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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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columna

Ley 21.275: Construyendo empresas inclusivas para personas con discapacidad

agosto 24, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Carola Rubia

Directora ejecutiva Fundación Descúbreme

A tres años de la entrada en vigencia de la Ley 21.015, hemos visto que esta medida efectivamente ha impulsado de forma considerable la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto.

Pese a estos avances, en el Informe de Evaluación de la normativa, elaborado por los Ministerios del Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda, se evidenció la falta de herramientas que permitan realizar procesos de inclusión laboral que sean exitosos y sostenibles en el tiempo.

Tomando estos elementos en cuenta, junto a los lineamientos establecidos en el artículo 27 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en octubre del 2020 se promulgó la Ley 21.275 que introduce nuevas medidas orientadas a que las empresas de 100 o más trabajadores sean organizaciones cada vez más inclusivas y diversas.

Esta normativa establece que las empresas deberán contar con al menos un trabajador que se desempeñe en recursos humanos con conocimientos específicos en inclusión laboral de personas con discapacidad; promover políticas internas en esta materia; elaborar y ejecutar programas de capacitación que entreguen conocimientos y herramientas al respecto. Además, la ley estipula que tanto las actividades realizadas durante la jornada de trabajo como fuera de ella consideren las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad señaladas en la Ley 20.422.

En este contexto, algunos de los desafíos que se le presentarán al experto en inclusión laboral y a las áreas de recursos humanos serán: la gestión de equipos diversos; liderazgo inclusivo; el desarrollo de carreras para personas con discapacidad; capacitaciones en diversos aspectos vinculados a inclusión; la creación de nuevas áreas inclusivas y la accesibilidad en el lugar de trabajo, entre otros.

Las nuevas obligaciones contenidas en la Ley 21.275 son cruciales para impulsar la participación y permanencia de este colectivo en el mundo del trabajo ya que busca consolidar entornos laborales en donde los principios de la inclusión y diversidad estén presentes de forma transversal.

Creemos que para que este cambio sea efectivo, no basta con que haya una sola persona experta en materia de inclusión, sino que toda la empresa debe involucrarse en esta materia para generar una cultura organizacional más inclusiva.

Por lo que, desde Fundación Descúbreme hacemos un llamado a que las empresas y organizaciones se informen, preparen y certifiquen mediante los perfiles ocupacionales levantados por el Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) de inclusión de ChileValora conformado por representantes del mundo público y privado con experiencia en la materia.//ELF.

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Carola Rubia, columna, Columnas, Columnista, discapacidad, Fundación Descúbreme

Agua y cambio climático: ¿Sequía o Saqueo?

agosto 9, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Pablo Santander Acevedo

Presidente de la comisión de medioambiente y sustentabilidad del PPD

Nuestro país es altamente vulnerable al Cambio Climático y esto repercute en el Medioambiente, situación que debemos enfrentar para estar a la altura de los desafíos presentes y futuros, es tal la importancia que tiene su impacto, que actualmente se está discutiendo en el congreso una ley de cambio climático, muy necesaria para que nuestro país esté preparado, esta ley debe contar con el presupuesto necesario para mitigar sus efectos adversos hacia el medio ambiente y las personas, además desde lo local, debemos contar con una planificación territorial adecuada que se adapte a las condiciones climáticas actuales para tener ciudades amigables, una planificación urbana y rural que promueva conservar áreas verdes necesarias para mantener el equilibrio ecológico y a su vez una buena calidad de vida, que ayude a evitar la constante degradación de los suelos y permita un desarrollo sustentable.

En este contexto, estamos sufriendo los efectos de una catástrofe socioambiental gravísima por la sequía, causada en parte por efecto del cambio climático, pero también por mala gestión del recurso hídrico, provocado por una constitución y un código de aguas que defiende los intereses privados por sobre el derecho humano, por eso la nueva constitución debe abordar este problema y renovar las normas que regulan el uso del agua en nuestro país.
La gestión de nuestros recursos hídricos es clave a la hora de enfrentar los efectos del cambio climático y el avance de la desertificación, ya que la normativa actual no promueve una gestión de cuencas adecuada a las necesidades actuales de los territorios.

La semana pasada, el Senado votó en favor y despachó reforma al Código de Aguas, el cual establece el derecho humano al agua y su priorización, considerando también a los ecosistemas, se debe aprobar esta reforma y avanzar para tener una gestión del recurso hídrico más justa, ya que es nuestro sustento de vida y para los pequeños agricultores y crianceros un recurso vital en el desarrollo de sus actividades.

Para evidenciar, que si bien el cambio climático es en parte causa de la disminución de la cantidad de agua disponible, la escasez hídrica se ve agravada por efecto de la acción humana, por ejemplo el catastro frutícola de la región de Valparaíso año 2020, realizado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, y el Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, indica que existen 5.078,2 hectáreas de superficie plantada con paltos en la provincia de Petorca, que principalmente se concentran en las comunas de Cabildo, La Ligua y Petorca, teóricamente un palto consume un volumen de agua que varía entre 7.000 y 16.000 m3/ha/año, si hacemos el ejercicio de tomar el mínimo para calcular cuánta agua consumirían teóricamente en un año esas 5.078,2 hectáreas y considerando los 100 lts. diarios por persona recomendados por la OMS, nos da que el agua que se usaría para mantener todas esas hectáreas de paltos, corresponden al menos, al consumo diario por un año de 973.901 personas y la población en la provincia de Petorca es cercana a los 78.000 habitantes.

Entonces, nos preguntamos ¿Estamos frente al efecto del cambio climático o también frente a una injusticia y falta de gestión brutales a la hora de administrar un recurso tan vital como el agua? ¿Es sequia o saqueo? tal vez si existe una baja en la cantidad de agua disponible por efecto del cambio climático y si es así lo correcto es ser solidarios, adaptarse, priorizar el derecho humano y el desarrollo de los ecosistemas y no privilegiar a las grandes empresas.

Finalmente, quisiera destacar la importancia que tiene la educación ambiental para generar conciencia, esta debe ser inculcada desde la infancia a los niños y las niñas, en los establecimientos educacionales y también desde el hogar, es la única y la mejor manera en que podremos realmente generar un cambio cultural que nos lleve a minimizar los efectos del cambio climático y la escasez hídrica, para que nosotros y las futuras generaciones podamos tener la oportunidad de vivir dignamente y en igualdad. //ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Cambio climático, CC, Código de Aguas, columna, Columnas, Columnista, Pablo Santander

Política urbana y generación de empleo: Desafíos para el próximo gobierno y la Convención Constitucional

agosto 9, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Exministro, economista y militante DC

La realidad de los campamentos y de la creciente segregación urbana no puede ser resuelta sin un cambio institucional y de orientación de las políticas.

Hace una semana he planteado que una política urbana que considere su impacto en la creación de empleos decentes tiene que asumir tanto los temas de vivienda y urbanización, de infraestructura comunitaria y de servicio, los temas de transporte y urbanismo, la sostenibilidad ambiental y la realidad de los campamentos, y hemos sostenido que un programa para resolver la falta de viviendas no puede ser dirigido por las reglas del mercado inmobiliario, y requiere una política que abarque tanto las dimensiones de uso del suelo, como las relacionadas con transporte, infraestructura comunitaria y exigencias medioambientales.

Está dimensionado el costo social de continuar expandiendo las ciudades, y los beneficios sociales y humanos de grandes proyectos urbanos. Por esta razón la política a desarrollar debe considerar a) el poner límite a la expansión de las ciudades, privilegiando la densificación bajo un proceso de planificación del uso del suelo; b) que las viviendas y edificaciones que se construyan sean ambientalmente sustentables, para lo que se debe considerar en toda nueva construcción, al menos, tres elementos: instalación de paneles solares para generar energía, sistemas de reciclado del agua, diferenciando la eliminación de excretas del agua reutilizable, y sistemas de reducción por el desagüe de los materiales vegetales triturables; c) desarrollar sistemas públicos de transporte ambientalmente sustentables y eficientes en conectividad; y d) desarrollar localmente una infraestructura comunitaria que configure ciudad, como escuelas, parques, y servicios en general.

Cada uno de estos aspectos generará empleos de calidad, muchos de ellos calificados y por desarrollar: Que las viviendas y edificaciones que se construyan consten de paneles solares para generar energía requerirá personal técnico en un número que hoy no existe, así como la provisión o producción de los mismos paneles, así como las modificaciones legales que se requieran para la conexión de las viviendas con los sistemas de distribución. Lo mismo ocurre en relación a la instalación de sistemas de reciclado de agua y de trituración de vegetales, en cuanto a personal capacitado y producción de equipos.

Como se ha señalado, hay efectos correlacionados de importancia en la implementación de una política de esta magnitud, y se requiere la formación de técnicos de nivel intermedio y superior en los distintos aspectos en que se está proponiendo innovar: instaladores y mantenedores de paneles solares, también de nuevos sistemas de drenaje en los hogares y de los sistemas de trituración de vegetales (existente en Nueva York en 1991 y obligatorio en Taipei en 2001); instituciones de formación para esos mismos técnicos, entre otras.

Pero, de manera simbólica y relevante, será necesario poner término a los barrios cuyas soluciones habitacionales e infraestructura comunitaria son indignas, los “campamentos de ladrillo”, requerirá un esfuerzo superior. Esto significa rediseñar barrios enteros y rediseñarlos con calidad urbana, para lo que se debe desarrollar una política de desarrollo urbano y las capacidades técnicas para implementar proyectos como la Remodelación San Borja, o las Villas Portales y Frei en Santiago.

El tema de la vivienda y la renovación urbana ambientalmente sustentable deben ser una prioridad para el próximo gobierno, y las facultades para que esto pueda ser implementado por los gobiernos regionales, una prioridad para la Convención Constitucional//ELF.

Publicado en: Columnas, Politica Etiquetado como: Andrés Palma, columna, Columnista, empleo precario

De los moderados es la democracia

agosto 2, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Joaco Orellana Calderón

Analista político y consejero Nacional de la DC

La misma emoción que se volcó al espacio público y que defenestró a la técnica como concepto matriz de buena política, es la emoción que busca vocerear la Lista del Pueblo. Sin embargo, con poca genuinidad, y es por eso que el referente moderado, que fue mayoritario en el plebiscito de entrada, se encuentra vacío.
Una semana más de Convención y ya las polémicas de funcionamiento van quedando atrás. El trabajo constituyente entra en inercia y los detalles serán parte de la gestión adaptativa de un órgano que ya comienza a dar luces de las tendencias que lo componen, su comportamiento, generación de consensos y balances de cara a la redacción de un texto constitucional definitivo. Se definen certezas, como por ejemplo que a partir de septiembre se estarán discutiendo los contenidos con los que se dará cuerpo a la hoja en blanco.

Ahora bien, ya no solo importa lo que ocurra al interior de la Convención, que parecía ser un conclave papal hasta que se dio permiso al ingreso de la prensa, sino también interesa en demasía las expectativas ciudadanas respecto a este órgano. En un momento de nuestra historia donde la liquidez es parte del paisaje, donde las preferencias políticas de la población están cruzadas por la emoción y el instinto, todo lo que pasa “tiene que ver” o “tendrá que ver” con “algo” que ocurrirá. En simple, no solo importa como quede eventualmente una nueva constitución, ni el desarrollo u operación de su redacción, sino también lo que está pasando en el ambiente; elecciones presidenciales, elecciones al congreso, superación de la crisis producto de la pandemia, entre otras variables.

Lo anterior es clave. La ciudadanía que optó por el apruebo en el plebiscito de entrada al proceso constituyente va quedando huérfana. Así lo demuestra la encuesta “Re Zoom Constitución”, realizada por La Tercera, Criteria y la Cámara Chilena de la Construcción, que indica que un 51% de la población cree que el trabajo de la Convención cumplirá sus expectativas[1]. El dato evidencia una distancia entre el ánimo inicial del proceso constituyente y la percepción sobre el trabajo que se está dando en el órgano. Ahora bien, la misma encuesta revela que la Convención va aparejada con sentimientos de cambio, igualdad y esperanza[2]. En este sentido, si bien la población busca genuinamente que el proceso constituyente sea un éxito, también lo que hace es contener a los extremos, las fuerzas poco dialogantes, en tanto se prefiere lograr las transformaciones con determinación, pero con gradualidad y sin ambages.

No obstante, aquella señal de búsqueda de consensos no es asumida por los grupos más radicalizados al interior de la Convención. La Lista del Pueblo, por ejemplo, que ya ha perdido dos de sus convencionales por esta razón, no entiende que en la redacción de un texto constitucional (cuando no se tiene una mayoría) se traduce como condición obligada el dialogo y los acuerdos con el objetivo de incidir en los resultados finales.

La misma emoción que se volcó al espacio público y que defenestró a la técnica como concepto matriz de buena política, es la emoción que busca vocerear la Lista del Pueblo. Sin embargo, con poca genuinidad, y es por eso que el referente moderado, que fue mayoritario en el plebiscito de entrada, se encuentra vacío. En este respecto, es tarea de las fuerzas progresistas y democráticas, aquellas que actúan como pivote al interior del órgano constituyente, conducir este proceso, derribando la espiral del silencio que produce una estética avasalladora, y porqué no decirlo, con elementos de pop.

Aquí el desafío deben asumirlo las candidaturas presidenciales, que parecieran estar en un compartimento aparte. Los programas y el despliegue de los candidatos y candidatas progresistas deben hacer referencia a la Convención, su conducción y disposición a que los resultados de ésta sean un éxito. De las reglas que allí se escriban dependerá la supervivencia del sistema político que conocemos y, en consecuencia, del sistema de partidos que existe actualmente. Y no, que desaparezcan los partidos, más allá del nivel de desconfianza que tiene la ciudadanía en ellos, no es una buena noticia. Una democracia fuerte, tiene un sistema de partidos fuerte, no al revés. Dicho esto, la ilusión de los “independientes” es un gigante con pies de barro.

Finalmente, no se trata de ser gatopardo, tampoco se trata de soluciones cosméticas. Se trata de entender las reglas del juego y el funcionamiento de un espacio esencialmente representativo, plural y democrático. Aquí es donde no hay márgenes para el agonismo, sino más bien para construir y colaborar desde una ética del bien común, porque al final del día la democracia no resiste polarización ni extremismos. Queda tiempo y esto recién comienza, no hay que perder la fe y la esperanza de construir un mejor país, porque así como “de los arrepentidos es el reino de los cielos”, “de los moderados es la democracia”.//ELF

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Nuevas facultades para gobernadores

julio 23, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Alberto Undurraga

Exministro y exalcalde DC

Los nuevos gobernadores y gobernadoras regionales acaban de debutar en sus cargos presentando a sus equipos de trabajo y esbozando lo que serán sus primeras líneas de acción. Un hito relevante, pues en su gestión están puestas las esperanzas del inicio del tan ansiado proceso de descentralización del país, lo que permitirá asimismo acercar las decisiones a la ciudadanía.

Sin embargo, hay claridad en que sus facultades son insuficientes y para que su labor tenga éxito, es necesario ampliarlas en distintos ámbitos de acción.

Así, ya desde el año pasado el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) propuso avanzar en entregar nuevas atribuciones, en los ámbitos de la planificación, decisiones de inversión y gestión en el área de la infraestructura pública.

Un punto central es fortalecer la capacidad de los nuevos gobiernos regionales de impulsar desde las regiones los planes de inversión a desarrollar, contribuyendo en la generación de equidad y oportunidades. Para ello, creemos que se deben reforzar con mayores equipos técnicos y presupuestos en cada una de las regiones la nueva División de Infraestructura y Transportes, que presenta la ventaja de ser un especio de integración institucional. En contraste con el nivel central, en la práctica se integran las áreas públicas dedicadas a la infraestructura: MOP, MINVU y MTT, lo que puede ser un paso interesante para mayores niveles de integración y coordinación a nivel nacional.

En ese marco, es importante ampliar la facultad que tiene los gobernadores en la planificación de la infraestructura de financiamiento regional a la facultad de participar activamente en la planificación de infraestructura de financiamiento nacional. Esto además debiera ser complementado con la injerencia directa en la priorización de presupuestos sectoriales de ejecución permanente que se hacen en la región, como por ejemplo los planes de infraestructura urbana, la pavimentación rural y urbana y los planes de financiamiento de agua potable rural.

En lo relativo al transporte público -tema fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas-, las nuevas autoridades debieran tener entre sus facultades, en una primera etapa, la gestión del transporte público urbano para, en una segunda fase, también liderar las licitaciones de éste. Esto es clave, tanto por la pertinencia – el transporte urbano debiera ser por definición descentralizado – como por la cercanía que tienen los gobiernos regionales con el territorio, sus particularidades y urgencias.

En la misma línea, también nos parece relevante que entre las facultades de las gobernaciones esté lo relativo a la gestión de transporte interurbano intrarregional, las autopistas urbanas y las decisiones de restricción vehicular por congestión y/o por contaminación. Asimismo, un paso importante es que en las empresas públicas de carácter regional (Metro, Ferrocarriles, Puertos), esté representada la gobernación en sus directorios.

Por cierto, en este proceso de descentralización también debemos definir qué tipo de decisiones de infraestructura es adecuado que sigan en el ámbito nacional, ya sea por su carácter estratégico, por la complejidad de éstas o bien por su impacto nacional. Es el caso, por ejemplo, de la red de carreteras nacionales, la red primaria de aeropuertos, los pasos fronterizos, la política portuaria, el plan de embalses, el transporte inter regional y la política ferroviaria, entre otras áreas relevantes.

El proceso de descentralización que comienza Chile ha sido largamente esperado en cada una de las regiones. Todos debemos colaborar para que sea un éxito, y uno de los factores del éxito es qué transferirles nuevas facultades a los gobernadores para una mejor gestión. El ámbito de la infraestructura pública y transportes es una de las áreas donde deberían tener más facultades.//ELF

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El voto: ¿Derecho o deber?

julio 8, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Economista DC y de Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Se vuelve a legislar la obligatoriedad del voto, es un compromiso con la igualdad, pero si no hay sanción, ¿será obligatorio?

En 2013 se aplicó por primera vez el voto voluntario y la inscripción automática. Ya en esa fecha fue posible medir su impacto en la composición del universo electoral.

Un informe del Estudio de Valores Sociales de la USACH nos dijo que, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines del 2013, la participación electoral fue muy diferenciada en función de, principalmente, dos variables: Edad y Nivel Socioeconómico. El informe señalaba que a mayor edad hubo mayor participación electoral, es decir los mayores votaron en mayor proporción que los más jóvenes, y a mayor nivel socioeconómico hubo mayor participación electoral, es decir los más ricos y educados votaron en una proporción mayor que los más pobres y con menor nivel de educación.

El mismo Estudio preguntó por la auto calificación en la escala social, y casi un 90% de los que se autodefinían como clase alta o media alta votaron en esa elección, cuando la participación global alcanzó a solo un 52% del padrón.

Un nivel de participación bajo en si no tendría por qué ser un problema. Muchos estudios dicen que hay sociedades desarrolladas y no tan desarrolladas en que la participación es baja. Pero es un problema si la participación electoral es segregada, como demostró el Estudio de Valores Sociales.

Posteriormente se modificó el sistema electoral instaurado por la dictadura por uno que permitiera una representación más amplia y que hiciera más igualitaria la representación, con el objeto de mejorar la participación, ya que con el sistema que prevalecía el voto de una persona en Maipú valía menos de la mitad que el voto de una persona en Melipilla, y menos de la cuarta parte que en Vallenar. Pero el problema de la baja participación se mantuvo, y se mantuvo la diferencia por edad y por nivel socioeconómico.

La expectativa del cambio constitucional elevó la participación en el plebiscito, y se modificó la legislación para que los independientes pudieran constituir listas con mayor facilidad, para incentivar la participación, pero esta cayó nuevamente papa la elección múltiple de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes, y se mantuvo la diferencia por edades y niveles socioeconómicos.

No funciona bien una sociedad donde los ricos y calificados participan y los demás no lo hacen. Por eso tiene sentido el que el voto sea obligatorio y que, como en otros aspectos sociales relevantes como el pago de impuestos o el correcto comportamiento en las calles, haya una sanción al que no cumple.

Hoy día se legisla para reponer el voto obligatorio, lo que es una buena noticia.

Pero aún hay quienes se oponen al voto obligatorio y lo hacen argumentando que la baja participación no es un problema, que los que no participan están conforme con la situación de la sociedad, pero eso sería contradictorio con que son los más privilegiados los que más participan. Ese planteamiento esconde dos realidades, una es obvio y corresponde a la defensa de lo actual que realizan esos privilegiados, pero otro es más difuso y corresponde a la idea ya dominante que el Estado y sus instituciones no son necesarias, incluida la democracia representativa y sus articuladores, los partidos, y que debe prevalecer la libertad sobre la comunidad.

Otros siendo partidarios del voto voluntario reconocen que hoy, asamblea constituyente mediante, no es posible mantener esa posición, y aceptan y apoyan el voto obligatorio, pero rechazan que deba haber una sanción a su incumplimiento, olvidando por ejemplo que ser vocal de mesa es obligatorio. Ello no resolverá la situación de diferencial de voto y, posiblemente, incrementará solo marginalmente la participación.

Nadie discute que el voto es un derecho, pero para algunos no debe ser una obligación o compromiso. Es el deterioro del sentido de comunidad en el sentido más amplio de la palabra.

Pero queda la esperanza que el parlamento renueve ese sentido perdido, y luego lo ratifique la nueva constitución

Publicado en: Columnas, Notas Etiquetado como: Andrés Palma, columna, Columnista, Foro, Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

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