En la Fontana

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columna

La libertad sindical y la nueva constitución

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Por Juan Manuel Sepúlveda Malbrán

Asesor del Frente de Trabajadores de la DC

Nos encontramos en un proceso de cambio que está conduciendo a un nuevo periodo histórico. Se trata de un periodo que se abre y que empuja a todos los actores sociales y políticos a redefinir sus utopías, sus proyectos, sus objetivos, sus estrategias y sus acciones específicas. En este sentido las organizaciones sindicales no son una excepción.

Los cambios que se están produciendo en el mundo y que están afectando de manera particular a nuestro país son muy profundos. El escenario de esta nueva época es sustancialmente distinto del que existía hasta hace algunos años atrás.

Las relaciones laborales han cambiado. Las transformaciones en el escenario internacional y el predominio de políticas de corte neoliberal han acelerado la puesta en práctica de programas económicos de ajuste y flexibilización. De igual manera, los efectos de la globalización que han producido, tanto la reducción del papel del estado en la economía, como la desregulación jurídica de las relaciones de trabajo, han modificado los microcosmos donde se desarrollaban los contactos y acuerdos entre trabajadores/trabajadoras y empleadores/empleadoras.

El sindicalismo en Chile se asienta sobre un escenario particularmente adverso para el derecho de la libertad sindical. Chile ha sido sacudido por los mismos fenómenos –resultado de la globalización económica- que agravaron los desequilibrios sociales y económicos en todo el mundo. Los particulares procesos sociales y económicos agravaron las consecuencias negativas de la globalización económica y multiplicaron los niveles de precariedad. La economía informal creció en proporciones inimaginables e intolerables; la cobertura de las normas laborales y de la seguridad social disminuyó; y la reducción del Estado, promovida por las corrientes neoliberales, implicó un menor énfasis en la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Al amparo de las recetas proporcionadas por los organismos financieros internacionales se reeditó una muy antigua versión de la vida social y económica en la que sólo el mercado ordena y asigna los recursos.

El sindicalismo chileno no siempre ha podido afrontar con el éxito deseado los retos planteados por el nuevo escenario internacional y nacional, pero sus acciones y su persistencia, incluso en las condiciones más adversas, viene demostrado que las trasformaciones orientadas a la construcción de una sociedad justa y democrática es posible. Aún agobiadas por prácticas neoliberales y actos antisindicales, las organizaciones sindicales de nuestro país han aportado esfuerzos y vidas de generaciones hombres y mujeres trabajadoras para la construcción de la democracia. La dictadura fue abatida gracias a la acción organizada de los trabajadores y trabajadoras, que al luchar por la libertad sindical lucharon también por el respeto de todo el conjunto de libertades inherentes al ser humano; sin embargo, muchas políticas económicas orientadas a profundizar los desequilibrios impuestos por el mercado, han permanecido.

Aunque algunos resultados deben ser resaltados, la tarea para las organizaciones sindicales aún es ardua. Las doctrina neoliberal se mantiene a la ofensiva. Su impacto se deja sentir en la alarmante desigualad persistente en nuestro país; en los niveles de pobreza extrema que subsisten; en las tasas de desempleo y subempleo que resultan de su lógica de predominio absoluto del mercado; y en la grave situación de desprotección que afecta sobre todo a trabajadores jóvenes, trabajadoras mujeres y otros colectivos especialmente vulnerables. Todo lo anterior desnudado y agravado por la pandemia.

Hoy, cuando nos acercamos a cambiar la Constitución de nuestro país, el sindicalismo aparece como un actor clave para la construcción de una auténtica cultura democrática, en la que negociación colectiva y el diálogo social se conviertan en el mecanismo natural para la definición de las condiciones de empleo y las políticas económicas y sociales a nivel nacional. El sindicalismo está llamado a convertir al trabajo en el centro de las políticas económicas y consolidar procesos de integración con una marcada dimensión social.

El enorme valor de la libertad sindical y del sindicalismo chileno

Quizás, lo primero que haya que reafirmar en este contexto es el enorme valor de la libertad sindical.

La libertad sindical es uno de los derechos que de forma más decisiva realza y expresa la dignidad del hombre y la mujer. Por ello, forma parte del catálogo de valores indispensables para la convivencia social, contenido en todas las declaraciones de derechos humanos de ámbito mundial y regional y en los convenios internacionales de la OIT.

Hace ya más de 70 años el consenso de trabajadores, empleadores y gobiernos del mundo adoptó el convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Ambos convenios forman parte de un conjunto más numeroso de convenios y recomendaciones que desarrollan el derecho de libertad sindical. Estos convenios internacionales abrieron paso a otros instrumentos de igual relevancia.

La importancia de todos estos instrumentos normativos no es menor. Todos son expresión del tripartismo, lo que significa que contaron con el respaldo de las representaciones de gobiernos y los empresarios del mundo. Pero, sobre todo, los convenios de la OIT y toda la doctrina generada por sus órganos de control, han servido para perfilar la complejidad y riqueza del derecho de libertad sindical: han señalado que la titularidad del derecho corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna; han establecido un conjunto de libertades de organización y actuación que componen el derecho y cuya estrecha conexión determina que la libertad sindical sólo pueda ser efectiva si se respeta la totalidad de su contenido; han puesto de relieve la centralidad de la negociación colectiva para la regulación de las condiciones de empleo y la importancia de su fomento; y, han delimitado el rol de garantía y no intromisión que corresponde a los Estados y el respeto que el ejercicio del derecho debe merecer entre los empleadores.

Hace sólo 22 años, el tripartismo mundial, convocado otra vez en el seno de la OIT, reafirmó que la libertad sindical constituye un derecho fundamental en el trabajo, llamado a conformar la plataforma de impulso para el progreso económico y el desarrollo. Ciertamente, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) recordó la universalidad del derecho de libertad sindical y reafirmó la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los convenios 87 y 98 –denominados “convenios fundamentales”- a todas las personas en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico, y particularmente entre los grupos de trabajadores y trabajadoras con necesidades especiales. La inclusión de la libertad sindical como el primero de los derechos fundamentales en el trabajo reafirma su condición de valor esencial para la humanidad, pero además llama la atención sobre la urgencia de realizar esfuerzos para hacerla efectiva en este proceso de cambio que estamos viviendo y plasmarla en la Nueva Constitución.

Como corresponde a su condición de derecho humano, la libertad sindical ha desarrollado un rol preponderante para los trabajadores, hombres y mujeres, para el sistema productivo y para la democracia y la sociedad en su conjunto.

El derecho humano de libertad sindical ha permitido a millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo hacer sentir su voz cuando el mercantilismo salvaje olvidaba que la riqueza de las naciones la construyen los hombres y mujeres que trabajan y no los capitales. Como ningún otro derecho, la libertad sindical ha desmercantilizado el trabajo y ha devuelto centralidad a la persona en el proceso productivo, haciendo posible su participación en el escenario productivo y sociopolítico. En suma, la libertad sindical ha enseñado a los trabajadores de todo el mundo que el trabajo dignifica cuando convierte al hombre y la mujer en ciudadanos, dotado de voz y de derechos, esto es, cuando se trata de un trabajo decente.

Pero, además de ser consustancial a la dignidad humana, el derecho humano de libertad sindical ha contribuido y contribuye enormemente a la viabilidad de los sistemas productivos y al fortalecimiento de los sistemas democráticos.

La libertad sindical está en la base de toda la gama de derechos consagrados por las normas nacionales e internacionales en favor de los hombres y mujeres trabajadoras. Estas normas establecieron un conjunto de límites a las posibilidades de los empleadores de organizar el trabajo y la producción, y esos límites aseguraron la marcha óptima de los sistemas productivos. Hoy, superadas largamente las teorías económicas clásicas que atribuían a la sindicación efectos nocivos para la sociedad, la libertad sindical aparece como un factor clave para la sostenibilidad de los proyectos empresariales y como uno de los mecanismos más efectivos para incrementar la productividad y forjar el único modelo de competitividad admisible: aquel basado en el respeto de los derechos de hombre y mujeres trabajadoras. Aunque afirmar que la libertad sindical es un derecho humano debería ser suficiente para motivar su respeto irrestricto por parte de empleadores y gobiernos, hoy es posible afirmar también que la libertad sindical promueve la eficiencia de los sistemas productivos.

La libertad sindical también resulta sustancial para la construcción y consolidación de los sistemas democráticos. Como lo ha señalado la OIT, existe una relación estrecha entre la libertad sindical y la democracia: la democracia es esencial para el ejercicio pleno de la libertad sindical pero, también, la libertad sindical es esencial para la construcción y consolidación de un auténtico sistema democrático. Sólo donde hay libertad sindical hay democracia y, por ello, las violaciones de la libertad sindical en nuestro país habla claramente del aún claro predominio de una cultura autoritaria. Un regímen que viola o es testigo indolente de violaciones a los derechos sindicales evidencian su carácter autoritario, pues un atentado a la libertad sindical es, finalmente, un atentado contra la democracia.

En buena medida, la acción sindical ha contribuido a acrecentar el valor de la democracia. Junto con otros movimientos sociales, el sindicalismo ha mostrado al país que la caracterización de un régimen político como “democrático” carece de sentido y legitimidad si las prácticas sociales y económicas no son democráticas, esto es, si los ciudadanos carecen de libertad para organizarse, expresarse y participar en la vida política y social o si las oportunidades y la riqueza no se distribuyen equitativamente. La libertad de hombres y mujeres trabajadoras para organizarse y actuar sindicalmente es, en sí misma, una expresión acabada del respeto al pluralismo social y del reconocimiento de posturas y criterios diversos. Pero, por otro lado, la negociación colectiva y el diálogo social, son los mecanismos más justos y eficientes para la mejora de las condiciones de empleo y la distribución de las oportunidades y la riqueza generada por las empresas y el país. Ambos mecanismos, basados en el consenso, son especialmente efectivos para distribuir los efectos de los períodos de bienestar y de crisis, promoviendo de esta forma un modelo de desarrollo social y económico participativo y no excluyente, propio de una auténtica democracia.

Fuera de ello, la libertad sindical contribuye de diversas formas a consolidar la institucionalidad y garantizar la estabilidad social. El sindicato asume como uno de los roles principales la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales por parte de los empleadores y a través de esta acción contribuye a afirmar la institucionalidad laboral. Sin duda, los sindicatos desarrollan una vigilancia extendida y constante de la efectividad de las normas laborales, como ningún organismo estatal podría hacerlo. Es decir, los sindicatos deben actuar como fiscalizadores del cumplimiento y aplicación de la libertad sindical. Adicionalmente a ello, la libertad sindical es esencial para la cohesión social. Los hombres y mujeres trabajadoras se integran social y económicamente a través de las organizaciones sindicales, siendo éstas los canales apropiados para que sus aspiraciones e intereses conjuguen con las expectativas e intereses de otros colectivos sociales. Palabras como la “solidaridad” y la “justicia social” adquirieron un sentido material y universal gracias al sindicalismo y, de ser parte del lenguaje obrero, pasaron a integrar parte del catálogo de aspiraciones de la sociedad en su conjunto.

No debemos olvidar el enorme valor que la libertad sindical tiene para trabajadores, empleadores, gobiernos y sociedad en su conjunto. Nos indica que se trata de un derecho imprescindible para el sistema social y económico, y enormemente funcional para construir una sociedad moderna y un Estado auténticamente democrático. La unificación del sindicalismo chileno aparece como una oportunidad invalorable para revertir la situación adversa que la libertad sindical y el sindicalismo enfrentan y para reafirmar entre las mujeres y hombres trabajadores el enorme valor de la libertad sindical.

Reafirmar el valor de la libertad sindical en la Nueva Constitución es una labor urgente y el sindicalismo de nuestro país está llamado a desplegar un rol protagónico en este esfuerzo. //ELF

Las preocupaciones de Andrónico

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Por Humberto Burotto

Vicepresidente nacional de la DC

En el contexto actual, donde formas de hacer política, de carácter oligárquica y de mirarse a sí mismo, se confunden con toda la actividad política; y donde a aquellos miembros de partidos políticos que han caído en acciones corruptas se les confunde con “todos los políticos”, es normal reproducir el viejo estribillo que proviene de los tiempos de la dictadura, y que cada cierto tiempo aterriza en la arena pública bajo la forma de una desconfianza hacia el mundo político y hacia la política en general.

No se realiza el ejercicio serio y responsable de hacer la diferencia entre aquellos ciudadanos que se dedican a la política de manera noble y austera para lograr el bien común, de un conjunto de políticos(as) que desde hace años ocupan la puerta giratoria que va del Gobierno a los directorios de empresas y desde estos nuevamente al Gobierno.

A quien nunca ha militado en un partido político, percibir de esta manera la relación entre el mundo de la política y la actividad empresarial, lo único que le interesa es alejarse lo más posible de este tipo actividad. A lo más, le interesa acercarse a este mundo solo como espectador de aquellas series y películas que Netflix muestra semanalmente. Por otra parte, es justamente lo que muestran los medios de comunicación cotidianamente: la perversa relación entre la política y los negocios.

Pero en la vida cotidiana, en el mundo de la realidad, el rol del militante y del simpatizante tiene muchos matices y en la mayoría de ellos es diametralmente opuesto a la lógica del dinero. Las más de las veces, la acción es desinteresada, más ahora donde la fragilidad y vulnerabilidad que ha generado la pandemia del COVID-19 es de tal magnitud que solo la comunidad y acción colectiva de independientes, militantes y simpatizantes ha permitido enfrentar la soledad en que este Estado ausente y neoliberal los ha dejado. De esta manera se organizan ollas comunes para que los desamparados se sientan cobijados como personas, más allá de la caja de mercadería que hipotéticamente les ha llegado. Es el mundo del dirigente vecinal y sindical, que puja por beneficios para sus compañeros de trabajo y del barrio, que se expone públicamente ante la autoridad municipal y empresarial para defender derechos.

Ese relato, el de la lógica del mercado y del dinero, hace invisible el sacrificio, la lealtad y el tiempo que estos voluntarios –muchos de ellos militantes– ocupan en actividades de bien común, bajo una concepción comunitaria de la existencia, que enriquece la vida social en la base, en el sindicato, en el barrio, en el gremio, en las universidades y en las poblaciones de Chile. Invisibiliza también el motivo de su acción, que es contribuir para que Chile sea un país mejor. Esa actividad también es profundamente política.

Por esta razón es que nos llama poderosamente la atención el mensaje desde los principales conglomerados empresariales del país, de colocar a todos quienes se manifiestan por poner freno a los abusos y privilegios; por insistir en regular la acción del mercado, y se trate a todos ellos como políticos corruptos. Esta rutina pinochetista de confundir el todo con una parte, tiene algo de simplismo, injusticia y mucho de manipulación.

En efecto, es simple porque deposita la responsabilidad exclusiva del devenir de Chile solo en los ciudadanos dedicados a la política. Es injusta, porque todos los problemas de Chile se adscriben al desempeño de los políticos, sin identificar a los responsables, aquella casta política corrupta en contubernio con la oligarquía empresarial. Y es manipuladora, pues sostiene que mientras que a los políticos no les está permitido involucrarse en negocios –y eso está muy bien–, pareciera no haber problemas con que los empresarios intervengan en política.

Pero la ciudadanía ya se dio cuenta de esta realidad. Después del 18-O, los estándares de representación, legitimidad y liderazgo han cambiado radicalmente. Un síntoma de ello es la ley que forzó a la reelección acotada y no eterna de representantes. Falta aún que la ciudadanía tome conciencia de que es impropio que los empresarios –en vez de hacer su trabajo (generar empleos, crecimiento, competir para satisfacer a los consumidores y no coludirse para perjudicarlos)–, se transformen en actores políticos, sin medirse en elecciones populares y sin tener cargos en el Gobierno. Sin embargo, como es de derecho, la libertad de expresión es un bien sagrado en los países civilizados, por lo cual es legítimo que todos, incluidos los multimillonarios, tengan la posibilidad de expresarse. Es el caso del señor Andrónico Luksic.

El empresario ha instalado tres temas, dos de los cuales son motivo de discusión. Compartimos su mirada sobre la representación de los pueblos originarios y creemos que el Gobierno debería actuar de modo prolijo y oportuno para resolver esto cuanto antes. Este tema es claramente de resolución política. Sin embargo, nos asombran los otros dos temas.

El primero es la propiedad privada. En una columna publicada el 14 de septiembre en otro medio de circulación nacional, levanta los fantasmas de siempre asociados al miedo de que Chile reviva sus traumas. El sentido histórico de su afirmación es prístina: se refiere al Golpe de Estado de 1973 y allí está su primer error. Esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría. ¡La URSS ya no existe! Nadie está por los sóviets y la economía planificada. Lo que sucedió el 18-O no fue un estallido social que sale de la nada, algo mágico o misterioso. Ni siquiera fue un estallido: esto fue una primavera plebeya, la instancia que permitió que los chilenos se reconocieran más allá del individualismo neoliberal y salieran a pedir un cambio colectivo, porque los problemas eran de casi todos y estaban unidos por el abuso.

Fue una declaración colectiva a favor de la dignidad. La ciudadanía se constituyó en la marcha, en la protesta, en el tuit. Constató que los problemas propios eran los problemas del otro y avizoró un sentido de comunidad, que la política económica y cultural de los últimos años sistemáticamente negó. Es un llamado general a modificar nuestras reglas de convivencia. Es un llamado a terminar con los abusos. Nadie pide la expropiación de nada. Nadie está por abolir la propiedad privada. Y si la Constitución es minimalista, no queda la menor duda que los mínimos nos harán dormir a todos muy tranquilos, pues –de nuevo– el mundo político de los ciudadanos dedicados a la política no pondrá en tela de juicio la autonomía del Banco Central, la libertad de enseñanza o culto, la libertad de expresión o la separación de poderes del Estado.

La nueva Constitución no castigará a los emprendedores, a las pymes o a los innovadores que generan negocios intensivos en tecnología. La nueva Constitución deberá generar reglas para desarrollar los mercados y en especial modernizar el mercado de capitales. Pero, sin duda, diseñará una mejor distribución del poder, para que en Chile, todos sus hijos tengan las mismas oportunidades. Es de esperar que fije obstáculos a la concentración económica, pues, como todos saben, eso impide el crecimiento económico sostenido. La historia así lo muestra en el caso de Roma, cuyo declive comienza en el siglo I; Venecia en el siglo XIV, la Unión Soviética en 1970 y Chile en la actualidad.

El segundo tema apunta a las reglas del plebiscito. El señor Luksic está preocupado por los independientes, ya que considera que si no se cautela la representación de ellos, los 155 constituyentes serán simpatizantes o militantes de partidos políticos. ¿Por qué el señor Luksic define esto como una preocupación? Por las razones que expusimos al iniciar esta columna: porque también es un portavoz del estribillo pinochetista de la tentación autoritaria. Pero, respecto de su preocupación creemos que este es un falso problema.

En primer lugar, porque han sido los propios partidos los que han optado por abrir las listas a los independientes. En segundo lugar, porque todos los candidatos tienen intereses políticos y seguramente poseen una concepción de la política y una historia de preferencias e ideales políticos bien definidos a pesar de no militar en partidos políticos. Y eso está bien. Porque el ideal democrático también se reproduce sanamente cuando personas sin militancia política están preocupadas y ocupadas en los asuntos públicos. De modo que la futura convención tendrá muchos independientes, aunque ninguno será neutral, porque eso no existe.

El plebiscito y la futura convención constitucional representan la esperanza de un Chile inclusivo, más democrático y más digno. Es claro que no resolverá los problemas sociales y económicos del país, pero impedirá que se sigan ahondando. Es un mecanismo no solo civilizatorio, sino también de supervivencia. Los únicos riesgos para la democracia es que no dialoguemos de forma franca y sin segundas intenciones. El señor Luksic manifiesta muchas preocupaciones y dudas sobre el plebiscito, pero se guarda de expresar su opinión sobre el mundo empresarial, que en rigor es el mundo que le compete. Como se ha dicho, el señor Luksic tiene derecho a expresar su opinión. Este país no pertenece solo al 99% de los chilenos. El 1% de la población es parte también de Chile y, por la riqueza y el poder que ostentan, su rol es protagónico en este cambio histórico. Entonces, para iniciar la conversación:

¿Qué le parece la concentración económica? ¿Está usted a favor de que los mercados sean menos opacos y más competitivos para que los consumidores se beneficien y no paguen los costos de la colusión? ¿Está por cambiar el rol de los bancos privados y ampliar el crédito a la pyme? ¿Le parece que los grandes conglomerados hagan alianzas con el sector público para desarrollar las industrias del futuro? ¿Está a favor de liberar las manos atadas del Estado y sus empresas para desarrollar las industrias estratégicas de Chile? ¿Qué opina de incentivar la I&D en las empresas chilenas? ¿Qué opina del impuesto al patrimonio de los multimillonarios? ¿Una sola vez o cada 5 años? ¿Cuál es el mecanismo para que las empresas que desarrollan actividades económicas subsidiadas o apoyadas por el Estado no tengan sede en paraísos fiscales? ¿Cómo combatir la evasión tributaria? ¿Cómo castigar la corrupción de las empresas, el espionaje industrial y la competencia desleal? ¿Cómo enfrentar la robotización, la digitalización y el rol de la inteligencia artificial en el mercado del trabajo y esforzarse para que los costos no los pague el trabajador? ¿Habrá que pensar, como ya han expresado distinguidos economistas, que Chile está preparado para algún tipo de Renta Básica Universal?

Una conversación con altura de miras sobre el futuro del país incluye todos estos temas y varios otros más. Entonces, señor Luksic, ¿Cuáles son sus preocupaciones sobre estas materias que atañen al mundo de la economía y los negocios? Su turno.//ELF

Rescate financiero a Municipios, una prioridad

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Por Jorge Pizarro 

Senador DC 

Se proyecta a fin de 2020 un hoyo financiero de 800 mil millones de pesos. Ese es el panorama de la mayoría de los municipios del país. Así me lo plantearon alcaldes de nuestra región, demanda que llevamos al Gobierno a través de Hacienda, Dipres y Subdere, pero no han recogido el guante. Las arcas de las municipalidades rurales más que nunca están sufriendo la falta de ingreso, así como las comunas de la conurbación. La necesidad es también nacional, como nos hizo saber la Asociación de Municipios. E insisto… todavía no hay respuesta del Ejecutivo.

Los ediles solicitaron un rescate financiero, ya sea a través de partidas del próximo Erario, adelantando recursos del Fondo Común Municipal (donde ha habido retraso), o bien se les entreguen créditos que pudieran ser reintegrados una vez se recuperen de la crisis financiera. Sin embargo, persiste la excusa que el Fisco ha dejado de percibir 7mil millones de dólares. Aquello es una situación conocida como consecuencia de esta pandemia, pero la capacidad de reacción del Estado debe abarcar por sobre todo el bienestar de la comunidad. Esto es una prioridad.

Los municipios tienen la tarea y responsabilidad de apoyar de manera más directa a las personas: la atención primaria de salud, servicios básicos como retiro de basura y alumbrado público, entre otros. Este deterioro significa recorte de programas de desarrollo local, despido de personal, incluso incumplimiento en el pago de deudas previsionales e impedimentos para mantener servicios a las comunidades más vulnerables. Algunos municipios estarán en corto tiempo al borde la insolvencia.

Por ello es fundamental este rescate luego de ver disminuidos sus ingresos con menores pagos en permisos de circulación, patentes, y la merma en pago de licencias de conducir. No es un asunto de voluntad política, es una demanda transversal y cuyos efectos no son acotados, sino a toda la comunidad. Y el gobierno, aún no se manifiesta. //ELF

Una constitución escrita por todas y todos

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Por Cozut Vásquez González

Ex Presidente Regional de la DC Los Lagos

El próximo domingo 25 de octubre, iniciaremos un proceso constituyente sin precedentes en la historia de Chile.
La inmensa mayoría aspiramos a que la próxima constitución sea el resultado de un proceso inclusivo de discusión y deliberación entre distintas visiones de la sociedad. Que exprese la pluralidad de la sociedad civil del Chile del presente, por lo que no da lo mismo el mecanismo con el que se lleve adelante el proceso de elaboración de la nueva constitución.

En mi opinión, la mejor fórmula o mecanismo, es la Convención Constitucional. Porque consta de un mandato constituyente especial, la que será elegida exclusivamente para decidir sobre una nueva carta fundamental y, una vez cumplido el objetivo, ésta se disuelve.

Se elegirá por una sola vez, porque quienes participen de esta Convención Constitucional quedan inhabilitados para presentarse como candidatos en la primera elección parlamentaria posterior.

Como cuerpo colegiado distinto al Congreso Nacional, contribuirá a relegitimar la representación, la que no se consigue si está ligado a un órgano que hoy no cuenta con el respaldo ciudadano.

Será unicameral y las reglas de integración aseguran representación a grupos que tradicionalmente han estado marginados de las decisiones políticas en nuestro país.

Estará compuesto de igual número de mujeres que de hombres; tendrá escaños reservados para representantes de nuestros pueblos indígenas, quienes no existen para la actual Constitución y contempla la participación de los independientes.

Es la mejor garantía que la constitución será genuinamente de todas y todos, y no de unos sobre otros, como ocurrió con la Constitución de 1980 que hoy nos rige. Una nueva constitución no reescribe la historia ni mucho menos, es un ejercicio refundacional. No lo fue en el pasado, mucho menos lo será ahora.

Ésta debe recoger la evolución histórica y constitucional de Chile y su hilo conductor debe ser siempre la profundización y perfeccionamiento de las instituciones políticas que dan cuenta de una república que se precie de democrática.

A diferencia de lo que algunos sectores han querido establecer, el mecanismo sometido a plebiscito este 25 de octubre, no tiene nada de revolucionario ni rupturista. Lo que busca es garantizar legítimos intereses de las minorías y evitar decisiones atolondradas, sino, preguntémosle a los habitantes del Reino Unido y el Brexit.
Lo que busca es promover los acuerdos que evitarán que alguien caiga en la tentación de llevarse la pelota para la casa.

Quienes se oponen a una nueva constitución elaborada por una Convención Constitucional, argumentan que cualquier proceso constituyente va a derivar en situaciones como las que viven Venezuela, Bolivia o Ecuador, argumento con el que se busca generar temor, pero que desconoce la realidad de nuestro país.
Chile tiene una tradición republicana mucho más sólida que la de los Estados Bolivarianos. Si es por experiencias constitucionales, existen ejemplos de países cuyos procesos constitucionales se parecen más al nuestro, como España, Colombia e Islandia.

Muchas de las instituciones que hoy existen en nuestro país, como el Banco Central y su autonomía, la Contraloría General de la República o el Servicio de Impuestos Internos, fueron creadas en distintas etapas de la historia política nacional y nunca se buscó hacerlas desaparecer. Por el contrario, el régimen democrático las hizo suyas.
Una nueva constitución generará una nueva estructura del proceso político. El pueblo debe dotarse de un sistema institucional que garantice a las y los chilenos, DIGNIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHO.//ELF

La teoría del todo

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Por David Pellizzari Ossa

Ad portas de vivir un proceso constituyente, como no hay registros en nuestra historia republicana, resulta pertinente preguntarnos, qué esperamos de una nueva Constitución, qué expectativas tenemos puestas en ella, qué necesitamos que esta regule.

En este contexto, y en concordancia con nuestra surrealista pretensión de que la Ley, o la Constitución, puede y debe resolverlo todo, se acumulan a diario definiciones, temáticas, instituciones y un interminable listado de Derechos individuales y colectivos que, en opinión de algún personaje político, o grupo de interés, debe estar en la nueva carta Magna que construiremos en los próximos años.

Si bien es cierto, la neutralidad constitucional no existe mas allá de las discusiones académicas, la experiencia de las democracias estables demuestra que las Cartas Fundamentales mas exitosas son aquellas que fijan un marco institucional y valórico para el desarrollo de las corrientes políticas que inspiren sucesivos gobiernos que no necesiten refundar todo en cada elección, evitando así casarse con definiciones pétreas que traben el debate político y lo constitucionalicen innecesariamente.

La formalmente vigente Constitución de 1980 está en las antípodas de ese ideal, pues es un texto profundamente militante, y confesional, estrictamente apegado al dogma del credo neoliberal impuesto por la dictadura cívico militar y, además, fiel a la tradición nacional, intenta abordar la mayor cantidad de materias posible; regula las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, Organos autónomos y hasta el sistema electoral, en un coherente intento de consagrar en un texto constitucional, la refundación del país que impulsó el régimen dictatorial.

La reacción, casi natural, a esta realidad, es intentar construir una constitución que sea un opuesto completo a la actual, es decir, una Constitución también militante, pero de una ideología que sea un verdadero negativo de la actualmente impuesta, y que, consecuentemente, incorpore la mayor cantidad de materias posibles a objeto de refundar las bases de la institucionalidad completa y grabar a fuego un modelo de desarrollo específico… un error a mi juicio.

Chile lleva décadas entrampado en una eterna discusión constitucional que, crisis social mediante, desemboca finalmente en un proceso constituyente y, al margen del obvio cuestionamiento a la legitimidad de origen de la actual constitución, el debate político en nuestro país ha estado constitucionalizado precisamente porque nos rige, al menos en el papel ahora, una carta fundamental que intenta resolverlo todo y francamente no parece razonable que se cometa el mismo error para perpetuar la discusión constitucional por otras 4 décadas mas.

La tentación de querer regular y resolver todo en la Constitución es atractiva, permitiría aceptar las peticiones de un sinnúmero de grupos organizados, o no, que desean incluir sus definiciones en la Carta Fundamental, así, animalistas, ecologistas, agrupaciones de diversidad sexual, organizaciones civiles de múltiples áreas, además por cierto de los actores políticos tradicionales, esperan incluir en la nueva Constitución un interminable listado de definiciones y regular casi todo el ámbito de desarrollo humano y medioambiental, y considerando que nuestra política se ha limitado los últimos años a ser una especie de vocera de la calle, parece probable que se termine cediendo a esas presiones (legítimas por cierto), y acabemos con una Constitución llena de declaraciones de principios, Derechos consagrados y, en definitiva, un texto aspiracional y que terminará siendo la semilla de nuevas divisiones e inestabilidades institucionales.

¿Qué hacer entonces?

La opción alternativa es pensar en una Constitución que regule los aspectos esenciales de nuestra institucionalidad, nuestro sistema de gobierno y la organización del Estado, pero que no abarque mas allá de lo estrictamente indispensable, que no se case con un sistema o modelo económico en particular, que no intente agotar todas las discusiones y fijar por décadas un modelo determinado de desarrollo, sino que sea un marco institucional moderno y flexible que deje espacio para el desarrollo del proceso político natural de una democracia, que enriquezca esa democracia y la fortalezca, no con normas innumatables, sino con principios generales e inspiradores.

Chile necesita oxigenar su sistema político, y para ello debemos ser capaces de construir una estructura institucional acorde al siglo XXI y los desafíos de la democracia moderna, y para ello debemos evitar cometer los mismos errores del pasado y abandonar las falsas tradiciones que nos tienen atrapados en la teoría del todo… del todo o nada.//ELF

Falso positivo

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Por Sergio Velasco

Presidente del centro de estudios Pensar Chile en San Antonio.

Dicen los que saben, que todo tiempo pasado fue mejor, parece que en el caso nuestro no ha sido así. Sufrimos de plagas, terremotos, tsunamis, incendios feroces, sequías larguísimas, las que estoicamente hemos superamos entre todos.

La madre naturaleza nos pega fuerte, sin piedad alguna, ahora como si fuera poco la letal pandemia que cubre al mundo entero, nos ataca donde más fallamos, como si conociera nuestra debilidad: la salud pública.

En consecuencia, hoy en día creo que gran parte de la población se ha familiarizado con una jerga médica que antes de covid 19, no utilizábamos, ni intentábamos entenderla.

Poníamos poco interés en ello, retirándonos a espacios de mayor comodidad, o simplemente vivíamos en el pequeño círculo de la ignorancia.

Entregamos el control total a los expertos en el manejo de las complejas situaciones y causas que afectaban a la comunidad en temas sanitarios.

No somos la excepción y al igual que en el resto del planeta, comenzaron a aparecer una cantidad inusitada de epidemiólogos, con una variedad de hipótesis que desean imponerlas como verdaderas y resultan que no son más que falsos positivos.

Crean confusión, desorientación, y alarma, en vez del desesperado alivio que se requiere en estas aciagas horas.

Especialmente para los sectores a quienes les han robado la posibilidad de mantener la esperanza en un día futuro, en que puedan encontrar la vacuna salvadora que definitivamente erradique la mortal enfermedad.

No es una misión imposible si se deja a un lado el espíritu mercantilista del proceso de elaboración de la misma.

Permítanos que sea la humanidad toda quien cruce la meta final y no un grupo exclusivo que está compitiendo por ver quien logra en llegar primero, asegurándose la mayor tajada del pastel del negocio de los medicamentos en el mudo de hoy.

Hay quienes acaparan para sí, poder, fama y fortuna, quizás un merecido Premio Nobel, fruto de sus denodados esfuerzos, en el ámbito en que atraviesa la comunidad internacional, tambaleándose todo el entramado de su enorme poderío bélico, económico y científico, ante un virus imbatible.

Al que hasta el momento no han podido vencer.

En medio de esta pandemia, a un año del estallido social del 18-O, nos encontramos con otro desafío, como es ganar con el APRUEBO el 25 de octubre será tan grande como el histórico triunfo del NO, donde chilenos y chilenas, van a conquistar su independencia de una constitución que solo representa los intereses y beneficios individuales de unos pocos

La espuria carta magna del 80 impuesta por la fuerza de las armas, sobre una ciudadanía indefensa de sus mínimos derechos y garantías, tenemos que cambiarla: Eduardo Frei Montalva, como lo señalara en el Caupolicán, es la ilegitimidad del texto en su totalidad, representando unitariamente a toda la oposición a la dictadura cívico-militar.

Fue un acto heroico para el ex-presidente vilmente asesinado en su lecho de enfermo, como también para todos los que estuvimos presente y fuimos parte de la rebelión pacifica, ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Una lección de unidad en los propósitos y los objetivos que iban más allá de los personalismos o caudillismos los que empaña la política y decepcionan a la juventud.

Violentistas de ambos extremos, no caben en esta sociedad cansada de ser víctima de los apetitos de unos pocos, ante una mayoría que desea un país inclusivo, para vivir en paz.

Por ello debemos estar vigilantes que sectores ajenos al proceso intenten empañar el acto plebiscitario. Estableciendo a priori la paridad de género en los convencionales electos

El falso positivo es hacer creer a los y las ciudadanas, que la nueva constitución “per se” resolverá en forma inmediata todos los problemas que arrastramos por décadas.

Lo que si abra será una mayor participación en el destino del país.

A no olvidar que el poder por si mismo no consigue ser efectivo si no se convierte en virtud, y si este no se pone al servicio del pueblo, sin excluir a nadie, buscando como horizonte primario la reconciliación nacional.

Chile está compuesto de hombres y mujeres libres que hemos alcanzado la madurez política para reconocer al de enfrente como igual a mí y que sus garantías estarán protegidas en ese acuerdo nacional que será la nueva Constitución Política de la República: “al margen de ella nada, por encima de ella nadie”.