En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Fernando Atria

Fernando Atria, abogado constitucionalista En La Fontana: «Lo que estamos viendo hoy, con esta pandemia, es que el neoliberalismo mata. Es un sistema malo para la salud»

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Para conocer su visión sobre cómo la pandemia del coronavirus destapó las desigualdades existentes en Chile, y que justifican el advenimiento de una nueva constitución, En La Fontana entrevistamos al exsocialista y abogado de la Universidad de Chile, Fernando Atria.

El constitucionalista, que hace años viene instalando el tema de que exista una carta fundamental, y consciente de que muchas voces sociales que salieron a mostrar su descontento tras el estallido social del 18-O, no se sienten representados por la clase política tradicional. Ante aquello, convocó a colaboradores y dirigentes comunales para crear un nuevo partido: Fuerza Común (FC).

Colectividad inaugurada hace poco más de cuatro meses, que buscará ganarse un espacio en el espectro político de la centroizquierda, pero con gran arraigo en la ciudadanía que plantea cambios estructurales. Realidad que pasa por el surgimiento de un nuevo pacto social traducido en una nueva constitución elaborada cívicamente por los chilenos.

Pandemia en Chile

-¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno en enfrentar la pandemia? Ahora dice que hay una «leve mejora»…

-Sabemos bastante poco acerca de cómo va evolucionar esto. Ya hemos pasado por estas declaraciones que, a partir de datos selectivamente considerados, se declara que todo viene mejor. Así que yo respecto de eso sería más bien escéptico. Por otro lado, hay mantener la prudencia y esperar a ver qué pasa (…) Hemos aprendido en estos meses, que esas declaraciones suelen tener consecuencias bien graves.

-¿Cómo debería actuar el Ejecutivo?

-El Gobierno debería entender, el hecho de la renuncia del ministro de Salud anterior (Jaime Mañalich), tiene el sentido de que el Ejecutivo usó y perdió la posibilidad de fijar unilateralmente la estrategia para enfrentar la pandemia. Hoy se necesita una estrategia que esté socialmente validada, conversada con la sociedad civil, sean gremios, expertos, asociaciones de epidemiólogos y sociedades científicas, etc. El Ejecutivo debería convocar a todas esas instancias y elaborar así una estrategia que pueda presentarse al país y que represente el esfuerzo de todos los chilenos.

-Al parecer, el ministro Enrique Paris es más dialogante que su antecesor…

-Lo importante es que la estrategia que se vaya adoptado sea producto de esas conversaciones, y no una imposición del Gobierno.

Ayudas sociales

-¿Las medidas de bono Covid-19, el IFE 2.0, el reparto de cajas y ahora el plan para la clase media son insuficientes?

-Han sido medidas insuficientes de manera manifiesta, y en algunos casos desastrosas. El reparto de cajas fue una pésima medida orientada por la conveniencia de que funcionarios de Gobierno se sacaran fotos frente a personas, en cuyas cara se ve la penuria de una forma bien vergonzosa e inadecuada, porque además afectó a pequeños almaceneros al no ser parte de proveer esos bienes. En fin, fue una mala señal. En general, la respuesta económica ante el hambre y la cesantía ha dejado mucho que desear (…) El Gobierno está pensando en cómo, las cosas que se hagan o no se hagan, van afectar el proceso constituyente (…) No creo que estén buscando dilatar el proceso, lo que sí están considerando es que, si aplicar medidas más estatistas son vistas por la sociedad como medidas que solucionan el problema, entonces, esas posiciones van a ser reforzadas en la discusión constituyente.

-¿Usted apoya el retiro por parte de los cotizantes del 10% de los fondos de las AFP?

-La discusión del no retiro del 10% de las AFP tiene que ver con proteger al sistema de de capitalización individual respecto de lo que vendría después de ese 10%, o las consecuencias para la economía que tendría el hecho de este retiro a cambio de un bono de reconocimiento del Estado a los cotizantes. En consecuencia, parte de la negativa del Gobierno de considerar medidas urgentes en beneficio de las personas, es que tienen el temor que se derrumben los principios del neoliberalismo ,al que ellos adscriben, en el proceso constituyente.

-¿La excesiva focalización de las ayudas sociales perjudica a la misma sociedad, al no existir medidas más universales?

-Una de las discusiones que se van a dar es que si los beneficios sociales tienen que ser en clave universalista o no. Si justo antes del proceso constituyente las políticas universalistas se validan públicamente, eso es, desde la óptica del actual Gobierno, un problema. En ese marco, la misma lógica de la focalización empieza a ser un poco absurda, porque la gente espera del Estado una ayuda directa para la gran mayoría de la población, y no solo a quienes más lo necesitan.

-¿Es un peligro endeudar más a la clase media, «con préstamos blandos», en lugar de que el Estado otorgue transferencias directas a este segmento de la población, que es la mayoría en Chile?

-La manera en que hay que proceder, ahora, no es con programas a los que haya que postular, porque la calificación de una postulación significa que la ayuda va a llegar semanas después, en el mejor de los casos. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos universales que, a través de transferencias a la Cuenta RUT, funcionen ágilmente y que, finalmente, después se vea si le correspondía o no ese monto a una persona determinada, de acuerdo a los ingresos formales que posea. Es urgente que la ayuda llegue a las personas lo más rápido posible.

Protección del modelo

-¿El Gobierno ha priorizado la economía por sobre la salud de las personas?

-Lo que estamos viendo hoy, con esta pandemia, es que el neoliberalismo mata. Es un sistema malo para la salud. Hoy, estamos en un momento en que el Estado debería gastar mucho más dinero de lo normal y, probablemente, esos US$ 12 mil millones del marco de entendimiento no serán suficientes para lo que se necesita. En las condiciones actuales, Chile tiene acceso a créditos internacionales para endeudarse y, con ellos, gastar más. Es decir, tiene un enorme espacio para endeudarse, o usar bonos soberanos para un bono ulterior de reconocimiento en caso de retiro de fondos del 10% de las AFP. Lo que quiero decir es que fuentes hay de sobra. No hay justificación para no enfrentar esto de manera adecuada.

-¿Hoy más que nunca, a su juicio, se hace necesario tener una nueva constitución en Chile?

-La cuestión de la constitución tiene que ver con la deslegitimación, evidente, de la política institucional hoy. O  sea, si desde afuera se quiere mirar lo que pasa en Chile, uno se daría cuenta de que no hay legitimidad ni credibilidad de las actuales instituciones que conformar el país. Y eso, no es bueno para nadie. Lo que necesitamos es una política institucional legitimada. Y eso, solo vendrá de una nueva constitución que le dé a la política capacidad de actuar para producir una transformación del modelo neoliberal. Mientras eso no pase, y tengamos una política que le da lo mismo cuántas personas marchen en contra de las AFP, la política seguirá siendo vista como el arreglo de la clase política para beneficiar al poder económico, que es lo que hoy ocurre.

-¿Debemos transitar de un Estado subsidiario a un Estado de beneficios sociales?

-Por cierto. Hay que erradicar esta idea de la constitución actual, que tiene que ver con el Estado subsidiario, que es una idea que solo pudo realizarse en la constitución gracias al golpe de Estado y posterior dictadura militar. De lo contrario, no tendríamos Estado subsdiario.

-Pero la Conceración mantuvo el modelo…

-La Concertación decidió jugar en la cancha constitucional sin impugnarla. Hay distintas explicaciones de por qué lo hizo, pero ese es el hecho que ocurrió. El año 2005 el Presidente, Ricardo Lagos, declaró con su reforma constitucional, que era la constitución que él quería. Y la consecuencia de ello, fue que este conglomerado pagó lo que hizo con una deslegitimación total. Hoy, la Concertación no existe ni menos la Nueva Mayoría.

Nuevo partido

«Necesitamos una nueva forma de hacer política, que sea más legitimada y eso solo podrá venir del proceso constituyente», dice Atria En La Fontana.

-¿Fuerza Común nace como una respuesta a estallido social?

-Toda esa gente que salió a movilizarse el pasado 18 de octubre, y que logró abrir el proceso constituyente, desbloqueó todos los cerrojos que protegían la actual constitución. Un poco menos de un mes del estallido social se tenía fecha del plebiscito constituyente, con este acuerdo nacional. Toda esa fuerza que surgió en esas fechas no está dispuesta a aceptar estar representada por los partidos políticos tradicionales. De ahí surge Fuerza Común.

-¿Está en peligro el proceso constituyente?

–Si no se hace el plebiscito, no va haber proceso constituyente. Si no se hace esta elección, todo el proceso que venga después no va a ser de verdad. Va a suceder como en el año 2005, que fue un acuerdo entre cuatro paredes para solo una reforma constitucional, que mantuvo el modelo actual. El proceso constituyente solo será de verdad, en la medida en que haya una fuerza social potente, que represente a la mayoría de los chilenos. Y si no se hace el proceso, esa fuerza social se restará de todo tipo de acuerdo posterior, porque lo considerará un tinglado o un «arreglín». Entonces, esto será válido si hay plebiscito y que la fuerza social surgida el 18-O encuentre caminos para manifestarse.

-¿Y su partido apunta a ese objetivo?

-Fuerza Común tiene la finalidad de ser un partido que pueda presentar candidatos, pero que no sea uno más de los partidos políticos tradicionales. De ese modo, ser un canal para que esa población mayoritaria se manifieste (…) Surge como visión de una nueva constitución y que quiere contribuir a que esa visión sirva de punto de encuentro de todas las fuerzas transformadoras.

-¿Hay unidad dentro de la oposición y la centroizquierda para establecer fines comunes ligados con el proceso constituyente?

-Hay mucha crítica contra esos partidos de centroizquierda, como la Convergencia Progresista (PR-PPD-PS), pero también veo un gran fraccionamiento de las fuerzas que no son de derecha por decirlo así. Va haber mucho que conversar y posiciones que fijar y acuerdos a los que llegar, para poder enfrentar con responsabilidad la elección de la convención constitucional, con tal de no cometer el error de quienes están por una nueva constitución. De modo, de no regalarle la mayoría de los votos a quienes están en contra de cambiarla. Sería una irresponsabilidad política histórica, que no lleguemos a acuerdo dentro de la oposición.

-¿Se podría dar un estallido social 2.0?

-Si el proceso constituyente termina siendo trunco. O sea, que la solución sea solo una reforma constitucional, eso quiere decir que todos los problemas que suscitaron el estallido del 18-O van a quedar sin solución. En ese caso, no me cabe duda que va haber otra irrupción popular como la que hubo el año pasado.

-Finalmente, ¿Cómo ve el futuro cercano del país?, ¿Con optimismo o pesimismo?

-Veo con preocupación el costo humano que tendrá la pandemia en Chile. Hay gente que murió y que seguirá muriendo. Hay gente que está pasando hambre y cesantía. Las consecuencias de la pandemia van a ser bien terribles. Además, la reactivación económica será lenta. Algunos dicen que el costo de la pandemia implica realizar el proceso constituyente es un lujo que no nos podemos dar. Yo diría ante eso, que con la emergencia que tenemos, es necesario una nueva forma de hacer política y que sea validada desde las bases sociales. O sea, hemos tenido que pasar la pandemia con una clase política deslegitimada. Y eso es un problema. Necesitamos una nueva forma de hacer política, que sea más legitimada y eso solo podrá venir del proceso constituyente.//ELF

El que condena pasa

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Por Fernando Atria

Abogado constitucionalista

Predeciblemente, el tema de “la violencia” es hoy un arma arrojadiza, usada por la derecha contra la oposición. La acusación no es que ésta dirige las protestas (aunque algunos han llegado cerca de decir esto): es que no la condenan de modo “suficientemente categórico”. Es que hoy se exige de cada uno una condena, y se atribuye a la respuesta un grado de intensidad. Solo los que condenan con el grado máximo de intensidad pasan. Los demás son cómplices.

Esto no es razonable. La alteración del orden público que ya ha durado cuatro meses no se explica como una suma de hechos individuales en las calles. Es el resultado de un proceso lento pero persistente de deslegitimación institucional, un proceso que, aunque era notorio, fue ignorado. Hasta que el 18 de octubre “estalló”.

¿Quiénes son responsables de la violencia que se ha producido en el contexto de este “estallido”? Es claro que en sentido jurídico, el responsable de cada saqueo, de cada incendio, de cada acto de brutalidad policial, etc. es quien lo perpetra. Pero es igualmente claro que esa discusión debe darse en tribunales. La discusión pública, por su parte, no busca identificar responsabilidades jurídicas, sino políticas.

¿Y quiénes son los políticamente responsables por el “estallido” y los daños que ha causado? A mi juicio, la respuesta es clara: quienes, frente a la deslegitimación evidente que sufrían las instituciones públicas, le negaron urgencia y quienes se opusieron a las soluciones posibles, eligiendo en vez la indiferencia y la negación.

Porque ahora sabemos que la última oportunidad de solucionar el problema constitucional en paz fue el proceso constituyente de la Presidenta Bachelet. Ese proceso fracasó por la oposición decidida de la derecha y, aunque más insidiosamente, de grupos internos a la Nueva Mayoría. Irónicamente, de los mismos que hoy exigen condenas categóricas y se reservan el derecho a calificar la intensidad de las condenas de los demás.

Hoy se cobran las cuentas impagas de una transición que hasta hace poco era celebrada por quienes la hicieron como “ejemplar”. La de las instituciones políticas, primero neutralizadas por las trampas constitucionales aunque después se acomodaron a ellas y hoy han perdido toda credibilidad, y la de Carabineros de Chile, que “se han mandado solos” durante estos treinta años (como dijo el ahora irónicamente apodado “Panzer”), de modo que nunca aprendieron a mantener el orden sin violar derechos humanos y han devenido, entonces, ineficaces.

Cuando la pregunta por el restablecimiento del orden público se plantea en este contexto, es claro que la respuesta está en un orden constitucional que asegure que las instituciones del Estado se someterán a control ciudadano y podrán de ese modo recuperar su legitimidad. Contribuir a eso, más que competir para condenar de modo más categórico que los demás, es tomarse este problema en serio.

«Fuerza Común”: Fernando Atria inscribe su nuevo partido político en el Servel

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Con respecto a la consulta sobre si participarán de la franja televisiva por el plebiscito, Atria indicó que “vamos a buscar todas las maneras que tenemos para hacer presente esa posibilidad».

Fernando Atria llegó durante este viernes a las oficinas del Servicio Electoral (Servel) en Santiago para iniciar el proceso de inscripción de su nuevo partido político llamado “Fuerza Común”.

Junto a militantes de la futura colectividad, el ex-militante PS afirmó que “el 18 de octubre irrumpió una fuerza social que dijo ‘no’ a la política que conocemos, ‘no’ a la Constitución, pero esa fuerza social ahora necesita organizarse para poder incidir y decidir en lo que viene, en el proceso constituyente y más allá”, según consigna La Tercera.

En la misma línea, complementó que “el esfuerzo de Fuerza Común es contribuir a crear condiciones para esa organización. Nosotros no nos creemos mejores que el resto, simplemente aquí hay una vía más posible para que esa fuerza que irrumpió pueda organizarse para el plebiscito del 26 de abril en que necesitamos un triunfo resonante del ‘Apruebo’ y luego la convención constitucional a su elección en octubre y su desarrollo posterior”.

El abogado constitucionalista explicó que esta “idea nace de un grupo de personas que hemos ido constatando una necesidad que se ha ido sintiendo en el propio movimiento social. He estado en incontable asambleas, cabildos, reuniones de barrios, sindicatos, juntas de vecinos, universidades y en todas ellas surge en algún momento la pregunta de cómo incidiremos en el proceso constituyente que viene”.

Con respecto a la consulta sobre si participarán de la franja televisiva por el plebiscito, Atria indicó que “vamos a buscar todas las maneras que tenemos para hacer presente esa posibilidad, que la tarea actual es el plebiscito del 26 de abril, que la ciudadanía participe y vote (…) a que el resultado sea categórico”.

Tras la inscripción de hoy, el Servel debe revisar la documentación para declarar a la colectividad “partido en formación”. “Fuerza Común” deberá reunir un número mínimo de firmas en tres regiones del país contiguas.

Fernando Atria, abogado constitucionalista En La Fontana: «Solo habrá una nueva constitución en la medida en que la política, el día después que gane el apruebo, empiece a ser distinta»

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El jurista conversó este verano con nuestro medio. Lo hizo para analizar el proceso constituyente en curso, que se origina tras el «acuerdo» del 15 de noviembre de 2019, por el estallido social, y que tiene su primer evento de transcendencia el próximo 26 de abril cuando se realiza el plebiscito. El electorado decide si aprueba o no una nueva constitución; también se elige el mecanismo para redacción de nueva carta fundamental: convención constituyente o convención mixta.

Chile decide. Su pueblo. Y pese a «campañas del terror» o alentadoras en construir «la casa común de todos», con spot de TV propagandísticos, que comienzan a lanzarse oficialmente el próximo 26 de febrero, entre quienes desean mantener el ordenamiento jurídico heredado de la dictadura y quienes abogan por reglas de juego nuevas en democracia, la batalla mediática y por redes sociales será con «uñas y dientes» .

El oficialismo, la oposición, los independientes y organizaciones sociales, cada cual tiene algo que decir y aportar al respecto.

Para analizar más en detalle lo que significa una nueva constitución, y los alcances que tiene en la sociedad chilena, que pide a gritos cambios profundos al modelo socioeconómico reinante, conversamos con Fernando Atria, abogado constitucionalista, y académico, quien hace años viene argumentando en favor de una nueva carta magna, redactada en democracia por representantes legítimos de la ciudadanía y que contribuya a terminar con las desigualdades arrastradas hace más de 30 años por el neoliberalismo enquistado en Chile.

Atria renunció al Partido Socialista (PS) a principios de octubre de 2019, antes del estallido social. Tomó esa decisión debido al «clientelismo visto en el partido que ya no es fiel a sus traiciones socialistas». Por lo mismo, pronto inscribirá su nuevo partido: «Fuerza Común», movimiento que aboga por una nueva constitución que atribuya al Estado una función de realización de derechos sociales «y no de asegurar condiciones del mercado».

-¿Cómo cree que va encaminado el proceso constituyente desde el «gran acuerdo» del 15 de noviembre a esta parte? 

-El acuerdo abrió una posibilidad que había estado cerrada por 30 años. En ese sentido, creo que es un acuerdo que debe ser celebrado. Veo que, desde entonces, ha habido especialmente desde la derecha un ánimo de recular el proceso. Y eso se demuestra en que muchos prominentes políticos estuvieron por el apruebo y ahora salen como partidarios del «Rechazo», pero creo que este intento de recular no va a resultar. El proceso constituyente va a seguir adelante y va a terminar positivamente. El efecto que tendrá este intento de recular va a crear más molestia en la población, más polarización, más conflictividad.

-¿A qué apunta con este ánimo de recular el proceso? 

-Esto se ha manifestado en la constante advertencia acerca de qué es lo que va a pasar en marzo, etc., como campaña del terror. Y eso se va agudizar cada vez con mayor fuerza, a medida que pasen los días y comiencen las campañas oficiales. Y eso va a conseguir que todo sea más difícil. Habría sido mejor que, en lugar de hacer campañas del terror, acerca de que la hoja en blanco es partir de cero, el salto al vacío y todas esas sandeces, lo que va hacer es que será más complicado todo. Pero, bueno, son los términos en los que hay que continuar y ahora la cuestión decisiva es el plebiscito del próximo 26 de abril , y dar hincapié, sobre todo, en la cantidad de personas que van a participar de la instancia, porque lo que ocurra ahí, será el resultado que dará el dato decisivo en todo este proceso.

 

«La constitución lo que hace es definir las características de la política. Hoy, lo que tenemos es una crisis de legitimación de la política institucional», dice Atria En La Fontana.

-Todo indica, o es más probable, que gane la opción «Apruebo», según diferentes sondeos…

-Si hay una participación, especialmente alta, en que la gente vaya a votar para este plebiscito, comparado a lo que estábamos acostumbrados con un 40% o 50% de participación, y se salta a un 70% u 80%, en ese escenario, va a ganar, evidentemente el «Apruebo» y la convención constitucional.

-¿Usted llama a no marcar AC (Asamblea Constituyente), como proponen algunos dirigentes de la mesa de Unidad Social, en los votos para que éstos sean válidos ante el Servel?

-Yo creo que es un error llamar a marcar AC. Tal vez, fue importante marcar AC en el año 2013, como una forma de abrir posibilidades que estaban cerradas. Hoy, esas posibilidades están abiertas, algunas de ellas por lo menos y, en ese contexto, el argumento que siempre existe en contra de marcar el voto, también, es que puede introducir cierta incerteza en el escrutinio del acto electoral (…) Entonces, ese argumento puede ser vencido si lo que está en juego es suficientemente significativo, como yo creo que era el año 2013. Hoy, existiendo la convención constituyente como posibilidad y de que el pueblo diga «No» a la constitución de Pinochet, no se justifica marcar AC en el voto.

-En términos prácticos, ¿La convención constituyente es lo mismo que la asamblea constituyente o tienen sus matices?

-En términos políticos y sociales, son términos equivalentes al llevarse a la práctica.

-¿El quórum de 2/3 será la piedra de tope para que se incorporen los cambios que se requieren en la redacción de una nueva constitución?

–La cuestión fundamental es que solo habrá nueva constitución, en la medida en que la política, el día después de que gane el «Apruebo», empiece a ser distinta. Que empecemos a ver los ciudadanos que la política está cambiando, no que sean cambios de un día para otro y de forma radical, pero que se note que se está cambiando. Porque la clase política, que es despreciada por la mayoría de los ciudadanos, deberá ser vista no como la elite del desempoderamieto ciudadano y pasar a ser vista como la política del empoderamiento ciudadano. Esa es la cuetión central de la constitución. Para eso, creo yo, la regla de los 2/3 es una hoja genuinamente en blanco. Es una regla que no es la mejor. Va a tener problemas en su operación, pero al menos no van a existir más las trampas de la actual constitución (…) Este 2/3 significa deshacernos definitivamente de la constitución de Pinochet y, segundo, lo que quede en la nueva constitución va a ser que esta vez sí, después de 30 años de retórica, genuinamente, se logre un gran acuerdo. Eso va a ser el acuerdo social más grande de los últimos 30 años. Todos los demás han sido acuerdos falsos, bajo la amenaza de la derecha que si no le gusta, se baja y chao. Con este acuerdo no va a pasar eso.

-¿Y qué debería contener la nueva constitución?

-Eso va a depender de la capacidad de los miembros de la convención, que aún no está elegida para llegar a los acuerdos.

-¿Y qué trampas se deben eliminar? 

-La constitución se caracteriza por trampas constitucionales que yo esperría que no reaparecieran en la nueva constitución. Me refiero a quórums exagerados para generación de leyes, la configuración que tiene el Tribunal Constitucional (TC). Esas dos cuestiones fundamentales deberían desaparecer. Eso, tiene que ver con la incapacidad de la política, porque se impiden que existan políticas públicas transformadoras, como lo hemos visto en los últimos 30 años.

-Entonces, ¿Cuáles son sus expectativas para la nueva constitución? 

-Lo que espero que ocurra con la nueva constitución es que desaparezca, y fuera erradicado, el principio del Estado subsidiario, que no está en el texto de la constitución explícito. Pero está en una serie de otras disposiciones políticas. Por ejemplo, las reglas sobre el Estado empresario. Sobre cómo puede actuar el sector público en la economía. Lo que es más notorio y que es fácil de entender para las personas es que, cuando se trata de derechos sociales, la constitución actual le impone al Estado el deber fundamental de asegurar las condiciones del mercado, en vez de imponerle el deber fundamental de realizar esos derechos sociales (…) Menciona algunos derechos, como el de la educación, la salud, etc., pero en los hechos, lo que eso significa, es que el Estado tiene el deber de asegurar las condiciones del mercado en esas tres esferas, y eso es lo que ha significado es el deterioro progresivo.

-¿El Estado subsidiario se suprimirá definitivamente?

-El Estado subsidiario, en esto, se manifiesta en que el Estado tiene el deber, bajo la constitución actual, de asegurar las condiciones del mercado, incluso en esferas de derechos sociales. Lo que yo esperaría es que la nueva constitución le impusiera al Estado el deber no solo de proteger el mercado, sino que garantizar derechos sociales.

-¿Y cómo se financiarían esos derechos sociales garantizados en educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, etc.?

-Al día siguiente que se apruebe una nueva constitución se verá eso. Porque si se define que el Estado debe garantizar derechos sociales, pero dado que tenemos recursos limitados, allí determinaremos cuál es la mejor forma de organizar esas esferas. Esa es la discusión típica de la política normal. Hoy, esa discusión está atravesada con la idea de que lo fundamental es asegurar condiciones para el mercado, si esa ida sale y podemos entonces tener una discusión genuina y política respecto de determinar la mejor manera de realizar derechos sociales, atendiendo a la asignación de recursos, eso sería una gran contribución de la nueva constitución.

-¿Qué es lo que se juega en una nueva constitución? 

-La constitución lo que hace es definir las características de la política. Hoy, lo que tenemos es una crisis de legitimación de la política institucional. La constitución nueva no va a resolver los problemas sociales, pero el hecho de que toda la política, no haya sido capaz de solucionar estos problemas, es lo que explica, en buena parte, la deslegitimación que existe hoy (…) La constitución no ha a solucionar inmediatamente los problemas, por ejemplo, de salud. Eso lo soluciona una política pública idónea, pero que sea distinta a la que conocemos en la actualidad, porque en 30 años hemos visto que no ha sido capaz de solucionar estos problemas sociales. La nueva constitución, entonces, no es la solución de todos esos problemas, pero es la condición necesaria para que esos problemas puedan ser solucionados.

-¿Usted esperaría mayor unidad de la oposición para que se la juegue por el #Apruebo?

-Mientras más unidad mejor. Ahora bien, por cierto las condiciones actuales vislumbrar una oposición completamente unida por el «Apruebo» no parece algo tan factible, pero todos los esfuerzos que se puedan hacer en esa dirección son bienvenidos. Lo que realmente importa es saber cuánta gente va a ir a votar. Es decir, si vota el 80% del electorado lo más probable es que gane el «Apruebo» y con ello el efecto de eso se va a sentir en el resto del proceso constituyente.

-En ese sentido, el hecho que se haya rechazado en el Congreso el voto obligatorio para el plebiscito del 26, ¿Incide en que voten menos personas y exista más abstención?

-Como lo que yo creo que lo más importante es tener un estimado de cuánta gente votará efectivamente, por cierto, que el voto voluntario es una mala noticia. Habría sido mucho mejor que hubiese sido obligatorio. Sin embargo, creo que la razón fundamental por la que muchas personas han dejado de votar -de ahí la alta abstención que se registra-es que han aprendido que votar o no votar da un poco lo mismo, que no cambian las cosas, que votar el fútil (…) Par este plebiscito, considerando lo del estallido sociales es cada vez más claro que votar el 26 de abril no será fútil. Y eso, dará las condiciones para que existan más votantes. por cierto, que la unión de las fuerzas del «Apruebo» crearía mejor aún mayores condiciones (…) Para la nueva política del futuro, dar solución que se le dé al tema de la participación de los pueblos originarios, paridad de género y de personas que no están ligadas a partidos políticos es fundamental.

-¿Por qué renunció al Partido Socialista (PS)? 

-Yo renuncié al partido socialista, incluso antes del llamado estallido social, a principios de octubre, porque me convencí de que la fuerza que estábamos haciendo dentro del partido, de transformar por dentro el PS para que pudiera ser un partido que estuviera a la altura de la tradición socialista en Chile, ya no tenía espacio. Por eso, es que estoy fuera del PS.

-¿Cómo se viene marzo? 

-Yo creo que va haber movilizaciones, y ellas le van a recordar, sobre todo a aquellos, que están reculando el proceso, es que este proceso es necesario y espero que las cosas resulten para bien en ese sentido.

-¿Estarán las condiciones para una nueva carta fundamental si hay manifestaciones? 

-Hay toda esta campaña de que no están las condiciones para que se realice el plebiscito. Es un poco absurda esa campaña. El plebiscito ya está constitucionalmente previsto. Entonces, al menos que quieran violar su propia constitución, esta elección va. Además, es algo conmovedor que se preocupen tanto de las condiciones para la realización del plebiscito lo que siempre, o hasta hace poco, defendían un plebiscito realizado en Estado de sitio, en plena dictadura, con proscripción de los partidos políticos como fue el plebiscito del año 1980.

-¿Es perjudicial que existan varias elecciones este año, con las Municipales 2020, elección a gobernadores y delegados constituyentes? 

-Habría sido mejor una elección separada. Entonces, eso puede producir confusión innecesaria en el electorado (…) Desde el 15 de noviembre lo que ha habido es otro estallido, el estallido deliberativo. Desde el 15 de noviembre considero que Chile está en estado de asamblea, en el sentido de que en todas partes se han hecho cabildos o diferentes instancias para discutir sobre lo que significa una nueva constitución, con un grado de masividad que yo no había visto nunca antes. Entonces, todos se dan cuenta de que esto es una cuestión importante respecto de lo cual que aprender, discutir e informarse. Y eso está pasando, lo cual es positivo porque produce autoeducación cívica enfatizara eso para acelerar un proceso que es ya masivo. //ELF

El fantasma de los 2/3: La determinante influencia del quórum en la asamblea que redactaría la nueva Constitución

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La discusión por el quórum con el que funcionará la asamblea que redactará la nueva Constitución ha sido motivo de debate, luego del acuerdo al que llegó la mayoría de la oposición y el oficialismo. Desde el PC anunciaron que no se restarán del proceso y que presionarán para perfeccionar el pacto.

Ayer jueves, se logró un acuerdo histórico para realizar un plebiscito donde se le consultará al país si quiere cambiar la Constitución y el mecanismo para redactar una nueva carta magna. Las negociaciones que llevó adelante la mayoría de la oposición y el oficialismo se entramparon en un punto sensible: el quórum necesario para llegar a acuerdo dentro de la asamblea que construirá la nueva constitución, sea esta en una Convención Constituyente o Convención Mixta.

Parte de la oposición planteaba que 3/5 era un quórum que permitía avanzar hacia las transformaciones que se han exigido desde la calle, sin embargo, desde la derecha lucharon con uñas y dientes por los 2/3, representación que les ha permitido históricamente tener una posibilidad de veto frente a posibles cambios a la Constitución.

Todo se resolvió con el acuerdo de “hoja en blanco”, que permite escribir la Constitución de 0 y el quórum de 2/3. Luego, se hizo una conferencia de prensa con todos los partidos que suscribieron el pacto y se zanjó el acuerdo constituyente.

Sin embargo, el Partido Comunista (PC), el Partido Ecologista Verde (PEV), el Partido Humanista y Convergencia Social (CS), se restaron del acuerdo y criticaron el quórum que se estableció.

Ante esto, el diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier, señaló que no se restarán del proceso, pero anticipó que van a tratar de perfeccionar el quórum en la discusión que se tiene que dar en el parlamento para aprobar la ley que concrete el acuerdo.

“Cuando nos dicen que el quórum para producir los cambios para introducir las normas es de 2/3, nosotros hemos dicho que es muy alto, porque le entregamos el poder de veto a la minoría”, manifestó ayer.

Visión de abogados

Pese a los resquemores que existe con los 2/3, el abogado Jaime Bassa trató de poner paños fríos a esta controversia y aseguró que no existiría un poder de veto puesto que la asamblea que redacte la Constitución no operaría con una lógica “binominal”.

“El quórum de 2/3 es muy alto, pero como el órgano constituyente no será binominal, será muy difícil que opere como una trampa. No podemos confiarnos: nuestra participación en las elecciones constituyentes y en las deliberaciones es clave”, manifestó en su cuenta de Twitter.

En esa línea, agregó que “esos 2/3 serán el piso para que cualquier materia entre en la Constitución y funciona para todos los sectores por igual. Eso obligará a negociar en la constituyente, con los votos en la mano y no con la Constitución del 80 como trinchera“.

El abogado constitucionalista Fernando Atria también respaldó esta postura y afirmó que el problema de los 2/3 se da cuando uno quiere reformar la Constitución, sin embargo, como el proceso partirá con una hoja en blanco ya no existirá el poder de veto que ha tenido la derecha con su histórico 1/3 + 1, puesto que ese número de representantes solo podría evitar que algo quede en la Constitución.

Atria explica que “si son 100 miembros (en la asamblea constituyente) se necesitarán 66 votos para incluir algo en la constitución. ¿Qué pasa con lo que no obtiene 66 votos?, no queda en la constitución. 1/3 + 1 no puede hacer que algo se mantenga en la Constitución por la vía de negarse a su reforma cómo podía hacer antes”, y agrega que si alguna materia no queda en la Carta Magna, ésta quedará sujeta a la ley y se votaría en el Congreso por mayoría.

“Si usted quiere eliminar las trampas hoy día necesita 2/3. Entonces, 1/3 + 1 pueden negar sus votos y no se modifican las trampas y sigue siendo la Constitución tramposa. Pero si tu tienes que escribirlo de hoja en blanco necesitas tener 2/3 para ponerlo en la Constitución», agrega.