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Columnas

Por una democracia feminista (siempre por hacer)

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Fuente: Nuso.org (https://www.nuso.org/articulo/por-una-democracia-feminista/)

¿Qué herramientas nos proporciona el feminismo para profundizar la democracia? El feminismo de base del movimiento autónomo entiende la democracia como algo que se está haciendo continuamente, es decir que necesita de una sociedad organizada fuerte que empuje en forma constante por la redistribución del poder y los recursos. Su sujeto político es configurado por una suma de luchas en marcha.

Por una democracia feminista (siempre por hacer) La pregunta por el contenido de la democracia estuvo en primer plano en el ciclo anterior de protestas que se desencadenó como respuesta a la crisis de 2008 y a determinados contextos locales.

De Tahrir a la Puerta del Sol, de Syntagma a Plaça Catalunya o Zuccotti Park en Nueva York, los manifestantes invocábamos una y otra vez el significante «democracia». Pero ¿qué democracia? No era la de los partidos, la de las cámaras de diputados clausuradas para las necesidades y voluntad de las mayorías; era una «verdadera», que construiría poder ciudadano contra la dictadura financiera, los intereses particulares y los políticos profesionales. Allí se impugnaba un sistema de representación que no alcanzaba; una reivindicación que hoy parece aparcada ante necesidades más urgentes: frenar el cambio climático –problema que está ahí y cuyas soluciones parecen muy lejanas, pero que lo modifica todo– o el ascenso de las extremas derechas y los posfascismos, que en algunos lugares identificamos como la mayor amenaza a estas democracias imperfectas que ayer desafiábamos.

Entonces estábamos frente a un punto de bifurcación: si no se lograba frenar la salida antisocial a la crisis, y si en lugar de la profundización democrática arraigaba el miedo, llegarían los «hombres blancos cabreados» (angry white man) y una parte de la población los seguiría. Pero en ese entonces no lo sabíamos.

No sabíamos que elementos como Donald Trump o Jair Bolsonaro acabarían gobernando sus países. En esos días, el problema era entender que, más que un conjunto de instituciones –elecciones, partidos, Parlamento–, la democracia por la que luchábamos estaba definida como la distribución-disolución social de toda forma de poder, la igualdad radical en la participación política y en la distribución de la riqueza y el reconocimiento del poder constituyente como la fuente raíz de esta democracia, como explica Emmanuel Rodríguez1.

Hoy en Europa ya no hablamos de esto, sino de «cordones sanitarios» o «democráticos», es decir, grandes coaliciones que dejen fuera a la ultraderecha, «frentes populares» y «votos útiles para frenar al fascismo». Nada de ello profundiza la democracia, nada de ello sirve para redistribuir más poder o recursos, más bien todo lo contrario: es funcional a la hipótesis conformista del mal menor. De pronto, abrimos una puerta y al otro lado solo había un muro.

Encontramos así dos líneas de fuerza. Una primera que dice que la democracia es siempre imperfecta y que necesita estar continuamente haciéndose –de ahí la necesidad de proteger con extremo cuidado el derecho a la protesta y la contestación, a pesar de las tensiones que pueda generar en el propio sistema–. Esta es una política que se construye como creación, como acto de autoinstitución social, y que determina que la única Constitución democrática es la que experimenta «una innovación continua», en palabras de Antonio Negri2.

Otra línea, en un sentido opuesto, asegura que la democracia debe ser protegida como un niño frágil de la amenaza de la ultraderecha, incluso a veces socavando sus propios principios –con determinadas restricciones al habla pública, con nuevos delitos de odio, con nuevas limitaciones a la protesta–, cuyo objetivo declarado es reducir la capacidad de influencia social de estos nuevos ultras y dirigir toda la energía política a frenar su ascenso. Se nos presentan como dos líneas divergentes: «si queréis democracia, conformaros con lo existente y no pidáis más».

En este sentido, la emergencia de los posfascismos está siendo instrumentalizada por algunos partidos para intentar revertir la crisis de legitimidad de la política institucional, del propio proyecto neoliberal y de sus comparsas, incluidas la fuerzas socialdemócratas en sus vertientes social-liberales. Sin embargo, el verdadero «frente antifascista», el único que quizás sí tenga posibilidad de recuperar la democracia, es el que se propone ampliarla, el que trata de dar respuestas a la crisis de representación imaginando y dando lugar a formas políticas que mantengan vivo el vínculo entre el poder distribuido en el cuerpo social y las instituciones que lo sostienen, apostando por las luchas que pueden dar lugar a una redistribución del poder y los recursos.

Un temblor morado

En los últimos años se activó otro ciclo de movilizaciones con carácter global y potencial democratizador, que tuvo su epicentro en América Latina y los países del sur europeo, con sus propias declinaciones o temblores en el resto del mundo: el grito feminista. Si la propuesta de los posfascismos está articulada a partir de los ejes de género, raza y nación, las luchas de las mujeres son un lugar privilegiado para confrontarlos.

La agenda antigénero tiene un papel relevante en el ascenso o la presencia pública de estas opciones ultras y forma parte de una clara estrategia para conseguir poder –institucional, mediático o social– que en Europa central y oriental y América Latina es utilizado claramente para socavar la democracia liberal. Para explicar su éxito, sin embargo, tendremos que retroceder algo más, hasta el surgimiento del neoliberalismo y lo que han supuesto estos 40 años de dominio, lo que han dejado sus formas de gobierno sobre el planeta y nuestras subjetividades.

Como explica Wendy Brown, estas derechas se han alimentado de los modos de subjetivación y de la destrucción de los mundos comunes que ha impuesto la regulación neoliberal desde finales de los años 703. Este aspecto micropolítico es clave en la estrategia de generar una cultura antidemocrática desde abajo. Si sus discursos que se basan en la libertad y la moral para justificar sus exclusiones y ataques a la democracia, a la igualdad racial, de género y sexual, a la educación pública y a la esfera pública, son las privatizaciones masivas, el ataque a los derechos sociales, pero también el asalto a la misma idea de lo social y la sociedad los que han preparado el terreno para su emergencia.

Por tanto, defender la democracia contra los posfascismos implica en realidad acudir a su raíz, recuperar su sustancia cuando esta se despoja de su corsé liberal. Una sociedad es democrática únicamente cuando reconoce que la libertad solo puede remitir a la igualdad. En palabras de Emmanuel Rodríguez, y dicho en términos clásicos: «Solo los iguales pueden ser libres, y solo los libres pueden ser iguales.

La república de los iguales es aquella que reconoce y hace efectiva para todos la libertad política fundamental: la participación en toda forma de poder explícito. Y tal condición exige la supresión de todo privilegio».

Los feminismos tienen mucho que aportar a esta propuesta. Pero ¿qué feminismo? Si nos hemos preguntado por el contenido de la democracia, no podemos continuar sin hacerlo por el de los feminismos. Es indudable que hoy existe un movimiento diverso con diferentes propuestas y visiones que están relacionadas también con distintos intereses de clase.

La cuestión de cómo se concibe la igualdad dibuja la principal demarcación. Simplificando mucho, una de las líneas de fractura más evidente es la que divide entre quienes concebimos el feminismo como una herramienta de transformación del sistema, que necesariamente tiene que estar vinculada con otros procesos de contestación en marcha –no es solo un posicionamiento teórico, es una práctica política–, y aquellas cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres dentro de los marcos de lo existente: su 50% del infierno.

Este feminismo liberal concibe la igualdad con los hombres dentro de cada estrato social pero manteniendo la jerarquización social intacta. Y esto es así porque la entiende como igualdad formal, de oportunidades, no como igualdad real, material, de condiciones y posibilidades de vida. Por ello, las medidas que propone son políticas muy centradas en superar el «techo de cristal», pensadas para que algunas mujeres lleguen a los lugares de poder social.

De hecho, esta posición liberal coincide con lo que hasta hace poco han sido las líneas fundamentales del feminismo institucional mainstream. Como explica Susan Watkins, el enorme empuje del ciclo feminista de luchas de las décadas de 1960 y 1970 quedó institucionalizado internacionalmente en un proyecto político que consistía en incorporar a las mujeres a los estratos empresariales y profesionales del orden existente4.

El discurso del «empoderamiento» de las mujeres desde esta perspectiva liberal es, desde hace mucho tiempo, un mantra del establishment global y una línea fundamental del feminismo de las organizaciones internacionales –Organización de las Naciones Unidas (onu), Banco Mundial, etc.–. Un proyecto vinculado a las políticas oficiales de desarrollo que fomentaban el sector privado y promovían la incorporación masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo –como mano de obra barata–; o su inclusión en la economía formal mediante el emprendimiento a través de la economía de la deuda y el sistema financiero –como lo hizo el programa de promoción de microcréditos a mujeres pobres–.

Así, dice Watkins, la agenda feminista global sirvió para impulsar las nuevas doctrinas y prácticas neoliberales. Sus principales consecuencias han sido que los avances en la igualdad de género, que indudablemente se han producido a escala global, hayan ido acompañados de un aumento de la desigualdad económica y del empeoramiento de las condiciones de vida en todo el planeta, también en muchos de aquellos países incorporados al «desarrollo».

«Igualdad en el colapso» podría ser su lema. Feminismo del desborde El nuevo ciclo de movilizaciones feministas de los últimos años ha desbordado completamente la agenda de paridad liberal –o neoliberal– que había devaluado la potencia de los feminismos como movimiento social después de la ola de los años 60 y 70, según explica Raquel Gutiérrez Aguilar sobre la experiencia latinoamericana5.

Algo que también podemos aplicar a los feminismos de base europeos con un fuerte acento anticapitalista –y más presencia en el sur–. Sorprende la fuerza del feminismo latinoamericano que ha estado presente en las revueltas chilenas que han dado lugar a una Convención Constitucional; la «marea verde» que ha inundado las calles hasta conseguir el derecho al aborto en Argentina; las feministas bolivianas que se organizaron en la Asamblea de las Mujeres para frenar el golpe mientras declaraban su independencia de todo gobierno. Mientras tanto, en México, la brutalidad de los feminicidios ha desatado multitudinarias manifestaciones y disturbios protagonizados por mujeres. Estas nuevas rebeliones que han desbaratado la lógica del feminismo liberal se han levantado sobre la urgencia de las vidas perdidas, los feminicidios –#NiUnaMenos–, las violencias sexuales, pero también sobre las muertes por abortos precarios y la imposibilidad, incluso después de décadas de lucha, de decidir sobre la propia maternidad –la agenda de derechos sexuales y reproductivos–.

El desborde se ha producido, según Gutiérrez, por una renovación de las claves feministas –la ampliación de sus sujetos de lucha, sus demandas y sus debates–, donde las movilizaciones de carácter radicalmente autónomo han tenido un fuerte componente de feminismos comunitarios, decoloniales y populares. Estos feminismos renovados han sabido «superar» la cuestión sexual –o no quedar atrapados en el pánico moral y la victimización, y la posición de demandante de protección estatal que esta implica–. Es decir, han conseguido conectar la lucha contra las violencias machistas con el resto de las violencias estructurales e institucionales –de los Estados, entre ellas las policiales– y las que se derivan de ser pobres o de estar en prisión, además de aquellas producidas por la explotación de la naturaleza, el extractivismo y la explotación neocolonial de los territorios.

Las luchas feministas latinoamericanas han puesto el cuerpo en todas estas luchas que nos recuerdan cuál es la relación entre el proceso de globalización capitalista, el nuevo proceso de acumulación por desposesión y la escalada de violencia contra las mujeres, líneas feministas que vienen de autoras como Silvia Federici6 o Maria Mies. Para Mies, «el capitalismo no puede funcionar sin el patriarcado, ya que el objetivo de este sistema, es decir, el proceso de acumulación continua de capital, no puede lograrse a menos que se mantengan o se recreen las relaciones hombre-mujer» y lo justifica precisamente en la necesidad que este proceso tiene del trabajo de cuidados no remunerado7, es decir, de la reproducción gratuita o semigratuita de la mano de obra.

De esta reflexión que hace la economía feminista sobre el trabajo proviene la aportación política más potente y con mayor capacidad de devolver su sentido a la palabra democracia: la de reorganizar la sociedad a partir de la preservación y la defensa de la vida –vidas vividas en condiciones, vidas que se abren a la potencia del ser y no de la acumulación de beneficios–. Muchas de las luchas más importantes de la época tienen una vertiente reproductiva: por el derecho a la salud o la educación, a la vivienda y otros servicios públicos, por la seguridad alimentaria, contra la contaminación provocada por el agronegocio, contra el cambio climático, por un cuidado digno en la vejez y buenas condiciones para el trabajo doméstico o por la renta básica universal… El feminismo de los últimos años las encarna, las atraviesa o se compone con ellas.

Armar alianzas de iguales

La tarea de organizar la fuerza colectiva que encarne ese proyecto solo puede partir de feminismos que no funcionen como identidad, sino que sumen a los hombres y a las personas que no encajen en este esquema binario en la lucha contra el sexismo y en la reivindicación de una democracia de iguales: un proyecto de cambio que se construya colectivamente y de forma antiautoritaria.

Para hacer esto, se han tejido alianzas prácticas en conflictos concretos. Precisamente, una de las virtudes del feminismo latinoamericano, dice Gutiérrez Aguilar, es que está teniendo capacidad para conectar las luchas, por ejemplo, entre el movimiento indígena y el movimiento feminista. Según Verónica Gago, «hoy una revuelta, un paro, una ocupación popular, indígena, comunitaria, al mismo tiempo tiene en su interior perspectiva feminista»8. Lo mismo sucede en Europa, donde las alianzas más prometedoras son aquellas en las que el feminismo se compone con la movilización de las personas migrantes o racializadas en su lucha contra las leyes de extranjería, contra el racismo o por los derechos laborales de los sectores donde abunda esta mano de obra y se dan condiciones de hiperexplotación: trabajadoras domésticas, sector agrícola, trabajo sexual, etc… Un nuevo sindicalismo feminista está naciendo.

En Estados Unidos, el feminismo también ha tenido un papel destacado en las movilizaciones más importantes que se han producido en este país desde la década de 1970: las de Black Lives Matter [Las vidas negras importan], que han puesto el foco en las violencias institucionales racistas y sexistas desde una perspectiva antipunitiva. No en vano en este movimiento ha estado muy presente la demanda de abolir las prisiones y «desfinanciar» a la policía para, en su lugar, llevar educación y servicios a los barrios pobres de mayoría afroestadounidense.

Desde allí nos llegan ejemplos de movilizaciones que trascienden los debates abstractos o mediáticos sobre el «sujeto del feminismo» y generan alianzas prácticas como las que se produjeron en Nueva York o Hollywood, donde miles de personas marcharon bajo el lema «Las vidas trans negras importan». La capacidad del feminismo para «hacer democracia» radica pues en la posibilidad de tejer frentes amplios, en la posibilidad de manifestarse y atravesar los conflictos concretos que muchas veces no se identifican como luchas «de mujeres», sino «de todos». Por ejemplo, en algunos lugares donde las opciones de extrema derecha han llegado al poder –Brasil, Polonia, etc.–, las manifestaciones feministas y el propio movimiento han sido percibidos como un lugar fundamental, a veces el principal, de oposición a los gobiernos ultras.

En Polonia, por ejemplo, en las manifestaciones por la defensa del derecho al aborto llegaron a movilizarse sectores sociales de todo tipo: transportistas, taxistas, en defensa de la libertad de prensa, etc… Además, la plataforma feminista polaca All-Poland Women’s Strike [Huelga de mujeres de toda Polonia] amplió sus demandas más allá de las reivindicaciones lgtbi+ y de las mujeres y acabó incluyendo otros reclamos: derechos laborales, separación entre Iglesia y Estado e independencia total del Poder Legislativo, como explica Magda Grabowska9.

En todas partes, las luchas feministas con capacidad de ampliar la democracia están junto a todos aquellos y aquellas que defienden las libertades conquistadas que nos permiten dar batalla con más capacidad.

¿Una nueva fase de institucionalización?

El feminismo se está articulando con otras luchas alrededor del mundo y forma parte de un impulso democratizador que pone en el centro la cuestión de la igualdad. Sin embargo, en muchos países, sobre todo aquellos que han atravesado con más intensidad las revueltas de valores del 68, se ha convertido también en un amplio consenso que forma parte del sistema que se quiere cuestionar. Hoy probablemente nos estemos enfrentando a un nuevo proceso de institucionalización de la actual ola feminista que avanza con intensidades diferentes según las regiones.

Las grandes movilizaciones de los últimos años han aumentado en gran medida el capital político de mostrarse públicamente como feminista –y no solo para la izquierda, aunque sí en especial–. Presidentas del Fondo Monetario Internacional (fmi) o de grandes bancos se han declarado feministas e incluso algunas líderes de partidos de extrema derecha europeos10. Evidentemente, esto no sucede en todas partes, en muchos países hay guerras muy virulentas en marcha y mostrarse como feminista tiene costos políticos y vitales importantes. Sin embargo, en otros, el feminismo –liberal– distingue y «tiene premio» dentro del juego de los discursos políticos de la democracia representativa.

En países europeos como España, este feminismo se ha convertido en ideología «oficial» –parte del mainstream– y por ello las extremas derechas pueden presentarse como «antisistema» cuando lo confrontan. Con estas dificultades se encuentra el feminismo de base: los ataques de los fundamentalismos cristianos y las extremas derechas y el hecho de que sea fuente de legitimidad y distinción para la izquierda –y buena parte de la derecha–. El feminismo institucional –más allá de las políticas públicas más tradicionales– se identifica de manera abrumadora con la cuestión de la paridad.

Este es el discurso de la presencia de mujeres en posiciones de poder, o en posiciones de prestigio social –nadie demanda paridad en los campos italianos o españoles donde se hiperexplota a inmigrantes, ni en el sector de la construcción sino, como mucho, igualdad de salario y de derechos–. Se sobreentiende falsamente que más mujeres implica más políticas feministas.

La pregunta es: ¿qué cambia esta presencia de mujeres en lugares de poder, más allá de las cuestiones simbólicas? ¿A quiénes representan estas mujeres que llegan, si no a las de su propia clase? Desde los feminismos de base respondemos que el poder que necesitamos no es el poder de «representar» a las mujeres en los escalones más altos de la estructura social, sino el que emana de los proyectos colectivos, la única posibilidad real de mejorar la vida de todas las mujeres, sobre todo de las que están más abajo. Como decíamos, el feminismo puede ser un discurso que distingue, que permite la integración de determinadas mujeres en los circuitos del poder con mayúsculas –ya sean socialdemócratas o neoliberales–. El problema al que nos enfrentamos aquí es el de la representación: determinadas mujeres se convierten en supuestas mediadoras entre el movimiento y las instituciones, y por tanto, en «traductoras» en políticas públicas de la enorme potencia desplegada por los movimientos de base. De ahí también la obsesión por el «sujeto» del feminismo –quién puede formar parte y quién no, sobre todo en referencia a la discusión sobre la inclusión de las personas trans–. Muchas de las que se erigen en vigilantes de las fronteras del feminismo son aquellas que pretenden representar a «las mujeres» en estas instancias estatales. Así ha sucedido por ejemplo en España. Para este feminismo oficial, desestabilizar la categoría «mujer» pone en peligro las políticas de afirmación positiva o de protección de las mujeres –entendidas en gran medida como víctimas–. Este feminismo transexcluyente asegura luchar contra el género pero en realidad lo reafirma, porque lo ha convertido en eje de sus demandas de inserción en las políticas estatales.

Profundizando un poco, descubrimos los hilos que permiten entender este debate como destinado en gran medida a confrontar a ese feminismo de base de carácter más transformador, que ha sido mayoritario en el impulso de las movilizaciones de esta última ola y mucho más cercano al «transfeminismo». Es decir, a un feminismo que identifica las luchas lgtbi+ como propias, que es inclusivo con las personas trans –y las trabajadoras sexuales– y para el que son centrales las alianzas con otros movimientos por la transformación social. Aquí nos enfrentamos otra vez con el significado profundo de la democracia. Según Gutiérrez Aguilar, el problema con la concepción liberal de la política no es la representación en sí, sino cómo esta se organiza a partir de mecanismos delegativos que separan a los gobernantes de los gobernados.

Esta delegación ha reforzado el gobierno neoliberal del mundo a través de una democracia que, como hemos dicho, cada vez más se identifica con su forma procedimental, que está estructurada a través de partidos y ultrarreglamentada, «en la cual la representación va a ser siempre una representación en ausencia, donde los representados están ausentes y están callados»12. Para esta pensadora mexicana, precisamente una «política en femenino» es una política no estadocéntrica, en tanto lo que busca es la «producción de lo común», identificada con la reproducción en conjunto de la propia vida.

El marco es esta impugnación de la política liberal que sitúa a los individuos solos y aislados frente al Estado, mientras que la política de lo común se establece a partir de la construcción de un «nosotras» colectivo que se gesta en los lugares de encuentro, en el hacer juntas13. Profundizar la democracia desde el feminismo supone pues la existencia de movimientos y movilizaciones autónomas. Formas de componernos que no ignoren la importancia del Estado, sino que establezcan y afirmen la posibilidad de que haya política más allá de él. No implica desconocer los derechos alcanzados, ni dejar de pensar en cómo usar nuestra fuerza para conseguir otros, sino afirmar que los derechos inscritos en el Estado son totalmente insuficientes para nosotras –e incluso que pueden debilitar los componentes emancipatorios de las luchas–.

Esto sucede por ejemplo en un tema esencial para el feminismo: el de recuperar la autonomía corporal frente a las agresiones. No queremos ser reducidas a víctimas necesitadas de protección estatal, y de hecho, no todos los cuerpos feminizados pueden recibir esta protección –para muchos de ellos el Estado no solo no protege, sino que es una de las principales fuentes de la violencia y opresión que sufren, ya sean migrantes sin papeles, prostitutas o trans–. A veces parece que olvidamos que el Estado sigue siendo una máquina de dominación y que los derechos convergen siempre con poderes de estratificación social y líneas de demarcación social en modos que a veces amplían y otras veces atenúan esas mismas dominaciones y fronteras sociales. Volviendo a Wendy Brown, no hay que olvidar que los derechos surgieron como un medio de protección frente a los abusos arbitrarios del soberano y del poder social; pero también como un modo de asegurar y naturalizar los poderes dominantes de clase, género, etc.14.

Aunque los discursos se han transformado profundamente desde el feminismo de la década de 1970 –que todavía hablaba el lenguaje de la liberación y que acompañaba la oleada revolucionaria del 68– y hoy se codifican cada vez más las demandas de los movimientos en términos de derechos, el horizonte sigue siendo la emancipación de todo poder, no la protección estatal. La verdadera democracia se realiza en la exigencia de compartir ese poder, no en regularlo para protegerse, recuerda Brown. Es en las luchas por la vida, en los espacios de autonomía de lo social, donde podemos reconocer otras formas de política no liberales –de democracia directa–, ya sean indígenas, feministas, del sindicalismo social, por los bienes comunes, espacios de apoyo mutuo, cooperativas u organizaciones políticas de base. Es decir, que no están organizadas a través de mecanismos de delegación. Un movimiento de base fuerte tiene además la capacidad de reconstruir la ruptura del lazo social impulsada por el neoliberalismo que, como decíamos, ha posibilitado el arraigo de las ideas posfascistas.

La organización por abajo, la que hace continuamente la democracia, es la mejor barrera para frenar su avance. Por tanto, no necesitamos que hablen por nosotras y no todas las revueltas son traducibles en términos legislativos, sino que sus experiencias producen experiencias «no representables»: espacios de autosostenimiento de la vida que generan alternativas sin esperar la sanción estatal; espacios y prácticas que abren caminos posibles para imaginar y llevar a cabo salidas a la crisis ecológica o social; lugares donde elaborar sentidos y lenguajes comunes necesarios para transformar la sociedad y la cultura.

En las luchas feministas de los últimos tiempos, vislumbramos esta exigencia de ir más allá de la democracia representativa, de hacerla «real». //ELF

¿Gobierno feminista?

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EDITORIAL

En días anteriores se dio a inicio al nuevo proceso para dotar a Chile de una nueva constitución que deje atrás la Constitución de 1980, lo anterior mediante la instauración del denominado Comité de Expertos. Esta comisión experta formada por 24 integrantes, 12 elegidos por la Cámara de Diputados y en mismo número por el Senado.

Tiene bajo sus hombros la responsabilidad de la redacción de un anteproyecto base para la nueva Constitución. Cargando además el estigma de no haber sido electos por la ciudadanía, sino por las fuerzas políticas de representación parlamentaria. Sin embargo, algo que al parecer llegó para quedarse, es que su conformación es absolutamente paritaria, cuestión que por lo menos instala un desde para futuras construcciones organizacionales.

Esto nos invita a mirar las duras cifras a propósito de la conmemoración del 8 de marzo, donde la brecha salarial en desmedro de las mujeres se calcula en un 20% según la OCDE y donde en Chile tenemos una inserción laboral de mujeres de 24, 6 puntos menos que los hombres.

Sobre las mujeres recaen además las labores de cuidado en su gran mayoría, cuidado doméstico cuya compensación fue derrotada, como sueño, el pasado 4 de septiembre. Ni que hablar del derecho a sala cuna que solo es efectivo para aquellas empresas que tengan más de veinte trabajadoras, generando un incentivo perverso a la hora de contratar.

Sumándole a lo anterior, que según el banco mundial somos uno de los países con peor desempeño en el índice de equidad de género, estando en el lugar 96 de 196 países muy lejos de países OCDE. En este mes, donde el gobierno pretende construir un nuevo relato, según medios de prensa tradicionales, donde se supone se materializará a través de la conformación de un nuevo gabinete que genere un nuevo impulso, reestableciendo equilibrios políticos de sus dos alianzas bases y que pretende poner el acento en la gestión, en el establecimiento de objetivos que se cumplan. Cosa que no es más que gobernar.

En este contexto ¿qué es un gobierno feminista? A un año de su mandato todavía no solo cuesta verlo, sino también entenderlo. Una fecha como el 8 de marzo nos invita a pensar y hacer comunitariamente esta reflexión. //ELF

La “nueva” política exterior de Boric

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Por: Felipe Garrido

Profesor y licenciado de Historia, mención en Ciencia Política. Magíster en Relaciones Internacionales. Docente PUCV y Consultor

El actual Gobierno del presidente de Chile Gabriel Boric supone un conjunto de ideas para la Política Exterior, que, a un año de asumir el cargo, son posibles de evaluar.

La nueva política exterior.

El gobierno de Gabriel Boric en Chile es un caso relevante para estudiar las características del giro a la izquierda de Latinoamérica.

Una de las áreas claves para evaluar el peso de las ideas del gobierno chileno es su política exterior, porque según ellos mismos habría una nueva etapa en relación con los gobiernos chilenos de las últimas décadas.

Buena parte de ideas para la “nueva” política exterior se concentran en el libro “Nuevas voces de política exterior. Chile y el mundo en la era post-consensual”. Aquí se profundizan conceptos como la política exterior turquesa (ambiental), una política comercial con desarrollo inclusivo, política migratoria flexible, reafirmar la vigencia del multilateralismo, mayor compromiso con los derechos humanos, una política exterior feminista y plurinacional, abrir más espacios de paradiplomacia y una política exterior de cooperación, con énfasis en América Latina.

A un año de asumir el gobierno ¿cómo se ha reflejado esta nueva política exterior? Esta columna sintetiza aspectos positivos como el cumplimiento de algunas promesas de campaña y la continuidad en materias claves, pero también otros negativos como la falta de poder, desprolijidad y amateurismo en ciertas materias.

Algunas promesas cumplidas en materia ambiental

En marzo del 2022 fue suscrito por Chile el Acuerdo de Escazú, que se encontraba en vigor internacionalmente desde un año antes, pero que tenía pendiente el visto bueno del ejecutivo para integrar a Chile.

Posteriormente, en junio, el presidente encabezó el lanzamiento de la coalición “Américas por la protección del océano” que tiene por objetivo generar espacios de colaboración, cooperación y coordinación entre los países de América del Pacifico, para enfrentar de manera conjunta las amenazas que afectan al océano y asegurar su cuidado.

Ambos hitos van en línea con la política exterior turquesa, es decir, el paradigma de desarrollo que plantea una mirada ambiental progresista, con políticas para el cuidado de la tierra y océanos.

En el mismo sentido tenemos que destacar el rechazo que realizó el Comité de ministros del presidente Gabriel Boric, al proyecto minero-portuario Dominga, que comprometería un importante daño a la flora y fauna del sector, algo que no se atrevió a hacer el gobierno anterior de Sebastián Piñera.

Continuidad en asuntos claves

En diciembre del año recién pasado se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre el río Silala, asunto que enfrentaba a Chile y Bolivia, y en el que se le dio la razón a la postura chilena, lo que es tomado como un triunfo.

El gobierno de Boric mantuvo el trabajo desarrollado en años anteriores, velando por la certeza jurídica, uno de los pilares de la política exterior chilena tradicionalmente.

Se mantiene la misma estrategia con respecto a los límites de la plataforma continental, que enfrenta intereses chilenos y argentinos.

En posicionamiento multilateral, Chile fue elegido por la Asamblea General de Naciones Unidas como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional, correspondiente al Grupo de América y el Caribe, para el período 2023-2025, siendo la votación más alta de la región.

En general estos aspectos positivos o logros del gobierno provienen de procesos anteriores que el actual gobierno supo administrar correctamente.

Debilidad política

Tanto en su etapa de diputado como en la campaña presidencial, Boric votó en contra del acuerdo traspacífico (TPP11), debido a que implicaría dificultades para un desarrollo autónomo de Chile, por ejemplo, en el área industrial. Postura que comparte con otros líderes latinoamericanos de su sector.

Recodemos que uno de los pilares de la “nueva” política exterior es la política comercial con desarrollo inclusivo, lo que atribuye un rol más presente al Estado. Por este motivo su aprobación se retrasó más de lo debido.

Sucede algo parecido con el acuerdo de modernización con la Unión Europea, con quien se decidió actualizar su acuerdo de asociación del 2002. Las negociaciones técnicas del nuevo acuerdo concluyeron en noviembre del 2021, pero debía ser ratificado por el presidente.

Al igual que con el TPP11, esto fue demorado, porque el Gobierno decidió revisar algunos aspectos técnicos que amenazarían la autonomía del país, lo que generó molestia en Europa.

Pese a que ambos tratados fueron ratificados, lo criticable en estos casos no es que el gobierno defienda intereses nacionales propios, sino que se evidencia una predisposición hostil hacia los acuerdos de carácter comercial, marcando su sello ideológico.

La razón por la que estos acuerdos salieron adelante no es la voluntad del gobierno, sino la falta de poder y de respaldo incluso al interior de la coalición de gobierno.

Desprolijidad y amateurismo

A finales de marzo, la entonces ministra del Interior validó la existencia del “territorio de la nación mapuche” o wallmapu, lo que compromete una extensa zona de Argentina, generando una polémica gratuita con dicho país.

Luego, en septiembre, el presidente Boric decidió no aceptar al embajador de Israel en el Palacio de La Moneda, debido al accionar del Ejército israelí en Gaza, donde un joven de 17 años perdió la vida en Cisjordania a raíz de una operación militar. El Ministerio de Exteriores israelí reaccionó señalando que “Israel ve con gravedad el comportamiento desconcertante y sin precedentes de Chile”, que “perjudica seriamente las relaciones entre países”.

En estas situaciones se evidencia la improvisación y la ansiedad por mostrarse ante su electorado como un gobierno más progresista que los anteriores, pero dañando las relaciones internacionales.

En la Cumbre de las Américas desarrollada en junio del 2022, el presidente Boric criticó la ausencia de Estados Unidos en la cita, aun cuando el exsecretario de Estado John Kerry, estaba sentado a pocos metros de él.

La designación de embajadores también fue polémica, en particular la de España y Reino Unido, porque no se reconoce en ellas ninguna explicación más allá de la amistad que poseen con el presidente. Estas designaciones no se condicen con la promesa de otorgar más espacio a los diplomáticos de carrera y con mérito profesional.

Por último, tras el rechazo al proyecto Dominga, se generó otra desprolijidad, porque desde Argentina especulaban con la aprobación del proyecto para el cruce cordillerano Agua Negra. El embajador argentino manifestó la molestia de Argentina porque no se les avisó, como se habría comprometido Chile.

Aunque lo más bochornoso fue la filtración de audios donde se discutía una respuesta oficial al embajador, exponiendo las diferencias internas del gobierno, y evidenciando falta de seguridad.

Balance

El gobierno tiene hitos que mostrar, que contribuyen al cumplimiento de sus promesas de campaña en materia internacional, sin embargo, la mayoría de los asuntos importantes, no destacan por una “nueva” política exterior, ni por una transformación sustantiva que marque diferencias con los gobiernos anteriores.

En cambio, hemos visto una continuidad casi involuntaria, accidental, con demoras y trabas autoimpuestas, al menos en muchas de las materias abordadas.

La tarea internacional del gobierno es compleja si analizamos el contexto de crisis global, con un sistema internacional en transformación, pero al menos debe ser capaz de ordenarse internamente y cohesionar posiciones para no contradecirse en el ejercicio, y así proyectar mayor seguridad.

Para eso deben asumir que lo que funciona hasta ahora es una política exterior “no tan nueva”, y no sentir vergüenza de eso. //ELF

La invasión a Ucrania y las alineaciones internacionales

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Por Gonzalo Martner

Académico de la Universidad de Santiago y miembro de la Fundación Chile 21

Al condenar el intervencionismo norteamericano en América Latina, incluyendo el golpe de Estado de 1973 en Chile, así como el bloqueo por décadas a Cuba y desde 2019 a Venezuela, hay quienes creen que su deber es, además, apoyar todo lo que se oponga a Estados Unidos. La animadversión antinorteamericana, emocionalmente comprensible para todo chileno de izquierda, no debe llevar a desvaríos sin sentido, como la condescendencia con el actual arco de alianzas de la autocracia neoimperial rusa, incluyendo a las teocracias de Irán y Afganistán. Hay quienes incluso se suman a Vladimir Putin en su crítica cultural global a los países occidentales, olvidando que tanto la democracia como el socialismo y el progresismo son creaciones sociales e intelectuales que provienen de esos países. Para algunos prevalece el “cualquier cosa menos Estados Unidos” y su consecuencia mecánica: alinearse con los Maduros, Ortegas, Putines y Ayatolas de este mundo.

Aclaro que comparto la visión de quienes se han opuesto desde siempre a las políticas imperiales norteamericanas, incluyendo la que Estados Unidos ha mantenido desde la doctrina Monroe y el corolario Roosevelt hacia América Latina, que le llevó a emprender múltiples invasiones y a destrozar democracias como la chilena. Pero esta visión no es ni “anti” ni “pro” norteamericana per se, sino que juzga los temas internacionales caso a caso desde la no alineación y se orienta por la Carta de las Naciones Unidas, la voluntad de preservación de la paz entre las naciones, de la dignidad de la vida y el respeto por la autodeterminación de los pueblos.

Resulta, entonces, totalmente incongruente desde esa perspectiva apoyar a Vladímir Putin en su invasión a Ucrania hace un año. Se trata de un líder reaccionario, aliado a los grupos de oligarcas que dominan la economía, que reivindica a los zares y la Gran Rusia imperial y que ahora ha invadido un territorio como Ucrania que considera propio, a pesar de que Rusia reconoció expresamente su independencia y sus fronteras al firmar los tratados de 1994 y 1997.

El reproche antinorteamericano y antieuropeo en este caso es que el colapso interno de la Unión Soviética en 1991 indujo presiones occidentales ilegítimas sobre naciones que recuperaron su independencia, como los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, y sobre otras que dejaron de ser tuteladas por la URSS, como Polonia, Hungría, Bulgaria, Chequia y Eslovaquia, Rumania y diversas nuevas naciones de los Balcanes, que se sumaron en los años siguientes a la alianza atlántica compuesta por Europa Occidental y Estados Unidos, fraguada en la guerra fría contra la URSS. Pero esos países lo hicieron en uso de su soberanía recuperada y luego del pronunciamiento democrático de sus pueblos, sin mediar invasiones ni nada semejante.

No obstante, uno de los componentes no formales del nuevo equilibrio era que la presencia militar de la OTAN no debía extenderse a Ucrania ni a Bielorrusia, por su cercanía geográfica con la nueva Federación Rusa, a pesar de que ambos países fueron fundadores de Naciones Unidas como Estados independientes (aunque en la práctica no soberanos). La contrapartida del reconocimiento ruso de la soberanía ucraniana, incluyendo la península de Crimea, fue el retiro de los arsenales nucleares (un tercio de los existentes entonces en el mundo). Bielorrusia ha mantenido un régimen autoritario prorruso, pero Ucrania se inclinó al cabo del tiempo por buscar integrarse a la Unión Europea, lo que esta entidad demoró, hasta hace poco tiempo, para mantener una perspectiva de entendimiento paneuropeo con Moscú, mientras Alemania desarrolló una completa dependencia del gas ruso y múltiples relaciones económicas con Rusia, hoy puestas en cuestión por la invasión a Ucrania. La OTAN, en todo caso, no consideró ni considera hoy la inclusión de Ucrania en esa alianza militar para preservar un eventual entendimiento futuro con Rusia.

Ucrania vivió una crisis política en 2014 y una represión sangrienta de las manifestaciones populares proeuropeas, que culminó con la fuga no muy digna a Moscú del presidente prorruso, con una rápida normalización posterior de la democracia ucraniana en medio de una guerra interna con las provincias separatistas del este del país apoyadas por Rusia, hoy anexadas por la fuerza. Putin considera que nada de esto es expresión de una voluntad popular que se ha inclinado soberanamente hacia la pertenencia a Europa, sino un golpe de Estado promovido por los servicios secretos occidentales. Y decidió que iba a considerar a Ucrania en su conjunto, y no solo el este, como territorio histórico ruso a ser reconquistado y anexado progresivamente mediante el uso de la fuerza, desconociendo los tratados firmados después del fin de la Unión Soviética.

Esto no solo pone a Rusia contra el derecho internacional, y ha llevado a Finlandia y a Suecia a abandonar su neutralidad para incorporarse a la OTAN, fortaleciéndola, sino que vuelve a poner la guerra en Europa como método de resolución de las ancestrales y sangrientas disputas territoriales. A la vez, afianza la alianza entre Estados Unidos y Europa y liga el destino de Rusia a China, de la que pasará a depender en muchas dimensiones, empezando por la venta de su petróleo y gas. El sentido estratégico de este enfoque para Rusia es al menos discutible.

Putin divide ahora, además, al mundo en dos: “el de los valores tradicionales y el de los valores neoliberales”, en su búsqueda de alianzas con Irán y Turquía. Califica a la cultura occidental como “depravada” y rechaza el matrimonio igualitario y los colectivos LGTBI, que tienen en Rusia la prohibición legal de expresarse. En su último discurso a la nación, Putin ha llegado a decir: “Mirad lo que están haciendo con sus propios pueblos. La destrucción de la familia y de la identidad cultural y nacional. La perversión, el abuso de los niños, incluso la pedofilia, son norma, norma de vida. Y los sacerdotes son obligados a bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo”. Rara vez se escuchan discursos tan reaccionarios en un jefe de Estado.

Los de la izquierda prorrusa contestan con el antiguo expediente de desplazar el argumento: más allá de Putin, lo que pasa es que Zelenski es un “neonazi” y por eso se justifica que Ucrania sea invadida. Esto es ridículamente falso, tratándose de un presidente emanado de elecciones libres, ruso parlante y proeuropeo, con un parlamento pluripartidista que lo controla, incluyendo partidos prorrusos. Es además un judío con parte de su familia exterminada en el Holocausto y cuyo abuelo fue un coronel del Ejército Rojo que luchó contra los nazis, al que Zelenski rindió homenaje como primer acto de gobernante. Y si lo fuera, lo que manifiestamente no es el caso, no se puede considerar como una causal para invadir a otro país y anexar partes de su territorio. Hoy Italia es gobernada por una mujer de ideología neofascista, pero eso no quiere decir que entonces ese país deba ser invadido.

Más vale usar un cierto método para orientarse en estos asuntos: estar siempre más cerca de los gobiernos democráticos, por imperfectos que sean, antes que de las dictaduras, como sea que se autodenominen, pues las dictaduras terminan invariablemente con la dominación ilegítima de una minoría sobre sus pueblos. Se puede admitir casos en que los países deban defenderse de agresiones y restringir algunas libertades temporalmente. Y también que es muy problemático que en diversas democracias gobiernen establemente sendas plutocracias capitalistas, como es en buena medida el caso de Estados Unidos, con una frecuente lógica de expansionismo económico agresivo.

Pero esas democracias incluyen una dinámica que, al elegir a los gobernantes de manera competitiva, logra límites a la sola búsqueda de hegemonía (la descolonización europea, los acuerdos de desarme nuclear, la normalización de Estados Unidos con China o el reciente intento de distensión de Obama con Cuba son ejemplos, aunque nunca exentos de consideraciones estratégicas). E internamente permiten mantener la separación de poderes para una cierta garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía, ir avanzando en la paridad de género, el respeto a las minorías, a las diversidades humanas y a las diferentes culturas, junto a dotar de sistemas de protección a los que viven de su trabajo.

Más cercanas aún se pueden considerar las democracias que han construido Estados de bienestar y mecanismos de redistribución de los ingresos y la riqueza, es decir, socializan aspectos de la vida en común para un mayor bienestar de la mayoría social. Y todavía mejor si avanzan ahora a la preservación de la naturaleza y la lucha contra el desorden climático, lo que no es el caso de Rusia y lo es de manera insuficiente en el de China. Esa es una escala de simpatías internacionales que podría ser digna de utilizarse.

Mencionemos, además, que ser parte de una nación independiente conlleva el derecho a no subordinarse a ninguna otra nación en particular, lo que se traduce en la idea de la no alineación como fundamento de la política exterior. No obstante, esta debe ser activa en la defensa de principios universales. Si bien cultivar las raíces propias tiene sentido, lo que lleva a propiciar en nuestro caso la cooperación latinoamericana, la condición humana y la defensa de su dignidad son, más allá de fronteras, de carácter universal.

En La Fontana, nuestro editorial

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EDITORIAL 

Comienza marzo y los desafíos en torno a una nueva Constitución se hacen complejos. Atrás quedó la discusión más bien procedimental y nos aproximamos – esperamos- a adentrarnos al fondo del tema que se haga cargo de nuestro pasado y que fundamentalmente ofrezca un nuevo futuro a las próximas generaciones.  

Desde ya, en términos de forma se ve casi imposible la participación a través de integrantes de los pueblos originarios y observamos con expectativas cómo se acercarán los consejeros, electos y expertos, a temas tan trascendentales como lo es, por ejemplo, el Estado Social del Derecho o el reconocimiento constitucional de las primeras naciones, por solo nombrar un par de temas.

Sinceramente, estamos enfocados en las discusiones que surjan en torno a la Nueva Constitución. Y eso le ofrecemos al país, más informar solo sobre los temas coyunturales de la política del día a día. Entendemos lo difícil de separar ambos mundos, pero, a través de “En la Fontana”, nuestros esfuerzos serán poner el acento en lo importante, más que en lo urgente. Para eso, existirán otros que se preocupen del diario acontecer. 

Desde ya, nuestras puertas están abiertas para todo quien quiera colaborar en el debate de este proceso del cual nuevamente somos protagonistas. Este próximo 8 de marzo se inicia el período de propaganda electoral para concluir el día 7 de mayo con la elección del Consejo. En estos meses trataremos de colaborar desde nuestro espacio en relevar los grandes temas y propuestas para la construcción de las bases de un nuevo Chile.

Esperamos poder llegar a muchos candidatos y candidatas, conocer sus propuestas, sus planteamientos y saber de sus propias bocas, cuáles son sus compromisos para el futuro. Hasta el momento solo sabemos de eslóganes y propuestas comunicacionales. Como medio independiente, esperamos colaborar a esta gran discusión y otorgar, como siempre, los espacios necesarios para quienes no los encuentren en los medios tradicionales de comunicación.

Ese es nuestro compromiso. //ELF

Recambio generacional y antielitismo

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Fuente: Columna aparecida en Nuso.org

https://nuso.org/articulo/303-recambio-generacional-antielitismo-chile/

Para entender lo que ha ocurrido en la política chilena en los últimos tiempos, vale la pena detenerse en el trayecto de las luchas generacionales entrecruzadas que tuvieron un momento crucial en 2011. Esas dinámicas explican el proceso de renovación política e ideológica, pero también las tensiones que atraviesa la actual experiencia transformadora.

Recambio generacional y antielitismo Las tensiones del cambio en Chile

Cuando Gabriel Boric fue elegido, las expectativas ante su futuro mandato eran altísimas. No solo asumía como el presidente más joven de la historia chilena, sino que, a los 36 años, se convertiría en el presidente más joven en ejercicio en el mundo. La fascinación por el nuevo presidente millennial se expresó en varios medios internacionales. No obstante, junto con las grandes expectativas, el nuevo gobierno se enfrentaba a enormes desafíos. Boric asumió en medio de un proceso constituyente que buscaba dotar al país de nuevas reglas de convivencia luego de que un estallido social en 2019 pareciera demoler las bases de los acuerdos de la transición posdictadura. La victoria de Boric en la contienda electoral no fue fácil. De hecho, aunque en la segunda vuelta alcanzó una contundente victoria con más de 10 puntos de diferencia y un número histórico de votos absolutos, en la primera ronda el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, había alcanzado la mayoría relativa con casi 28% de los votos. Es más, Boric se convertiría en el presidente electo con menos votos en la primera vuelta (25,8%). Es decir, para llegar al récord de votos que obtuvo en el balotaje dependió de muchos votos «prestados», que no lo habían elegido como su primera opción. El desafío que significaba consolidar la coalición de segunda vuelta, en el contexto de un reflujo de los ánimos refundacionales que liberó el estallido social, era una barrera que el nuevo presidente tendría que saber sortear. Su juventud, que jugó un rol importante en su trayectoria hacia la Moneda, no sería suficiente.

Apenas cumplido un año desde las elecciones, el ex-líder estudiantil ya se ha ganado varios reconocimientos internacionales, incluida la portada de la revista Time y su inclusión entre las 50 personalidades más importantes en una lista elaborada por Bloomberg. Ese año se vio marcado por el rechazo abrumador en las urnas a la propuesta constitucional nacida de una asamblea paritaria, con representación de pueblos originarios y mayorías progresistas. La derrota del nuevo texto, que debía dejar atrás el aprobado durante la dictadura, constituyó un duro golpe para la izquierda chilena en su conjunto. Ese primer año en el sillón presidencial significó el fin del discurso de «joven promesa» y puso al presidente ante las dificultades y oportunidades de gobernar, independientemente de su edad. «Nos dimos cuenta de que otra cosa es con guitarra», sintetizó el propio mandatario para describir las dificultades de pasar de las críticas desde la oposición a asumir el mando del Estado, con los conflictos sociales y políticos que incluyen la violencia en la confrontación chileno-mapuche en la Araucanía1.

Para entender lo que ha ocurrido en la política chilena este último año, valdría la pena detenerse en el trayecto de dos luchas generacionales entrecruzadas pero diferentes. Se trata de dos luchas cuyo sentido ha mutado, así como su grado de sintonía. En primer lugar, nos referimos a los cambios en la sociedad chilena, marcados por la emergencia de una nueva clase media y por el acceso de las nuevas generaciones a la educación superior, pero no a la calidad de vida prometida; en segundo lugar, a un recambio generacional en el nivel de la elite política en la disputa entre nuevas fuerzas y la tradicional coalición de centroizquierda, que lideró el proceso de transición democrática desde la década de 1990. Este recambio se puede ver no solo en la Presidencia de la República, sino también en una multiplicidad de alcaldías hoy gobernadas por varones y mujeres menores de 35 años, incluida la comuna de Santiago Centro, en manos de la alcaldesa comunista Irací Hassler, de 32 años.

La historia de dos luchas generacionales

El pensador comunista italiano Antonio Gramsci se refirió en sus textos a las «cuestiones de los jóvenes» –en plural– y vinculó la cuestión generacional a las de clase. Gramsci se refirió a la relación pedagógica entre «jóvenes» y «viejos», la cual, más allá de los inevitables conflictos y discordias generacionales, siempre estará, en última instancia, alineada con las condiciones estructurales de clase. Es decir, la problemática de los jóvenes y las diferencias generacionales no sería lo central de las disputas políticas y sociales del momento y es, necesariamente, superficial y pasajera, «a menos que se trate de interferencias de clase, es decir, que los ‘jóvenes’ (o una parte sustancial de ellos) de la clase dirigente (entendida en el sentido más amplio, no solo económico, sino también político-moral) se rebelen y pasen a la clase progresiva [la clase trabajadora]». También se refiere a contextos de «rebelión permanente» en los que la estructura no puede satisfacer las nuevas exigencias y esto resulta en el «paro permanente o semipermanente de los llamados intelectuales». Es más, Gramsci afirma que una situación como esta –crisis de las viejas estructuras sin el nacimiento de otras nuevas– deja a los jóvenes sin «horizontes abiertos» y va agravando los problemas que es incapaz de resolver.

Es cierto que hoy las discusiones son formuladas con otros lenguajes y que la idea gramsciana respecto del rol dirigente de la clase obrera ha perdido peso en el pensamiento crítico. No obstante, podemos sostener que, en el caso chileno, la advertencia de que un debate atrapado en las disputas generacionales corre el riesgo de intoxicarse y distraer de las cuestiones centrales del momento político y social resuena con fuerza. La cuestión de los jóvenes y de las generaciones es inevitable y, en su justa medida, ayuda al progreso del cambio de la sociedad. Sin embargo, tan importante como reconocer el valor de esta cuestión es saber superarla y no quedar atrapados por sus múltiples formas, incluido el misticismo de una supuesta «juventud dorada».

Las tensiones generacionales no son nuevas en la política. Incluso se podría plantear que constituyen una parte inherente de los procesos de renovación y reemplazo mediante los cuales las sociedades avanzan en sus discusiones políticas y sociales. Pero hay un momento en la historia chilena reciente en el que la cuestión generacional y de los jóvenes pasó a la primera línea: el del auge del movimiento estudiantil de 2011. Ese año, lideradas por los estudiantes universitarios, cientos de miles de personas salieron a las calles reclamando por los altos costos de la matrícula universitaria y el endeudamiento y, de forma germinal, expresando su malestar por una promesa de progreso e integración que, en el mejor de los casos, se había cumplido solo parcialmente.

Estos jóvenes universitarios, en realidad, expresaban a dos actores políticos distintos, aunque aliados. Como explica el sociólogo Manuel Canales: «No fue uno, sino que fueron dos los actores sociales que convergieron en el 2011. Fue una alianza de clases, sí, entre el segmento progresista y crítico de las clases dirigentes, y la masa popular recientemente estrenada en las lides universitarias»2. La lucha generacional, la disputa entre los nuevos jóvenes y las generaciones que los antecedieron, se dio en dos niveles: en un nivel de la lucha política, entre dirigencias que disputaban el espacio de representación institucional, y, subterráneamente, en una disputa social de jóvenes pertenecientes a la clase media emergente, hijos e hijas del proceso de modernización capitalista que vivió Chile en los años 90 y 2000.

En el nivel dirigencial, el terremoto social de 2011 sacudió la política chilena. Por un lado, los tres principales dirigentes del movimiento estudiantil –Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric– se volvieron líderes de opinión con incidencia nacional. Los tres llegaron al Parlamento en 2014 y consolidaron así el arribo de una nueva generación que nunca vivió en carne propia la dictadura. Por otro lado, el impacto de las movilizaciones sociales de 2011 fue tan fuerte que alteró la composición de la coalición de centroizquierda (democristiana-socialista) que había gobernado los años 90 y primeros 2000. En un momento político que había cambiado, sus principales líderes se reagruparon en un proyecto más ambicioso que el construido en la etapa posdictadura. Nació así Nueva Mayoría, que se forjó con la incorporación del Partido Comunista –en el que logró ocupar un lugar destacado Camila Vallejo– y tuvo como líder a la socialista Michelle Bachelet. En 2014, Nueva Mayoría llegó al gobierno con un programa ambicioso y una mayoría parlamentaria nunca vista en ambas cámaras. Jackson y Boric no se incorporaron a Nueva Mayoría y terminaron de dar una estructura política a la disputa generacional: en 2016, se terminó de concretar una alianza de varios movimientos de origen estudiantil que adoptó el nombre de Frente Amplio (fa). Esta alianza le disputaría las presidenciales a la centroizquierda en 2017 con la candidatura de la periodista Beatriz Sánchez, que obtuvo 20% de los votos.

Cinco años después de la constitución del fa, Boric, acompañado por Jackson y Vallejo, entraría a la Moneda como presidente. Entre medio, Chile viviría su movilización social más masiva y crítica del ordenamiento político y social nacional (más aún que la de 2011). El 25 de octubre de 2019 salieron a las calles millones de personas; en la que fue posiblemente la marcha más masiva de la historia del país, se manifestaron diversos grupos de la sociedad. Reclamaban por las desigualdades, los abusos y las injusticias y por lo que percibían como una institucionalidad política que no «escuchaba».

Es difícil especificar los sujetos y las demandas que protagonizaron una movilización tan masiva y transversal, pero al menos una parte se vinculaba a la nueva clase media emergente. Como explica Canales, en octubre de 2019 se habría movilizado un sector que en 2011 fue representado por una elite progresista, pero que en esta ocasión no tenía voceros ni pliego de demandas. Es más, Canales llega a afirmar que «las nuevas generaciones populares» estuvieron en la base del estallido social de 20193.

En el mundo, y en Chile, el debate político se ha definido desde finales de la década de 1980 por la creciente preponderancia de las clases medias en la mayoría de las democracias. Vale decir, los hijos de la clase trabajadora que, gracias a nuevos accesos a la formación técnica y profesional, han logrado superar la barrera de la pobreza. En el caso chileno, el reciente desarrollo capitalista, iniciado a fines de la dictadura, estaría marcado por dos dinámicas que han definido a estas capas medias. Por un lado, el acceso al consumo, que ha traído patrones de conducta individualizantes y alejados de proyectos comunitarios o colectivos. Por otro lado, y de modo hasta cierto punto paradójico, una fuerza democratizadora que ha empujado demandas crecientes por derechos civiles y sociales. En Chile, el proceso neoliberal y la democratización se han implementado en conjunto y han penetrado la vivencia cotidiana de importantes segmentos de la población.

Al igual que en el sistema económico en su conjunto, en el subsistema educativo las máximas de competencia y emprendimiento privado se volvieron casi un dogma. Este sistema logró aumentar sustancialmente la cobertura en educación superior, que pasó de 16% a 46% entre 1990 y 20114. Sin embargo, este crecimiento es una de las razones que explican las fuertes movilizaciones de 2011. Las contradicciones del sistema de educación superior llegaron a involucrar a una proporción nunca vista de la población chilena. Millones habían depositado su confianza y sueños en las manos del sistema educativo y lo que encontraron distaba radicalmente de lo esperado. Esta situación configuró un sistema de educación superior que mantiene una elite, ya no tanto limitando el acceso, sino estableciendo diferenciaciones por tipo de institución y programa al que se puede acceder5. Como explica Canales, esto generó una nueva olla de presión cuando «ya no ser pobres» no fue suficiente y se resintió el «techo de estamento» que se percibía «siempre tan bajo y sofocante»6.

Este proceso de cambio social ha venido acompañado de una crisis de la mediación política y, en particular, del debilitamiento de los partidos. Un fenómeno que ha marcado la política chilena de los últimos años ha sido la caída de la confianza en las instituciones. En ese marco, ninguna institución resultó tan golpeada como los partidos políticos. No solo se trata de que estos apenas alcanzan 4% de confianza, sino que además hay un fenómeno de largo plazo vinculado a la desidentificación con ellos que se ha acelerado en la última década. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó de 53% en 2006 a 22% en 2019. Es más, algunos estudios recientes han señalado que un porcentaje no menor de la población (12,9%) ha hecho de las posiciones antipartidos «tradicionales» su principal identidad7. El estallido social liberó una fuerte ola de indignación, pero su posición en el eje izquierda-derecha fue difusa. Pese a que varias de las demandas que emergieron de él «sonaban» de izquierda (derechos sociales, ecologismo, feminismo, etc.), la identidad de izquierda era y sigue siendo débil en el país. En cambio, las posiciones democratizadoras antielite son mucho más claras. Por ejemplo, en la última encuesta Latinobarómetro, 86% respondió que se gobernaba en el país para interés de los poderosos y no de todo el pueblo (el valor más alto registrado para Chile y el cuarto más alto de América Latina para esta versión).

Este debilitamiento de la confianza ha llegado, por cierto, también a los nuevos espacios de mediación que formaron las generaciones políticas de 2011. En el «reventón» de 2019, en gran medida, se apuntó con el dedo a todos los dirigentes políticos, incluidos los que habían hecho lo mismo en 2011 contra las generaciones previas. La historia del estallido social de 2019 es, en parte, la historia del quiebre de una alianza de jóvenes dirigentes y de la clase media emergente que protagonizó las protestas callejeras. Las dos luchas generacionales, la de la elite dirigencial y la de los jóvenes populares de la nueva clase media, ya no se veían en clara sintonía.

La era Boric

Más que un programa de izquierda tradicional, lo que Boric ofreció para la primera vuelta presidencial era un camino de profundización democrática, imbuido en las nuevas demandas feministas, ecologistas y progresistas del siglo xxi. Un programa que prometió una sociedad más equitativa en términos de distribución de la riqueza, pero, sobre todo, en términos de reconocimiento social, de sectores que se sintieron marginados por la desigualdad e indignados con esa marginación. En definitiva, el planteo era «democratizar la democracia», reuniendo las preocupaciones por el «fin del mundo» (ecologismo) con el «fin de mes» (derechos sociales). Frente a dos años de convulsiones sociales, el atractivo de la candidatura de Boric provino de la promesa de alcanzar cambios profundos en el modelo económico y una renovación de las dirigencias políticas, pero también de que el camino a ese cambio se basara en un diálogo institucional y republicano y tuviera un horizonte de tranquilidad.

Luego del resultado de la primera vuelta presidencial, Boric le escribió una carta al Consejo General de la Democracia Cristiana. En la misiva en la que le pedía su apoyo para la segunda vuelta, recalcaba: «La arrogancia generacional es una mala consejera», y apuntaba que «no hay virtud per se en la juventud y la novedad, sino que un proyecto político debe juzgarse por sus convicciones, principios y actuar en consecuencia». Más aún, se comprometió a que, de ser electo, sería un presidente que dialogaría con todos, sin distinción.

Cuando Boric finalmente ganó la segunda vuelta, su proceso de instalación se vio marcado por múltiples gestos de apoyo e incluso de cariño. En su oficina de instalación (denominada la «Moneda chica»), las personas se aglomeraban para poder conversar con el joven político. Incluso algunos empezaron a hablar de «Boricmanía». Sin embargo, las concentraciones de personas mostraban más las elevadas expectativas que apoyo masivo. Apenas cumplidos 100 días en el cargo, el apoyo al flamante presidente alcanzaba el 41%, con 46% de desaprobación8. Si bien los dos gobiernos que precedieron al de Boric (los de Bachelet y Sebastián Piñera) tampoco gozaron de grandes niveles de apoyo durante su mandato, ambos disfrutaron de una luna de miel durante el primer año que no se repitió en el caso de Boric.

Junto con razones estructurales, como los mencionados niveles de desidentificación partidaria y desconfianza hacia las elites, algunos incidentes del nuevo gabinete profundizaron la distancia con el público. Un hito particularmente doloroso fue la accidentada visita a la Araucanía de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, en un intento de establecer canales de diálogo con algunas comunidades mapuche. Una de las mayores críticas al gobierno de derecha de Piñera había sido precisamente por su manejo del conflicto entre el Estado chileno y sectores del pueblo mapuche. Sin embargo, el ambicioso plan de diálogo se enfrentó a un muro de desinterés por parte de sectores radicalizados que recibieron a la ministra con una barricada y balazos lanzados al aire.

En gran medida, el fracaso de este intento de diálogo inauguraba un nuevo clima en la opinión pública, que pasó a estar focalizada en las demandas de orden y seguridad pública por sobre las demandas de derechos sociales y profundización democrática. Todas las encuestas, sin excepción, mostraban consistentemente que la primera prioridad de la población era el orden y seguridad pública. Más aún, la razón principal aducida para la desaprobación presidencial, con 61%, era justamente este asunto. Lo seguía de cerca «falta de experiencia»9. La demanda de juventud y recambio de elite parece haber dado paso a una demanda de seguridad y certidumbre. La caída de la propia Siches, una joven médica que había sido la figura estrella de la campaña de Boric para la segunda vuelta, muestra las dificultades mencionadas para transformar las expectativas de cambio en realidad.

Probablemente, la mayor expresión de este cambio en el clima político haya sido el resultado del plebiscito constitucional, en el que por una aplastante mayoría de 62%, con una participación electoral nunca vista, se rechazó el texto propuesto por la Convención Constitucional, creada en respuesta al estallido social de 2019. Mientras que una parte de la explicación del rechazo se puede encontrar en su posicionamiento en el eje izquierda-derecha, con el texto situándose a la izquierda de la mayoría de la población, es posible que, paradójicamente, en el rechazo se exprese una continuidad del antielitismo que se manifestó en el estallido social de 2019, un antielitismo que encontraba su versión no progresista o antiprogresista. El nuevo gobierno estaba fuertemente asociado a la génesis del proceso constituyente, y en particular el presidente Boric desde su rol como diputado. Estar contra el proceso constituyente pasó a ser una forma de ser oposición al nuevo gobierno. Parte de la energía contra la institucionalidad política había pasado al lado del rechazo.

En cualquier caso, el resultado del plebiscito implicó un cambio importante en el proyecto de las nuevas dirigencias políticas que acompañan a Boric. La coalición inicial de gobierno denominada Apruebo Dignidad (integrada por el fa y el Partido Comunista) está en minoría en ambas cámaras del Congreso y, tras el cambio en las prioridades ciudadanas y una derrota contundente en el plebiscito, se vio obligada a reagruparse. De este modo, se realizó un cambio de gabinete por el cual varios de los compañeros de ruta del presidente, sus «aliados generacionales», abandonaron el primer lugar y fueron reemplazados por políticos pertenecientes a la tradición de centroizquierda y a otra generación.

En particular, uno de los cambios más notorios fue la mencionada salida de Siches y su reemplazo por Carolina Tohá, importante dirigente de la histórica coalición de centroizquierda. El gobierno, luego del plebiscito, abandonó así su impronta generacional. En una especie de tregua de elites políticas, el proyecto político de Boric dio pasos significativos para dejar atrás las luchas generacionales que habían marcado la última década de la discusión y disputa en la izquierda y centroizquierda.

Un nuevo ciclo político

No hay nada intrínsicamente mejor en ser joven. Es interesante que este atributo haya podido ser un elemento deseado por la población en un momento y temido en otro. En parte, la tensión se da entre la demanda de renovación y reemplazo de la elite, por un lado, y la demanda de seguridad y certidumbre, por el otro. En este sentido, la «juventud» no depende tanto, para estos aspectos, del año de nacimiento, sino de cuán bien se reflejan estas dos polaridades.

De algún modo, el primer año del gobierno de Boric ha terminado siendo la consolidación de un punto medio entre estas polaridades. La última década de la política chilena estuvo marcada por la disputa entre la generación política nacida en 2011 y la generación que comandó la política en la década de 1990 y 2000, la generación millennial y la boomer. El gobierno de Boric no ha terminado siendo la imposición del 2011 sobre la segunda, sino una especie de tregua frente a una sociedad igualmente escéptica de sus dirigentes, sin importar la edad de estos. En este sentido, ha jugado un rol crucial la generación intermedia, la que se forjó en las protestas de estudiantes secundarios a finales de los 80 y se mantuvo en roles de segunda línea durante las dos décadas que gobernó la centroizquierda. Pocos representan de manera más clara este renacer de la llamada «Generación x» que Tohá, una de las mejor evaluadas del gobierno10. El fin de la arrogancia generacional y, de algún modo, de la «juventud», abre la puerta a que la discusión de la izquierda y centroizquierda pueda darse más allá de la cuestión de los jóvenes, contra la que advertía Gramsci.

Por otro lado, mientras que las disputas generacionales en la elite han ido conduciendo a un acuerdo de convivencia, existe el peligro de que el otro mundo de los jóvenes, el de los que «patearon piedras»11 estos años y se manifestaron en el estallido, no encuentre su espacio de representación. La elite se despolariza generacionalmente, mientras la ciudadanía se vuelve crecientemente antielite. De algún modo, la pregunta que queda por responder es si este nuevo equilibrio es resultado de una nueva alianza de clases o un quiebre irresoluble entre clases. En cualquier caso, la política chilena ha acordado empezar un nuevo proceso constituyente, muy distinto al anterior12. Si en el primer proceso que dio vida a la propuesta rechazada primó el afán sacrificial de la elite política en su intento de apertura, en este nuevo proceso primó la demanda de seguridad y certezas.

Con tres años por delante, el gobierno del presidente Boric tiene la posibilidad de generar las bases de un nuevo pacto social que incorpore a sectores de la sociedad que miran a la clase dirigente con sospecha. En el año transcurrido, la nueva izquierda del presidente Boric y su proyecto generacional ha vivido cambios. Y en ese contexto, su principal desafío será escuchar las demandas de la sociedad, incluso por encima de la propia historia «generacional» del movimiento que lo llevó a la cima del poder.