*En La Fontana publicamos declaración pública de la Democracia Cristiana, en relación con la crisis sanitaria y social que vive nuestro país y el mundo, en el que su Consejo Nacional declara lo siguiente:

La Democracia Cristiana pone como norte de todas sus propuestas la protección de la vida humana y de la dignidad de las personas, especialmente ahora que enfrentamos una crisis sanitaria. Creemos que es hora de políticas de Estado humanistas, oportunas y relevantes, que impliquen un mayor gasto social en beneficio de los habitantes del país.

Llamamos al Gobierno a explicitar en detalle su estrategia del “retorno seguro” toda vez que mandatarios, economistas y especialistas de la salud a nivel mundial, han alertado sobre la inconveniencia de adelantar la práctica de una “nueva normalidad” o un retorno al mundo laboral. La protección de la vida no puede ser objeto de un “ensayo y error”, por lo que llamamos a observar la experiencia asiática y europea para el manejo de esta “normalidad”, ya que ellos han vivido el peak de contagios mucho antes que nosotros, e intentan rearmar su economía lentamente.

También solicitamos al Gobierno revisar su anunciada política del “carnet covid”, ya que la Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado su uso, porque no garantiza la inmunidad de los recuperados, ni tampoco se tiene plena certeza de que dejen de ser vectores de contagio.

Mucho más importante resulta ser la necesidad de ampliar el diagnóstico preventivo del contagio, poniendo énfasis en los funcionarios de la salud, los Centros o Casas de Adultos mayores, los profesores antes de retornar a clases, las personas privadas de libertad y quienes viven en estado de hacinamiento y otros grupos de riesgo. Los especialistas coinciden en la imprescindible que resulta diagnosticar al máximo de personas que se pueda y aislar a todos los infectados, aunque sean asintomáticos.

El gobierno comete un grave error al no escuchar la voz de las organizaciones sociales y recoger sus puntos de vista. Se cometerían menos errores con más participación. Los alcaldes tienen razón cuando señalan que las escuelas, liceos y colegios no están preparados estructuralmente para un retorno a clases. Empatizamos la enorme preocupación de los padres y apoderados que buscan una solución al tema de las mensualidades que no están en condiciones de pagar.

La solidez de nuestra economía, obtenida gracias a varias décadas de esfuerzo colectivo permite aumentar el gasto fiscal y aumentar la deuda estatal, a lo menos, en una suma equivalente al 35% del PIB. Chile es el segundo país menos endeudado de la OCDE en un universo de 36 países y el promedio de América Latina es de un 62% del PIB.

El Consejo Nacional del PDC respalda la posición de la Bancada de Diputados del PDC, al plantear la necesidad de asegurar un ingreso mínimo garantizado, correspondiente al salario mínimo, es decir 320 mil pesos, por más tiempo del presupuestado originalmente, y sin una gradualidad drástica que la crisis sanitaria no le permite soportar a muchas familias chilenas.

Valoramos la promulgación de la ley 21.229 y de su reglamento que aumentó a 24 mil millones de dólares el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), pero advertimos que: i) solo favorece a los Pymes que están bancarizadas; ii) existe el riesgo de que parte importante de esos fondos sean destinados a garantizar los créditos de empresas de mayor tamaño; iii) el propósito de la ley se puede perder si los bancos no implementan esta ayuda crediticia con la mayor rapidez y flexibilidad, de modo coherente con el hecho de que el riesgo se encuentra sustancialmente minimizado por la garantía estatal, y iv) la Comisión para el Mercado Financiero debe fiscalizar con gran rigor a esos bancos y dar cuenta pública de sus actuaciones.

Insistimos en la urgente necesidad de apoyar los pequeños empresarios y emprendedores no bancarizados, a los trabajadores independientes y a los profesionales que no tienen mayor al acceso al crédito bancario.

Vemos con mucha preocupación el discurso de una parte de la Derecha y el Gobierno en orden a buscar cualquier excusa para suspender el plebiscito sobre una nueva Constitución programado para octubre, así como postergar una vez más la tan esperada y necesaria elección directa de Gobernadores Regionales. Primero, porque se consensuó una fecha donde el peak de la pandemia no estuviese presente, y segundo, porque lo contradictorio que implica volver al trabajo mediante un retorno seguro, pero no al ejercicio de nuestros derechos cívicos más fundamentales.

Creemos que justamente es hoy cuando necesitamos autoridades regionales electas por la propia ciudadanía, como también una nueva Carta Magna que sustituya la verdadera indefensión con que ha respondido la actual a la crisis. No permitiremos que una parte de la Derecha logre evitar el cambio de una Constitución, tal como lo aspira la mayoría del país.

Erradicar la pandemia, atender a la salud, superar la crisis social y abordar con criterios solidarios la situación económica van de la mano. Aplicar los principios básicos de la economía social de mercado a la crisis y a la post crisis requiere de un pacto económico – social, expresión de un nuevo modelo de desarrollo, que subordine el mercado a la solidaridad social y permita superar las inequidades y abusos en las desigualdades existentes en Chile. El cambio constitucional es un pilar que hace viable este Pacto Social en el largo plazo, con un país en camino al auténtico desarrollo humano.

Atte. 

Consejo Nacional DC