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Discapacidad y educación: una responsabilidad conjunta

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Por Gonzalo Valdés Lezana

Rector del Centro de Formación Técnica Estatal de la RM

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha establecida en 1992 por la ONU, como una forma de llamar a la conciencia mundial, a destacar la inclusión y trabajar por mejorar día a día las condiciones para todas las personas en situación de discapacidad, logrando así la igualdad.

Y es en esta tarea donde los actores de la educación tenemos un gran desafío, principalmente aquellos que trabajamos en la educación técnica, donde preparamos a jóvenes y adultos para la vida laboral, en un constante trabajo colaborativo con las empresas, que actualmente por la Ley de Inclusión, deben contar con al menos un 1% de trabajadores en situación de discapacidad.

¿Cuál es nuestro papel? Entregar las herramientas, oportunidades y facilidades estructurales para los estudiantes que hoy nos eligen y que están dentro del universo de más de 2 millones de personas con discapacidad en el país.

Es aquí donde ellos conocen por primera vez de cerca el mundo laboral y es donde deben ganar la confianza para enfrentarse luego a un trabajo, sabiendo que tendrán las mismas oportunidades y conocimientos que cualquier otro estudiante.

Un desafío que como CFT Estatal de la Región Metropolitana abordamos día a día, creando estrategias y entregando facilidades a los alumnos que así lo requieran. ¿Po qué? Porque la educación es un derecho humano y porque nuestro país ratificó en el año 2008 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que los Estados parte, reconocen su derecho a la educación, sin discriminación y en igualdad de oportunidades.

Actualmente las cifras nos preocupan y es nuestro deber cambiar este panorama. Según el segundo estudio de la discapacidad en Chile (ENDISC II, 2015), en nuestro país solo el 9,1% de las personas en situación de discapacidad alcanza este nivel de educación superior, lo que se agrava en la inserción laboral posterior, donde hasta 2021 solo el 42,8% participa en el mercado laboral buscando empleo o trabajando.

Y es ahí donde los CFT Estatales tienen y deben hoy aportar, en mejorar esas cifras, en ser un puente para el acceso laboral y lograr una igualdad que va más allá de una campaña anual de recaudación, ya que la tarea es a diario, porque todos tenemos los mismos derechos y debemos demostrarlo a través del acceso a la educación.

¿Lo conseguiremos? Al menos ya, vamos por el camino correcto. //ELF

Más de 22 mil personas han sido contratadas desde la promulgación de la Ley de Inclusión Laboral

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El análisis concluyó que durante el año anterior, la tasa de cumplimiento de la normativa alcanzó el 39,5% (5.074), sobre un universo de 1.526 empresas que están en obligación de cumplir con la cuota de inclusión laboral.

Esto, con la finalidad de conocer los niveles de efectividad de la normativa que busca impulsar la contratación de personas con movilidad reducida.

Un informe realizado por la Fundación Con Trabajo, llamado “Evolución de la Ley 21.015” evaluó los niveles de efectividad de la normativa que impulsa la contratación de personas con discapacidad.

De esta forma, se concluyó que a diciembre de 2021 se registró un total de 22.877 trabajadores con relaciones laborales vigentes, sobre un universo de 55.143 potenciales cupos para personas con discapacidad, lo que corresponde a un 38,2%.

Asimismo, se extrajo del análisis que durante el año anterior, la tasa de cumplimiento de la normativa alcanzó el 39,5% (5.074), sobre un universo de 1.526 empresas que están en obligación de cumplir con la cuota de inclusión laboral.

El estudio además destacó que pese a que se ha registrado un aumento de los contratos laborales para personas con discapacidad, también han aumentado a mayor velocidad los contratos finalizados, que en 2019 alcanzaron el 14,6%, en 2020 el 22,8% y en 2021 el 35,9%.

Bajo ese contexto es que entre el 5 y el 7 de octubre de este año se estará realizando la quinta edición de la Expo Inclusión, la cual busca acercar más oportunidades de empleo a través de una “innovadora y accesible plataforma online, donde se puede participar sin costo de capacitaciones, talleres, mentorías, de la academia de emprendedoras y agendar entrevistas de trabajo”.

“La oferta de empleos para personas con discapacidad es correlato de lo que sucede en empleabilidad a nivel nacional, donde los empleos han disminuido y donde hoy se inicia una lenta recuperación , sobre todo en empleo femenino. Por eso nuestro rol comunicacional es fundamental en la visualización de la inclusión en todos sus aspectos”, aseguró Paola Ortega, directora ejecutiva de Expo Inclusión.

Ley 21.275: Construyendo empresas inclusivas para personas con discapacidad

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Por Carola Rubia

Directora ejecutiva Fundación Descúbreme

A tres años de la entrada en vigencia de la Ley 21.015, hemos visto que esta medida efectivamente ha impulsado de forma considerable la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto.

Pese a estos avances, en el Informe de Evaluación de la normativa, elaborado por los Ministerios del Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda, se evidenció la falta de herramientas que permitan realizar procesos de inclusión laboral que sean exitosos y sostenibles en el tiempo.

Tomando estos elementos en cuenta, junto a los lineamientos establecidos en el artículo 27 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en octubre del 2020 se promulgó la Ley 21.275 que introduce nuevas medidas orientadas a que las empresas de 100 o más trabajadores sean organizaciones cada vez más inclusivas y diversas.

Esta normativa establece que las empresas deberán contar con al menos un trabajador que se desempeñe en recursos humanos con conocimientos específicos en inclusión laboral de personas con discapacidad; promover políticas internas en esta materia; elaborar y ejecutar programas de capacitación que entreguen conocimientos y herramientas al respecto. Además, la ley estipula que tanto las actividades realizadas durante la jornada de trabajo como fuera de ella consideren las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad señaladas en la Ley 20.422.

En este contexto, algunos de los desafíos que se le presentarán al experto en inclusión laboral y a las áreas de recursos humanos serán: la gestión de equipos diversos; liderazgo inclusivo; el desarrollo de carreras para personas con discapacidad; capacitaciones en diversos aspectos vinculados a inclusión; la creación de nuevas áreas inclusivas y la accesibilidad en el lugar de trabajo, entre otros.

Las nuevas obligaciones contenidas en la Ley 21.275 son cruciales para impulsar la participación y permanencia de este colectivo en el mundo del trabajo ya que busca consolidar entornos laborales en donde los principios de la inclusión y diversidad estén presentes de forma transversal.

Creemos que para que este cambio sea efectivo, no basta con que haya una sola persona experta en materia de inclusión, sino que toda la empresa debe involucrarse en esta materia para generar una cultura organizacional más inclusiva.

Por lo que, desde Fundación Descúbreme hacemos un llamado a que las empresas y organizaciones se informen, preparen y certifiquen mediante los perfiles ocupacionales levantados por el Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) de inclusión de ChileValora conformado por representantes del mundo público y privado con experiencia en la materia.//ELF.

120 organizaciones certifican proceso de capacitación para inclusión laboral de personas en situación de discapacidad

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Después de un proceso de 10 meses de trabajo, 120 organizaciones pioneras en Chile certifican su proceso de capacitación para apoyar la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

El objetivo de este primer ciclo de capacitación en Chile fue dar a conocer y adaptar a la realidad chilena el Modelo de Pacto de Productividad traído desde Colombia a distintas organizaciones que forman parte del ecosistema de inclusión laboral. Asimismo, fortalecer el rol de cada actor a quienes se les transfirieron pautas de calidad que contribuirán a mejorar las posibilidades de inclusión laboral en el mercado laboral abierto.

El proyecto Pacto de Productividad Chile es una iniciativa -nacida en Colombia el año 2009- que congrega a actores públicos y privados en torno a un propósito común, la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Se trata de un proyecto de cooperación internacional que busca establecer un estándar de calidad para la inclusión laboral de este colectivo en el país, mediante el trabajo colaborativo con los diferentes actores involucrados en dicho proceso.

Dentro de este proyecto, una etapa relevante, es el fortalecimiento de las competencias de los actores claves que forman parte del ecosistema de inclusión laboral, y para ello, se llevó a cabo la “Fase de Transferencia Técnica”, es decir, jornadas de capacitación que convocaron a 120 organizaciones, representadas en 6 grupos (Personas con discapacidad, Empleadores, Organizaciones de Intermediación: OMIL y Fundaciones, Organizaciones de formación y Grupo Mixto: Redes y organismos públicos) y que hoy, culminaron con una ceremonia de certificación.

En dicha ceremonia, la directora del Programa Pacto de Productividad en Colombia, Alejandra León, se refirió a la trayectoria del programa y los desafíos que se vienen por delante, a la vez que señaló: “Al hacerse parte de este proyecto, cada uno de ustedes y sus organizaciones han aceptado sus retos y metas. Es por esto por lo que necesitamos seguir trabajando en equipo. En esta etapa práctica, buscaremos que los procesos de vinculación al ámbito laboral de 2.000 personas con discapacidad se realicen cumpliendo pautas de calidad, y que más de 600 empresas avancen en la implementación de ajustes razonables en sus procesos de gestión del talento humano”.

Por su parte, Ingrid Rojas, gerenta de Pacto de Productividad en Chile, se refirió a la importancia de que este paso se convierta en una señal de que cuando una organización aprende, se desafía y avanza. Además, invitó a los 122 participantes a transformarse en agentes de cambio en cada una de sus organizaciones, “para seguir sembrando en acciones y ajustes necesarios que permitan entregar mejores servicios de formación, procesos de inclusión y mejor calidad de vida a las personas con discapacidad, que merecen las mismas oportunidades en el mercado laboral abierto”.

Comisión aprobó cuotas para personas con discapacidad en listas de convencionales

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De ratificarse en la Sala del Senado, los partidos o pactos deberán destinar al menos un 5% de sus nóminas para la inclusión. En el caso de los listados de independientes de seis o más candidatos, el mínimo es un ciudadano con discapacidad.

Por tres votos contra dos, la Comisión de Constitución aprobó este viernes por la madrugada la norma que asegura la inclusión de personas con discapacidad en las listas de candidaturas para la Convención Constitucional, el órgano encargado de redactar la nueva Carta Fundamental.

La fórmula aprobada señala que «de la totalidad de las declaraciones de candidaturas de las listas conformadas por un solo partido o pactos electorales de partidos políticos, se establecerá un porcentaje mínimo de 5 por ciento del total respectivo de candidaturas para personas con discapacidad».

«Para calcular este cuociente, se aproximará dicho porcentaje al entero superior», precisa.

En tanto, en los pactos electorales de independientes, en caso que se componga por seis o más candidaturas, «deberá tener al menos una persona con discapacidad».

Sin embargo, la decisión aún no es definitiva, pues la reforma constitucional debe ser vista ahora por la Sala de la Cámara Alta y con un quórum especial, que ni el bloque opositor, ni el oficialista tienen por sí solos para defender y promover sus respectivas propuestas.

Más temprano en la sesión, la Comisión de Constitución del Senado aprobó destinar 24 escaños reservados para los pueblos originarios para la Convención Constitucional, adicionales a los 155 que originalmente se determinó.

 

Cámara aprobó creación de comisión sobre personas mayores y discapacidad

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Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión permanente que verá proyectos y temas relacionados con personas mayores y discapacidad.

“Llevamos años trabajando con agrupaciones de adultos mayores, quienes nos manifestaron que no se sentían escuchados en el Congreso. Por eso creemos que es tan relevante esta comisión, más aún que con esta pandemia ha quedado al desnudo la pobreza y necesidad de los adultos mayores, y que no tenemos políticas públicas que vayan en su apoyo”, aseguró la diputada Carolina Marzán (PPD), impulsora de la iniciativa.

“Agradezco el apoyo unánime de las y los diputados en esta iniciativa de una comisión específica que estudie y apruebe proyectos que tarde o temprano van a afectar a gran parte de la ciudadanía. Hablar de personas mayores, hoy día, es hablar del futuro. Es hacernos cargo de la evolución de nuestra sociedad que envejece y que requerirá, cada vez más, de ágiles y mayores respuestas para las demandas de la tercera y cuarta edad”, planteó la parlamentaria por la Región de Valparaíso.

“Se debe dar urgencia a las temáticas de personas mayores porque, por una cuestión etaria, son aquellos que tienen menos tiempo y no pueden postergarse aún más, de manera que sus soluciones deben ser con relativa inmediatez y urgencia”, añadió Marzán.

Bajo esta misma lógica, la autora de este proyecto recalcó que “el mayor número de fallecidos por causa del covid-19 pertenece a este grupo etario, siendo los más afectados y, por ende, los más vulnerables”. “Se ha revelado el insensible abandono en el cual han caído miles de adultos mayores, sea por parte de la autoridad, como también a nivel familiar”, profundizó.

La nueva comisión no solo verá temas sobre adultos mayores, sino que también de discapacidad. “Se requieren instancias específicas dedicadas a estas dos grandes temáticas, que involucran a gran parte de la población de nuestro país. Por nuestra parte, hemos presentados varias iniciativas que aún están pendientes. Debemos trabajar para la inclusión real e integración social, a través de políticas públicas que entreguen igualdad, dignidad y respeto por los derechos de todos, sin distinción”, sentenció Marzán.