaría hasta el 11 de marzo, cuando asuma el presidente electo Gabriel Boric.

Y mientras que el futuro mandatario ha acusado que «no es la solución» y seguramente no pedirá la renovación del decreto, algunos parlamentarios presentaron una serie de inquietudes antes de la votación de hoy.

Por ejemplo, el diputado Ricardo Celis (ex-PPD) acusó en Radio Bío-Bío que «ha sido un fracaso. Llevamos siete muertes, siete asesinatos durante el verano de 2022 con Estado de Excepción Constitucional, sin conocer ningún detenido, ninguna hipótesis respecto a quiénes son los responsables”.

Incluso desde el oficialismo han surgido reparos. «De una vez por todas, exigir que existan responsables. Que haya resultados de las investigaciones, porque lamentablemente cuando ocurren estos hechos, nunca hay nadie detrás», indicó el diputado Jorge Rathgeb (RN).

Entre los crímenes ocurridos en la zona aparece el del parcelero Joel Ovalle o el de dos trabajadores que prestaban servicios a forestal Mininco, ambos hechos ocurridos este año.

En tanto, La Tercera reveló que en La Moneda están evaluando pedir otra prórroga antes del traspaso de mando, con el objetivo de que no se le endosen a la administración de Piñera los eventuales hechos de violencia que puedan ocurrir en los primeros días de marzo.

Diputados Alejandra Sepúlveda y René Alinco piden levantar barreras de peaje para el fin de semana

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Además, en una misiva al futuro ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, los parlamentarios pidieron “nuevo trato con concesionarias” en los primeros 100 días de su gestión.

Previo al masivo retorno de personas debido al término de vacaciones, los diputados Alejandra Sepúlveda (FRVS) y René Alinco (IND) coincidieron en que los atochamientos son única y exclusivamente ahorros de las concesionarias, las que se han mantenido por más de 20 años con tecnología y cobros de arriendo de TAG, señalando ambos que no ha existido voluntad de implementar el cobro telemático, por la demora en el pago.

Estar 30 minutos en un taco es un castigo que sufren los usuarios -afirmaron-, sin aún entrar a discutir el justo precio de las tarifas, “el derecho mínimo al pagar una tarifa de peaje es el tiempo y seguridad de viaje, pero con el ahorro que hacen las concesionarias se pierden”, enfatizaron los parlamentarios de regiones.

En ese contexto, ambos sugirieron al futuro nuevo ministro de Obras Públicas el realizar un “nuevo trato con las concesionarias, creemos que no es necesaria una Ley, pero estamos dispuestos a presentarla”, añadieron Sepúlveda y Alinco.

Así también, para este próximo fin de semana, último de febrero y término de vacaciones, los congresistas indicaron que sería positivo que el Ministerio de Obras Públicas “exija levantar las barreras si no hay capacidad de contener la congestión y riesgos de accidentes”, enfatizaron, para luego agregar que “es inaceptable que no exista sanción para las empresas de autopistas cuando no cumplen con estándares de rapidez. El aumento del parque automotor hace necesario reconsiderar los contratos que no están escritos en piedra”.

PROPUESTA PARA PRIMEROS 100 DÍAS EN EL MOP

En la misiva antes mencionada, los parlamentarios presentaron a Juan Carlos García, cuatro propuestas para ser realizadas dentro de los 100 primeros días de su gestión como titular del MOP:

1. Establecer una normativa de tiempos máximos de espera. En estaciones de peaje, el tiempo transcurrido entre el momento en que el usuario se posiciona en el carril de pago y cuando realiza este «No se debería superar los dos minutos para carriles exclusivos de automóviles”.

2. Sistema de prepago para cargar el TelePASE, lo que permite adherir a los usuarios de regiones sin contrato de TAG.

3.- Aumentar cantidad de puntos de pago, ya sea cabinas o personal en los pasos laterales.

4.- La Ruta 5 Sur debe ser telemática.

Diputados PPD presentan proyecto de Ley que asegura el acceso a medicamentos a pacientes con cáncer

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«No podemos esperar que cada vez que una mujer tenga cáncer, haya un juicio, una demanda para que pueda recibir el tratamiento, porque en medio de ese juicio puede morir», afirmó la diputada Girardi. 

Un grupo transversal de diputadas y diputados, encabezado por las PPD Cristina Girardi y Patricia Rubio, presentó un proyecto que incorpora un nuevo principio a la Ley Nacional del Cáncer, para que el Estado asegure el acceso de los pacientes a los medicamentos que requieren para sus tratamientos, más aún cuando estos se encuentren ya cubiertos, y sean recetados por sus médicos tratantes, prohibiendo la denegación de financiamiento, y acceso cuando se aduzcan razones económicas.

Esto, luego que la Corte Suprema confirmara la sentencia dictada por la Corte de San Miguel, que acogió el recurso de protección interpuesto por una paciente con cáncer de mamas y condenó al Hospital San Juan de Dios, Servicio de Salud Metropolitano Occidente y Ministerio de Salud, a financiar el medicamento prescrito para su tratamiento, cuyas ampollas tienen un valor aproximado de $4.000.000 cada una.

«La senadora Carolina Goic es autora de una ley marco sobre el cáncer, pero es insuficiente. Hoy tenemos casos que están en el servicio público con cáncer, cuyos médicos le han indicado determinados medicamentos y el Estado se los ha negado, estando por ejemplo esos medicamentos en la Ley Ricarte Soto», explicó la diputada Girardi.

La legisladora agregó que «esta ley de cáncer que fue un avance, creemos que es importante que tenga modificaciones y que obligue a que los medicamentos sean entregados. No podemos esperar que cada vez que una mujer tenga cáncer, haya un juicio, una demanda para que pueda recibir el tratamiento, porque en medio de ese juicio puede morir. Tres mujeres al día mueren de cáncer de mama en Chile y el Estado les niega el medicamento para que se recuperen».

Por su parte, la diputada Patricia Rubio, sostuvo que «quienes somos de regiones sabemos lo que cuesta sobrellevar esta enfermedad, por lo que esperamos que el Estado se haga cargo, y también con este nuevo proceso constituyente esperamos que los financiamientos sean para todas las enfermedades de manera gratuita, sobre todo con el tema del cáncer de mamas que es una de las enfermedades que hoy día está matando a tres mujeres diariamente».

En tanto, la diputada y coautora de la iniciativa, Carolina Marzán, manifestó que «el Estado debe ser garante de la salud de las personas en nuestro país, y eso no es así, sólo por poner un ejemplo, el medicamento para la inmunoterapia vale 11 millones de pesos que las familias deben costear de manera particular. Tampoco existen los especialistas, y los insumos diversos que se necesitan en estos tratamientos».

La diputada Marzán aseguró que «si una familia modesta en nuestro país se enferma de cáncer y no tiene los recursos, y el Estado no se los proporciona, está destinada a tener una vida indigna, lamentable y morir. Así es de tremenda la realidad que se está planteando, y por eso esperamos que este proyecto de ley tenga una tramitación rápida, y sean respetados los derechos humanos de todas las personas de nuestro país».

Asimismo, la diputada RN, Ximena Ossandón, también coautora del proyecto, señaló que «si algo está claro, es que todos nos vamos a morir. Ahora lo injusto es morirse antes de tiempo y las personas que tenemos recursos, normalmente, nos morimos en el tiempo que corresponde, porque tenemos acceso a los medicamentos y es lo que se pretende con este proyecto, que no se cometa esa injusticia. Que una persona que padece cáncer mamario tenga, no sólo acceso a la prevención, la detección, sino que también a un tratamiento justo para que ojalá se recupere, pero que si no se recupera no quede esa sensación de que se pudo hacer algo y que el Estado falló».

La iniciativa fue firmada además por Raúl Soto (PPD), Ricardo Celis (PPD), Andrea Parra (PPD), Erika Olivera (IND), Marisela Santibañez (PC) y Karol Cariola (PC).

Cuarto retiro: Diputados adelantan rechazo a nueva indicación de impuestos

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Durante la tramitación en particular del cuarto retiro a los fondos previsionales, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados declaró inadmisible la indicación del Frente Amplio y el Partido Comunista que buscaba que la medida constituya impuestos para quienes perciban salarios mensuales por sobre los 2,5 millones de pesos.

Además, se aprobó una medida para que las enfermedades catastróficas o alto costo habiliten un retiro total, con un monto máximo de 1.350 unidades de fomento ($40.575.600), mientras que se rechazó la propuesta de que el retiro total sea para todos los afiliados.

Después de la votación, el diputado Raúl Soto (PPD) destacó que «la voluntad política mayoritaria se está expresando» y resaltó que se dejase «fuera el pago de impuestos, sobre todo para la clase media, ya que se ha declarado inadmisible establecer un pago de impuestos (para quienes perciben) sobre 2,5 millones de pesos como renta».

En esa línea, el parlamentario adelantó que podría ser rechazada una indicación similar presentada por par Matías Walker (DC) sobre impuestos, la cual será discutida el próximo lunes: «Lo razonable sería que la otra indicación pendiente de pago de impuestos en un tramo mayor, de 3,6 millones, reciba una suerte similar».

«Es una buena noticia para la ciudadanía que estaba exigiendo un cuarto retiro simple, rápido y sin letra chica», señaló.

Además, Soto aseguró que el escenario del segundo retiro que fue aprobado con impuestos era «distinto, porque era un proyecto patrocinado por el Ejecutivo y fue desde allí donde se estableció la posibilidad de que constituya renta. Aquí estamos hablando de mociones parlamentarias donde la titularidad es más discutible y en razón de ello los diputados decidieron declararla inadmisible».

Por su parte, el presidente de la comisión, Marcos Ilabaca (PS), remarcó que quedan nueve indicaciones por votar, «ya que hubo dos agregadas adicionalmente a las que venían en el comparado».

Además, explicó sus razones para declarar admisible las indicaciones presentadas por el FA y el PC: «No puedo declarar inconstitucional una reforma constitucional, pero la votación de la mesa fue distinta a la de este presidente».

También detalló que «al ser declarada inadmisible en la comisión, no es posible renovar la indicación. Podrían (Apruebo Dignidad) presentar una diferente».

Posteriormente a CNN, Ilabaca aseguró que el Congreso está escuchando «con mayor atención lo que la ciudadanía está exigiendo. Lo que ha quedado descubierto en este proceso es que el sistema AFP no es un sistema que entregue pensiones.».

«Las familias dicen que ‘si hago el retiro voy a recibir pensiones de miseria, y si no hago el retiro también’. Esa es la realidad del sistema AFP y la invitación es a debatir, como país, dice relación con el sistema de seguridad social y de pensiones que debemos construir, que resguarde la capitalización individual y un sistema solidario con aporte del Estado y los empleadores», añadió.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán (PPD) anunció una indicación para que las AFP sean sancionadas en caso de no entregar la retención del 10% para las pensiones de alimentos impagas.

De acuerdo a Marzán, el injerto «viene a reforzar la entrega de dinero a tantas madres que aún no se le entrega la retención del 10% como abono en muchos casos de la pensión de alimentos que en la mayoría son los padres. Establece que la administradora de fondos de pensiones que incumpla la obligación de entregar los fondos retenidos dentro del plazo establecido, se le aplicarán sanciones altísimas establecidas en la norma vigente».

Diputados plantean que personas cerca de jubilar y con pocos ahorros en la AFP puedan sacar el 100%

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Los diputados Marcelo Díaz (Unir), Alexis Sepúlveda (PR), Jaime Mulet (FRVS), Jorge Durán (RN), Víctor Torres (DC), Patricio Rosas (Independiente), Maya Fernández (PS) y Marisela Santibáñez (PC) presentaron este jueves un proyecto para retirar la totalidad de los fondos de pensiones.

Se trata de la iniciativa “Me retiro de la AFP”, que “establece que toda persona que se encuentre a 365 días de jubilar, es decir a los 59 mujer, a los 64 un hombre o aquel que se encuentre jubilado o jubilada, cuya tasa de reemplazo, es decir, cuya pensión respecto de los sueldos de los últimos seis meses trabajados sea inferior a un 30%, tengan el derecho de retirar el 100% de sus ahorros previsionales”, según señaló el diputado del Frente Amplio, Marcelo Díaz.

En tanto, la diputada Maya Fernández explicó que “vecinas y vecinos que les queda un año para jubilar van a recibir una pensión muy baja, de miseria, y que están muy angustiados porque no van a poder seguir pagando su crédito hipotecario, entonces hemos planteado que aquellos que estén a punto de jubilar puedan sacar sus recursos para pagar sus casas”.

El proyecto se suma al de la diputada humanista Pamela Jiles, junto a otros parlamentarios, que plantea el retiro del 100% de los fondos de pensiones, con cierto tope.