Por Andrés Palma
Exministro DC
El Gobierno sabe que se debe gastar más. Lo que no quiere es comprometer un incremento tributario para financiar ese mayor gasto, una vez superada la pandemia y retomado el crecimiento de la economía, pero eso será inevitable. Lo grave es que ello paralice las iniciativas que son imprescindibles para salir de la triple crisis en que nos encontramos. Así vistas las cosas, el “Presupuesto Base Cero Ajustado” no contribuye a que el país salga adelante y dificulta el acuerdo para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.
El Gobierno ha convocado a un grupo limitado de economistas y dirigentes políticos con la intención, loable, de buscar un acuerdo para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria y reactivar la economía. La palabra clave es reactivación y esta viene de la mano de un mayor gasto de todos los actores en la economía.
Obviamente no se puede gastar si no se tiene, cuestión que es clara para las familias, los consumidores y los inversionistas. Todos ellos pueden gastar solo lo que disponen de sus ingresos, de sus ahorros y de su capacidad de endeudarse. Para todos ellos, la capacidad de endeudarse depende a su vez de sus ingresos, ahorros y patrimonio, pero principalmente de sus ingresos. Y cuando la economía está en recesión, los ingresos caen y, con esa caída, bajan tanto el gasto como la capacidad de endeudarse.
En ese contexto, surgen las preguntas sobre qué magnitud y cuánto durará la caída, para proyectar cuándo y cuánto se podrá gastar en el futuro o cuánto se podrá solicitar prestado. Y las respuestas dependerán del origen de la crisis y de las acciones que se implementen para superarla.
En este contexto de necesidad de aumentar el gasto, el ministro de Hacienda ha anunciado, primero, una reasignación de recursos del presupuesto de este año, que incluye una reducción de la inversión pública de más de US$ 1.200 millones, y un marco presupuestario para el 2020 que ha denominado “Presupuesto Base Cero Ajustado”, que establece que las reparticiones públicas solo podrán solicitar recursos “con un tope máximo de 90% del presupuesto aprobado en la Ley 2020”.
Es decir, se reduce el gasto en inversión este año, lo que reduce la creación de empleos directos e indirectos y tiene un efecto de contracción en la economía y anuncia una nueva contracción del gasto para el próximo año, cuando la recesión y sus efectos aún no van a haber sido superados. Se dice que se quiere reactivar y debemos creer que eso efectivamente es así, pero el principal instrumento para hacerlo se utiliza en el sentido contrario.
En lo que hoy vivimos, el origen es la pandemia, aunque tenemos otros dos problemas que la complican –la crisis social y la crisis internacional– y la magnitud como la duración de la crisis económica, van a depender de cuánto se prolongue y cuán graves sean las consecuencias sociales de la pandemia. Hasta ahora vamos mal en este aspecto. Todo indica que se han adoptado medidas insuficientes, tardías y con ineficacia, tanto en los aspectos propiamente sanitarios como en los económicos, vinculados al éxito de las medidas sanitarias.
Es casi unánime entre los especialistas que no forman parte del Gobierno, incluso aquellos que formaron parte del mismo y ya no están, que para que tengan éxito las medidas sanitarias se requiere para las familias en cuarentena un apoyo de mayor magnitud, por un mayor plazo y de un monto estable. Para lograrlo, el Gobierno debe aumentar el gasto público.
La diferencia entre el gasto público y el de las empresas, consumidores y familias, es que no depende exclusivamente de los ingresos y ahorros, y que la capacidad de endeudarse está relacionada con la confianza en las instituciones del Estado y la credibilidad de los gobiernos. En el caso de Chile, con una trayectoria de largos años de credibilidad institucional y bajo endeudamiento, las posibilidades de incrementar el gasto público son reales y necesarias, justamente para compensar las disminuciones en el gasto de las familias, consumidores y empresas –lo que se llama políticas contracíclicas o que no siguen el ciclo de crecimiento o caída– para que puedan acatar las medidas sanitarias que la superación de la pandemia exige.
En este contexto de necesidad de aumentar el gasto, el ministro de Hacienda ha anunciado, primero, una reasignación de recursos del presupuesto de este año, que incluye una reducción de la inversión pública de más de US$ 1.200 millones, y un marco presupuestario para el 2020 que ha denominado “Presupuesto Base Cero Ajustado”, que establece que las reparticiones públicas solo podrán solicitar recursos “con un tope máximo de 90% del presupuesto aprobado en la Ley 2020”.
Es decir, se reduce el gasto en inversión este año, lo que reduce la creación de empleos directos e indirectos y tiene un efecto de contracción en la economía y anuncia una nueva contracción del gasto para el próximo año, cuando la recesión y sus efectos aún no van a haber sido superados. Se dice que se quiere reactivar y debemos creer que eso efectivamente es así, pero el principal instrumento para hacerlo se utiliza en el sentido contrario.
El argumento para justificar esta contradicción se busca en la necesidad de equilibrio en las finanzas públicas, cuestión que nadie discute, pero que debe ser entendida correctamente. Ante una crisis de esta magnitud, hay que realizar un gasto compensatorio y reactivador que no será permanente, pero hay que realizarlo y pronto. Y el país tiene capacidad para hacerlo, utilizando sus ahorros o endeudándose. No hacerlo tendrá un costo sanitario, social y económico mucho mayor y, a la larga, deteriorará aún más la convergencia hacia los equilibrios en las finanzas públicas.
El Gobierno sabe que se debe gastar más. Lo que no quiere es comprometer un incremento tributario para financiar ese mayor gasto, una vez superada la pandemia y retomado el crecimiento de la economía, pero eso será inevitable. Lo grave es que ello paralice las iniciativas que son imprescindibles para salir de la triple crisis en que nos encontramos. Así vistas las cosas, el “Presupuesto Base Cero Ajustado” no contribuye a que el país salga adelante y dificulta el acuerdo para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Una nota “cero” puede ser exagerada, pero de todas formas será roja, no da para cuatro.//ELF