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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Columnista

No son los asesores: Es el Presidente. ¿Hay salida política con él gobernando?

mayo 1, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ricardo Hormazábal.

Abogado y exsenador DC

La defensa del modelo cultural y económico social fracasado se ha expresado en medidas ineficientes y tardías para enfrentar la pandemia. El principal responsable es el Presidente Piñera, no sus asesores o ministros. También creo que hay salidas políticas apropiadas, como la que abrió el acuerdo que se logró en noviembre del 2019.
Para avanzar se requiere una oposición unida en torno a temas de mayor entidad que la aprobación de los retiros de las AFP y que, sectores de la derecha, sigan maltratando a los que sufren, desligándose del lastre presidencial. Pero el camino no es generar una crisis institucional, sin soluciones alternativas viables y democráticas. Se necesita una fórmula adecuada para llenar el vacío que ha dejado el acuerdo político vigente.
Conozco al Presidente

El presidente no es permeable a las sugerencias de subordinados y siempre busca sacar alguna ganancia, que le convenga a sus intereses, como lo constaté durante los 8 años que compartimos funciones en el Senado y del análisis de sus acciones en el gobierno.

La reciente derrota política en el Congreso y en el Tribunal Constitucional, no le impidieron tratar de reforzar a las AFP con 2% de las remuneraciones adicionales, que es parte de su proyecto original. Lo único positivo, el Bono de $200 mil pesos para los que se quedaron sin fondos, será aprobado fácilmente por ambas cámaras.

En el Congreso, y a pesar de nuestras permanentes polémicas, logramos desarrollar con Sebastián Piñera, una relación de confianza, respeto recíproco y , creo yo, incluso de afecto, sentimiento que, dadas las características del Presidente, duró sólo mientras fuimos pares en el Senado. Ahí conocí su reconocida inteligencia, así como su extraordinaria capacidad para usarla en su exclusivo beneficio. Le oí decir que estaba acostumbrado a escuchar a sus asesores y expertos en las diferentes actividades empresariales, pero que las resoluciones las tomaba él sólo. Era el dueño.

En el Senado le molestaba que personas, que él consideraba menos inteligentes o con menos preparación que él, no le hicieran caso y tuvieran el mismo voto que él. Para él, no existe el Bien Común, sólo sus propios intereses. Tiene una cubierta de termo panel para resistir las críticas y para entender las necesidades de otros. Casi toda la bancada de la derecha, profundamente pinochetista le reprochaban su afán de protagonismo y su casi desesperado deseo de caer simpático, de ser querido. Tampoco servía que él les diera consejos muy rentables para invertir en Chile o en el exterior, ya que muchos de ellos tenían contactos y recursos propios.

Cuando Sebastián Piñera quiso ser candidato presidencial, no tuvo dudas en ir a conversar con Pinochet, que se mantenía en la Comandancia en Jefe, para tratar de conseguir su respaldo. ¿Un político haciendo deliberar a un uniformado, a quién su propia constitución le prohibía hacerlo? No le fue bien, porque el Dictador, era más vanidoso que él y se sentía más poderoso que él. Cosechó más burlas en sus correligionarios de derecha y las merecidas criticas de sus adversarios. Pero eso nunca lo ha detenido. Nuestro Presidente tiene un doble estándar estructural. Si es bueno para él, no importa que lo critiquen.

Fue sancionado por hacer uso de información privilegiada y confidencial en la línea aérea LAN, con una multa cuantiosa para la mayoría, pero de menor cantidad para él. Quiso cuestionar la multa por la vía judicial, pero, estaba en campaña y no le convenía tener ese tema abierto. Así que pagó la multa para terminar las noticias que lo afectaban y encargó a un socio, sancionado por lo mismo, que recurriera a los Tribunales.

Él pretendía ganar en las dos carreras. Silenciar el escándalo y recuperar la multa, con reajustes e intereses. No le fue bien. La Corte Suprema mantuvo las multas, perdió una parte mínima de las ganancias así obtenidas, pero ya había ganado lo relevante: Acallar a los medios.

Cuando un militante de la UDI vendió con escándalo las acciones de empresas eléctricas Piñera, entonces senador, estuvo en primera línea en las denuncias públicas, hasta que se usó con él la receta apropiada. Le ofrecieron pagarle más por sus acciones de esas empresas y las críticas de Piñera se terminaron. Le llovieron los reproches, pero para él, maní.

Cuando analizábamos un proyecto para limitar el gasto en las elecciones, Piñera se oponía aduciendo que era una medida inútil e ineficaz. Precisó con un ejemplo. Si él le daba órdenes a un gerente de alguna de sus empresas de contratar propaganda en un Canal de TV o cualquier medio de comunicación, poniendo como condición que lo entrevistaran un par de veces a la semana en los noticiarios con más audiencia. ¿Quién podría cargar eso a su cuenta o qué medio se negaría a hacerlo?

Sebastián Piñera recibía datos privados de los días en que se tomarían las diversas encuestas sobre temas políticos y personajes más conocidos, lo que le permitía pedir a los medios que lo hicieran aparecer en la TV los días previos, para estar presente en la mente de los encuestados. ¿Usar información confidencial para su beneficio? Eso es un medio muy válido para él.

A pesar de todo, reconozco que le tuve afecto, me trato con respeto lo que no era habitual en él. Conocí a su familia y él a la mía. Aún mantenemos un gran cariño por su mujer, con la cual, mi señora y yo, compartíamos en diversos actos, cuando Sebastián Piñera la dejaba sola para correr a las Cámaras y a la primera fila. Pero nunca me imaginé que los chilenos pudieran elegirlo como Presidente y que la derecha se doblegaría a su dinero.

POR QUÉ NO ES BUENO VOTAR ENOJADO O POR PLATA

¿Una persona sin sentido del Bien Común, dirigiendo un país? ¿Un personaje que no conoce los límites éticos en su accionar empresarial y en su conducta política, como puede ser respetado para orientarnos y ayudarnos a resolver los problemas? ¿Un Presidente de que se lleva parte importante de su fortuna a paraísos fiscales, que él mismo atacaba en público, que no paga las contribuciones, que usa información confidencial y que no escucha a sus propios partidarios? Los triunfos de Piñera se produjeron por votantes indignados con la Concertación y Nueva Mayoría y por sus grandes recursos económicos. ¿Una lección para todos? No se pueden tomar decisiones basadas en la rabia. El costo es muy alto.

PRIORIDADES EN CHILE

Vivimos un Cambio de Época que ha puesto en cuestión paradigmas antes muy respetados en casi todo el mundo. La religión, las instituciones, los uniformados, los políticos, las universidades los medios de comunicación se encuentran en una crisis muy profunda en buena parte del mundo. Pero en nuestro Chile, nuestra primera prioridad es intentar enfrentar las fuerzas centrífugas que nos llevan al abismo. La increíble desigualdad que se ha ido incrementando bajo varios gobiernos y que se nos hace más visible con la pandemia.

Recuperar la honestidad en todas las actividades de civiles, religiosos y uniformados es esencial. Crear un proyecto de futuro respetuoso de la diversidad, pero que sea capaz de reconocer de manera apropiada las particularidades nacionales de nuestros pueblos originarios y el tremendo aporte de las corrientes migratorias pasadas y actuales que deben fortalecer el Chile unitario, justo, descentralizado, participativo y solidarios que necesitamos.

¿Es posible tener una solución antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias? Sí , pero para ello debemos esforzarnos en dos ámbitos principales. Uno, es el de escoger convencionales que, militantes o independientes , lleguen motivados a crear normas para este siglo, aprendiendo del pasado y pensando en superar los defectos del presente. Parchar la Constitución del individualismo, que endiosa el economicismo y mantiene los privilegios irritantes es una pésima respuesta.

Debemos pensar en aprobar un modelo que se abra a la participación directa del ciudadano en decisiones fundamentales, que recupere el verdadero rol del Estado, de promotor del Bien Común y de la justicia social. Para ello, hay que estar alerta para elegir personas que no tengan compromisos con los grupos privilegiados, que sepan entender el desafío de promover un Chile justo para todos. Por motivos políticos, no por odiosidades personales, he llamado a no votar por René Cortázar y Jorge Correa , candidatos DC en los distritos 8 y 6, porque defienden este sistema injusto.

Ojalá otros hagan lo mismo con la gente que conocen. Independientes o militantes no garantizan nada, sino nos esforzamos en conocer sus ideas y su entorno.

La convención y los vacíos que deja el acuerdo

Pero no podemos sentarnos a esperar los resultados de la Convención, que sólo se conocerán el primer semestre del próximo año, cuando ya hayamos elegido nuevo Presidente y Congreso. Aquí se muestra una de las debilidades del acuerdo vigente. Si acordamos cambios al sistema presidencial y al funcionamiento del Congreso, ¿ deberemos esperar 4 años para ponerlos en la práctica?¿Se busca con esta situación que prorroguemos el mandato del presidente Piñera y del parlamento? Inaceptable.

El primer mandatario NO genera confianza, no sirve los intereses del país y buscará siempre una ganancia personal. He respaldado el acuerdo político vigente y estoy disponible para soportar a Piñera, pero sólo hasta el final de su mandato.

Si este Presidente, cuyo sucesor o sucesora será elegido/a en poco más de 6 meses y que debe entregar el mando en 10 meses, pudiera pensar en el Bien Común, debería renunciar en los próximos meses y permitir que el Congreso Pleno, de acuerdo a la Constitución, por los 2/3 de sus integrantes, elija un Presidente de transición, que asegure la puesta en marcha de las nuevas normas, con la participación de oposición y gobierno.

En cuanto al Parlamento, atendida la conducta presente del Congreso y a su posible capacidad para elegir un Presidente para implementar los cambios, me parece que podría aprobarse su prórroga. Incluso la Convención Constitucional podría dar legitimidad a un acuerdo de este tipo, mediante un acuerdo específico. No pretendo tener la solución perfecta, sólo creo que este es una situación que requiere respuestas.

La urgencia de seguir legislando

Entre tanto, los efectos de la pandemia siguen necesitando medidas para los chilenos que el Presidente no está en disposición de apoyar. El Congreso ha logrado romper las barreras puestas por él y obtener más de 2/3 de los votos para ello.

La actual mesa del Senado está actuando con una altura de miras y sentido del cargo notable. Sin estridencia ni pirotecnia, han canalizado el interés de los distintos sectores del Senado para hacer avanzar iniciativas de amplio y transversal respaldo y, al mismo tiempo, sin perder las formas, frenar los excesos del Presidente.

Ha habido acciones personalistas, pero en lo sustantivo, los retiros de AFP, necesarios, e indispensables, han corregido la falta de compromiso del Gobierno. Además, se ha demostrado que ellos no traen desplomes económicos, sino que, al contrario, ayudan a mantener funcionando empresas. Tampoco violan normas constitucionales o tratados internacionales, como lo anuncian los grupos privilegiados. Es verdad que 5 millones de personas quedarán sin fondos, pero el Estado está en condiciones, hoy y en el futuro, de entregar, al momento de pensionarse, un Bono especial, equivalente a lo retirado, ajustado a la inflación y a la rentabilidad promedio. De este modo el gasto fiscal se distribuye en muchos años.

Invertir nuestros fondos en Chile es urgente

Es de esperar que la profundidad de la crisis económica permita reunir una amplia mayoría ahora, para invertir los fondos de los trabajadores en Chile y así facilitar la recuperación y el desarrollo armónico de las regiones. Estos recursos se convertirían en aportes muy importantes para la generación de empleos en el sector privado, para llevar adelante obras de progreso para todas las comunas. Casi 100 mil millones de dólares son un Presupuesto Nacional anual, que están favoreciendo la especulación de los grupos económicos en el exterior, en vez de ayudar a superar nuestros problemas.

Más de 600 millones de dólares mensuales se reciben por las cotizaciones en la actualidad, lo que aumentaría en un 60% si se aprueba el aporte patronal del 6%, con un indispensable subsidio a las Pymes.

Crear un sistema de seguridad social público, solidario, tripartito y si fines de lucro, para que cada persona pueda elegir

Se requieren cambios para erradicar el alma neoliberal del sistema. AFP, ISAPRES, Seguros, Lucro desatado, Usura, Colusiones, son expresiones dolorosas de la gran desigualdad que la pandemia sanitaria ha mostrado con gran fuerza. El Estado debe crear un sistema público solidario de pensiones, sin fines de lucro, administrado por representantes de los trabajadores, los empresarios y el Estado y reconocer a cada persona el derecho de optar directamente entre este ente estatal y las AFP. La creación de un seguro de longevidad para ambas opciones, financiado con una parte del aporte patronal, es una manera de garantizar la viabilidad de los sistemas y mejorar el monto de las pensiones.

Expertos de derecha señalan que con un 1,5 punto de las remuneraciones se financia este seguro especial, que garantiza claramente la sustentabilidad de las pensiones. Estas son medidas que podrían incorporarse en la nueva constitución.

En el corto plazo , es necesario es eliminar las tasas de mortalidad artificiales, como lo han planteado la Senadora Rincón y el profesor Patricio Basso, logrando apoyo transversal de un importante número de Senadores. Eso representa un aumento inmediato de las pensiones de Retiro Programado, entre un 20 a un 60%. Y a los 85 años, empezaría a operar el seguro de longevidad al que hicimos referencia antes.

Se debería acelerar la tramitación de la indicación presentada por el diputado Tucapel Jiménez y ya aprobada en la Cámara de Diputados, para eliminar una norma arbitraria que les permite a las AFP expropiarnos 1, 5 millones de dólares al día y que, sin informarnos, representa un 7% promedio de lo que ahorramos para pensiones.

La propuesta de la Presidenta del Senado de una Renta Básica Universal de emergencia, de cargo del Estado y sin marginar a la clase media, es una medida más amplia y más justa que debiera acogerse , pero mientras el gobierno no se abra a hacerlo, los retiros son un camino necesario. No se trasgreden normas de seguridad social, porque el sistema de AFP no lo es, es, según su creador, otro Piñera, una industria más.

Extender la Pensión Básica Solidaria a todos los pensionados actuales y futuros de las AFP y del IPS, y fijar su monto en 200 mil pesos mensuales, reajustables cada año, sería el techo para los que no han aportado nunca y pertenecen a los sectores más pobres. Para los que pagan cotizaciones, serían el piso, al cual se suma las cotizaciones del afiliado. Esto significa ni un peso más para las AFP y ningún recurso extra para el gobierno, sólo. Inyección directa a las pensiones. ¿Financiamiento? Parte del 6% patronal que no se ocupa en el seguro de longevidad , ya que esta suma, en régimen, alcanzaría a los 360 millones de dólares mensuales. El Pilar Solidario en la actualidad cuesta un 0,8% del PIB y estos fondos nuevos, representarían una suma superior al 1% del PIB. Para funcionar oportunamente, se debe abandonar la propuesta del gobierno de enterar ese aporte en 12 años, estableciendo una gradualidad mucho más corta y con subsidio a las Pymes.

Los grandes empresarios no entienden el sufrimiento de Chile

Hay declaraciones de grandes empresarios que demuestran una soberbia implacable y una incapacidad de apreciar el sufrimiento de la mayoría. Expertos nacionales y extranjeros constatan esta situación y nos advierten de los peligros de no actuar. La Desigualdad mata, vean las cifras de los muertos en las comunas pobres y en las comunas ricas. La Desigualdad humilla, vean lo que pueden hacer los ricos y lo que no pueden hacer los demás; La Desigualdad nos destruye como país y fomenta la violencia y la división. No entienden que sin Justicia Social No habrá paz social y eso nos afectará a todos.

La inestabilidad institucional

Una parlamentaria de la UDI, otro de RN y diversos analistas han señalado que el gobierno estuvo en el suelo y ahora, las encuestas lo muestran con un 9% de apoyo, y una amplia mayoría critica de las instituciones, Tampoco hay una sólida alternativa al frente.

Sin el acuerdo de noviembre del 2019, estaríamos, quizás, en peores manos, quizás sin democracia. La dispersión opositora favorece a la derecha, por lo que se debe cambiar de actitud. La candidatura de Ximena Rincón, que aún no explicita un programa de cambio, insiste en su vocación unitaria, corrigiendo el grave error de mi partido que permitió el segundo mandato de Piñera. Beatriz Sánchez y Gabriel Boric, y otras fuerzas que dejaron el FA, han dado señales valiosas que aportan a la unidad responsable.

¿Esperan los poderosos que nuevamente las Fuerzas Armadas vengan a protegerlos a un costo de sangre y dolor, como el que ya vivimos y cuyas secuelas aún sentimos? No estoy en condiciones de negar que ello pudiera ocurrir. La moral interna de los uniformados por los actos de corrupción de sus altos mandos está muy baja y su enojo con la clase política es muy fuerte, ya que los corruptos civiles no van a la cárcel.

El nuevo gobierno de EEUU no favorecería un golpe, pero el desapego de los ciudadanos respecto de las instituciones y los políticos es muy alto. Las fuerzas minoritarias, pero violentas, que actúan en diversos lugares, son una provocación diaria y alimentan la tentación totalitaria.

Es necesario reforzar la democracia y la justicia social

A mis años he aprendido que una sólida alianza política, confiable, honesta y capaz de reunir el máximo apoyo político, social e institucional en el país y que obtenga el respeto de la comunidad internacional, puede ser un dique apropiado para esos brutales desbordes. También sé, que los grupos anarquistas, infiltrados como es habitual por los de siempre, cegados por el fanatismo, no cesarán en su acción provocadora. Los podremos aislar con el accionar de vanguardias de jóvenes, trabajadores, profesionales y pobladores con ideales, que pueden acoger el llamado al cambio pacífico y preservar nuestra democracia. Así lo hicimos en la dictadura y tuvimos éxito.

Una alianza política no necesita acuerdos doctrinarios, pero si requiere una estrategia y propuestas programáticas compartidas

No me parece justo pedir a nadie que renuncie a su doctrina, para llegar a concordar. Así lo hicimos con Patricio Aylwin, cuando buena parte del socialismo seguía vinculado a Cuba y al marxismo leninismo, pero se comprometieron a respetar las normas acordadas durante la campaña, los 4 años del gobierno y cumplieron a cabalidad. Tanto es así , que continuaron la alianza en el gobierno de Frei RT. Su posterior conversión al neo liberalismo, como pasó con la DC y otros, nos llevó al fracaso, pero debe destacarse la continuidad del acuerdo. Necesitamos una gran mayoría política, institucional y social, de modo que la primaria debe incluir a todos los que acepten respetar la Convención Constituyente, los acuerdos logrados en noviembre del 2019, concuerden en apoyar los lineamientos centrales de un programa de cambio y contribuyan a generar un clima de movilización activa, pacífica y convocante. El país no está para incumplir acuerdos, aunque sí se debe estar disponible para profundizarlos, entre las partes involucradas.

Jacques Maritain enseñó algo que sigue vigente: ”Cuando el hereje político se compromete en la actividad política, encontrará frente a él , para hacerla fracasar , la actividad política opuesta, libremente practicada por otros ciudadanos”. Y que cuando estos realizaban una actividad ilegal, intentando usar la violencia, debía actuar el Estado con firmeza ,pero sin dejar de reconocerle nunca, las garantías institucionales de la justicia y la ley”. Cuando el PC se integró a la Nueva Mayoría, no hizo nada distinto a los otros y siguió siendo marxista leninista.

Como era una minoría, no podía imponer su modelo, como está en crisis, copió el de los otros, ayudó a mantener el sistema a cambio de ocupar cargos de Ministros, parlamentarios y otros. De cambios profundos, cero. Otra lección del gran filósofo francés: “Hombres mutuamente opuestos en sus concepciones teóricas, pueden llegar a un acuerdo puramente práctico sobre una enumeración de derechos humanos”. Las pensiones, la salud, remuneraciones dignas, la participación, son derechos humanos que den ser apoyados por una gran mayoría, incluso de los que, lamentablemente, respaldan dictaduras en el exterior y que no podrán establecerlas aquí.
Una primaria presidencial amplia de la oposición es necesaria para ganar, con acuerdos en lo programático y en lo estratégico, pero no se puede validar cualquier opción que juegue un populismo desenfrenado. El modelo Trump, es inaceptable para Chile.

Un acuerdo distinto para el Parlamento

Para las listas del Congreso, creo que se necesita ir en dos listas. Los resultados electorales son mejores y así fuerzas que son tan contrarias como el PC y la DC, pueden ir por separado en busca de electorados distintos, pero con acuerdo de apoyar responsablemente al gobierno elegido en común. Tengo esperanza que los actuales liderazgos puedan responderle positivamente al país.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: columna, Columnista, Ricardo Hormazábal

Pensar el futuro escuchando a tres mujeres

abril 24, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Militante DC y economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Ingrid Robeyns, Kate Raworth y Mariana Mazzucato son tres economistas que están renovando el pensamiento económico, vale la pena seguirlas y estudiarlas.

En estos días en que se ha estado discutiendo la idea de imponer un impuesto al patrimonio de los super ricos, idea respaldada internacionalmente por el Secretario General de Naciones Unidas y el jefe de estudios del Fondo Monetario Internacional.

La discusión se ha centrado en si es conveniente o no para la inversión, si recaudaría lo que se dice, si hay mejores alternativas o si es el momento adecuado. Al parecer nadie se opondría salvo por razones técnicas. Es que defender la acumulación de riqueza en pocas manos no es una causa popular.

Desde distintas perspectivas se puede analizar la acumulación de la riqueza y pareciera ser el momento para acercarse al pensamiento de Ingrid Robeyns. Ella lidera la reflexión sobre el limitarismo, es decir, poner límite a la riqueza que pueda acumular una persona, debido a la ineficiencia que representan las concentraciones de mercados, a la injusta forma (en general) como se generó esa acumulación, y al peligro que ello genera para la convivencia democrática.

En su texto “Tener demasiado”, junto con recordar que hay una larga historia de argumentos de que las grandes desigualdades en ingresos y riqueza socavan el valor de la democracia y el ideal de igualdad política en particular, señala que “los ricos pueden traducir su poder financiero en poder político a través de una variedad de mecanismos”, como que “los ricos pueden financiar partidos políticos e individuos”, tal como se ha visto en los aportes a las campañas a la convención constituyente, gobernaciones, alcaldes y concejales; también que utilizan el dinero en “influencias para establecer la agenda para la toma de decisiones colectivas”, como ocurrió hace algunos meses, cuando el actual presidente de los empresarios retiró el avisaje a un canal de televisión porque no se compartía su línea editorial, o como han determinado los Tribunales actuó la empresa Corpesca; y, por último, porque “la gente rica puede comprar medios de comunicación, que pueden utilizar para controlar tanto la difusión de información como los argumentos que se intercambian en debate público”, lo que también sabemos ha ocurrido en Chile con la compra de Chilevisión por Sebastián Piñera, el canal de la Universidad Católica por Andrónico Luksic y La Tercera por Álvaro Saieh, entre otros. Cabe señalar que estos tres inversionistas en medios de comunicación serían afectados por un impuesto al patrimonio como el que se ha propuesto.

Pero Robeyns también va más allá en su análisis. Destaca que, “en la medida en que los ricos tengan su riqueza concentrada en empresas, pueden socavar los objetivos elegidos democráticamente mediante el uso de su poder económico. Esto convierte el poder de capitalistas en una restricción de viabilidad para la formulación de políticas democráticas. Por ejemplo, si los ciudadanos tienen decidió democráticamente que quieren menos emisiones de gases de efecto invernadero en su país, luego las grandes empresas pueden amenazar con trasladar la producción contaminante a otros países si el gobierno electo impondría una regulación más estricta de las emisiones ecológicas”, lo que es un discurso que conocemos bien en Chile y, además, nos lleva a preguntarnos por el uso de los fondos de las AFP.

Sin embargo, en el fondo, poner un límite a la riqueza que se puede tener o acumular, o fijar un procedimiento que establezca un ingreso máximo admisible por la sociedad, así como existe un ingreso mínimo, plantea un tema que es también económico y social.

El limitarismo, platea Robeyns, “como doctrina no solo moral sino también política es radical”, ya que implica que el estado debería reformar las instituciones sociales y económicas de tal manera que nadie obtenga ningún excedente de dinero que no le corresponda, es decir propone la eliminación de las rentas económicas (aquello que se obtiene sin haberlo creado o producido, por ejemplo, los minerales, los peces o la energía del agua). Esto da sentido a la existencia de una forma generalizada de royalty sobre el uso de los recursos naturales, y obliga a distinguir lo que es ganancia por el correcto uso del capital de lo que es apropiarse de una renta que pertenece a toda una comunidad, inclusive a la comunidad planetaria, y debe ser administrada por esa comunidad, y no ser privatizada en manos de unos pocos.

La ausencia de limite a la acumulación trae consigo diferencias sociales sustantivas. En la última década los ingresos de los ricos se han incrementado mucho más que el promedio de las sociedades, aún en pandemia como lo acaba de informar la revista Forbes. Esta creciente diferencia lleva a una creciente alienación de los más ricos, a un desconocimiento de la realidad de sus próximos y a un uso de sus recursos como si nada tuviera límites. Pero los límites existen, aún para el crecimiento.

Diversos estudios señalan que año a año, con la destrucción de bosques y el uso intensivo de combustibles fósiles, estamos superando nuestro techo ecológico, y lo hacemos también a costa de nuestro fundamento social, lo que ha dado origen a la pregunta de Kate Raworth de si se debe poner límite al crecimiento o, más bien, si se debe poner límite a este crecimiento que nos ha llevado a tan alta concentración de la riqueza y, simultáneamente y posiblemente como consecuencia de ello, a tan grave deterioro de nuestra naturaleza y, agrego, convivencia como especie.

Raworth, que ha desarrollado la llamada teoría del donut, pone énfasis en que el crecimiento de la economía tiene como límite el que deba conservar el capital natural del planeta, lo que llama el “techo medioambiental”, que superamos en las llamadas zonas de sacrificio, usando combustibles fósiles, y de tantas formas que suponemos son recursos ilimitados, pero no lo son. Lo estamos viendo en lugares donde la sobre explotación ha ido disminuyendo los acuíferos y en cómo las pestes que afectan los cultivos acuícolas se reproducen como si fuera una nueva cepa del COVID 19. Pero el crecimiento también tiene el límite de la base social, ya que debe garantizar que todas las personas tengan los recursos que necesitan –alimentos, agua, atención sanitaria y energía– para que sus derechos humanos sean efectivos.

En su análisis, Raworth, destaca que “en la actualidad la principal presión sobre los límites planetarios la ejerce el consumo excesivo de recursos por parte de aproximadamente el 10 por ciento más rico de la población mundial, así como los patrones de producción de las empresas que proporcionan los bienes y servicios que este porcentaje de personas más ricas adquiere”, dando pie también a que se ponga un límite a la riqueza, y proponiendo que el crecimiento sea inclusivo ya que “los datos disponibles apuntan a que todas las personas que viven en la actualidad podrían situarse dentro de la base social con una utilización de recursos adicionales sorprendentemente escasa”, si los recursos se distribuyeran mejor.

Esto debe realizarse con un enfoque que tome distancia del mercado, ya que tratar de “reducir la presión sobre los límites planetarios utilizando mecanismos de mercado que no están regulados adecuadamente y que tratan de la misma forma a los poderosos actores internacionales y a las comunidades locales, cuyos derechos sobre la tierra, el agua y la participación política son profundamente frágiles”, termina concentrando los recursos en las personas de altos ingresos y empobreciendo a los más débiles.

La solución está en que el Estado asuma el rol que le compete, tanto para asegurar la base social, como para inhibir la superación del límite ambiental. Mariana Mazzucato, la economista sobre la que el Papa Francisco ha dicho: “Creo que ayuda a pensar el futuro”, señala en su último libro (Economía de la Misión, un disparo a la Luna para transformar el capitalismo) que “solo el gobierno tiene la capacidad de producir una transformación a escala como es necesario” que consiste en “reestructurar el negocio para que los beneficios privados se reinviertan en economía en lugar de utilizarse para ganancias financieras a corto plazo”.

No es una tarea fácil, ya que los intereses en juego son múltiples, pero también porque es necesario que tanto los gobiernos como los empresarios asuman una mirada global. “El argumento a favor de un cambio radical es abrumador -sostiene Mazzucato– Pero para impulsar este cambio tenemos que ver el problema a través de una lente en particular, concentrándonos en repensar el gobierno para estimular mejoras en la economía.”

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¿Deben participar los trabajadores de los directorios de las empresas?

marzo 26, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Felipe Ossandón 

Socio de Desarrollo y Trabajo Consultores, donde se asesora sindicatos en materias de negociación colectiva y en los ámbitos laboral y estratégico.

En la última semana se ha abierto el debate respecto de la participación de representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas.

De manera automática, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, ha rechazado las propuestas, afirmando que era una idea que no se practicaba en ninguna parte del mundo. Lo cierto es que ello no es así. En nuestro país tenemos experiencias importantes y exitosas de integración de los trabajadores y trabajadoras en los directorios de empresas, específicamente en las más importantes empresas del Estado.

Codelco, ENAP, TVN, BancoEstado, Ferrocarriles del Estado y todas las empresas portuarias estatales tienen representación de trabajadores en sus directorios. En algunas de ellas, esto corresponde a una tradición de larga data, por lo que tenemos una experiencia y un aprendizaje importante al respecto. Cabe señalar que la propia OCDE recomienda la incorporación de representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas(1).

¿Cómo se determinan dichos representantes? Existen actualmente tres modelos. En el caso de la Corporación del Cobre, corresponde a dos representantes en un directorio de nueve personas. Uno de ellos es propuesto por la Federación de Trabajadores del Cobre y otro por la Federación de Supervisores en conjunto con la Asociación de Supervisores. Son las organizaciones sindicales, entonces, las que proponen a sus directores.

Un segundo modelo se aplica en empresas como TVN, BancoEstado, EFE o las portuarias. En este caso, el o la representante de los trabajadores en el directorio surge de una votación secreta de todos los trabajadores y trabajadoras. En la mayoría de los casos, los representantes sindicales tienen iguales facultades que los demás directores o directoras, salvo en el caso de TVN, donde no tiene derecho a voto.

El tercer modelo, mixto, es el que se consagró en la última reforma a la Ley de Gobierno Corporativo de ENAP, estableciendo una elección que reconoce la titularidad de las organizaciones sindicales, así como la participación de aquellos trabajadores no afiliados a sindicato alguno.

¿Están expuestos los representantes de los trabajadores a conflictos de interés en un directorio de empresa? Por cierto, al igual que todos los directores y directoras que los conforman. Recordemos que los directores no representan los intereses «de» la empresa, sino el interés de sus mandantes «sobre» la empresa, en tanto accionistas o inversores de la misma. No siempre el interés de la empresa es compartido por todos sus accionistas y no siempre el interés de todos los accionistas es coincidente, como hemos visto en infinidad de ejemplos. En ese sentido, la experiencia indica que los directores laborales deben estar sujetos a las mismas restricciones e inhabilidades que la Ley de Sociedades Anónimas establece para los demás integrantes del directorio, en lo relativo a reserva de la información y prevención de conflictos de interés.

Es algo perfectamente practicable y las empresas señaladas, así como sus trabajadores tienen una amplia experiencia en ello.

En lo relevante, la incorporación de representantes de los trabajadores en los directorios es un aporte sustantivo a la gestión empresarial. Muchos de los conflictos laborales, especialmente en tiempos de crisis se intensifican a partir del desconocimiento de la situación de la empresa o de los planes estratégicos de la misma por parte de los trabajadores. Cuando uno no sabe «para dónde va la micro», las posibilidades de identificarse con la gestión se reducen dramáticamente. De las empresas estatales grandes, Metro S.A. es la única que carece de representación laboral en el directorio y ha vivido una conflictividad laboral más intensa que las demás en el marco de la crisis sanitaria.

Por otro lado, en tanto los directores y directoras que representan a los accionistas no forman parte de la gestión cotidiana de la empresa, están sujetos a la información que de ella le entregan las gerencias y los organismos de control. La voz de los trabajadores se transforma en otro canal, calificado y útil, para saber qué pasa al interior de la organización y tomar mejores decisiones. Los trabajadores, por su parte, a veces encuentran en el directorio oídos que no siempre encuentran en sus respectivas gerencias.

Finalmente, las empresas son comunidades. Tienen una organización, una administración y una jerarquía necesaria para la articulación de las mismas. En este marco, la tradicional visión autoritaria o militarizada de una gestión donde a los trabajadores solo les cabe acatar decisiones ajenas ha ido en retirada; de la mano de la acción sindical, de los comités bipartitos y paritarios, así como del reconocimiento de los derechos fundamentales al interior de la empresa. Pretender que los trabajadores no tienen la capacidad o el interés de aportar a las decisiones estratégicas de una empresa no solo demuestra una persistencia de dicha visión autoritaria, sino que una enorme ceguera.

Las relaciones laborales en Chile requieren avanzar en igualdad y en democratización. Las desigualdades y fracturas de nuestra sociedad nacen ahí donde la riqueza se crea y mal distribuye, en la empresa. Propuestas como las del diputado Gabriel Boric, incorporadas también en las formulaciones programáticas de Paula Narváez, pueden ser enriquecidas a la luz de la experiencia chilena y deben ocupar un lugar relevante en los programas de las distintas candidaturas de la izquierda.

El rechazo automático y reflejo de la CPC solo nos muestra lo mucho que tenemos por avanzar en esta y otras materias.

(1) OECD (2015) Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises.

https://www.oecd.org/publications/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015-9789264244160-en.htm

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: columna, Columnista

Trabajo decente: Pilar de la nueva constitución

marzo 26, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Juan Somavia

ExDirector General de la OIT Preside el Consejo Asesor Constitucional de la CUT

La franja oficial, debates televisivos y programas de radio, han permitido conocer las opiniones de las y los candidatos a la Convención Constituyente. Mas de alguien resaltó que la promoción de la dignidad del ser humano en el trabajo y su expresión concreta en el derecho al Trabajo Decente, debe tener rango constitucional.

Por cierto, el reconocimiento y la garantía de la dignidad a partir del trabajo, se origina en un constitucionalismo social contenido en los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (creada en 1919), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los Pactos Internacionales sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (1968), los valores del Estado de bienestar y, desde luego, en las sostenidas luchas sociales y políticas en todos los países que, con sus duelos, tragedias y éxitos, durante este largo proceso histórico, han logrado avanzar progresivamente en el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales. Camino sobre el cual queda mucho por recorrer.

Chile llevaba años encaminándose en esta dirección. Sin embargo, la dictadura y su Constitución cortaron ese curso en seco, imponiendo un retroceso del que aun no nos recuperamos plenamente. Su visión neoliberal sobrevaloró el papel del mercado, ignoró su incapacidad para autorregularse y comercializó los derechos sociales; Junto a ello, subvaloró el papel del Estado y sus sistemas regulatorios y devaluó el valor del trabajo y las políticas públicas en materia social. Aumentó aun más el desequilibrio de poder entre capital y trabajo.

Los y las constituyentes tendrán la tarea de reconocer el enorme valor que tiene el trabajo decente, concepto propuesto por la OIT en 1999, en la construcción de una sociedad armónica, con cohesión social y sana convivencia democrática. Porque, finalmente, la vida nos ha demostrado que la calidad del trabajo define de tantas maneras la calidad de una sociedad. Y hay una gigantesca labor por delante en Chile y en el mundo, particularmente después de los retrocesos sociales producidos por la Pandemia y las transformaciones en el trabajo ligadas a la revolución digital y el tránsito hacia un desarrollo sostenible.

Lo bueno es que no partiremos de cero. Existe un consenso mundial en torno a la necesidad del trabajo decente, gestado progresivamente en las últimas decadas, cuyo más reciente eslabón es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en 2015 por unanimidad de todos los países al más alto nivel político en Naciones Unidas. Su objetivo 8 nos indica la decisión colectiva de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

Hoy, se trata de avanzar desde esa potente aspiración política y social global a la realidad nacional y local. Debemos valorar el enorme significado que tiene para todos y todas el trabajo en nuestra sociedad, lo que implica poner este reconocimiento en el corazón de la Nueva Constitución e incorporar el derecho al Trabajo Decente como principio fundacional de la misma.

En Chile, para avanzar en esta dirección tenemos que reconocer donde estamos; y lo concreto es que no estamos bien, ni en la realidad, ni en los conceptos. La actual Constitución Política considera el trabajo del ser humano básicamente como un costo de producción. Igual que las materias primas, los intereses bancarios, el transporte, la publicidad y otros.

Sin embargo, en la vida real, para las personas, las familias y las comunidades, el trabajo decente es tanto más que eso, tiene un valor social, no es sólo un precio:

Es fuente de dignidad personal y valoración de si mismo. Nos probamos en el trabajo. Hay satisfacción o descontento en función de su calidad. El trato recibido, bueno y malo, tiene un enorme impacto subjetivo.

Es fuente de estabilidad de las familias, tantas de ellas monoparentales, o como la gente decida vivir juntos. Cuando hay uno o más buenos trabajos en casa, sabemos que hay menos violencia intrafamiliar, mas distensión, genera un sentido de progreso, hay más confianza en el futuro. Es fuente de mayor paz en la comunidad y sensación de seguridad cuando el trabajo de calidad se ha extendido en el entorno en que vivimos.

Además, el ser humano que trabaja es también un ciudadano y saca conclusiones de su vida laboral. Es difícil pensar que la enorme manifestación pacífica del 25 de octubre 2019 que congregó cerca de dos millones de chilenas y chilenos en todo el país, no tuviera una relación muy directa con la mala calidad del trabajo en Chile.

Por cierto, hoy ninguna de estas dimensiones se expresa plenamente en la mayoría de los trabajos en nuestro país. Los datos confirman lo dicho: El 50% de los chilenos y chilenas tiene un sueldo igual o inferior a $400.000 mil pesos (Fundación Sol, 2019) y el 40,5% de los trabajadores y trabajadoras vive en la informalidad, con toda la inseguridad y precariedad que ello conlleva (OIT, 2019). El monto promedio de las pensiones autofinanciadas recibidas por los jubilados asciende a 159.000 y el 80% de ellas está por debajo del ingreso mínimo (Superintendencia de Pensiones, 2021), el trabajo infantil es un flagelo para 220.000 mil niños, niñas y adolecentes que se ven forzados a trabajar (UNICEF, 2020).

Las múltiples formas de discriminación y desigualdad de género hacia las trabajadoras dramatiza aun más las cifras en materia de empleo. La brecha salarial en trabajos formales asciende en promedio a un 28% menos que las remuneraciones de los hombres, lo que nos posiciona como el 5º país más desigual en materia de género (OCDE, 2020), y el 47% de ellas gana menos que el sueldo mínimo (Universidad de Playa Ancha, 2020). Del total de trabajadores informales, un 57% corresponde a mujeres, en donde el 68,3% gana menos del sueldo mínimo. Lo anterior, se agrava, si observamos que en el 73% de los hogares chilenos son ellas el único sostén económico (Universidad de Playa Ancha, 2020). A ello se agrega la total falta de reconocimiento social, cultural y legislativo del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y su contribución al bienestar social y a la economía (comunidad mujer 2019).

Por otro lado, existe un evidente déficit en el ámbito del reconocimiento y protección de los derechos colectivos laborales, marcado por una diversidad de limitaciones que los cambios a la legislación y Constitución no han eliminado. Solo el 6,3% de las empresas nacionales tiene organizaciones sindicales y solo un 6% de trabajadores y trabajadoras están cubierto por algún tipo de instrumento colectivo (Encuesta Laboral, ENCLA 2019).

Esta realidad es el fundamento del gran desafío constitucional: reconocer el derecho al Trabajo Decente, individual y colectivo, como un principio fundacional de la Nueva Constitución, acompañado de reglas que garanticen su ejercicio real. Ambas dimensiones deben estar en la Constitución.

Ello nos lleva a la próxima etapa. Las condiciones de ejercicio del trabajo decente se construyen sobre la base del respeto a los derechos fundamentales en el trabajo que postula la OIT: un contrato con salario para progresar no para subsistir, libertad sindical con negociación colectiva a todos los niveles y derecho a huelga multipropósito, fin al trabajo infantil y al trabajo forzoso, no discriminación, igualdad de género en todas las dimensiones del mundo de trabajo y todos los derechos humanos consagrados en los acuerdos internacionales. Incluyendo un sistema de seguridad social con pensiones dignas.

Lo anterior se inserta en el reconocimiento del conjunto de derechos sociales que son parte integral del constitucionalismo social: educación, salud, vivienda, medio ambiente sano y tantos otros. El trabajo decente debe ir acompañado de un piso de protección social que asegure mínimos civilizatorios por debajo del cual ninguna chilena o chileno se debe ver forzado a vivir. Es el momento que la Nueva Constitución reconozca tanto la ciudadanía política como la ciudadanía social.

Este postulado se sitúa en la perspectiva, y la necesidad, de que Chile logre construir una verdadera Estrategia Nacional de Desarrollo Justo y Sostenible con la más amplia convergencia de visiones en torno a la promoción de la dignidad del ser humano y el respeto a la integridad de la tierra. Ello requiere un crecimiento inclusivo, equitativo y eficaz, con cambios profundos en nuestra matriz productiva e inserción internacional, fundado en inversión y consumo sostenibles. Desde ese objetivo situarse en el mundo que viene, pues la velocidad de los cambios tecnológicos, la evolución de los sistemas productivos, la naturaleza de los mercados globales y las tensiones geopolíticas ya nos están planteando enormes desafíos de país que debemos tener la capacidad de enfrentar como nación.

En ese marco, tenemos que profundizar el análisis del significado de esos cambios en los diversos sectores productivos existentes y por crear. Esto, unido a una visión del impacto actual y prospectivo sobre el mundo del trabajo y la estructura del empleo junto a las nuevas necesidades de formacion y capacitacion que ya estan surgiendo. Sabemos que los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la economía digital, el trabajo a distancia que se va a generalizar y la automatización, entre otros aspectos, ya están aquí. Analizar el futuro del trabajo post pandemia y en camino al desarrollo sostenible es esencial. En una perspectiva constitucional, debemos saber armonizar la dimensión económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible.

Por estas razones, junto a un grupo de mujeres y hombres hemos aceptado la invitación efectuada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, para discutir y profundizar las ideas y propuestas del mundo sindical que aspiran a poner en el centro de la Nueva Constitución el reconocimiento al valor del trabajo.

Si el trabajo decente contribuye a la cohesión social, es fuente de dignidad personal, estabilidad de las familias, paz en la comunidad, conciencia ciudadana y de “un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible”, sin duda debemos colocar la valoración del trabajo del ser humano en el corazón de la Nueva Constitución. Todo ello nos debe conducir a reflexionar sobre la importancia y la contribución del trabajo de chilenas y chilenos, en la construcción de nuestra sociedad.

Nada de lo propuesto son aspiraciones nuevas. Los chilenos y chilenas sabemos que lo dicho es una realidad que refleja la vida de muchos millones de compatriotas. Sin embargo, no hemos sido capaces de asumirlas como una tarea nacional que fortalece la convivencia democratica. Para finalizar, debo señalar que todo lo propuesto tiene precedentes en otras constituciones y acuerdos internacionales de los que Chile es parte.

Las y los constituyentes, en su gran responsabilidad, van a tener que encontrar una convergencia de voluntades, quizás inédita. Su tarea es difícil, en este y otros temas similares, pero también potencialmente creativa y hermosa. Tendrán que saber abordar con sensibilidad problemas profundamente íntimos, en que detrás de los conceptos, las cifras y la confrontación de intereses, hay seres humanos de carne y hueso. Y ellos nos dijeron en el plebiscito del Apruebo que tenían esperanzas en esta Nueva Constitución. //ELF

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La Constitución en tu barrio

marzo 22, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por David Pellizzari Ossa

Muchos creen que la discusión sobre una nueva Constitución para Chile es lejana a sus problemas cotidianos, que la elección municipal que se avecina, nada tiene que ver con eso, algunos incluso fomentan interesadamente esa idea, tratando de convencer a la ciudadanía que el rol del municipio, o de un alcalde nada tienen que ver con la Constitución. Pero no es así, y los chilenos lo sabemos.

Desafíos como los que hemos enfrentado como país y sociedad los últimos años han evidenciado los problemas de nuestra institucionalidad, la concepción y distribución del poder y las deficiencias de nuestra democracia.

Hemos sido testigos de como la autoridad central ha tomado decisiones en materias tan sensibles como la seguridad ciudadana o la salud de los chilenos, sin siquiera escuchar a los gobiernos locales, y casi desconfiando de su visión o aporte a la solución de los problemas que enfrentamos. Para ser justos no se trata de un problema solo de esta administración en particular, sino mas bien una grieta institucional, de un modo de entender el ejercicio del poder que francamente ya no resiste mas y que necesitamos urgentemente actualizar, y para ello, debemos construir una nueva carta fundamental que dé cuenta de las necesidades de un nuevo siglo e implique una verdadera revolución municipal.

Chile requiere una verdadera redefinición de su institucionalidad y una profundización de su democracia, y para ello proponemos una revolución municipal, una revolución que acerque a los ciudadanos las decisiones que afectan su vida, una revolución que revalorice la función de los municipios y los dote de los recursos y facultades necesarias para desempeñar su función como sus vecinos merecen, una revolución que descentralice el ejercicio del poder y le devuelva dignidad y autonomía a los territorios, en definitiva, una revolución ciudadana.

Soñamos con una Constitución que invierta la pirámide del poder en Chile y devuelva a los ciudadanos y sus representantes mas cercanos la oportunidad de decidir, sobre como se invierten los recursos, sobre las prioridades sociales, sobre el mejor modo de vivir en barrios mas seguros y mucho mas.

Pero, en este punto surgen preguntas importantes: Cómo hacemos eso? Cómo logramos concretar esos anhelos? Y la mas importante de todas… cómo afecta la calidad de vida de los ciudadanos un cambio tan profundo?

En primer término, debemos construir un nuevo pacto social y político, una nueva Constitución para un nuevo Chile, y ésta debe incluir un nuevo trato para con los gobiernos locales, que establezca un rol protagónico de éstos en el diseño e implementación de las políticas públicas, que ordene una distribución equitativa de los recursos entre ellos y los trate con dignidad. Este nuevo trato permitirá a los municipios desarrollar políticas públicas mas integrales y pertinentes, con los recursos y las atribuciones necesarios para ello. En este sentido, es necesario revisar el financiamiento y la lógica con que se focalizan los recursos del Estado que se destinan a los municipios y su labor, y muy especialmente, la lógica de receptores y meros ejecutores de políticas diseñadas y decididas desde Santiago o la capital Regional respectiva, para pasar a ser protagonistas de éstas junto a la comunidad.

Este cambio puede tener un profundo impacto en su vida, en su barrio, si las decisiones y los recursos necesarios para darles viabilidad están mas cerca de usted, tan cerca que incluso puede participar activamente en ellas, es dable esperar que esas decisiones sean mas pertinentes y coherentes con sus problemas reales… y eso se verá reflejado en su seguridad, en su salud, en la educación de sus hijos. Nuestra democracia requiere devolverle el protagonismo a sus ciudadanos y la mejor manera de lograrlo es acercar las definiciones importantes a ellos.

La revolución municipal demostrará que una nueva Constitución puede cambiar al país, incluso en su barrio.//ELF

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Día del agua: El derecho de beber en paz

marzo 22, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Pablo Santander

Abogado y ambientalista PPD

No es novedad decir que estamos enfrentando una crisis hídrica histórica, que se viene arrastrando durante los últimos años y que está afectando a más del 40% de la población mundial, en nuestro país, hemos visto los efectos que ha tenido en la pequeña y mediana agricultura y en los campesinos y campesinas que son la base de la producción nacional.

Pero esta crisis también ha afectado a comunidades enteras, es emblemático el caso de Petorca y lo he presenciado personalmente, el cual es visto como símbolo de la gravedad de la situación actual, también he sido testigo en la comuna de Cabildo de la muerte de animales por no tener alimento, el cual es escaso precisamente por la falta de agua para poder cultivar y hoy en pleno año 2021, aún existe gente que no tiene agua para satisfacer sus necesidades básicas, situación que se agudiza en el contexto actual de pandemia por covid-19.

¿Cuáles son las causas de este problema?

Algunas personas atribuyen esta sequía al efecto del cambio climático, sin embargo, existen factores que van más a allá de una crisis climática mundial a la hora de determinar las causas, por ejemplo, de que en la región de Valparaíso las reservas del Lago Peñuelas, con una capacidad de 95 millones de m3 y un promedio histórico de 22 millones de m3, haya pasado a un valor cercano a los 0.8 millones de m3 a febrero de 2021, así mismo el embalse los aromos, alimentado por la cuenca del Aconcagua, con una capacidad de 35 millones de m3 y un promedio histórico de 25 millones de m3, esté actualmente en los 5 millones de m3 a febrero de 2021.

Estos factores son atribuibles al actuar de las personas, a las políticas públicas relacionadas con la gestión del agua y la legislación actual, en primer lugar, tenemos un código de aguas que no le da prioridad al recurso hídrico como derecho humano, menos privilegia a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas que se desarrollan ante su abundancia, en segundo lugar no existe una gestión de cuencas adecuada para la distribución equitativa del agua, lo cual también es efecto de lo primero y tiene estrecha relación, ya que esta distribución no se condice con la cantidad de agua disponible en la cuenca, ni con las necesidades de las personas que habitan el territorio, sino que es producto del poder adquisitivo que tengan los grandes empresarios para adquirir derechos de agua y poder administrar su uso.

Para combatir la crisis climática y los factores antrópicos que causan la escasez hídrica, debemos realizar cambios a nivel local, nuestro país debe avanzar en gestión del agua y saneamiento, como dato, cerca de la mitad de la población que vive en sectores rurales carecen de acceso al agua potable y es una situación en la que el estado debe hacerse cargo.

¿Cómo podemos avanzar?

Primero, estableciendo y concretando metas a nivel territorial y organizacional, en este sentido es que se han definido una serie de metas al año 2030, relacionadas a las contribuciones nacionales determinadas, actualizadas el año pasado a partir de la COP 25, incluyendo la gestión de cuencas, servicios sanitarios, sistemas rurales e infraestructura, entre otras, que deben ser cumplidas para mejorar la gestión del agua y la resiliencia ante el cambio climático.

Pero estas metas no son suficientes si no van acompañadas de fuertes cambios en las políticas relacionadas con el agua, es por esto que es de suma importancia que esta discusión sea central a la hora de redactar una nueva constitución, quienes tengan la oportunidad de participar, deben recuperar las aguas de nuestro país para todos y todas, poniendo como prioridad el derecho humano al acceso al agua y también para el desarrollo de los ecosistemas.
Debemos impedir que se sigan otorgando derechos de agua, tratando este recurso vital como un bien de mercado, que además en nuestro país se sobre explota, entregando más derechos de uso, que agua existente en nuestras cuencas, situación que es claramente una desigualdad e injusticia tremenda.

Es un hecho que la desertificación avanza en nuestro país, de norte a sur y para mitigar este efecto es imprescindible contar con una legislación adecuada y realizar una buena gestión, el agua debe ser para todos y todas, no un privilegio de pocos que pueden pagar por ella, es por esto que debemos unirnos, para proteger nuestra rica biodiversidad y para que cada persona que habita en nuestro país tenga acceso y la tranquilidad de beber en paz el agua que nos da la vida.//ELF

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