En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

columna

¿Es la actual Constitución neoliberal?

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Por Andrés Palma 

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Lucía Santa Cruz publicó una columna sobre si la Constitución puede ser catalogada de neoliberal. Creo que hay un par de aspectos que permiten afirmarlo, y ya los señalaré, pero antes quiero referirme a dos afirmaciones que me parecen discutibles.

La primera es que esta es la Constitución de Lagos y no la de Pinochet. Es cierto que Jorge Burgos propuso, y el Congreso aceptó, introducir una norma por la que se cambió la firma en el texto constitucional, pero eso fue un importante hecho simbólico.

Sin embargo, si uno busca el texto en la página Ley Chile, sigue apareciendo la firma de Pinochet. Esto no es banal. El hecho cierto es que la Constitución ha tenido muchas reformas, pero solo aquellas que los partidarios de Pinochet han tolerado, así, su inspiración y contenidos fundamentales son los que la dictadura impuso, y está bien usado este término: impuso.

Lo segundo es que, por las normas contenidas en la Constitución, la mayoría electoral y política no tuvo la mayoría institucional debido a los senadores designados, y hasta ahora por las Leyes Orgánicas Constitucionales y el control preventivo del Tribunal Constitucional, que lo transforma en un tercer órgano legislativo, no electo democráticamente, como los otros dos. Y esas son normas constitucionales.

Estas normas no son neoliberales, pero restringen la democracia y facilitaron la imposición, y facilitan la mantención, del modelo neoliberal.

Ahora, ¿es neoliberal? Visto que no permite que algunas normas se modifiquen por la regla de la mayoría, esencial en una democracia, y que dichas normas sostienen una visión de la sociedad que puede catalogarse como neoliberal, podría decirse que, si no es explícita en lo neoliberal, al menos sostiene no democráticamente esa visión.

Pero hay normas que están en la Constitución que también permiten sostener esa afirmación.

En el video que grabé para la franja del Apruebo dije, “la actual Constitución no ampara el derecho a la educación”. Esto lo dije porque en la Constitución hay un desequilibrio muy explícito en relación a la educación, y Santa Cruz no lo señala; consiste en que establece tres derechos: el derecho a la educación, el derecho de los padres y madres a escoger el establecimiento de sus hijos e hijas (la Constitución no dice esto así porque está escrita en masculino), y el derecho a crear establecimientos educacionales, que es una extensión del derecho de propiedad.

Sólo estos dos últimos pueden ser recurridos de protección o amparo en los tribunales, no así el derecho a la educación. De esta forma, el derecho a la educación es meramente declarativo, pero no son así los derechos asociados a la propiedad.

Decir que un 91% de los estudiantes acude a establecimientos financiados por el Estado, o que el currículo es fijado por el Estado, no altera el hecho sustancial.

Algo similar ocurre con la protección social en pensiones y salud. La Constitución establece que debe haber previsión pública y privada, salud pública y privada. En si esto no sería problema, pero al fijar contribuciones obligatorias, en la práctica impuestos, que recaudan y administran los privados, está creando un Estado privatizado, no democrático.

Hay otras disposiciones, pero no quiero alargarme.

Los neoliberales discuten que la Constitución lo sea, y es lógico, no pueden reconocer que si lo es, porque estarían reconociendo que no es plenamente democrática, y eso suena feo, como que lo es.//ELF

Columna de Daniel Matamala: La democracia enferma

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile 

Para el cientista político Francis Fukuyama, “una medida básica de la salud de una democracia moderna es su capacidad para extraer legítimamente impuestos de sus élites”. Bajo ese parámetro, nuestra democracia está enferma. Y hay quienes pretenden subirle aún más la fiebre.

Hoy Chile recolecta apenas el 21,1% de su PIB en impuestos; cuando los países de la OCDE tenían nuestro mismo nivel de desarrollo, recaudaban en promedio el 34%. Es una brecha insostenible, que obligará a subir impuestos para financiar los gastos que vienen en pensiones, programas sociales y el endeudamiento por la pandemia.

La pregunta es quién pagará esa cuenta. Desde el CEP y Horizontal se plantea una respuesta: aumentar el IVA. Ministros y algunos parlamentarios la valoran, y la idea crece como bola de nieve.

Eso sería cargarles de nuevo la mano a los más vulnerables, e impedir que la discusión tributaria se centre en los impuestos que paga (o, mejor dicho, no paga) la élite que concentra el poder económico y político.

Porque ese chancho está muy mal pelado en Chile.

Veamos: el IVA castiga más a las familias más pobres, que deben consumir todo lo que ganan (o más, vía endeudamiento). Según el SII, el 10% más pobre de Chile gasta un cuarto de sus escasos ingresos en pagar IVA: el 25,4%. Los hogares más acomodados, en cambio, pueden ahorrar o invertir buena parte de sus ingresos: el 10% más rico sólo destina el 7,2% a IVA.

Según el doctor en Derecho y experto en tributación Francisco Saffie, el sistema tributario chileno “está diseñado para privilegiar a unos pocos, así de simple”. Es cosa de compararlo con los países de la OCDE para ver su anomalía.

Chile recauda por IVA el 41,6% de sus impuestos. En la OCDE es menos de la mitad: 20,2% en promedio. En cambio, el impuesto a la renta que pagan los sueldos más altos recauda el 23,9% en la OCDE y apenas el 9,7% en Chile. Sí, en algo sí somos líderes en la OCDE: en impuestos que castigan más a los que menos tienen, y apenas tocan a los que están arriba de la pirámide económica.

Como dice el ex director del SII Javier Etcheberry, en materia tributaria “a la élite le gusta mantener sus privilegios”. Y estos son enormes.

En Chile, si usted compra un kilo de pan o arroz, debe pagar religiosamente el 19% de IVA. Si compra un pasaje aéreo a Miami o al Caribe, en cambio, está exento: paga cero. Ahora piense: ¿a quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

En Chile, un ciudadano común debe pagar completo el impuesto específico a los combustibles. Excepto que sea dueño de camiones, en cuyo caso, vía menor impuesto al diésel y devolución de lo gastado, puede terminar pagando la vigésima parte (sí 1/20) de lo que pagó usted. Ahora, si es dueño de una minera o una industria, la cosa es aun más simple: no paga un solo peso. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

En Chile, si usted gana un sueldo de $ 700 mil por su trabajo, debe pagar impuesto a la renta. En cambio, si un inversionista se embolsa millones especulando en la Bolsa, no paga un peso, gracias a una exención concordada por el gobierno de Lagos y el gran empresariado. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

El SII tiene dientes de león para perseguir a los ciudadanos que mienten para recibir el bono de clase media (lo que está muy bien), pero no ha sido más que un gatito ronroneador en gigantescos esquemas elusivos como las empresas zombie (US$ 1.453 millones). Según cálculos del propio SII, el 1% más rico del país evade unos US$ 9.300 millones al año sólo en impuesto a la renta. Países desarrollados lo combaten con severas normas antielusión y el levantamiento del secreto bancario. Todo ello ha sido bloqueado en Chile. Cuando se destaparon Penta y SQM, el poder político intervino al SII para que volviera a lo suyo: clausurar almacenes por vender dulces sin boleta y fiscalizar rifas de colegios, mientras Délano y Lavín pagaban con clases de ética tras evadir, cada uno, $ 857.084.267.

La consecuencia de estas evasiones, elusiones y privilegios, sumada a la ineficiencia del Estado, es clara. Mientras los países de la OCDE reducen su desigualdad en 0,15 puntos después de cobrar impuestos y hacer transferencias a sus ciudadanos, en Chile esa baja es de apenas 0,03 puntos.

No es un misterio cómo hacer más justo el sistema tributario: atacar en serio la evasión y la elusión; acabar con exenciones injustas (lo que, en una buena noticia, el gobierno está estudiando); aplicar impuestos verdes; gravar las estructuras piramidales (como lo hace Estados Unidos), y cobrar por la concentración de los mercados. Pero todo ello significa enfrentar una tupida barrera de intereses.

Los gobiernos de Aylwin y Lagos ya subieron el IVA, tras negociaciones con el empresariado, de 16% a 18%, y luego de 18% a 19%. Ahora, se propone una tercera alza, disfrazada bajo nombres ingeniosos (“cotización a través del consumo”) y fines nobles (“mejorar las pensiones”).

Pero aunque lo vistan de seda, IVA queda. Subirlo otra vez significa hacer pagar de nuevo la cuenta a las familias que ganan el mínimo: que un jubilado pague más impuestos por sus remedios; o que un cesante deba gastar más al comprar comida para su familia. Claro, ellos no tienen poderosos lobistas, bufetes de abogados ni “expertos” complacientes de su lado.

Sólo tienen a la democracia para defenderlos. Y este debate entre los privilegios de unos pocos y los intereses de la gran mayoría, será un termómetro de si ese paciente es un enfermo terminal, o si tiene esperanzas de recuperarse.//ELF

Lo que quiero en la nueva Constitución

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Por Andrés Palma Irarrázaval

Exministro y economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Hay mayorías electorales, institucionales, políticas, sociales y no siempre coinciden. Una mayoría electoral es la que efectivamente otorga un mandato ciudadano en las urnas, una mayoría institucional es la que se refleja en la composición de las diferentes estructuras del Estado que tienen su origen en la voluntad popular, una mayoría política se alcanza por acuerdos entre las partes representadas y una mayoría social corresponde al sentir ciudadano que se expresa en organizaciones, medios de comunicación y opinión pública. ¿Hay una solución para que se siga la lógica democrática y gobierne la mayoría? Las hay de diferentes formas, y una de ellas debiera contener nuestra nueva Constitución.

La democracia se ha definido como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, pero no es exactamente así, ya que no es el pueblo el que gobierna, sino personas elegidas por el pueblo para que cumplan esa función. Así, si todo funciona bien, los elegidos gobiernan por el pueblo y para el pueblo.

También se ha dicho que la democracia no es perfecta y que, con sus limitaciones, es “la peor forma de gobierno si exceptuamos todas las demás” y, por lo tanto, es perfectible.

La clave de su funcionamiento es que, respetando a todas y todos, gobierne una mayoría. Y es el que gobierne la mayoría, con respeto a todas y todos, lo que quiero en una nueva Constitución. Pero ¿qué es una mayoría? La respuesta obvia es que es la mayoría la que saca más votos. Esto no es tan obvio y es lo que deseo exponer.

La Cámara de Diputadas y Diputados se elegiría cada cuatro años, por votación popular en proporción a la población de las regiones, con criterios de paridad de género y mediante un sistema proporcional, en tanto que la persona que ejerza la Presidencia de la República también sería electa por votación popular, pero cada siete años, para que su mandato no coincida con el de la Cámara. El Senado se renovaría después de la elección presidencial, para que asuman en las mismas fechas y sus mandatos coincidan plenamente.
Hay mayorías electorales, institucionales, políticas, sociales y no siempre coinciden. Una mayoría electoral es la que efectivamente otorga un mandato ciudadano en las urnas, una mayoría institucional es la que se refleja en la composición de las diferentes estructuras del Estado que tienen su origen en la voluntad popular, una mayoría política se alcanza por acuerdos entre las partes representadas y una mayoría social corresponde al sentir ciudadano que se expresa en organizaciones, medios de comunicación y opinión pública.

Como demuestra la historia, incluida nuestra historia de Chile, no siempre las mayorías coinciden y, cuando no lo hacen, suele haber conflictos que afectan el desarrollo de los pueblos y comunidades. Por ejemplo, el Presidente Piñera obtuvo una mayoría electoral en la segunda vuelta presidencial, pero esa mayoría no tuvo un correlato en el Congreso, por lo que no fue una mayoría institucional y tampoco logró construir una mayoría política y menos social. El resultado es el que vivimos a partir del 18 de octubre.

Las sociedades pueden vivir con gobiernos de minorías, pero siempre que esos gobiernos logren construir acuerdos políticos para gobernar. Eso es lo que ocurrió en los gobiernos durante la vigencia de la Constitución de 1925, en que todos, incluido el de Frei Montalva que fue electo por una mayoría absoluta, fueron de minoría y para gobernar tuvieron que buscar acuerdos, pero eso no genera estabilidad a los procesos, como el que Chile necesita para dar bienestar a todas y todos sus habitantes.

También pueden vivir con gobiernos de mayoría, pero bloqueados por las instituciones, de manera que parezcan de minoría, como lo que ocurrió en los gobiernos de la Concertación, debido a las trabas institucionales contenidas en la Constitución de la dictadura: senadores institucionales, distritos y circunscripciones desproporcionadas y leyes Orgánicas Constitucionales inamovibles. En estos casos, también se pudo gobernar sobre la base de acuerdos, pero sujetos a vetos de las minorías.

Entonces, ¿hay una solución para que se siga la lógica democrática y gobierne la mayoría? Las hay de diferentes formas, y una de ellas debiera contener nuestra nueva Constitución.

La propuesta es que establezcamos un mecanismo para garantizar que los gobiernos sean de mayoría electoral e institucional, lo que asumirá que serán también de mayoría política y, probablemente, social. Ese mecanismo es que tengamos un régimen parlamentario: que gobierne el o la que logre construir una mayoría en el órgano representativo de la ciudadanía, nuestra Cámara de Diputadas y Diputados, bajo la figura de canciller, jefe o jefa de Gobierno o primera ministra o primer ministro.

Es un cambio institucional relevante, profundo y necesario.

Pero siendo Chile un país cargado con la tradición presidencial y bicameral, no es posible dejar de lado dichas figuras. Entonces, complementando el cambio, propongo que la persona que ejerza la Presidencia de la República represente al Estado, separando los roles de jefatura de Estado y jefatura de Gobierno. Esta última tendrá todas las facultades inherentes a dicha función, incluidos el mando de las Fuerzas Armadas y de las policías y las relaciones exteriores, en tanto la Presidencia tendrá las facultades de proponer al Jefe de Gobierno, promulgar las leyes y decretos, designar con consulta a las altas magistraturas y autoridades de los poderes del Estado diferentes del Gobierno, y representar ante el Gobierno las inquietudes ciudadanas.

El Presidente o Presidenta de la República sería aconsejado por el Senado, que hará las veces de Consejo de Estado y sería elegido de manera indirecta, por todas las personas que ocupen cargos de representación popular: diputados y diputadas, gobernadoras y gobernadores, consejeros y consejeras regionales, alcaldesas y alcaldes y concejales. En la misma proporción que la Cámara de Diputadas y Diputados. El Senado no tendría una función permanente, sino sería convocado por el Presidente en el ejercicio de sus facultades, evitando así un choque de representaciones con la Cámara.

La Cámara de Diputadas y Diputados se elegiría cada cuatro años, por votación popular en proporción a la población de las regiones, con criterios de paridad de género y mediante un sistema proporcional, en tanto que la persona que ejerza la Presidencia de la República también sería electa por votación popular, pero cada siete años, para que su mandato no coincida con el de la Cámara. El Senado se renovaría después de la elección presidencial, para que asuman en las mismas fechas y sus mandatos coincidan plenamente.

Al conformarse el Gobierno por un acuerdo mayoritario de la Cámara y siendo esta representativa del pueblo que la elige, estaríamos creando una forma de hacer efectivo el gobierno de mayorías que el país necesita para su desarrollo pleno.//ELF

La oposición eres tú

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Por Francisco Albornoz, representante Asamblea por el Pacto Social.

Muchas y muchos de nosotros hemos visto con una mezcla de asombro, rabia y tristeza la mala negociación que llevaron adelante los partidos políticos en estas semanas, culminando en un lamentable espectáculo de recriminaciones tanto en la prensa como por redes sociales.

En este contexto, es bueno aclarar algunos puntos.

Las primarias que se acaban de inscribir eran para las elecciones municipales y de gobernaciones, y no estaban directamente vinculadas con la Convención Constitucional.

Este fracaso de los partidos nos impacta, pero no debería sorprendernos. La crisis del sistema político es parte de lo que provocó el Proceso Constituyente iniciado el 18 de octubre pasado. Esta demostración de incapacidad es sólo un síntoma de su estado actual.

Este escenario nos muestra que es el tiempo de que los territorios y las organizaciones sociales den un paso al frente y tomen la palabra. En diferentes espacios hemos encontrado una posición clara y generosa: estamos en contra de un discurso “anti partidos” vacío y demagógico, y creemos en el fortalecimiento del tejido social para construir la nueva política que Chile necesita. Al mismo tiempo, lamentablemente, los partidos actuales están en deuda desde hace décadas en su compromiso con la construcción de una sana vida democrática.

Mucho se ha criticado la ausencia de una verdadera oposición en estos años. Y mucho se ha criticado la falta de unidad y de altura de miras a esa misma oposición extraviada.

Esas críticas están perfectamente justificadas. Pero hoy quisiera invitarte a darle una vuelta al tema… Porque si estás leyendo este mensaje, entonces: la oposición eres tú.

LA OPOSICIÓN ERES TÚ

Si estás leyendo esta columna en un diario electrónico cuyo título nos recuerda la gran lucha por la democracia en Chile, la oposición eres tú. Si te preocupan los mensajes erráticos de la política profesional y se te ocurren ideas mejores, la oposición eres tú.

Si estás en un chat donde las personas se organizan y trabajan por cambiar Chile, la oposición eres tú. Si esta semana has conversado sobre el proceso constituyente, si le has aclarado una duda a alguien, la oposición eres tú. Si la palabra DIGNIDAD te emociona y te da fuerzas para seguir, la oposición eres tú.

Y ahora tienes la gran oportunidad de tomar en serio esa responsabilidad. Sin miedo. Sin pedir permiso. Porque yo no vi a “Heraldo” saltar un torniquete, ¿cierto? Ni vi a ningún “Elizalde” en Plaza Dignidad, ¿cierto? No he visto a “Fuad” en mi esquina, ni en la tuya, ¿o sí?

La oposición eres tú. Y yo.

En unidad. Desde hoy mismo.

Quedan menos cuatro semanas para el plebiscito. No perdamos ni un minuto en dividirnos, y aprovechemos cada segundo en contagiar la esperanza del Chile que soñamos. Si estás leyendo estas líneas, si te llegó este mensaje, la oposición eres tú. Y en ti confiamos. Todas nuestras manos están aquí para acompañarte.

No nos cansemos. No abandonemos la calle, las redes ni los espacios de diálogo.

Seamos capaces de traer de vuelta a la comunidad, al pueblo, para volver a ocupar el espacio central que nunca debió abandonar.

Las alamedas que Allende nos mostró están ahí, esperándonos. La historia es nuestra.

El 25 de octubre será un día hermoso.

Gracias por ese regalo al futuro que ya estás empezando a construir.

Venceremos. Y será hermoso.//ELF

Columna de www.fortinmapocho.cl

Seguridad en comunidad

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Por Tamara Mora

Candidata a concejal en San Miguel, prevencionista de riesgos y Diplomada en Participación Política de la Mujer.

Recurrentemente reaparece en los medios la preocupación por la seguridad ciudadana. Mas allá de la atención de las cámaras de televisión y la explotación de la temática con fines comerciales o políticos, no podemos negar que es una preocupación real de nuestra ciudadanía, los vecinos y vecinas de las distintas comunas del país tienen la legitima preocupación de verse expuestos a actos de violencia y delincuencia, y en muchos lugares el narcotráfico simplemente ha secuestrado la tranquilidad de miles de chilenos.

Hasta hoy la receta para enfrentar esta preocupación es fortalecer la acción policial, endurecer las penas, tener mas recursos técnicos, mas motos, mas vehículos, mas cámaras, siguiendo una lógica basada en “enfrentar” el fenómeno de la delincuencia como a un enemigo en una hipótesis de guerra. Esta lógica no solo ha fracasado rotundamente en nuestras comunas, sino que además le asigna a la comunidad un rol secundario y pasivo en la solución del problema.

En este diseño profusamente apoyado por los medios de comunicación, la comunidad organizada es un aporte, pero no el protagonista de la estrategia, en esta lógica se habla de “intervenir” barrios o comunas completas, se habla de “operativos” de las fuerzas policiales, pero siempre “desde afuera”, se habla de apropiación de espacios públicos, de denuncia y otros conceptos, pero nunca se habla de comunidad… En esta lógica de represión las fuerzas policiales son enviadas a intervenir, deben concurrir desde algún otro lugar son agentes externos que llegan casi siempre “ex post” y que ven a los vecinos como objetos de protección y fuente de información, pero no como un aliados en la estrategia.

Quienes hemos trabajado en el tejido social de nuestras comunas, que vivimos empapados de la realidad de nuestros barrios, entendemos que la seguridad ciudadana es un desafío que solo se puede enfrentar en comunidad, asumiendo una estrategia basada en la confianza, la solidaridad y el conocimiento, en la que el protagonismo es de la comunidad organizada en conjunto con una policía partícipe de esa comunidad y no ajena o foránea.

Mas allá de slogans o modelos importados, debemos ser capaces de construir un modelo funcional a nuestra realidad como país, y especialmente adaptable a la de cada comuna y barrio, lo que necesariamente significa que debe dar cuenta de la realidad local y eso solo se puede lograr cuando las definiciones son comunitarias, no solo escuchando o involucrando a los ciudadanos, sino realmente haciéndolos parte esencial y definitoria de la estrategia.

En este modelo comunitario, el rol de la policía, es tan profundamente distinto al que hoy cumple Carabineros, que no parece viable que esa institución, tal como la conocemos hoy, pueda cumplirlo adecuadamente, su carácter militar potencia la lógica del enfrentamiento contra un enemigo, pone el acento en sus procedimientos mas que en la función que se requiere que cumpla y termina por volverlo un interventor ajeno a la realidad que debe enfrentar, con un acercamiento a los Derechos fundamentales y la relación con la comunidad incompatibles con esta estrategia, en términos simples, necesitamos otra policía, que, aunque uniformada, tenga un carácter civil y totalmente inmersa en la comunidad con la que trabajará, que sea capaz de establecer una relación de confianza y colaboración real, guardando las distancias necesarias para con la autoridad, pero que sea capaz de establece un dialogo franco con los vecinos de un barrio o comuna.

El modelo que imaginamos considera, mas que grandes comisarías alejadas unas de otras, una distribución as homogénea de las unidades policiales en los barrios, mas pequeñas y funcionales, que además sirvan a la comunidad en la que se inserten como un espacio de encuentro, en las que pueden funcionar, en coordinación con el municipio y otras reparticiones publicas, defensorías de Derechos y, por ejemplo, un potente programa de resolución de conflictos vecinales, es decir, la unidad policial sería vista como el espacio en que los vecinos van a resolver sus problemas.

La comunidad organizada, en esta lógica, es corresponsable de las definiciones de la estrategia y protagonista de su implementación en conjunto con otros actores, como el municipio y la policía, por tanto, nuestro desafío es construir un tejido social capaz de abordar ese desafío, desde las organizaciones sociales y las instancias de representación como el concejo municipal, necesitamos un férreo compromiso, y como ciudadanos, asumir nuestra responsabilidad como tales.//ELF