Columnas

Por Pedro Vera Castillo

Académico Universidad de Concepción. Expresidente Federación Gremial de Académicos UdeC. Y expresidente Asamblea de la Civilidad Concepción

Han transcurrido casi 50 años del golpe militar que puso término al gobierno constitucional del presidente Allende y que terminó ese mismo fatídico día con su vida.

Luego vino la represión que terminó con miles de víctimas y con las más graves violaciones a los derechos humanos – por definición ejercidas por agentes del Estado – que registra nuestra historia republicana.

Hoy resulta imposible olvidar que esta dictadura se implementó como un gobierno cívico-militar cuestión que los propios actores civiles – aún hoy – pretenden olvidar o intentan negar su responsabilidad. Más bien aplauden la implementación de un modelo económico neoliberal que permitió la acumulación de grandes fortunas privadas y que generó índices históricos de pobreza con una cesantía desconocida y graves efectos sociales. Respecto de lo primero, las violaciones a los derechos humanos, dicen desconocer su existencia y no haber tenido información o la atribuyen a la violencia de “grupos armados” que intentaron resistir al gobierno. ¡Cuando no, a la campaña de desinformación implementada a nivel mundial por medios de comunicación controlados por la izquierda!

Aún hoy en día, estos civiles ocupan tribuna en el parlamento, en los medios de comunicación de la derecha (la gran mayoría por supuesto), en las redes sociales y pontifican respecto del desarrollo del país, de una nueva constitución, de los errores y “la incapacidad” del actual gobierno, conducidos todas y todos por un ex y reciente candidato presidencial, el primero en rendir honores al gobierno militar y a Pinochet.

Como siempre nos inspiramos en la buena fe, quisiera salir al encuentro de esas opiniones que denigran a quienes las emiten, y contribuir a refrescar la memoria de los lectores.

Pensando en estos 50 años, me resulta imposible aceptar la hipótesis de que las fuerzas armadas, contrariando sus deseos, se vieron forzadas a intervenir en una decisión tomada pocos días antes como producto de un acuerdo del Congreso Nacional, que debe evaluarse en función de sus consecuencias históricas, y basadas en su amor a Chile.

Viendo la magnitud de las atrocidades y violaciones a los derechos humanos cometidas de manera inédita en la sociedad chilena, resulta imposible pensar que el “lavado de cabeza” y “la siembra del odio” que llevó a miles de conscriptos jóvenes a aceptar, a participar y a guardar silencio – en la mayoría de los casos hasta ahora – frente a esas conductas inhumanas, haya sido cuestión de pocos días.

¿Qué contestarán esos civiles que aún hoy en día niegan esta evidencia? Que siguen sosteniendo que nuestras fuerzas armadas eran distintas a las de los países hermanos y que entregarían el poder rápidamente.

Como joven columnista, ya en esos años, escribí unas 3 semanas antes del golpe una columna denominada “La advertencia viene de Uruguay” en la que justamente señalé que el camino sería el mismo que el adoptado en ese país por el golpe militar: restricción absoluta a la libertad y persecución implacable de toda disidencia.

¿Cómo se puede hoy, desde la impunidad, seguir defendiendo y valorando un gobierno que llegó al poder gracias a un golpe militar y con una siniestra planificación del horror que desataría paso a paso sin vacilaciones?

Recordemos para refrescar la memoria de esos civiles – orgullosos de su gobierno – algunas de las víctimas y su investidura – ya que fueron ciudadanos ejemplares, con grandes servicios al país, y a los que no se les podía asociar de manera alguna con la participación en grupos armados (reales o inventados). Esta persecución y asesinato se llevó a cabo tanto en el país como en el extranjero.

Este fatídico proceso habría cobrado su primera víctima tan sólo 12 días después del golpe de estado, cuando nuestro poeta y Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda falleció en la Clínica Santa María de Santiago, supuestamente envenenado, según afirman sus familiares luego de conocer el último informe de los peritos entregado a la Jueza que lleva la causa abierta hace ya 12 años.

Pero en los casos que siguen no existe ninguna duda.

El 30 de septiembre de 1974, Carlos Prats González, exComandante en jefe del Ejército y ministro de Estado del presidente Allende, fue asesinado junto a su esposa, en un atentado explosivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El 6 de octubre de 1975, Bernardo Leigthon Guzmán, en la ciudad de Roma, Italia, sufrió junto a su esposa un atentado a balazos, que no les costó la vida pero que dejó a ambos con graves lesiones permanentes. Hay que recordar que Leighton fue parlamentario y ministro de Estado y que, por su capacidad de entendimiento y de buscar acuerdos, era conocido y respetado como “el hermano Bernardo” tanto por sus camaradas como por sus adversarios políticos.

El 21 de octubre de 1976, Orlando Letelier del Solar, exembajador extraordinario y plenipotenciario del gobierno del presidente Allende ante el gobierno de los Estados Unidos, fue asesinado junto con su secretaria por un atentado explosivo mientras se desplazaba en automóvil por la capital norteamericana, Washington D.C.

El 22 de enero de 1982, Eduardo Frei Montalva, expresidente de la República, falleció en la Clínica Santa María en la ciudad de Santiago, a la que ingresó en diciembre de 1981 para una operación de hernia al hiato de la cual nunca pudo recuperarse gracias a la intervención de los agentes del régimen que provocaron su muerte.

El 25 de febrero de 1982, Tucapel Jiménez Alfaro, líder sindical de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, es secuestrado mientras conducía su taxi y en un camino periférico de la capital del país, asesinado con balazos en la cabeza y posterior degollamiento.

El 30 de marzo de 1985, el país se estremeció con el triple homicidio por degollamiento de los militantes comunistas: Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada Maluenda y Manuel Guerrero Ceballos, encontrados en la comuna de Quilicura.

Casos que permiten ilustrar nuestra argumentación y que de ninguna manera son exhaustivos ni excluyentes. En todos ellos, los procedimientos judiciales han probado la actuación de los organismos de inteligencia de la dictadura.

¡Claramente, esto no se organizó ni se planificó en pocos días!

Necesitamos dejar atrás este horror, pero para ello se requiere una declaración solemne de las Fuerzas Armadas en su conjunto que le pida perdón al país, a las víctimas y a sus familiares, y que declare que este periodo deshonra el papel que el país le asignó y constituye una mancha inaceptable en su historia. Porque no, además, entregar toda información que los llamados “pactos de silencio” aún hayan impedido conocer para avanzar en “verdad y justicia”.

Sería una contribución ejemplar al reencuentro de nuestras mejores tradiciones democráticas y republicanas, al reconocimiento de su subordinación a la sociedad civil, y contribuiría a aislar y a dejar sin relato a los civiles que colaboraron y que aún defienden esa dictadura cívico-militar.

Es hora ya de exigirles a estos civiles un mínimo de decoro y que abandonen discretamente la vida pública para vivir la mentira de sus insensatos recuerdos. //ELF